Una decisión del Banco Central puso en marcha esta semana un dispositivo inédito en el sistema financiero doméstico: la capacidad de recuperar dinero adeudado directamente desde las cuentas de depósito que cada deudor mantiene dispersas en distintas entidades. El mecanismo, que se conoce como "Cobros por Transferencia", representa un giro importante en la arquitectura de cobranzas de préstamos en Argentina y busca enfrentar un problema que crece: la cantidad de personas que dejan de pagar sus obligaciones crediticias. La autoridad monetaria justifica esta iniciativa como una herramienta moderna que combina eficiencia operativa con salvaguardas contra el fraude, aunque desde adentro del mundo financiero surgen interrogantes sobre su verdadera utilidad.
La respuesta del Central a una crisis de morosidad cada vez más profunda
El contexto que rodea esta medida es revelador. En los últimos meses, los datos de incumplimiento crediticio en el país alcanzaron niveles preocupantes, particularmente en el segmento donde operan las fintech y los prestamistas no bancarios. Empresas de crédito digital y billeteras virtuales enfrentan carteras cada vez más deterioradas, con tasas de personas que dejan de pagar muy por encima de lo considerado saludable. Fue precisamente esto lo que motivó al Banco Central a instrumentar, mediante una normativa difundida en marzo, esta solución que ahora entra en vigencia. La propuesta del organismo regulador no es arbitraria: se sustenta en la idea de que si el deudor no se presenta a pagar, la entidad prestamista puede llegar hasta donde esté el dinero que recibió. Si alguien tomó un préstamo en una billetera virtual y pidió que le transfieran los fondos a su cuenta bancaria en otra institución, el prestamista tendrá autoridad para debitar de esa segunda cuenta las cuotas que se vencen.
El funcionamiento práctico del sistema tiene reglas precisas. En primer lugar, solo se aplica a nuevos créditos que se contraten a partir de esta fecha. El cliente debe otorgar su consentimiento de manera previa y explícita a la entidad que le otorga el préstamo, dándole autorización para realizar débitos en otras cuentas que él posea. No es un sistema de débito automático irrestricto, sino que contempla múltiples restricciones. Las cuotas que se cobren de esta manera deben ser fijas e iguales durante toda la vida del crédito, y no pueden superar el 30% de los ingresos del tomador de crédito. Este último límite fue establecido deliberadamente por la autoridad monetaria para evitar que las personas terminen sobreendeudadas y sin capacidad de pagar otras obligaciones esenciales.
Los controles que blindan el sistema contra abusos y fraudes
La regulación incluye un conjunto de salvaguardas pensadas para proteger al consumidor de deudor. La entidad prestamista debe notificar al cliente con un día de anticipación antes de realizar cada débito. Dispone de tres oportunidades para cobrar: un primer intento, un segundo reintento transcurridas 48 horas y un tercer intento a las 96 horas. Pasado ese plazo, si no se logró la cobranza, el sistema debe detenerse. Además, y quizá lo más importante, el consentimiento que el cliente otorga puede ser revocado en cualquier momento, y esa revocación tiene efecto inmediato. Si alguien decide que no quiere que debiten más de su otra cuenta, puede dejar de lado la autorización sin trámites ni demoras. Otro aspecto relevante es qué fondos pueden ser utilizados para estos débitos. La normativa excluyó de manera explícita las cuentas remuneradas, los fondos comunes de inversión y las operaciones en dólar MEP. La intención es clara: no tocar ahorros en activos de inversión ni fondos en moneda extranjera que el cliente haya guardado con otros propósitos.
