El caso que marcó un punto de quiebre en la historia reciente de la Argentina vuelve a generar movimiento. Una magistrada federal con jurisdicción en San Isidro presentó este miércoles una hipótesis inédita sobre quiénes podrían estar detrás del homicidio de un reconocido fiscal ocurrido hace casi una década. Lo relevante no es únicamente la aparición de nuevas pistas, sino que esta teoría apunta directamente hacia organismos de inteligencia que operarían en empresas estatales y dentro del actual gobierno nacional. El anuncio fue realizado de manera pública, en un foro empresarial, transformando lo que podría haber permanecido en el ámbito estrictamente judicial en un debate de alcance nacional.
Sandra Arroyo Salgado, quien se desempeña como jueza federal, expuso su análisis durante una jornada de almuerzo organizada por el Rotary Club de Buenos Aires en el Hotel Libertador. Su participación incluyó una conferencia sobre investigaciones complejas y credibilidad en la administración de justicia, pero los asistentes quedaron sorprendidos cuando la magistrada devolvió el foco hacia el caso que ocupa su atención hace años: el fallecimiento en 2015 de Alberto Nisman, exfiscal que investigaba el atentado a la mutual AMIA. Arroyo Salgado fue pareja del fiscal durante dieciséis años y madre de sus dos hijas, situación que la conecta emocionalmente con la investigación aunque también genera debate sobre su participación en decisiones judiciales sobre el tema.
La hipótesis que conecta inteligencia, empresa estatal y funcionarios
Según la jueza, los supuestos participantes en el crimen guardarían vínculos con servicios de inteligencia que operan actualmente en empresas ligadas al sector carbonífero de Río Turbio, provincia de Santa Cruz. Además, la magistrada señaló que existirían conexiones con funcionarios pertenecientes a la administración gubernamental vigente. El contexto es relevante: Nisman fue descubierto con un disparo en la cabeza días después de radicar una denuncia contra la expresidenta Cristina Kirchner por presunto encubrimiento en relación con el Pacto suscrito con Irán respecto al atentado de 1994. La muerte fue catalogada como homicidio desde el inicio de las diligencias.
La magistrada no proporcionó detalles específicos durante su intervención pública, pero sus comentarios generaron reacciones de asombro entre los presentes. Cuando se le preguntó sobre la probabilidad de esclarecer responsabilidades definitivas, Arroyo Salgado expresó su escepticismo: indicó que es difícil establecer con certeza quiénes están detrás del magnicidio, aunque agregó que sí existen indicios sobre los partícipes directos. Mencionó particularmente que hay "trascendidos" respecto a que estos poseen conexiones en organismos de inteligencia que estarían operando en empresas relacionadas con el desarrollo económico de Río Turbio y mantendrían vínculos con autoridades públicas del gobierno presente.
Los procesados y los cuestionamientos sobre nuevas pistas
Hasta el momento, la investigación ha derivado en procesamientos contra Diego Lagomarsino, técnico informático que facilitó el arma utilizada en el disparo; también fueron procesados los excustodios del fiscal. El técnico informático ha rechazado cualquier vinculación sospechosa con la empresa estatal carbonífera, explicando que fue contactado para brindar soluciones tecnológicas pero que el proyecto nunca se concretó. Lagomarsino afirmó haber viajado a las instalaciones de la empresa en Santa Cruz con autorización del juez que lo investiga, Julián Ercolini, y subrayó que su ingreso quedó registrado en los sistemas de control de acceso.
La causa continúa siendo investigada bajo la hipótesis de una confrontación entre distintos grupos de inteligencia que respondían a diferentes autoridades políticas durante el período anterior. El fiscal Eduardo Taiano sostiene que la muerte de Nisman ocurrió en medio de una guerra entre estos servicios. Jaime Stiuso, figura central en la investigación, sugirió en su declaración que grupos vinculados al kirchnerismo estaban involucrados en el crimen. La jueza Arroyo Salgado pareció hacer referencia a informes sobre un encuentro en la sede porteña de la empresa estatal entre su gerente Maxi Cáceres y Pablo Gordillo, quien se desempeña como interventor. Gordillo tiene una larga trayectoria en administraciones anteriores y fue designado recientemente en el cargo tras la remoción de su predecesor por cuestiones vinculadas a corrupción.
