La Argentina acaba de presenciar el cierre de una operación que marca un quiebre significativo en la estructura de propiedad de sus servicios públicos. Mauricio Filiberti, un empresario septuagenario, consolidará a partir de este año el control de cuatro vectores críticos de la vida cotidiana en la Ciudad de Buenos Aires y su cinturón metropolitano: el agua potable y las cloacas, la energía eléctrica, el gas natural y los combustibles para transporte. Este nivel de concentración no se registraba desde el momento previo a las grandes privatizaciones de inicios de los años noventa, cuando estas funciones vitales residían íntegramente en organismos estatales. El cambio de escenario obedece a decisiones políticas y de política económica que han marcado el rumbo del presente gobierno, pero también a una estrategia empresarial que comenzó años atrás y que ahora encuentra su culminación natural.
La oferta ganadora y sus actores
Hace apenas días se confirmó que la propuesta presentada bajo la denominación comercial Rowing, con una valuación de 340,2 millones de dólares, superó las ofertas competidoras para hacerse con el noventa por ciento de las acciones de Agua y Saneamientos Argentinos, la entidad responsable de potabilizar y distribuir el agua a los habitantes de la región bonaerense, así como de gestionar la red de saneamiento que recoge los efluentes domésticos e industriales. Filiberti mantiene una participación accionaria del diez por ciento en este consorcio, mientras que su rostro visible es Walter Román, un ingeniero contratista especializado en obras y servicios ligados a infraestructuras de utilidad pública.
La estructura accionaria del consorcio revela una composición internacional. El grueso del capital proviene de Phoenix Global Investments Fund, un fondo de inversiones radicado en los Países Bajos, que aportará tanto recursos frescos como la capacidad de gestionar endeudamientos en los mercados internacionales, un factor determinante para financiar las inversiones que demande la expansión y modernización de la red. Por su parte, Equipav, una corporación brasilera con más de seis décadas de trayectoria en el sector, participará como operador técnico y responsable de la ejecución cotidiana de los servicios. Equipav posee experiencia comprobada en la administración de sistemas de agua potable y desagües cloacales en la ciudad de Río de Janeiro, una megalópolis que enfrenta desafíos de infraestructura comparables a los de Buenos Aires.
La sinergia comercial y el riesgo de la verticalización
Lo que distingue verdaderamente este proceso es cómo la operación permite a Filiberti cerrar un círculo de negocios interconectados que operan bajo una lógica de integración vertical. Actualmente, Edenor, la empresa distribuidora de energía eléctrica que dirige el empresario en asociación con José Luis Manzano y Daniel Vila, es el principal proveedor de electricidad a AySA. A su vez, Transclor, otra de sus inversiones, es el mayor vendedor de cloro a la empresa de agua, insumo fundamental para la potabilización. Cuando Filiberti asuma el control de AySA, estas transacciones entre entidades bajo su órbita económica adquirirán una nueva dimensión.
Edenor atiende a aproximadamente 3,4 millones de clientes residenciales y comerciales distribuidos en la zona norte y occidental del área metropolitana bonaerense. Los tres accionistas, Filiberti, Manzano y Vila, adquirieron esta distribuidora en 2021 a Pampa Energía, en una operación que totalizó alrededor de cien millones de dólares en el contexto pandémico, cuando las perspectivas del sector se presentaban inciertas y los atrasos tarifarios generaban dudas sobre la rentabilidad futura. Esa apuesta inicial ha rendido sus frutos: la valorización de mercado de Edenor se ubica actualmente por encima de los 450 millones de dólares, cifra que refleja ganancias patrimoniales sustanciales en apenas tres años.
Hace poco más de dos semanas, estas mismas personas consumaron la compra del setenta por ciento de Metrogas, la distribuidora de gas natural que llega a 2,4 millones de usuarios en la Ciudad y el sur del conurbano bonaerense. El precio pagado a YPF, mayormente controlada por el Estado nacional, fue de 780 millones de dólares. En paralelo, Mercuria, una operadora comercial suiza vinculada a las conexiones empresariales de Manzano, se apropió de la refinería y las casi novecientas estaciones de expendio de combustible que Shell mantenía en el territorio argentino, por un importe de 1.420 millones de dólares pagados a la empresa brasilera Raízen. En este negocio, Edenor participará con una cuota accionaria que oscilará entre el treinta y el cuarenta por ciento, aunque aún no ha formalizado su ingreso a las operaciones directas.
