En el mapa de la gestión pública argentina, existen pocos espacios donde la exposición de números y decisiones financieras alcanza niveles de franqueza integral. Córdoba acaba de reafirmar su posición en ese selecto grupo, demostrando que es posible cumplir con exigencias de divulgación que muchas otras provincias apenas rozan. La administración provincial obtuvo 100 puntos en el Índice de Cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Fiscal, según evaluaciones realizadas por la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública. Este resultado no es anecdótico: implica que todos los documentos, cifras y estructuras que la normativa nacional exige estar disponibles para la ciudadanía se encuentran efectivamente publicados, sin omisiones ni subterfugios burocráticos. Mientras tanto, a nivel nacional el panorama dibuja un cuadro más complejo, donde la transparencia presenta geografías dispares y tendencias preocupantes.
El cumplimiento integral como excepción
Lo que caracteriza a Córdoba en esta evaluación es la ausencia de grietas. La provincia presentó la totalidad de los documentos requeridos: el Presupuesto para 2026 con sus detalles de ingresos y egresos, el esquema que correlaciona ahorros, inversiones y fuentes de financiamiento, el desmenuzamiento de gastos organizados por finalidad y función, la información actualizada sobre deuda pública, y crucialmente, los datos referidos a ocupación del sector público provincial. Este último elemento suele ser un punto de fricción: muchas administraciones esquivan la publicación de información sobre planta de personal, generando suspicacias respecto a dimensiones reales del aparato estatal y eventuales irregularidades. Córdoba no titubeó en este aspecto, colocando esos números al alcance público con corte al 31 de diciembre de 2025.
La evaluación que produjo estos resultados corresponde a una recopilación de datos efectuada durante la primera quincena de abril de 2026, período en el cual se rastrearon los sitios web oficiales de las provincias para verificar la disponibilidad de información. El equipo técnico de ASAP constató que la provincia cordobesa, junto con Entre Ríos y Santa Fe, conforman el reducido trío que alcanza la máxima puntuación. Se trata de una categoría denominada Grupo I, reservada para quienes mantienen cumplimiento estricto de las normativas de transparencia. En perspectiva histórica, estos tres territorios han reiterado consecutivamente la puntuación máxima, evidenciando consistencia en sus políticas de divulgación y una institucionalidad que prioriza la rendición de cuentas como práctica sistemática.
Un deterioro generalizado con luces y sombras
Sin embargo, cuando se amplía la mirada al conjunto de jurisdicciones que integran el sistema federal, la fotografía resulta desalentadora. El promedio nacional de cumplimiento experimentó una contracción significativa: de 74,3 puntos en septiembre de 2025 pasó a 70,9 puntos en la evaluación más reciente. Si se extiende la comparación hacia atrás, alcanzando datos de marzo de 2025, la caída acumulada suma 6,8 puntos. Esto traduce una tendencia clara: la transparencia en cuentas públicas provinciales no avanza, sino que retrocede. Las causas pueden variar desde cambios de gestiones que modifican prioridades administrativas, hasta presiones políticas que desaconsejan la exposición de ciertos datos, pasando por deficiencias técnicas en la actualización de portales oficiales.
La dispersión de desempeños refuerza esta conclusión. En el período evaluado, apenas siete jurisdicciones mejoraron su puntaje respecto al semestre anterior, mientras que otras siete experimentaron caídas y ocho se mantuvieron sin variaciones. Entre quienes lograron mejorar destaca el caso de Tucumán, que subió 55 puntos, en una transformación que sugiere una decisión institucional deliberada de revertir incumplimientos previos. Santa Cruz también mostró movimiento positivo con un incremento de 45 puntos. Estos movimientos indican que el cambio es viable cuando existe voluntad política y asignación de recursos técnicos para lograrlo.
Del lado opuesto, los retrocesos resultan más dramáticos. Tierra del Fuego experimentó una caída de 60 puntos, mientras que Jujuy y Río Negro perdieron 55 puntos cada una. Estas disminuciones abruptas plantean interrogantes sobre qué ocurrió en estas provincias: ¿Cambio de prioridades?, ¿Crisis en los equipos técnicos responsables de mantener los portales?, ¿Decisiones deliberadas de reducir acceso a información?. En cualquier caso, el efecto es que ciudadanos, legisladores y organismos de control tienen menos herramientas para supervisar la gestión fiscal provincial.
Una arquitectura de cinco categorías con concentración en los extremos
El sistema de clasificación que utiliza ASAP estructura a todas las provincias en cinco grupos según su nivel de cumplimiento. El Grupo I, el de máximo rigor (100 puntos), alberga solo a Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe. Apenas un paso atrás, el Grupo II, catalogado como de cumplimiento alto con rangos entre 80 y 90 puntos, contiene a siete jurisdicciones: Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Chaco, Formosa, La Rioja, Neuquén, Santa Cruz y Tucumán. Una característica común a estos territorios es que omiten la información sobre planta de personal, lo que representa una brecha significativa respecto a quienes alcanzan la puntuación máxima. Este vacío impide conocer con precisión la estructura ocupacional del sector público en esas provincias.
El Grupo III, con cumplimiento intermedio entre 65 y 75 puntos, agrupa a Catamarca, Salta, Santiago del Estero y Misiones. Estos territorios presentan el presupuesto 2026 pero su cumplimiento se vuelve parcial en otros rubros solicitados. En el extremo opuesto se halla el Grupo IV, de cumplimiento bajo con puntajes entre 30 y 55 puntos, donde conviven ocho provincias incluyendo Buenos Aires y Mendoza. Significativamente, el Grupo V, destinado a jurisdicciones que no cumplen requisito alguno, no registra casos, lo que sugiere que incluso en contextos de baja capacidad o voluntad, existe un piso mínimo de cumplimiento. Dos provincias, La Pampa y San Luis, quedan fuera del análisis por no estar adheridas al Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno.
Implicancias y perspectivas de futuro
El monitoreo semestral que desarrolla ASAP persigue un objetivo simple pero fundamental: elevar los estándares de divulgación de cuentas públicas provinciales y fortalecer la capacidad de la ciudadanía para acceder a información que afecta directamente su bienestar. Cuando una provincia publica todos los datos requeridos, como hace Córdoba, facilita la tarea de legisladores locales que necesitan fiscalizar, de académicos que estudian gestión pública, de periodistas que investigan irregularidades, y de ciudadanos comunes que quieren saber cómo se gastan sus impuestos. La transparencia, en este sentido, funciona como un mecanismo de control distribuido que no depende exclusivamente de la voluntad de gobiernos.
El deterioro promedio nacional y los retrocesos significativos en varias provincias plantean interrogantes sobre las trayectorias futuras. Es posible que jurisdicciones con desempeño bajo encuentren incentivos institucionales para mejorar, observando modelos exitosos como el cordobés. También es plausible que cambios de administraciones, junto con presiones políticas por mantener opacidad sobre ciertos temas, profundicen las brechas existentes. Lo cierto es que la información pública es un bien común que permite el funcionamiento de sistemas democráticos más robustos, donde la fiscalización y la rendición de cuentas dejan de ser actos de buena fe y se transforman en procesos verificables. Así, mientras Córdoba consolida su liderazgo mediante cumplimiento consistente, el resto del territorio nacional enfrenta decisiones que determinarán si la transparencia fiscal avanza como norma o se convierte en excepción.
