El sistema judicial argentino tiene sus tiempos, pero a veces cierra el cerco con una contundencia que no admite margen. Eso es lo que le ocurrió a Gerardo Alejandro Dahse, médico ginecólogo de 60 años radicado en Corrientes, quien vio cómo el Superior Tribunal de Justicia provincial declaró inadmisible su último recurso disponible en la instancia local. Lo que cambia ahora es concreto: el camino hacia la prisión efectiva se acortó de manera significativa, y su abogada querellante ya pidió la detención inmediata. Lo que está en juego no es solo la libertad de un profesional de la salud, sino la señal que este proceso manda a un sistema médico donde la asimetría de poder entre el médico y el paciente puede convertirse en el escenario de una vulneración gravísima.
Un fallo tras otro: la historia de un proceso que no cedió
El recorrido judicial de este caso comenzó con una denuncia radicada en octubre de 2021, aunque el hecho que motivó la acusación había ocurrido meses antes, el 26 de mayo de 2021, en plena pandemia de COVID-19. En ese contexto de restricciones sanitarias y aislamiento social, una joven acudió al consultorio de Dahse para una consulta ginecológica de rutina. Lo que vivió dentro de ese espacio que debía ser de cuidado y confianza fue, según la Justicia correntina, un abuso sexual gravemente ultrajante. La sentencia condenatoria llegó en octubre de 2023, cuando el Tribunal Oral Penal N° 2 de Corrientes, integrado por los magistrados Ana del Carmen Figueredo, Cynthia Teresa Godoy Prats y Raúl Juan Carlos Guerín, lo halló culpable y le impuso una pena de siete años de prisión, más la inhabilitación perpetua para ejercer la medicina.
Esa condena no quedó firme de inmediato: la defensa, encabezada por los abogados José María Arrieta e Isidoro Sassón, apeló insistentemente argumentando que las pruebas no eran concluyentes y reclamando la absolución de su cliente. El primer golpe para esa estrategia llegó en septiembre del año pasado, cuando el Superior Tribunal rechazó el recurso de casación y ratificó la pena. El segundo llegó ahora, con la declaración de inadmisibilidad del recurso extraordinario federal, que era el último mecanismo disponible antes de llegar eventualmente a la Corte Suprema de la Nación. El ministro Alejandro Alberto Chain fue quien analizó ese planteo y concluyó que carecía de "fundamentación autónoma" y que no exponía debidamente ninguna cuestión federal. En términos simples: la defensa no logró demostrar que hubiera un problema constitucional nuevo que justificara abrir esa instancia superior.
La voz de la víctima y el peso del silencio roto
Uno de los elementos más impactantes de este caso fue la decisión de la víctima de hacer pública su experiencia a través de las redes sociales. En su relato, describió que mientras estaba en la camilla del consultorio comenzó a notar que el médico no realizaba el examen clínico de forma habitual. "Empezó a tocarme de más. Ahí me sentí muy vulnerable y mega nerviosa preguntándole qué estaba haciendo, a lo que respondió 'nadie se va a enterar'", escribió. Esa frase, reproducida durante el juicio, se convirtió en uno de los elementos centrales del debate probatorio. La joven también relató que intentó frenarlo en reiteradas ocasiones, pero que Dahse no se detuvo. Para agravar el cuadro, el médico habría utilizado su cargo de auditor de la obra social IOSCor —el organismo que cubre a los empleados públicos correntinos— como herramienta de presión, insinuando que podía facilitar o trabar el trámite de una intervención quirúrgica que la paciente necesitaba. Esa superposición de roles —el médico tratante y el funcionario con poder sobre la cobertura— es uno de los aspectos más perturbadores del caso.
La repercusión pública del testimonio fue inmediata. En las redes sociales, al menos 20 mujeres manifestaron haber vivido situaciones similares en el consultorio de Dahse. Sin embargo, en el proceso judicial solo dos víctimas presentaron denuncias formales. Este fenómeno no es nuevo en causas de abuso sexual: la distancia entre quienes sufren y quienes finalmente denuncian suele ser enorme, atravesada por el miedo, la vergüenza y la desconfianza en las instituciones. En este caso, el hecho de que el acusado fuera un profesional reconocido y con vínculos en el sistema de salud pública provincial añadió otra capa de complejidad.
