Hay una denuncia penal que sacude los cimientos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero. Un funcionario de carrera, con 35 años de trayectoria ininterrumpida dentro del organismo que antes se llamaba AFIP, se paró frente a la Fiscalía Federal General de Mar del Plata y puso por escrito lo que, según su relato, vivió en carne propia: una campaña sistemática para frenar una fiscalización que investigaba maniobras fraudulentas vinculadas al hotel del Sindicato de Camioneros, el gremio históricamente conducido por Hugo Moyano. El denunciante es Manuel Rodríguez, contador público, ex director de la Regional Mar del Plata de ARCA y luego degradado al rango de "asesor mayor". Hoy cumple funciones en el área de Capacitación, adonde fue enviado, según sostiene, como represalia directa por negarse a mirar para otro lado.
La investigación que se intentó obturar giraba en torno a proveedores apócrifos del Hotel 15 de Diciembre, el establecimiento que pertenece al sindicato de Camioneros en la ciudad bonaerense. La facturación sospechosa que detectaron los fiscalizadores marplatenses superaría los 13.000 millones de pesos. Si se aplica sobre ese monto la alícuota del 35% correspondiente al impuesto a las Ganancias, el perjuicio fiscal potencial trepa a unos 4.550 millones de pesos, además de configurar el delito de evasión tributaria. No es, en ningún caso, un asunto menor ni un conflicto entre privados, como intentó encuadrarlo la respuesta oficial del organismo cuando fue consultado por este medio.
Una cadena de mandos con nombres y apellidos
La denuncia de Rodríguez no se queda en generalidades. Apunta con precisión a una cadena de mando que, según su relato, operó con órdenes telefónicas directas. El eje central de esa cadena sería el subdirector general de Operaciones Impositivas del Interior, Carlos García Pastrana, quien le habría bajado la orden al entonces titular de la Regional Mar del Plata, Luis Tymkiw, y al jefe de fiscalización Gustavo Capdeville, para que detuvieran la pesquisa. Ambos se negaron. Ambos terminaron afuera de sus cargos. García Pastrana, según el organigrama que describe la denuncia, reporta al titular de la Dirección General Impositiva, Mariano Mengochea, hombre de la confianza del máximo responsable de ARCA, Andrés Vázquez.
El guión se repitió con el reemplazante de Tymkiw. Desde Buenos Aires enviaron al frente de la Regional a un contador sin antecedentes en el ámbito marplatense, Pablo Catracchia, quien habría apretado casi de inmediato al jefe de fiscalización Diego González con una advertencia que Rodríguez transcribe textualmente en su denuncia: "Sos consciente que si apretás la tecla para descargar la fiscalización tengo que correrte del cargo". La respuesta de González, según el mismo relato, fue lacónica: "Hacé lo que creas conveniente". Lo corrieron igual.
¿Cuál era la motivación detrás de todo esto? Una fuente con conocimiento directo de los hechos, que habló bajo reserva de identidad, lo sintetizó sin rodeos: "En Buenos Aires no quieren quilombo con Camioneros; en estos momentos, Moyano no se queja por los porcentajes de aumento en las paritarias". La explicación es política, no técnica. En el contexto de la gestión de Javier Milei, mantener la paz sindical con uno de los gremios más poderosos del país tendría, aparentemente, más peso que sostener una investigación fiscal que incomoda.
Siete meses, seis funcionarios, décadas de experiencia borradas de un plumazo
Lo que más impacta del relato de Rodríguez no es solo el fondo del asunto, sino la velocidad y la sistematicidad con que se ejecutaron los relevos. En menos de siete meses, la Regional Mar del Plata de ARCA perdió a una media docena de funcionarios con años —en algunos casos, más de una década— en sus respectivos cargos. El 22 de octubre del año pasado fue separado José Visca, jefe de la División Jurídica, un cargo que había ganado por concurso. El 22 de enero de este año fue removida Mariela Álvarez, jefa de Dictámenes y Sumarios con diez años en el puesto. Y este miércoles pasado tocó el turno de Capdeville —catorce años en su cargo— y González —doce años—, ambos como jefes de Fiscalización. Tymkiw había presentado su renuncia semanas antes, después de que le comunicaran informalmente que lo iban a desplazar. Y Rodríguez, el propio denunciante, fue enviado a Capacitación en enero.