Beneficios regulatorios y contexto político
El entramado de ventajas regulatorias que ha recibido Filiberti en las últimas quincenas no puede separarse del contexto político actual. En el seno del Congreso Nacional, hace tan solo catorce días se aprobó una ley que canceló deudas cruzadas entre Edenor y el Estado nacional, permitiendo que la distribuidora se librara de pasivos que totalizaban aproximadamente 450 millones de dólares, a cambio de la renuncia a demandas judiciales que mantenía iniciadas. Simultáneamente, el poder ejecutivo permitió avanzar en el trámite de extensión de la concesión de Metrogas, que vencería en 2027, pero que ahora se proyecta hasta diciembre de 2047, otorgando dos décadas adicionales de certeza regulatoria para la explotación del negocio gasífero.
Estos actos administrativos y legislativos no son anodinos: representan decisiones conscientes de modificar el marco de rentabilidad y seguridad jurídica para los actores privados que ahora dominan estos mercados. La redefinición de las reglas del juego contrasta con períodos anteriores en los que los gobiernos buscaban limitar la acumulación de servicios por parte de entidades privadas únicas. La prohibición teórica de la integración vertical en ciertos segmentos energéticos sigue vigente en los códigos normativos, pero su aplicación efectiva depende de la voluntad de las autoridades de control y del gobierno de turno.
Perspectivas sobre la concentración futura
Cuando Filiberti asuma formalmente la gestión de AySA a fin de año, el círculo quedará completo. Un mismo grupo empresarial habrá reunido bajo su influencia directa o indirecta la distribución de agua potable, la recolección y tratamiento de aguas residuales, la distribución de energía eléctrica, la distribución de gas natural y una participación significativa en la cadena de suministro de combustibles automotores. La provisión de cloro, insumo esencial para la desinfección del agua, ya forma parte de sus operaciones a través de Transclor.
Esta concentración plantea interrogantes que trascienden lo meramente empresarial. Por un lado, quienes argumentan en favor de estos procesos sostienen que la integración vertical puede generar eficiencias operativas, reducir costos administrativos y permitir inversiones coordinadas en infraestructura. La experiencia comparada en otros países muestra casos de empresas integradas que han logrado mejorar servicios mediante economías de escala. Por otro lado, analistas y académicos advierten sobre los riesgos asociados a la concentración extrema: la posibilidad de transferencias de precios entre filiales, la erosión de la capacidad de fiscalización estatal, la reducción de competencia y, en servicios tan sensibles como el agua, la posibilidad de que criterios puramente comerciales desplacen consideraciones sobre acceso equitativo y sustentabilidad ambiental. El margen de maniobra regulatoria de las autoridades públicas también se ve limitado cuando el oferente único posee tal acumulación de poder económico.
TITULO: Cuando un solo empresario controla el agua, la luz, el gas y la nafta de millones de personas SUBTITULO: La confirmación del triunfo de Filiberti en la licitación de AySA cierra un ciclo de concentración de servicios públicos que no se veía desde antes de las privatizaciones de los años noventa TAGS: privatizaciones,servicios públicos,concentración empresarial IMAGEN_QUERY: tuberías agua cloacas infraestructura ciudad, plantas potabilizadoras agua Buenos Aires, redes distribución gas electricidad conurbano CONTENIDO:La Argentina se encuentra ante un escenario que resume las transformaciones económicas de los últimos años. Un empresario de setenta y siete años, Mauricio Filiberti, habrá de ejercer control sobre los cuatro servicios básicos que sostienen la vida urbana en la Ciudad de Buenos Aires y su zona de influencia metropolitana a partir de que asuma la dirección de AySA, empresa responsable del suministro de agua potable y la gestión de cloacas. Este nivel de dominio sobre infraestructuras críticas permanece sin antecedentes cercanos en la historia económica reciente del país, salvo en el período anterior a las oleadas privatizadoras de inicios de la década del noventa.
La consolidación de este imperio de servicios no constituye un hecho aislado, sino la culminación de una estrategia empresarial que ha transitado múltiples etapas y que encontró en el cambio de gobierno un contexto favorable para su despliegue final. Lo ocurrido en los últimos quince días—con la aprobación congresal de condonaciones de deuda, la extensión de concesiones y la consumación de grandes transacciones comerciales—representa la cristalización de decisiones políticas que privilegiaron la concentración sobre la dispersión de poder económico en sectores vitales.
