Entre marzo de 2025 y febrero de 2026, la compañía estatal Nucleoeléctrica Argentina registró movimientos financieros que recorren continentes: desde bares de Valencia hasta museos de Madrid, desde hoteles de lujo en Miami hasta tiendas de ropa en São Paulo. Lo extraordinario no es que una empresa tenga operaciones internacionales —eso es lógico para una institución energética—, sino que una parte sustancial de esos gastos permanece envuelta en un velo de opacidad que dificulta establecer quién gastó qué, cuándo y principalmente para qué. El presente reporte, publicado como anexo en documentación oficial de Jefatura de Gabinete, expone una realidad incómoda: 56 millones de pesos en "adelanto en efectivo" carecen de rastro preciso, mientras que otros ítems muestran una dispersión de consumos que mezclan actividades laborales con gastos que generan dudas sobre su carácter institucional.
El reconocimiento de inconsistencias por parte de Juan Martín Campos, presidente actual de la compañía, marca un punto de quiebre en la narrativa oficial. Cuando asumió la conducción de Nucleoeléctrica tras la gestión de Demian Reidel como asesor presidencial, encontró un esquema de financiamiento que ameritaba ajustes. La decisión de cortar las tarjetas corporativas en febrero constituye una medida reactiva que sugiere que la institución reconocía problemas de gobernanza en el uso de estos instrumentos. Sin embargo, el simple acto de suspender un sistema no resuelve la principal interrogante: qué sucedió con los recursos erogados durante ese período de dieciocho meses y bajo qué criterios se autorizaron operaciones que, a primera vista, no guardan relación evidente con funciones públicas.
Geografía de los gastos: de América a Europa y Asia
El mapeo de operaciones revela una distribución desordenada que trasciende lo que podría esperarse de una empresa con representaciones diplomáticas o participación en conferencias técnicas. Los veinte países donde se detectaron movimientos incluyen, por supuesto, destinos de interés estratégico para el sector nuclear: Estados Unidos, donde operan instituciones como el Instituto de Energía Nuclear, o Francia, vinculada a la industria nuclear europea. Pero junto a estas operaciones justificables aparecen gastos en establecimientos que generan preguntas inmediatas sobre su vinculación con funciones corporativas.
En España, territorio que concentra la mayoría de las transacciones, conviven erogaciones a la empresa técnica Tecnatom —proveedora del sector energético— con pagos a "Pub el Pirata" por aproximadamente 765 dólares, "Mar y Sombra", identificado como prestador de servicios de playa en Valencia, y accesos al Museo del Prado que sumaron 50 dólares en dos ocasiones distintas. Londondres no escapó a este patrón mixto: mientras se hospedaban en establecimientos de relevancia internacional como el Royal Lancaster, cercano al Hyde Park, también se registraban gastos en el Mercure de la zona de Paddington. En Miami, el movimiento hacia "W South Beach" por 2.771 dólares coexiste con múltiples operaciones en Lojas Renner, cadena de indumentaria brasileña, que en un período de cuatro días alrededor del 24 de enero sumó más de 1.500 dólares en transacciones separadas.
Las compras en tiendas comerciales constituyen un hilo conductor inquietante. Más allá de las adquisiciones de ropa, aparecen operaciones en librerías de Rumania, confiterías en Turquía y especialmente en free shops: "The Shilla Duty Free" en Seúl, con 256 dólares, y "Duty Free Punta Cana" en República Dominicana, con 33 dólares. Este último caso resulta particularmente ilustrativo porque la República Dominicana carece de cualquier infraestructura nuclear que justificaría la presencia de autoridades de Nucleoeléctrica. Los peajes aeroportuarios en Estambul, pagos a Uber distribuidos en Canadá y movimientos hoteleros en ciudades como Budapest y Viena completan un cuadro que invita a formular preguntas sobre los criterios que regulaban estas erogaciones.
El dinero fantasma: 56 millones sin justificación visible
Lo que diferencia al rubro "adelanto en efectivo" de otros ítems es su carácter opaco por definición. Mientras que una operación en un hotel deja constancia del establecimiento, la fecha y el monto —permitiendo al menos cierta verificación superficial—, el dinero entregado en efectivo se disuelve en la circulación sin dejar huellas sobre su destino final. Ese segmento del reporte acumula 56 millones de pesos, cifra que por su magnitud amerita un análisis particularizado. Para contextualizarla: ese monto equivale aproximadamente a los salarios anuales de ciento cincuenta funcionarios de nivel medio en la administración pública nacional, o al presupuesto de operación de varias reparticiones estatales provinciales. La ausencia de trazabilidad no es un detalle menor; es un vacío en la cadena de responsabilidad que cuestiona las bases del sistema de control interno que debería existir en cualquier organismo público.
