Hay una fotografía que define mejor que cualquier discurso el momento económico que atraviesa la Argentina: en un extremo del cuadro, una plataforma de perforación en Vaca Muerta con proyecciones de inversión que no tienen precedentes en la historia del sector energético nacional; en el otro extremo, una planta textil con seis de cada diez máquinas apagadas y una caída acumulada de la producción que ya supera el tercio de lo que se fabricaba apenas tres años atrás. Ambas imágenes corresponden al mismo país, al mismo momento y al mismo modelo económico. Lo que cambia es quién gana y quién pierde en esta transición, y esa pregunta no tiene respuesta sencilla ni consensuada.

El dato que mejor ilustra esta fractura no es uno solo, sino la combinación de varios que conviven sin contradecirse: la producción industrial textil retrocedió un 33% en términos interanuales durante febrero de 2026, y si se toma como referencia febrero de 2023, la caída ya alcanza el 36%. Al mismo tiempo, la fabricación de vehículos se desplomó un 30,1% en el primer bimestre de 2026 respecto al mismo período del año anterior, arrastrando consigo a la cadena de proveedores de autopartes. Mientras tanto, el consumo de alimentos y bebidas muestra signos de recuperación, lo que sugiere que la recomposición del poder adquisitivo, si existe, es todavía parcial y desigual según el tipo de bien.

El oro negro que promete transformar las cuentas externas

La contracara de ese cuadro industrial sombrío la protagoniza el sector energético, puntualmente la producción de petróleo y gas no convencional. Según un informe de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH), si se sostiene la asignación de fondos para el upstream y se concretan los proyectos de infraestructura ya planificados, las inversiones en el sector podrían superar los US$ 15.000 millones anuales durante la próxima década, con un pico estimado por encima de los US$ 20.000 millones en 2027. La advertencia que acompaña esta proyección tiene que ver con las turbulencias del conflicto bélico en Medio Oriente, que introduce variables de incertidumbre sobre los precios internacionales del crudo, aunque por ahora no altera el horizonte de inversión doméstico.

Las consecuencias de ese crecimiento no se limitarían a los balances de las compañías petroleras. El aumento en los volúmenes exportados del sector generaría un superávit externo que, según las estimaciones de la misma cámara, podría ubicarse cómodamente por encima de los US$ 20.000 millones anuales hacia el final de esta década. A eso se sumaría un impacto fiscal directo: el pago de regalías, tanto provinciales como nacionales, superaría los US$ 7.600 millones al año en un escenario expansivo. Para las provincias productoras como Neuquén, Río Negro y Mendoza, esto representa una fuente de ingresos que podría redefinir sus estructuras presupuestarias por años. Vale recordar que Neuquén ya depende en más de un 50% de los ingresos provenientes de la actividad hidrocarburífera para financiar su gasto público, lo que convierte a Vaca Muerta en algo más que una promesa energética: es el sostén fiscal de toda una región.

La industria que nadie sabe si puede sobrevivir

Frente a ese horizonte expansivo, el sector textil e indumentaria acumula más de dos años de retroceso sostenido sin señales claras de piso. El informe de Protejer, cámara que nuclea a una parte importante del sector, describe una situación que va más allá de la caída en los números de producción: en promedio, seis de cada diez máquinas textiles permanecieron paradas durante 2024 y 2025, y en los últimos meses del período relevado esa cifra trepó a siete de cada diez. La capacidad ociosa en esos niveles no es solo un indicador de crisis coyuntural: es la antesala del cierre de plantas, la pérdida definitiva de capital productivo y la destrucción de empleos que, en muchos casos, no volverán aunque la demanda se recupere, porque las empresas no estarán para aprovecharla.

Pero el textil no es una excepción dentro del mapa industrial; es, en todo caso, el ejemplo más visible de una tendencia generalizada. Sectores como metalmecánica, productos de metal, madera y muebles, minerales no metálicos, automotriz y química también registran retracciones de dos dígitos respecto a los niveles de 2023. La apertura importadora que acompaña al esquema cambiario actual tiene un efecto directo sobre estas actividades: los bienes importados compiten con precios que la producción local, con sus estructuras de costos en dólares, no puede igualar. El caso de las autopartes es quizás el más elocuente para medir la magnitud del fenómeno.

Según la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC), el comercio exterior del sector registró en 2025 un déficit de US$ 9.043 millones, lo que implica un deterioro del 13,3% respecto a 2024, cuando el rojo había sido de US$ 7.983 millones. El dato más llamativo que aporta la entidad es la comparación con el resultado global de la balanza comercial argentina: ese déficit en autopartes equivalió a 1,3 veces el superávit total del país en 2025. Dicho de otro modo: si el comercio de autopartes hubiera estado equilibrado, el superávit comercial argentino habría sido prácticamente el doble del que efectivamente se registró. La apertura tiene sus costos, y parte de esos costos se pagan con empleos industriales.

El argumento oficial y sus límites

El ministro de Economía, Luis Caputo, sostiene que se aproximan los mejores dieciocho meses para la economía argentina, un período que coincide con el tramo final de la gestión de Javier Milei. El argumento tiene sustento cuando se mira desde el ángulo de las variables macroeconómicas y de los sectores dinámicos: la energía, la minería y el agro ofrecen datos concretos para respaldar ese optimismo. El superávit fiscal primario, la baja de la inflación y las perspectivas de inversión en el upstream son los pilares sobre los que se asienta esa narrativa. Sin embargo, esa misma narrativa tiene dificultades para explicar qué pasa con el trabajador textil de Córdoba o con el tornero de una autoparte en el Gran Buenos Aires. Para ellos, los próximos dieciocho meses no tienen el mismo color que para un operador de Vaca Muerta.

Históricamente, la Argentina ha transitado ciclos en los que el auge de los sectores primarios exportadores convivió con el deterioro del tejido industrial. Lo ocurrido entre fines del siglo XIX y principios del XX con el modelo agroexportador, y lo sucedido en los noventa con la apertura y la convertibilidad, ofrece antecedentes sobre cómo ese tipo de transformaciones genera ganadores y perdedores con horizontes temporales muy distintos. En algunos casos, la reconversión llegó; en otros, los sectores afectados no lograron recuperarse. La diferencia suele estar en la velocidad del proceso, la disponibilidad de redes de contención y la capacidad del Estado para gestionar la transición.

Lo que está en juego en este momento excede la discusión sobre si el modelo es correcto o incorrecto. Las consecuencias de corto plazo ya son visibles: desempleo en sectores industriales, caída del consumo en ciertos rubros, cierre de pequeñas y medianas empresas manufactureras. Las de largo plazo son más difusas: si las inversiones en energía y minería efectivamente se concretan y generan el derrame que prometen sus impulsores, parte de esos recursos podrían financiar eventualmente la modernización o reconversión del aparato productivo. Si, en cambio, la destrucción del tejido industrial es tan profunda que no puede recomponerse, el país podría quedar con una estructura productiva más concentrada, más dependiente de los recursos naturales y con menor capacidad de generar empleo de calidad. Entre esos dos escenarios extremos existe un abanico de posibilidades intermedias, y ningún analista, funcionario ni cámara empresarial tiene hoy la certeza de en cuál de ellas terminará encuadrándose la Argentina.