En su escrito ante la Fiscalía, Rodríguez subrayó que todos los funcionarios afectados acumulaban las máximas calificaciones en sus evaluaciones de desempeño a lo largo de los años, lo que impacta directamente en sus salarios. Es decir: no solo los sacaron de sus puestos, sino que la maniobra podría tener consecuencias económicas concretas sobre quienes se negaron a acatar órdenes ilegales. Para él, eso también es parte del hostigamiento. "Jamás en 35 años he observado semejantes irregularidades en el desarrollo de la función", escribió. "Jamás en el transcurso de mis 17 años de jefe de fiscalización sufrí algún tipo de 'sugerencia' como las que han sufrido los contadores González y Capdeville". Son palabras de alguien que conoce el organismo desde adentro y que elige, con plena conciencia de lo que hace, denunciar públicamente.
El contexto judicial: Camioneros bajo la lupa desde dos frentes
La causa que rodea al Hotel 15 de Diciembre no empezó en la fiscalía federal. Tiene también un flanco en la Justicia provincial bonaerense, que abrió su propia investigación en agosto del año pasado a partir de una denuncia curiosamente iniciada por el propio entorno de Camioneros: un empleado del hotel se negó a validar irregularidades, y un aliado de Moyano terminó denunciándolo al trabajador. Ese movimiento, paradójicamente, encendió una mecha que llegó hasta los tribunales. El resultado fue que el propio Moyano tuvo que tomar distancia de dos de sus hombres de mayor confianza dentro del gremio: el secretario Administrativo, Claudio Omar Balazic, y el secretario Tesorero, Paulo Héctor Villegas, ambos actualmente imputados en esa causa judicial. "No pueden justificar gastos y por eso echaron a los dos directivos de Buenos Aires. La maniobra de fraude viene desde Capital, no es en Mar del Plata", explicó a este medio una fuente con acceso al expediente.
Ante la consulta de LA NACION, los voceros de ARCA respondieron con un argumento que Rodríguez anticipó y desmontó en su propia denuncia. El organismo sostuvo que la fiscalización al Sindicato de Camioneros "no se lleva adelante en Mar del Plata, sino en su jurisdicción natural", la Subdirección Metropolitana, donde el sindicato está inscripto, y que dicha fiscalización comenzó en junio de 2025 a partir de un desvío detectado por el propio organismo. Sobre los desplazamientos, afirmaron que no tienen "ninguna excepcionalidad" y que desde enero de 2024 se removieron 1.883 jefes en todo el país. Respecto de los proveedores investigados, el organismo aseguró que la gran mayoría fue incorporada a la base de contribuyentes no confiables bajo la conducción actual, insinuando que los funcionarios desplazados habrían demorado esas acciones injustificadamente.
Sin embargo, la distinción que plantea ARCA es, en el mejor de los casos, incompleta. Rodríguez lo aclaró explícitamente: su denuncia no apunta a la fiscalización directa sobre el sindicato —que efectivamente tramita en el ámbito metropolitano— sino sobre las fiscalizaciones a los proveedores apócrifos del hotel, que sí correspondían a la Regional Mar del Plata. Son dos objetos distintos, aunque vinculados. Y es precisamente esa investigación la que, según el denunciante, se intentó enterrar desde arriba. "Ese entendimiento solo puede darse desde una profunda ignorancia del sistema tributario argentino o con la intencionalidad de 'influenciar' a quienes realizan las fiscalizaciones", escribió Rodríguez, con una dureza que no deja margen para interpretaciones benévolas.
En su presentación ante la Justicia federal, Rodríguez solicitó que se evalúe la apertura de una investigación penal por varios delitos: coacción, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, encubrimiento y peculado. Son acusaciones graves, formuladas por alguien que pasó más de tres décadas dentro del sistema y que, a esta altura, no tiene nada que ganar con el silencio. La pelota está ahora en manos de la Fiscalía Federal de Mar del Plata. Lo que haga con ella definirá si el Estado argentino puede investigarse a sí mismo cuando el poder incomoda.