Corrupción estructural y debilidades de la justicia
Durante su exposición, la jueza realizó un diagnóstico amplio sobre la corrupción en Argentina, caracterizándola como un fenómeno estructural que atraviesa los tres poderes del Estado. Destacó que este problema no constituye una mera cuestión de personas deshonestas aisladas, sino que representa una patología sistémica que incluye tanto conductas activas de funcionarios que integran organizaciones criminales como comportamientos pasivos de omisión y tolerancia. Subrayó que tras cada funcionario corrupto existe un civil que lo corrompe, y que esta realidad no reconoce banderas políticas ni períodos gubernamentales específicos.
La magistrada también cuestionó la eficacia de las instituciones judiciales para hacer frente al crimen organizado. Mencionó que en zonas fronterizas, el narcotráfico se apropia de territorios y adquiere propiedades para construir pistas de aterrizaje clandestinas. Respecto al terrorismo, lo caracterizó no como una categoría meramente académica sino como una deuda pendiente con las víctimas y la sociedad, refiriéndose específicamente a los atentados contra la mutual AMIA y la embajada de Israel. Ubicó la muerte de Nisman dentro de este marco, describiéndola como el "acontecimiento de mayor impacto institucional" por tratarse del asesinato de un fiscal en ejercicio de sus funciones.
Arroyo Salgado fue particularmente crítica con el Consejo de la Magistratura, al cual describió como un "elefante burocrático" que difícilmente logra tomar decisiones oportunas respecto a magistrados que no desempeñan adecuadamente sus funciones. Manifestó que, considerando los niveles actuales de corrupción en la Justicia, el Ministerio Público Fiscal y organismos de defensa, deberían existir muchos más procesos de investigación, juicios políticos y destituciones de magistrados. Enfatizó la importancia de colocar la honestidad como criterio preponderante en la selección de jueces y fiscales como estrategia para combatir la corrupción endémica.
La jueza también formuló críticas específicas sobre gestiones penitenciarias provinciales. Señaló que advirtió al ministro de Justicia provincial Juan Martín Mena sobre la presencia de celulares en celdas bonaerenses sin obtener respuesta favorable. Propuso que el gobernador Axel Kicillof transfiera el Servicio Penitenciario provincial a la cartera de Seguridad, similar a lo realizado por la administración nacional con el Servicio Penitenciario Federal.
Perspectivas sobre las implicancias institucionales
Las expresiones públicas de Arroyo Salgado abren diversos interrogantes sobre el estado de la investigación criminal más sensible de la última década democrática. Su hipótesis, que conecta servicios de inteligencia con empresas estatales y funcionarios gubernamentales, introduce nuevas dimensiones al caso si estas pistas pueden sustanciarse documentalmente. La publicidad otorgada a estas consideraciones en un ámbito empresarial amplifica significativamente el alcance del mensaje, transformando lo que podría haber permanecido en trámites procesales en un debate público de envergadura.
Simultáneamente, sus críticas sobre la corrupción estructural y la necesidad de más destituciones de magistrados plantean un debate sobre el funcionamiento de instituciones clave para la democracia. El cuestionamiento al Consejo de la Magistratura refleja tensiones conocidas sobre cómo se selecciona, supervisa y, eventualmente, sanciona a operadores judiciales. Las propuestas sobre reorganización de servicios penitenciarios y mayor rigor en la selección de magistrados sugieren una visión sobre las reformas institucionales necesarias, aunque también invitan a reflexionar sobre el rol que cumplen diferentes sectores en perpetuar dinámicas de corrupción. El caso Nisman, nueve años después del homicidio, continúa funcionando como catalizador de debates más amplios sobre el estado de las instituciones argentinas.