De la compra de Edenor al control del agua: la estrategia empresarial
El punto de partida de esta trayectoria ascendente puede ubicarse en 2021, cuando Filiberti, acompañado por los empresarios José Luis Manzano y Daniel Vila, desembolsó aproximadamente cien millones de dólares para adquirir Edenor a Pampa Energía. En ese momento, la industria energética argentina enfrentaba considerable incertidumbre: los atrasos tarifarios acumulados, la pandemia de COVID-19 aún en curso y las perspectivas económicas poco alentadoras hacían que la operación pareciera riesgosa. Sin embargo, la inversión demostró ser extraordinariamente acertada.
Hoy, la valuación de Edenor en los mercados alcanza los 450 millones de dólares, cifra que evidencia ganancias patrimoniales de casi el cuatrocientos por ciento en apenas treinta y seis meses. Esta revalorización no fue accidental: obedeció a cambios en la política tarifaria, a negociaciones exitosas respecto de deudas con organismos como Cammesa, la entidad que administra el mercado mayorista de electricidad, y a un contexto macroeconómico que, tras el cambio de gobierno, facilitó aumentos de precios.
La tenencia de Edenor colocó a Filiberti en una posición estratégica respecto de AySA. La empresa de agua y saneamiento representa el mayor consumidor industrial de energía eléctrica en toda la región, lo que la convierte automáticamente en cliente cautivo de Edenor. A través de Transclor, otra de sus inversiones, Filiberti es también el principal proveedor de cloro a AySA, sustancia química imprescindible para la desinfección y potabilización del agua que consume la población.
La ampliación del dominio: gas natural y combustibles
A mediados de 2024, el grupo decidió expandir sus operaciones hacia otros segmentos del sector energético. Reforma del estatuto social de Edenor permitió la diversificación formal hacia actividades conexas. Poco después, mediante transacciones de gran envergadura, se apoderó de nuevos negocios: la compra de Metrogas a YPF por 780 millones de dólares colocó en manos de Filiberti, Manzano y Vila el control del setenta por ciento de la distribuidora de gas natural que atiende a 2,4 millones de usuarios en la Ciudad y el sur del Gran Buenos Aires.
Paralelamente, a través de Mercuria—operadora suiza conectada a las redes empresariales de Manzano—se completó la adquisición de la refinería Shell y sus casi novecientas estaciones de carga de combustible por 1.420 millones de dólares pagados a la corporación brasilera Raízen. Aunque Edenor aún no opera formalmente en este negocio, su participación accionaria está fijada entre el treinta y el cuarenta por ciento, proporcionando exposición a la cadena de combustibles con participación creciente proyectada.
El aval gubernamental mediante leyes y actos administrativos
La progresión de estos negocios no hubiera sido posible sin decisiones explícitas del poder político. El Congreso Nacional, hace catorce días, sancionó una norma que anuló pasivos recíprocos entre Edenor y el Estado nacional, permitiendo que la distribuidora se liberara de obligaciones que alcanzaban los 450 millones de dólares mediante la renuncia a juicios iniciados. Esta condonación de deuda constituye una transferencia de recursos públicos hacia la empresa privada, justificada bajo la premisa de limpiar balances y facilitar inversiones futuras.
Simultáneamente, hace apenas siete días, la administración nacional aprobó el primer trámite para extender la concesión de Metrogas más allá de su vencimiento original previsto para 2027. Bajo el nuevo marco, la distribuidora de gas operaría hasta diciembre de 2047, brindando veinte años adicionales de certeza regulatoria y horizonte de rentabilidad. Tales actos no se verificaban en relación con otros concesionarios ni otras empresas de servicios, concentrando beneficios excepcionales en un grupo específico de inversores.
La confirmación final: AySA como cierre del ciclo
Cuando Filiberti asuma la gestión de AySA a fin de año, tras la confirmación de su oferta de 340,2 millones de dólares, el cierre del ciclo será definitivo. Un mismo empresario y su círculo cercano controlarán directamente o indirectamente la entrega de agua potable, la gestión de cloacas, la distribución de electricidad,