Cuando se consulta a la compañía sobre la justificación de estos fondos, el silencio es la respuesta predominante. Las explicaciones proporcionadas por el liderazgo actual invocan un "esquema formal que cuenta con rendición obligatoria", pero la realidad de los documentos públicos disponibles no refleja esa rendición con el nivel de detalle que un ciudadano o legislador podría esperar. ¿Cuántas personas recibieron adelantos? ¿Qué procedimientos debieron seguir para justificar su utilización? ¿Cuántos montos fueron efectivamente devueltos? Las respuestas permanecen en el terreno de lo privado, no del dominio público. El presidente actual señaló en redes sociales que "todo gasto efectuado que no se considere justificado fue oportunamente detectado y solicitada la devolución", pero no proporcionó números concretos que permitan verificar esta afirmación.
La justificación oficial para el sistema de tarjetas corporativas apuntaba a dos objetivos: financiar el canon diario para agentes en viajes laborales al exterior y cubrir gastos de representación vinculados a funciones directivas. La Decisión Administrativa 888/2024 establecía límites específicos: hasta 188 euros diarios en viáticos y 388 euros en alojamiento para la categoría más alta en destinos europeos. Estos números, tomados de marcos normativos existentes, sugieren que existían límites formales. Sin embargo, la pregunta que permanece sin respuesta es cómo operaba el control ex ante y ex post sobre estas operaciones. ¿Se aprobaba previamente cada viaje? ¿Se revisaba cada gasto antes de su reembolso? ¿Existían auditorías internas que verificaran la consistencia entre lo declarado y lo realmente gastado?
El período de Reidel y las preguntas sobre gobernanza
El lapso durante el cual se registraron estos gastos coincide con la gestión de Demian Reidel como asesor presidencial al frente de Nucleoeléctrica. Reidel respondió públicamente a través de redes sociales, argumentando que sus resúmenes personales "no muestran ningún gasto personal" y desafiando a que se investigue "hasta el último peso". Esta defensa pública tiene importancia porque sitúa el debate en el terreno de la responsabilidad individual. Sin embargo, también sugiere que existe claridad sobre quién gastó qué cuando se desglosan los movimientos por persona. La pregunta entonces es: si existe esa claridad a nivel individual, ¿por qué los reportes públicos agregados mantienen esa falta de precisión? ¿Se trata de un problema de transparencia en la presentación de datos o de un problema más profundo en la arquitectura del sistema de control?
Lo que emerge de este análisis es que Nucleoeléctrica operaba durante ese período bajo un esquema donde aproximadamente cien personas de nivel jerárquico poseían acceso a tarjetas corporativas con facultades amplias para realizar gastos sin supervisión inmediata. Algunos de esos gastos fueron claramente legítimos: participación en conferencias técnicas, alojamiento durante misiones laborales, transportes vinculados a funciones. Otros generan interrogantes genuinas: ¿por qué Nucleoeléctrica, institución especializada en energía nuclear, tenía representantes realizando compras en tiendas de ropa en múltiples países? ¿Qué justificación existe para pagos a discotecas, servicios de playa o bebidas en bares cuando presuntamente se trataba de viajes de trabajo? La mezcla de lo claramente justificable con lo claramente cuestionable hace imposible establecer, sin información adicional, qué proporción del gasto total corresponde a cada categoría.
La decisión de suspender el sistema de tarjetas corporativas en febrero de este año reconoce implícitamente que el esquema no funcionaba con la integridad que debería caracterizar a las instituciones públicas. Sin embargo, esta medida correctiva llega después de que 56 millones de pesos ya habían circulado bajo modalidades que no permiten seguimiento adecuado. Es el equivalente a cerrar la puerta del corral después de que los caballos ya escaparon. El daño reputacional y la erosión de confianza ciudadana en el manejo de fondos públicos ya están consumados.
Las implicancias de este hallazgo trascienden a la compañía específica. Nucleoeléctrica forma parte de la arquitectura energética argentina en un contexto donde el país requiere inversión, confianza de actores internacionales y credibilidad institucional para desarrollar proyectos de alcance estratégico. Cuando una empresa estatal revela debilidades en sus sistemas de control financiero, el impacto se propaga: afecta la imagen de la administración pública en general, genera dudas sobre la capacidad de otras entidades para gestionar recursos de manera responsable, y proporciona argumentos a quienes cuestionan la viabilidad de que el Estado administre empresas de envergadura. Por otro lado, la respuesta del liderazgo actual al asumir la gestión y reconocer "inconsistencias" sugiere también que existen mecanismos de autocorrección, aunque su efectividad dependerá de la profundidad con que se investigue lo sucedido y de la transparencia con que se comuniquen los resultados.
