La zona norte de Añelo, estratégicamente ubicada sobre la circunvalación que conecta con la Ruta Provincial 17, despierta ansiedades inversoras por su proximidad a la actividad petrolera. Sin embargo, esa misma ubicación privilegiada se convirtió en escenario de una operación fraudulenta de proporciones mayúsculas que pone en evidencia fracturas profundas en los mecanismos de control estatal sobre el patrimonio público. Un operativo ejecutado esta semana por fuerzas policiales, autoridades municipales y funcionarios provinciales reveló que tierras que hace años habían sido recuperadas por el Estado seguían siendo comercializadas de manera clandestina, generando pérdidas patrimoniales de millones de pesos y comprometiendo la planificación territorial de una región en plena expansión energética.

Lo que comenzó como una inspección rutinaria en predios fiscales destinados originalmente a actividades agrícolas derivó en el descubrimiento de un entramado complejo de fraude inmobiliario. En el terreno se hallaron contenedores instalados, naves industriales en construcción, movimiento de suelo sin autorización y, lo más grave, un loteo clandestino subdividido en parcelas de aproximadamente 20 por 40 metros que ya circulaba en el mercado negro de transacciones inmobiliarias. Empresas vinculadas a servicios petroleros, alimenticios y otros rubros se habían asentado irregularmente en el predio, levantando estructuras y modificando la topografía sin contar con permisos municipales, provinciales o evaluaciones ambientales que lo justificaran.

El origen del fraude: de la adjudicación a la desadjudicación oculta

La trama de esta operación ilícita se remonta a decisiones administrativas tomadas durante la gestión del exgobernador Jorge Sapag. En aquella época, las tierras en cuestión fueron adjudicadas a la familia Mora, originaria de San Patricio del Chañar, bajo la premisa de ejecutar un proyecto de desarrollo agrícola y ganadería. Sin embargo, cuando las autoridades provinciales constaron que los terrenos estaban siendo destinados a propósitos radicalmente distintos a los pactados, procedieron a la desadjudicación completa del predio, restituyéndolo al dominio fiscal. Este paso administrativo, aunque formal y legalmente válido, no resultó suficiente para cerrar las puertas a la explotación comercial no autorizada.

Lo que sucedió después constituye el núcleo del engaño: los antiguos adjudicatarios continuaron fraccionando y comercializando parcelas a fideicomisos, inversores particulares y empresas interesadas en instalarse en la zona. Para legitimar estas transacciones fraudulentas, los vendedores exhibían selectivamente los boletos y decretos de la adjudicación original de la familia Mora, pero deliberadamente ocultaban el decreto posterior de desadjudicación. De esta manera, potenciales compradores recibía información incompleta e intencionalmente sesgada, creyendo estar adquiriendo títulos válidos sobre terrenos cuya titularidad había revertido al Estado. Una de las víctimas de este ardid confesó haber desembolsado 54 millones de pesos por una sola parcela, bajo la promesa falsa de que el municipio eventualmente facilitaría conexiones de servicios esenciales como electricidad y agua.

Irregularidades que van más allá de lo inmobiliario

El operativo no solo expuso una sofisticada maniobra de estafa inmobiliaria, sino que sacó a la luz múltiples capas de incumplimiento normativo. Los inspectores identificaron construcciones de naves industriales y galpones de primer nivel erigidos sin tramitación ambiental alguna. Cuando personal de la Policía y de la Dirección Provincial de Tierras notificaba la suspensión de obras por su carácter irregular, los ocupantes desobedecían las órdenes y continuaban edificando. De manera paralela, se documentó destape y movimiento de áridos sin estudios de impacto ambiental ni autorizaciones correspondientes, generando alteraciones del terreno que nunca fueron evaluadas por organismos competentes.

Las condiciones laborales en el predio agregaban otra dimensión de violación normativa. Los inspectores de Recursos Naturales labraron actas inmediatas tras constatar que trabajadores pernoctaban en casillas y contenedores bajo condiciones de hacinamiento absoluto. Esta situación, denunciada por las autoridades, refleja precarización severa de derechos laborales básicos, una problemática recurrente en zonas de expansión extractiva donde la demanda de mano de obra supera la oferta de vivienda formal. El municipio, ante esta constatación, suspendió las tareas constructivas y procedió a documentar las infracciones para su procesamiento posterior.

El intendente Fernando Banderet ha vocalizado su frustración ante los ritmos judiciales, reclamando a la Fiscalía de Estado de Neuquén que dicte órdenes de desalojo urgentes. Según su relato, existen cuatro procedimientos de desalojo que permanecen sin resolución, mientras que las notificaciones sucesivas parecen generar más asentamientos en lugar de disuadirlos. Esta paradoja administrativa refleja un problema más amplio: la lentitud con que el aparato judicial procesa casos de usurpación, permitiendo que los ocupantes consoliden su presencia en el territorio. Banderet ha cuestionado, además, lo que denomina "disparidad de criterios" en el tratamiento provincial de usurpaciones: mientras que asentamientos habitacionales informales en la capital provincial fueron desalojados por deficiencias administrativas, empresas foráneas continúan ocupando tierras estatales en Añelo con impunidad relativa.

Presión territorial en una región saturada

La gravedad de esta situación adquiere dimensiones críticas cuando se considera el contexto territorial de Añelo. El municipio ha visto su ejido ocupado en más del 80%, lo que deja margen escaso para planificar expansión urbana ordenada en medio del desarrollo vertiginoso de Vaca Muerta. La usurpación de tierras fiscales en zona de circunvalación, precisamente el área designada para crecimiento comunitario futuro, compromete la capacidad del municipio de gestionar su propio crecimiento. Sin terrenos disponibles y bajo presión de una población que crece por migración laboral vinculada al sector energético, la administración local enfrenta un dilema: cómo ordenar la expansión urbana cuando los espacios públicos disponibles son ocupados por operaciones privadas irregulares.

La Dirección Provincial de Tierras continúa elaborando el listado definitivo de empresas involucradas y prepara nuevas denuncias penales contra los responsables. Banderet ha subrayado que el castigo por ocupar tierras fiscales debe ser riguroso e imparcial, independientemente de si los infractores son empresas que operan en otras provincias o si realizan obras contratadas por el propio Estado provincial. Esta advertencia sugiere que algunas de las firmas identificadas mantienen relaciones comerciales con organismos públicos, lo que plantea interrogantes sobre mecanismos de fiscalización y compatibilidad de intereses.

Los efectos políticos, administrativos y territoriales de este descubrimiento se desplegarán en múltiples direcciones. Por un lado, la exposición pública del fraude podría catalizar decisiones judiciales más ágiles si existe presión política suficiente. Por otro, la consolidación parcial de algunos asentamientos industriales crea hechos consumados que complicarán cualquier desalojo futuro. La recuperación efectiva de las tierras dependerá no solo de decisiones judiciales, sino también de capacidad ejecutiva para remover estructuras, reparar daños ambientales y restablecer el dominio estatal. Simultáneamente, los inversores defraudados enfrentarán procesos legales largos para recuperar sus fondos, mientras que la reputación de Añelo como destino de inversión inmobiliaria podría resentirse si no se demuestra que el Estado controla efectivamente su patrimonio. Las autoridades provinciales, por su parte, deben balancear la urgencia de la restitución con procesos administrativos complejos que inevitablemente generarán controversias sobre criterios aplicados y equidad en el tratamiento de infracciones similares en otras zonas.

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