El rastro de los dólares en la banca norteamericana
Una investigación preliminar gestada durante 2025 en territorio estadounidense despliega sus primeros movimientos públicos. El Departamento de Justicia de los EE.UU. ha comenzado a convocar a individuos con acceso directo a información sensible sobre la estructura financiera de la Asociación del Fútbol Argentino durante los últimos años. Aunque los detalles permanecen bajo un velo de confidencialidad, la amplitud de la pesquisa sugiere que los investigadores buscan trazar un mapa completo de cómo circularon fondos —potencialmente por cientos de millones de dólares— a través de instituciones bancarias estadounidenses, con particular énfasis en identificar si tales movimientos pueden configurar delitos de naturaleza financiera o corrupción de alcance internacional.
Lo que transforma esta indagación en un asunto de relevancia sistémica es su alcance: no se trata únicamente de revisar cifras o balances contables, sino de reconstruir desde sus fundamentos cómo operaba la maquinaria decisoria de una entidad que monopoliza la administración del fútbol profesional argentino. Los fiscales federales radicados en Washington DC y Miami se han propuesto un objetivo que requiere paciencia y minuciosidad: mapear los circuitos por los cuales transitaron recursos, identificar las personas que autorizaban transferencias, y establecer si existe una correlación lógica entre los fondos que ingresaban y aquellos que salían hacia destinos variados.
Para quienes observan desde la tribuna pública, este movimiento representa un punto de inflexión. Hasta ahora, las revelaciones sobre operaciones irregulares en la administración de la entidad provenían de investigaciones periodísticas y análisis de documentación bancaria. Ahora, la maquinaria estatal norteamericana —con sus poderes de subpoena, su capacidad para examinar registros de entidades financieras y su autoridad para convocar testigos bajo juramento— se pone en movimiento. La pregunta central que atraviesa esta indagación es simple pero potente: ¿qué justificación económica legítima sustenta ciertas operaciones que, sobre el papel, carecen de una contrapartida de bienes o servicios genuinos?
Los testigos que comienzan a hablar
Durante los últimos meses, representantes de la Oficina Federal de Investigaciones han contactado a personas que ocuparon posiciones jerárquicas dentro de la organización. Entre los individuos identificados como de "especial interés" figura Juan Pablo Beacon, quien en el pasado se desempeñó como presidente ejecutivo del Consejo Federal de la AFA. Su trayectoria dentro de la entidad lo sitúa en un lugar privilegiado para entender cómo se tomaban decisiones sobre la canalización de fondos internacionales. Durante años, Beacon actuó como colaborador directo de Pablo Toviggino, el tesorero de la entidad, participando en operaciones que movieron volúmenes significativos de capital entre Argentina y el exterior.
Según documentación disponible, tanto Beacon como Toviggino fueron actores centrales en un mecanismo que operaba del siguiente modo: se emitían comprobantes de gastos por servicios de "logística" y conceptos análogos que supuestamente debían ser prestados por empresas constituidas legalmente. Sin embargo, en numerosos casos, estas empresas —calificadas como "fantasma" por su ausencia de operaciones reales— nunca suministraron ningún servicio efectivo a la AFA. Los documentos que acreditaban estos pagos servían como justificativos administrativos para extraer recursos de la entidad, que luego transitaban hacia destinos que requerían explicación. La arquitectura de este mecanismo sugiere un nivel de sofisticación en su diseño: no se trataba de un robo burdo, sino de un procedimiento que se servía de la propia estructura burocrática de la entidad para legitimarse.
Lo interesante desde una perspectiva investigativa es que los fiscales estadounidenses buscan reconstruir este proceso a partir del testimonio de actores que estuvieron dentro de la máquina. El quiebre en la relación entre Beacon y Toviggino —un distanciamiento que resultó público cuando ambos comenzaron a intercambiar acusaciones encubiertas— ha generado oportunidades para obtener información que de otro modo permanecería oculta. Circularon versiones que sugieren que Beacon consideró la posibilidad de comercializar información sensible, hipótesis que habría generado inquietud en ciertos círculos de poder. Los investigadores también han identificado a otros exfuncionarios de la entidad como posibles fuentes de información, incluyendo individuos que actualmente residen en territorios como la Patagonia argentina.