Un segundo proceso asoma en el horizonte
El escenario para Dahse se complica aún más por una decisión que tomó el propio Superior Tribunal en paralelo: revirtió una resolución judicial que había declarado prescripto otro caso de abuso atribuido al mismo médico. Esto significa que, en un tiempo no muy lejano, Dahse deberá sentarse nuevamente ante un tribunal como imputado, y en caso de ser condenado en esa causa, la pena total que cumpla podría superar ampliamente los siete años ya dictados. La abogada querellante, Sofía Domínguez Briceño, ya solicitó formalmente al tribunal que ordene la detención preventiva de Dahse, argumentando que la combinación de la condena próxima a quedar firme y la reapertura de un segundo expediente incrementan de forma considerable el riesgo de que el médico intente eludir la acción de la Justicia.
El debate sobre las penas pedidas durante el juicio también merece atención. La querella había solicitado 10 años de prisión, considerando la gravedad del hecho y las circunstancias agravantes. El fiscal adjunto Jorge Omar Semhan se inclinó por una postura intermedia: siete años más la prohibición definitiva de ejercer la medicina. El tribunal adoptó esa posición, aunque con la inhabilitación de por vida. La defensa, por su parte, insistió en la absolución hasta el final. El recorrido muestra que el proceso fue disputado en cada etapa, con argumentos que fueron evaluados y descartados de manera sistemática por las sucesivas instancias judiciales.
Contexto: el consultorio como espacio de poder
Los casos de abuso sexual en entornos médicos tienen características particulares que los diferencian de otros delitos de esta naturaleza. La relación entre el profesional de la salud y el paciente está atravesada por una asimetría estructural: uno detenta el saber técnico, el otro se expone físicamente en un estado de vulnerabilidad. En Argentina, la tipificación penal de estos hechos ha sido objeto de debates legislativos y jurisprudenciales durante décadas. El Código Penal contempla el abuso sexual con acceso carnal y diversas figuras agravadas, entre ellas el denominado "gravemente ultrajante", que fue la figura aplicada en este caso. Esta categoría reconoce que no todo abuso sexual requiere penetración para alcanzar un nivel de gravedad extrema: las circunstancias, el contexto y el daño psicológico causado también son determinantes para calificar el hecho.
Históricamente, las denuncias contra profesionales de la salud por este tipo de delitos enfrentaron barreras adicionales: la credibilidad social del médico, la dificultad para reconstruir pruebas en un espacio privado y la renuencia de las instituciones corporativas a separarse de uno de los suyos. El caso de Dahse muestra que, al menos en esta instancia, esos obstáculos fueron superados por el proceso judicial. La inhabilitación perpetua para ejercer la medicina, en particular, tiene un peso simbólico y práctico que va más allá de la pena privativa de libertad: implica que el Estado argentino reconoce que este hombre no puede volver a ocupar ese lugar de confianza.
Las consecuencias de este proceso se despliegan en varias direcciones posibles. Para el sistema judicial correntino, la confirmación de la condena en todas las instancias provinciales representa un precedente sobre cómo deben tratarse las pruebas en casos de abuso sexual dentro de consultorios médicos. Para las víctimas que aún no denunciaron, el resultado puede funcionar como un estímulo o como un recordatorio de lo extenuante que es el camino. Para Dahse, lo que resta es la eventual intervención de la Corte Suprema nacional —si su defensa decide llevar el caso hasta allí— o la detención que ya fue solicitada. Para el sistema de salud pública provincial, la figura del auditor de IOSCor involucrado en estos hechos abre preguntas sobre los mecanismos de control interno que existían o deberían existir. Y para la sociedad en su conjunto, este caso suma al debate sobre cómo se construye confianza en los espacios de cuidado, y qué ocurre cuando esa confianza es traicionada de la manera más brutal.