Pese a que el Banco Central presentó el instrumento como "una solución moderna y superadora, con un enfoque riguroso en la prevención del fraude", la implementación llegó cargada de tensiones. Semanas antes de que entrara en vigencia, los principales actores del sector —bancos y plataformas fintech— solicitaron al regulador que extendiera los plazos de implementación. Luego fueron más lejos: pidieron directamente que se suspendiera el lanzamiento. Los argumentos que esgrimieron apuntaban a dificultades técnicas, a la necesidad de más tiempo para adaptar sus sistemas y a preocupaciones sobre la arquitectura misma del mecanismo. El Banco Central, sin embargo, se mantuvo firme en el cronograma original y ordenó que el sistema entrara en funcionamiento según lo previsto.
Las limitaciones prácticas que cuestionan el verdadero impacto
Analistas del mercado financiero observan una debilidad estructural en el diseño de esta medida. El mecanismo solo permite cobrar en aquellas cuentas donde haya sido depositado el crédito. Si una persona solicita un préstamo en una billetera digital pero pide que le acrediten el dinero en su propia cuenta de esa billetera y no lo transfiere a ningún otro lado, el sistema no puede operar. Esto significa que en la práctica, muchos deudores simplemente no depositarán sus créditos en cuentas de terceros, evitando de ese modo el mecanismo. La mayoría de los actores del sector evalúa que el alcance será limitado por esta razón fundamental. Además, existe un problema de diseño específico para las billeteras virtuales. Estas cuentas, por su naturaleza, no suelen mantener saldos disponibles importantes porque los fondos que reciben los usuarios generalmente se transfieren a cuentas comitentes en bancos tradicionales. Esto genera una asimetría: los créditos acreditados en cuentas bancarias convencionales funcionarán de manera diferente a los que llegan a billeteras, porque en estas últimas frecuentemente no habrá saldo disponible para debitar.
Otro cuestionamiento importante surge en torno a la exigencia de que las cuotas sean "iguales y fijas". Para las fintech y otros prestamistas, esta condición genera un inconveniente serio: impide incorporar recargos por atraso. Si alguien no paga una cuota en tiempo y forma y la deuda se retrasa, la regulación parecería no permitir que se sume interés punitorio a esa cuota atrasada. Esto limita las herramientas de cobranza de las entidades y reduce el poder disuasivo que tiene el sobreprecio del incumplimiento. Con todos estos reparos identificados, la conclusión que prevalece en el sector es que el nuevo mecanismo tendrá un impacto modesto sobre el total de la cartera crediticia. Se estima que podría resultar más útil para financieras pequeñas y prestamistas de menor escala que necesitan mejorar sus tasas de recuperación, pero que los grandes actores del mercado —bancos de primera línea y plataformas digitales con millones de usuarios— verán una contribución menor a la solución de sus problemas de morosidad.
Las perspectivas abiertas: entre la esperanza y la ineficacia
La introducción de esta herramienta genera distintas interpretaciones sobre qué ocurrirá en los próximos meses. Desde la perspectiva de la autoridad regulatoria, el objetivo es claro: crear un canal adicional de cobranza que reduzca la morosidad y brinde a los prestamistas más opciones para recuperar sus créditos. Si el mecanismo se utiliza, podría efectivamente mejorar las tasas de recuperación, especialmente en aquellos casos donde el deudor simplemente olvida pagar o posterga el pago de manera recurrente. Por otro lado, quienes son críticos con la medida argumentan que sus limitaciones estructurales harán que sea subutilizado, y que por lo tanto su impacto será marginal en el universo total de créditos que operan en el país. Existe también la posibilidad de que, una vez en marcha, surjan dificultades técnicas o situaciones imprevistas que generen fricciones entre las entidades o reclamos de consumidores que se sientan afectados. Las consecuencias a mediano plazo dependerán en buena medida de cómo se adapten los actores del mercado a esta nueva realidad regulatoria, cuánta adhesión real tenga el sistema entre quienes toman créditos, y si los problemas de morosidad encuentran realmente en esta herramienta parte de su solución o si, por el contrario, los números de incumplimiento continúan deteriorándose por razones más profundas vinculadas a la capacidad de pago de los hogares argentinos.