El circuito de dinero: desde Nueva York hasta la City porteña
La documentación bancaria examinada por distintos observadores revela un patrón operativo que se despliega a través de múltiples jurisdicciones. TourProdEnter LLC, la sociedad constituida en Miami que fungía como administradora de ingresos internacionales de la AFA, canalizó recursos provenientes de multinacionales de alcance global. Gigantes como Adidas (que transfirió aproximadamente US$60 millones) y Warner (US$40 millones aproximadamente) dirigieron pagos a través de esta entidad. La empresa estaba bajo control de Javier Faroni, un productor teatral con experiencia en la gestión de operaciones internacionales, y su pareja Erica Gillette.
El volumen agregado que transitó por las cuentas de TourProdEnter LLC en cinco instituciones bancarias estadounidenses —Citibank, Synovus, Bank of America, JP Morgan y PNC Bank— alcanzó cifras superiores a los US$260 millones. Hasta aquí, el relato podría considerarse relativamente convencional: una empresa internacional que actúa como intermediaria en la canalización de pagos comerciales. Sin embargo, cuando se examina el destino final de estos fondos, emerge un cuadro más complejo. Solo una fracción del dinero que circuló por estas cuentas puede ser vinculada, de manera directa y clara, con gastos operativos identificables de la AFA que presidía Claudio "Chiqui" Tapia.
El componente que genera interrogantes entre los investigadores norteamericanos es la distribución de aproximadamente US$57 millones hacia beneficiarios diversos, sin que exista en los registros una justificación económica coherente que explique por qué esos fondos debían transitar hacia esos destinos específicos. Los análisis de la papelería bancaria revelan transferencias hacia sociedades comerciales que, según registros públicos, eran titularidad de individuos que simultáneamente percibían planes de asistencia social del Estado argentino y residían en ciudades como Bariloche o la capital. Aparecen también pagos que fluyeron hacia estructuras empresariales vinculadas con Toviggino y su círculo familiar —entidades denominadas SOMA SRL y Cabello SRL— además de transferencias hacia la pareja del dirigente y miembros allegados a figuras que, según versiones, ejercían influencia en espacios de la selección nacional.
El acuerdo comercial que formalizaba la relación entre la AFA y TourProdEnter LLC establecía que la empresa de Faroni y Gillette percibiría el 30% del total de ingresos internacionales de la entidad, luego de deducidas las cargas tributarias, durante un período de cuatro años. A esto se sumaba una comisión equivalente al 10% de los egresos asociados con la logística de estas operaciones. En tiempos en los que la Argentina enfrentaba restricciones severas en el acceso a divisas, con múltiples cotizaciones del dólar, la capacidad de canalizar ingresos a través de una entidad externa adquiría una dimensión económica considerable.
La arquitectura investigativa norteamericana
Los fiscales federales que conducen esta indagación se desempeñan en dependencias con jurisdicción específica sobre crímenes de naturaleza financiera. Patrick Gushue, con despacho en Washington DC, integra la Unidad de Integridad Bancaria del Departamento de Justicia y dirige el Programa Piloto de Premios para Denunciantes Corporativos, un mecanismo que incentiva a empleados de instituciones privadas a reportar irregularidades. Christopher Ting, incorporado recientemente al equipo tras una trayectoria previa en un estudio de abogados especializado en litigio comercial internacional, cuenta con experiencia en investigaciones vinculadas con delitos de naturaleza financiera. Michael Berger, radicado en Miami, se desempeña como abogado litigante senior en la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Florida, territorio que alberga las operaciones centrales de TourProdEnter LLC.
La participación de Berger en este caso adquiere especial relevancia dada su trayectoria previa. Entre sus casos más destacados figura la persecución y eventual condena de Carlos Ramón Polit Faggioni, excontralor general de Ecuador, quien fue condenado por lavado de activos tras operaciones realizadas en Miami. Esta experiencia previa con casos de corrupción internacional sitúa a Berger en una posición desde la cual puede reconocer patrones operativos que tipifican comportamientos delictivos en jurisdicciones extranjeras canalizados a través del sistema bancario estadounidense.
