Hay una franja de la economía argentina que quedó en tierra de nadie. No es la gran minería ni el petróleo, tampoco una pequeña empresa familiar. Son compañías medianas con proyectos reales, con tierra comprada, con ingenieros trabajando, con planes a diez años. Y sin embargo, cuando buscan encuadrarse en alguno de los dos grandes regímenes de incentivo fiscal que diseñó el gobierno nacional, descubren que no califican para ninguno. Demasiado grandes para el RIMI, demasiado chicas para el RIGI. Este vacío no es un detalle técnico: define si una inversión se hace o no se hace. Y en las economías regionales, donde los ciclos productivos se miden en décadas y no en trimestres, esa diferencia puede ser definitiva.

El sistema tributario como obstáculo estructural

José Chediack lleva años apostando al interior productivo del país. Es el titular de SolFrut, una empresa que se posicionó entre las líderes en aceite de oliva, con operaciones en San Juan, La Rioja y Corrientes, y que hoy tiene en marcha proyectos de pistachos y un ambicioso emprendimiento arrocero en el norte correntino. Desde esa experiencia concreta, Chediack describe con precisión quirúrgica el problema que enfrenta un segmento entero del empresariado nacional: el sistema impositivo argentino no fue diseñado pensando en proyectos de maduración lenta.

El primer nudo es el IVA compras. Cuando una empresa comienza un proyecto de largo aliento —obra hidráulica, estaciones de bombeo, infraestructura de riego, plantaciones que tardan años en producir— genera un crédito fiscal que no puede absorber porque todavía no hay facturación. Ese crédito queda congelado, sin ajuste por inflación, durante el tiempo que dure la etapa improductiva. En proyectos como los frutales de frutos secos —pistachos, nueces de pecán, nogales— ese período puede extenderse hasta el octavo o noveno año. El resultado matemático es contundente: el costo total de la inversión se encarece un 21% solo por el efecto del IVA retenido. En muchos casos, eso convierte un proyecto viable en uno directamente inviable.

El segundo problema es el sistema de amortizaciones. Las reglas contables vigentes permiten amortizar ciertos activos en plazos de hasta 20 años. Pero durante los primeros ejercicios, si el proyecto arroja resultados positivos en términos contables —aunque todavía no haya recuperado la inversión desde el punto de vista económico y financiero real—, la empresa queda obligada a tributar Impuesto a las Ganancias antes de que el negocio haya alcanzado su punto de equilibrio genuino. Es decir, el fisco cobra como si hubiera ganancia cuando el empresario todavía está en la fase de maduración.

El mapa de los que no entran en ningún casillero

Para entender el problema hay que repasar brevemente la arquitectura de los regímenes creados por el gobierno. El RIGI —Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones— fue diseñado para proyectos que superen los 200 millones de dólares, con foco en sectores generadores de divisas como la energía, la minería y el agro a gran escala. El RIMI, en cambio, apunta a empresas más pequeñas, pero excluye a aquellas que facturen más de 9 millones de dólares. El resultado es una zona intermedia sin cobertura: empresas que ya superaron ese umbral de facturación pero cuyos proyectos de inversión no alcanzan los 200 millones. Chediack lo sintetiza sin vueltas: son muchas las compañías que quedan categorizadas como grandes para el RIMI pero son insuficientemente grandes para el RIGI. Y ese segmento es, precisamente, el que protagoniza gran parte del desarrollo agroindustrial en las provincias del interior.

No se trata de casos aislados. Las economías regionales en su conjunto generan actualmente alrededor de 10.000 millones de dólares anuales. Con las condiciones adecuadas, ese número podría multiplicarse entre seis y siete veces. El espejo está cerca: Chile, con una geografía en muchos aspectos similar a la argentina, construyó una agroindustria de exportación que hoy es referencia mundial en frutas finas, vinos y productos procesados. La diferencia no es el clima ni el suelo. Es la consistencia de las reglas de juego.

El argumento que suele escucharse en los despachos oficiales es que el campo argentino ya es competitivo y que la soja, el maíz y el trigo generan divisas suficientes. Pero esa mirada reduce el país a la Pampa Húmeda, donde cada millón de dólares de producto bruto agropecuario requiere alrededor de 7 jornales, que suben a 8 si se incluye el procesamiento primario. En las economías regionales, en cambio, ese mismo millón de dólares genera entre 12 y 15 jornales. Y si se agrega valor —transformar un pistacho en snack envasado, una aceituna en aceite de oliva extra virgen con marca propia, o extraer aceite esencial de limón para exportación—, la densidad de empleo crece aún más. Son actividades intensivas en trabajo humano, distribuidas en geografías que hoy expulsan población.

El problema demográfico que nadie nombra

Detrás del debate fiscal hay una cuestión más profunda que pocas veces aparece en el centro de la discusión económica: el patrón de distribución poblacional del país. Argentina tiene una de las concentraciones urbanas más extremas del mundo. El conurbano bonaerense es el resultado visible de décadas de falta de oportunidades en el interior. La gente emigra no porque quiera vivir en una villa de emergencia en el Gran Buenos Aires, sino porque en su provincia de origen no encontró trabajo, educación de calidad ni perspectivas. El desarrollo agroindustrial federal podría actuar como un contrapeso a esa tendencia histórica.

Chediack insiste en este punto con énfasis particular. Provincias como Entre Ríos, Corrientes, Chaco, Formosa, Santiago del Estero, La Rioja y Catamarca tienen condiciones naturales para desarrollar proyectos productivos de escala. No solo Vaca Muerta o los grandes yacimientos mineros de litio, plata u oro —que generan riqueza pero en enclaves muy localizados y con baja densidad de empleo per cápita— sino industrias que anclen familias enteras a sus territorios de origen. La posibilidad de que alguien nazca, crezca, estudie y trabaje en el mismo pueblo donde nació no es un ideal romántico: es un indicador concreto de desarrollo social. Y en este momento, ese indicador está en rojo para gran parte del interior argentino.

La discusión sobre los regímenes de inversión, entonces, tiene consecuencias que van mucho más allá de la rentabilidad de una empresa. Si el vacío regulatorio entre el RIMI y el RIGI no se corrige, una parte significativa de los proyectos agroindustriales del interior seguirá encallada en la etapa de planificación. Si se corrige, el impacto potencial en términos de empleo, arraigo poblacional y diversificación productiva podría ser sustancial. Desde el sector empresarial, la expectativa es que el gobierno avance en una solución específica para este segmento medio. Desde el análisis económico, algunos advierten que cualquier ampliación de beneficios fiscales tiene un costo para el fisco que debe ser evaluado en el contexto del ajuste en curso. Desde las provincias del interior, la mirada es más urgente: cada temporada que pasa sin inversión es una temporada más de emigración, de tierras sin trabajar y de potencial desperdiciado.