Lo que parecería un incidente técnico menor terminó siendo un golpe directo al corazón del sistema judicial federal argentino. El robo de cables de fibra óptica, ocurrido en horas de la mañana en la calle 25 de Mayo a la altura de Retiro, dejó sin conectividad a dos de los edificios más importantes del Poder Judicial del país, obligando a suspender audiencias centrales en procesos de alto impacto político y económico. La paralización afectó no solo el emblemático juicio por los cuadernos de las coimas, sino también otros dos procesos orales que estaban en desarrollo. Lo que revela esta situación trasciende lo anecdótico: expone vulnerabilidades críticas en la infraestructura tecnológica que sostiene la administración de justicia en Argentina, con cables vitales depositados en espacios de acceso público donde cualquiera puede actuar.
En el caso específico del juicio de los cuadernos —aquel que investigaba la red de pagos ilegales durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner—, la suspensión generó inconvenientes significativos. Roberto Lavagna, exministro de Economía durante el gobierno de Néstor Kirchner, ya se encontraba presente en el recinto dispuesto a prestar su declaración como testigo cuando los magistrados decidieron diferir la audiencia. Su testimonio era aguardado junto con el del financista Leonardo Fariña y de la exdiputada nacional Mariana Zuvic, quienes también estaban citados para esa jornada. Cuando la conectividad fue restablecida alrededor del mediodía, los jueces ya habían optado por trasladar el cuarto intermedio hasta la jornada siguiente, posponiendo los interrogatorios que hubieran generado seguramente amplias repercusiones mediáticas y políticas.
Una infraestructura expuesta y vulnerable
La investigación inmediata de las autoridades del Consejo de la Magistratura reveló detalles inquietantes sobre la naturaleza del corte. Los técnicos especializados detectaron que el cable de fibra óptica que abastece de conectividad a los edificios de Comodoro Py 2002 e Inmigrantes 1950 había sido cortado intencionalmente en un tramo que discurre por el subsuelo de la vía pública. Lo crítico es que el punto de acceso se encuentra a la altura de la vereda, transformando toda esa infraestructura en un objetivo vulnerable y fácil de sabotear. Según señalaron las fuentes de la Cámara de Casación, esta no era la primera vez que ocurría un robo de estas características: ya había sucedido un año atrás, lo que sugiere un patrón de vulnerabilidad conocido pero aparentemente sin soluciones implementadas.
El impacto no se limitó al juicio estrella. La interrupción de la conectividad afectó desde las primeras horas del día a ambas sedes judiciales, obstaculizando funciones operativas cotidianas pero esenciales. Entre otros problemas, se vio comprometida la firma de sentencias —actos formales que requieren presencialidad digital certificada— y se debieron suspender los sorteos de causas ingresantes, procedimientos que distribuyen los expedientes de nuevo ingreso entre los diferentes juzgados. Los tribunales orales federales uno, dos y tres experimentaron cancelaciones de audiencias programadas, generando un efecto dominó sobre decenas de procesos. La magnitud de la paralización subraya cuán centralizada y dependiente es la operación del sistema judicial respecto a una única infraestructura de conectividad.
Respuesta de emergencia y restablecimiento parcial
Ante la caída de la red principal, los equipos técnicos activaron protocolos de contingencia. Se implementó un servicio de contingencia MPLS —un sistema de conectividad alternativa basado en redes privadas virtuales— que permitió restaurar servicios básicos e mínimos de internet en ambos edificios mientras se trabajaba en la reparación del daño permanente. Simultáneamente, una empresa especializada en infraestructura de telecomunicaciones fue movilizada para localizar el punto exacto del corte en la fibra óptica, medir la extensión del daño y proceder con las tareas de fusión de los conductos. Este proceso de reparación, que requiere precisión técnica y equipamiento especializado, se extendió durante la mayor parte de la jornada. Recién sobre la tarde se logró restablecer el servicio de fibra óptica con su ancho de banda completo, permitiendo que la infraestructura judicial volviera a funcionar con sus capacidades normales.
El juicio de los cuadernos opera bajo un formato de considerable complejidad tecnológica, denominado híbrido, que combina presencialidad física con conectividad remota. Los testigos que concurren al recinto declaran de forma presencial en la sala de audiencias AMIA, ubicada en el subsuelo de Comodoro Py 2002, donde se encuentran la fiscalía y los magistrados. Sin embargo, una porción de los abogados defensores participan mediante videoconferencia a través de Zoom, mientras que el público en general tiene acceso a las sesiones tanto de manera presencial como mediante la transmisión en vivo por YouTube que gestiona el Consejo de la Magistratura. Este esquema, diseñado para garantizar acceso a la justicia y transparencia procesal, resulta completamente inviable sin conectividad estable. La caída de internet hizo imposible la participación remota de defensores y ciudadanía, convirtiendo en insostenible la continuación de la audiencia bajo estas condiciones.
Lo ocurrido en las últimas horas plantea interrogantes que superan el incidente puntual. ¿Cómo es posible que la infraestructura más crítica del sistema judicial federal dependa de cables expuestos en la calle, accesibles a cualquiera? ¿Por qué, habiendo ocurrido un robo similar hace doce meses, no se implementaron medidas de protección o redundancia en esa infraestructura? ¿Existe un plan de diversificación de conexiones que evite que una única línea de fibra óptica sea capaz de paralizar todo el sistema? Las autoridades judiciales deberán considerar desde ya alternativas estructurales: soterrar completamente los cables, establecer rutas múltiples de redundancia, instalar sistemas de vigilancia en los puntos vulnerables, o buscar proveedores alternativos de conectividad que aseguren continuidad operativa incluso ante daños externos. La justicia argentina depende de decisiones técnicas que hasta ahora parecen haber sido descuidadas.