Durante el transcurso de la pesquisa, los fiscales han convocado a individuos con acceso a información sobre estas operaciones. Un momento particularmente revelador fue una videoconferencia de tres horas de duración entre los investigadores y Guillermo Tofoni, un empresario cuya conexión con operaciones vinculadas a la AFA en Estados Unidos resultó de interés para la indagación. Aunque Tofoni se abstuvo de confirmar o desmentir públicamente la realización de esta reunión, su participación en una sesión investigativa de esa envergadura sugiere que posee información que los fiscales consideran relevante para reconstruir el funcionamiento del circuito financiero bajo escrutinio.
Los movimientos defensivos desde Buenos Aires y Miami
La cúpula directiva de la AFA no ha permanecido inactiva ante el despliegue de esta investigación. Tomás Regalado, designado como "embajador" de la entidad para la región de América del Norte, y Mariano Lizardo, abogado penalista argentino contratado para asuntos de esta índole, participaron recientemente en un foro público sobre fútbol, corrupción y justicia organizado por el Interamerican Institute for Democracy en Miami. Durante esa plataforma pública, enfatizaron que el mero hecho de ser objeto de investigación no presupone responsabilidad ni culpabilidad alguna. Regalado sostuvo que "las medidas de investigación por sí solas no determinan responsabilidad ni culpabilidad", una frase que refleja la estrategia comunicacional de la entidad: mantener un énfasis en los derechos procesales básicos mientras la indagación avanza en el terreno factual.
Esta postura, aunque legítima desde una perspectiva de principios procedimentales, coexiste con el hecho de que los investigadores estadounidenses han comenzado a solicitar documentación a instituciones financieras, a entrevistar a testigos con conocimiento directo de las operaciones, y a analizar registros que datan de años previos. El Departamento de Justicia, cuando fue consultado formalmente sobre el estado de esta pesquisa preliminar, no proporcionó declaraciones públicas sobre el avance o los objetivos específicos de la indagación.
Las implicancias que se perfilan en el horizonte
El despliegue investigativo que comienza a hacerse visible plantea interrogantes de alcance amplio sobre las consecuencias potenciales para distintos actores involucrados. Si los investigadores estadounidenses logran establecer, mediante testimonios y análisis de documentación, que ciertos movimientos de dinero configuran violaciones a leyes norteamericanas sobre lavado de activos o fraude financiero, se abriría un escenario en el cual se podría solicitar la extradición de individuos sujetos a procesos penales en territorio estadounidense. Esto aplica tanto a ciudadanos estadounidenses como a residentes argentinos o de terceras naciones que hayan participado en operaciones que utilizaron el sistema bancario norteamericano como canal de transferencia.
Por otra parte, existe la posibilidad de que el resultado de estas pesquisas influya en procesos que se desarrollan en jurisdicciones argentinas. Las investigaciones locales sobre operaciones irregulares en la AFA podrían beneficiarse de hallazgos o documentación que surja de las indagaciones estadounidenses, creando un escenario de colaboración internacional que amplíe la capacidad de esclarecimiento. Alternativamente, algunos observadores consideran que el proceso puede no arribar a conclusiones de relevancia penal, limitándose a documentar operaciones de dudosa justificación económica sin que necesariamente se configure un ilícito punible conforme a la legislación norteamericana.
Finalmente, cabe considerar las implicancias sobre la gobernanza futura de la AFA. Independientemente del resultado de estas investigaciones, los hallazgos sobre deficiencias en los controles internos, la opacidad en ciertos circuitos financieros, y la ausencia de justificaciones claras para ciertos movimientos de dinero plantean preguntas sobre cómo debería estructurarse administrativamente una entidad que administra recursos significativos y canaliza fondos internacionales. Las distintas perspectivas sobre cómo resolver estas cuestiones —fortalecimiento de auditorías independientes, transparencia en operaciones, participación de organismos de control— refleja debates más amplios sobre la gobernanza de instituciones deportivas que manejan recursos de escala considerable.
