La cuestión sobre quién controla la infraestructura tecnológica de los grandes proyectos energéticos nacionales trasciende hoy el terreno meramente comercial. En el corazón de la Patagonia, donde se concentra uno de los yacimientos de gas y petróleo más relevantes del hemisferio, se libra una batalla silenciosa pero cada vez más explícita entre potencias globales por definir qué empresas y qué gobiernos accederán a los datos sensibles que circularán por esas redes. El embajador estadounidense en Buenos Aires ha decidido no guardar silencio al respecto, multiplicando sus advertencias públicas sobre los riesgos que conlleva asociarse con firmas tecnológicas del país asiático. Sus dichos no son casuales ni aislados: representan una estrategia deliberada de presión diplomática que busca reconfigurar las decisiones de inversión en territorio argentino.
Lo que comenzó como un intercambio de mensajes privados escaló rápidamente a declaraciones públicas y coordinadas entre funcionarios de la administración estadounidense. Peter Lamelas, embajador de Washington en la Argentina, aprovechó una plataforma de redes sociales para enumerar una serie de empresas tecnológicas chinas —Huawei, ZTE, Hikvision, Hytera, Dahua y DJI— caracterizándolas como portadoras de riesgos sistémicos para la seguridad. Su argumento central gira alrededor de un marco legal específico: según Lamelas, la legislación de Pekín contempla mecanismos coercitivos que obligan a estas corporaciones a facilitarle información a los aparatos de inteligencia del gobierno comunista. Bajo esa lógica, cualquier dato que transite por infraestructuras controladas por estas firmas estaría potencialmente expuesto a vigilancia estatal extranjera. El diplomático no se limitó a enumerar riesgos abstractos, sino que los especificó: espionaje, ciberataques e interrupciones operacionales en las redes. La gravedad del tono sugiere que no se trata de una preocupación pasajera, sino de una posición que Washington tiene intención de mantener y profundizar.
La convergencia de mensajes desde distintos niveles
Lo que otorga peso estratégico a estos señalamientos es su coordinación. Casi simultáneamente a las declaraciones del embajador, Juan Segura, hijo de ciudadanos argentinos recientemente designado por la administración Trump como subsecretario de Estado responsable de América Latina, el Caribe y Canadá, emitió mensajes en la misma línea. Esta sintonía entre funcionarios de distintos niveles de la estructura estatal estadounidense no es circunstancial: refleja una directiva clara emanada desde los más altos círculos de decisión en Washington. Ambos personajes ocupan posiciones desde las cuales pueden influir de manera sustancial en los flujos de inversión, las decisiones de visado y la configuración de relaciones comerciales bilaterales. El hecho de que ambos decidan comunicarse públicamente sobre un tema específico envía un mensaje inequívoco a los actores económicos y políticos locales: esta no es una opinión marginal, sino la posición oficial de Estados Unidos hacia la región.
La escalada de declaraciones debe contextualizarse en lo que sucedió semanas atrás. La Cooperativa Provincial de Servicios Públicos y Comunitarios de Neuquén, una empresa con participación estatal, estaba negociando con Huawei la implementación de un centro de datos en Vaca Muerta. Los mensajes privados de Lamelas dirigidos a ejecutivos de la cooperativa ponen de manifiesto que la presión no fue meramente retórica o diplomática en el sentido tradicional. El embajador instó de manera urgente a dar por terminadas esas tratativas, acompañando su solicitud con lo que los directivos de la cooperativa caracterizaron como una advertencia implícita sobre restricciones migratorias para los responsables ejecutivos que perseveraran en la asociación con la empresa china. Cuando esos intercambios trascendieron públicamente, la cooperativa elevó un reclamo formal ante el Ministerio de Relaciones Exteriores argentino, calificando la intervención como una presión indebida. En respuesta, Lamelas reconfiguró el discurso público: señaló que confirmaba la autenticidad de esos mensajes pero los enmarcaba dentro del mandate diplomático que le compete, argumentando que su deber es resguardar la seguridad nacional estadounidense y promover inversión de su país, mientras que lo hacía en un espíritu de cooperación mutua.
El argumento sobre soberanía de datos y seguridad
Un aspecto central del discurso diplomático estadounidense radica en la invocación de la soberanía como concepto defensivo. Lamelas sostuvo que la recomendación de cambiar a "proveedores confiables" responde a la necesidad de proteger la soberanía argentina. Esta formulación es particularmente relevante porque redefine el problema: ya no se trata únicamente de una preferencia estadounidense por sus propias empresas, sino de una cuestión que supuestamente afecta a la autonomía y la capacidad de decisión del Estado argentino. El embajador argumentó además que en Estados Unidos, uno de los países de mayor tradición capitalista y libertad de mercado global, la compra y venta de equipamiento Huawei se encuentra directamente prohibida. Ello sugiere que si Washington impone esas restricciones a nivel doméstico, otros países deberían considerarlo un criterio válido para sus propias políticas. Simultáneamente, Lamelas destacó que las empresas estadounidenses son líderes globales en materia de seguridad y transparencia, posicionándolas implícitamente como alternativas confiables frente a las supuestamente opacas firmas chinas.
Durante un evento sectorial en agosto, el embajador expuso con mayor detalle sus preocupaciones ante una audiencia de ejecutivos energéticos. En esa oportunidad, Lamelas desarrolló el argumento de que China demanda a sus empresas la cesión de cualquier información que atraviese sus tecnologías, particularmente en sistemas de inteligencia artificial. Para Lamelas, esta estructura de control del Partido Comunista Chino sobre todas sus corporaciones technológicas equivale a un riesgo sistémico que no solo afecta a Estados Unidos, sino que, según su perspectiva, resulta contraproducente para atraer capital extranjero a Argentina. Su pregunta retórica —por qué la nación más capitalista del mundo prohíbe tecnología Huawei— buscaba establecer un paralelismo que legitimara restricciones similares en otras jurisdicciones. Tras el encuentro posterior entre el embajador y las autoridades de la cooperativa, los comunicados hablaron de un "diálogo productivo" enfocado en la seguridad de datos y la expansión de servicios, aunque sin detallar explícitamente qué determinaciones se adoptaron respecto de la negociación original con Huawei.
La secuencia de eventos plantea interrogantes sobre cómo se negocian hoy las decisiones de inversión en infraestructura crítica cuando distintas potencias globales persiguen intereses contrapuestos. Por un lado, está la postura estadounidense que afirma basarse en evidencia sobre capacidades de vigilancia estatal china integradas en arquitecturas tecnológicas. Por otro, están los actores locales que perciben estas presiones como interferencia en procesos de decisión soberana y como privilegio otorgado a proveedores estadounidenses bajo el disfraz de preocupaciones de seguridad. La cuestión de si las restricciones que Estados Unidos aplica internamente deben servir como modelo para otras naciones, o si cada país debe determinar autónomamente sus criterios de riesgo, permanece sin resolución. Lo que sí es claro es que en contextos donde la tecnología atraviesa transversalmente toda actividad económica relevante, las decisiones sobre proveedores dejan de ser puramente técnicas o comerciales para convertirse en decisiones geopolíticas de primer orden, donde los gobiernos ejercen presión usando múltiples canales: desde la diplomacia abierta hasta las advertencias implícitas sobre consecuencias migratorias.
