La justicia penal de la Ciudad de Buenos Aires avanzó en una investigación que evidencia el nivel de polarización dentro del oficialismo y sus consecuencias institucionales. Lilia Lemoine, diputada nacional por La Libertad Avanza y estrecha colaboradora del presidente Javier Milei, fue citada a prestar declaración indagatoria el 28 de mayo en una causa correccional donde se analizan expresiones agresivas que pronunció contra Ian Moche, un adolescente de 12 años que vive con trastorno del espectro autista nivel 1. El fiscal porteño de primera instancia Hernán Biglino fue quien formalizó la citación, luego de que la diputada nacional Marcela Pagano —también integrante del bloque libertario pero alejada del mismo— presentara una denuncia específica. Lo relevante de este proceso trasciende el plano meramente legal: expone cómo figuras políticas con influencia en la administración actual se expresan públicamente sobre menores de edad y sus familias, generando interrogantes sobre los límites del debate público en contextos de conflictividad política.
Las palabras que generaron la investigación
Durante una transmisión en vivo en un programa televisivo, Lemoine hizo públicas acusaciones que apuntaban directamente contra Marlene Spesso, madre del adolescente. La diputada sostuvo que Spesso "lucra" con su hijo menor y lo lleva a los medios para "hacerlo actuar de autista", agregando además que la madre "no está bien de la cabeza". Posteriormente, en la red social X, Lemoine reiteró su postura con términos aún más contundentes. Escribió que la madre de Ian utilizaba al "hijito para figurar" y "ganar plata", además de calificarla públicamente de "cobarde". Estos comentarios no fueron espontáneos ni pasajeros: durante un debate posterior, Lemoine volvió a reafirmar sus dichos, insistiendo en que Moche era "supuestamente autista" y que su madre no se encontraba "bien de la cabeza".
La investigación correccional, iniciada por el fiscal Biglino, busca determinar si Lemoine incurrió en lo que contempla el artículo 55 del Código Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires: el delito de maltrato, definido como "quien ejerce violencia, maltrata física o psíquicamente a otro mediante humillaciones, vejaciones, malos tratos verbales o físicos o cualquier otra forma de ataque a la dignidad". Esta disposición legal establece que tales conductas no deben constituir un delito de mayor envergadura para ser procesadas en vía correccional. En caso de sentencia condenatoria, la sanción podría incluir entre dos y diez días de trabajo de utilidad pública, una multa, o hasta cinco días de arresto, aunque este último no resultaría aplicable dado que Lemoine goza de fueros legislativos por su condición de diputada nacional.
El escudo de los fueros y la agravante del registro
Sin embargo, existe una circunstancia que podría modificar significativamente el análisis del expediente: Ian Moche es menor de edad, lo que activaría automáticamente el agravante previsto en el artículo 56 del mismo código contravencional. Este artículo eleva la consideración de los hechos cuando la víctima es un niño, niña o adolescente. Aunque Lemoine no podría ser detenida por su condición de legisladora, los términos de cualquier sentencia podrían incluir sanciones más severas o medidas adicionales. La diputada será asistida por su abogado en la audiencia, tal como establece el procedimiento judicial ordinario.
Paralelamente a la investigación correccional, Andrés Gil Domínguez, abogado constitucionalista que representa a Moche y su madre, interpuso una denuncia ante la Cámara de Diputados por "inhabilidad moral", solicitando que el cuerpo legislativo aplique una sanción disciplinaria contra Lemoine o directamente proceda a su expulsión. Gil Domínguez aportó documentación oficial que acredita la condición del adolescente: el Certificado Único de Discapacidad (CUD) otorgado en 2020 por la Administración Nacional de Integración Social (Andis), que registra su pertenencia al espectro autista nivel 1, con una vigencia que se extiende hasta febrero de 2030. Este documento constituye un respaldo administrativo y médico sobre la realidad de la condición diagnosticada de Moche, frente a cuestionamientos públicos sobre su autenticidad.
Antecedentes de enfrentamientos políticos e institucionales
La génesis del conflicto entre Lemoine y el joven activista se remonta a hace varios meses. Ian Moche comenzó a criticar públicamente los recortes implementados por el Gobierno en políticas de discapacidad, lo que lo posicionó como un crítico activo de medidas oficial. El presidente Milei no tardó en responder: en junio de 2025, replicó una publicación de un usuario en redes sociales que acusaba a Moche y a su madre de ser "kirchneristas" y de "operar" contra la administración. Este patrón de respuesta presidencial a críticas provenientes de menores de edad marca un precedente notable en los registros institucionales argentinos recientes.
Meses antes, en marzo de 2024, tanto Ian como su madre Marlene Spesso habían estado involucrados en una confrontación con Diego Spagnuolo, entonces titular de la Agencia Nacional de Discapacidad. Durante un encuentro, Spagnuolo los enfrentó con una pregunta confrontacional: "¿Por qué yo tengo que pagar peaje y ustedes no?", cuestionando presuntos beneficios. Spagnuolo posteriormente fue removido de su cargo tras denuncias que involucraban su gestión en cuestiones presupuestarias. El funcionario negó los cargos relacionados con supuestos pagos irregulares.
Repercusiones legislativas y defensa de la acusada
Tras el aluvión de críticas que siguió a las expresiones públicas de Lemoine, un grupo de diputados impulsó un proyecto de resolución para expresar un repudio formal contra la diputada libertaria. Ante esta reacción legislativa, Lemoine ratificó su posición sin introducirbajadas de tono: reiteró que nunca había dirigido sus críticas hacia Ian Moche como persona, sino que su cuestionamiento estaba circunscrito exclusivamente a la conducta de la madre. Sostuvo que ella "jamás dijo nada de Ian Moche" y que sus críticas apuntaban a que la madre lo "estaba utilizando para actuar de autista". Esta defensa, sin embargo, contrasta con los registros públicos de sus expresiones, donde Lemoine se refirió al adolescente como "supuestamente autista" y cuestionó sistemáticamente su diagnóstico.
Implicancias y perspectivas futuras
El desarrollo de este caso abre múltiples planos de análisis institucional. Desde una perspectiva, el proceso correccional representa un ejercicio de control legal sobre conductas de figuras públicas que utilizan su plataforma para descalificar a menores de edad, independientemente de las motivaciones políticas subyacentes. Desde otra perspectiva, sectores afines a Lemoine podrían argumentar que existe una persecución selectiva contra figuras del oficialismo y que el marco legal está siendo utilizado como herramienta política. La audiencia de indagatoria del 28 de mayo será determinante para que el fiscal Biglino, luego de escuchar a la acusada, defina la continuidad del proceso y la solidez de los elementos de convicción reunidos. Simultáneamente, la Cámara de Diputados deberá pronunciarse sobre si considera que ha habido una "inhabilidad moral" que justifique sanciones disciplinarias, lo que generará precedentes sobre qué límites se establecen para el lenguaje de figuras legislativas cuando se dirigen a menores de edad. Las políticas de discapacidad, el rol de las plataformas digitales en amplificar conflictos, y la naturaleza del debate político en contextos de profunda polarización constituyen variables que condicionarán tanto la resolución judicial como la valoración social de estos hechos.
