En los pasillos del Congreso Nacional fermentan treinta iniciativas que amenazarían los equilibrios del sistema financiero argentino. Desde hace meses, una combinación heterogénea de legisladores —que va desde kirchneristas hasta radicales, pasando por disidentes de La Libertad Avanza y la izquierda— intenta canalizar el malestar de millones de argentinos sofocados por deudas impagables. Pero mientras esos proyectos avanzan lentamente sin obtener tramos decisivos, ocurre algo más silencioso en los despachos: la banca comercial ha puesto en marcha una estrategia de contención que incluye reuniones reservadas con legisladores, comunicaciones con el Banco Central y una campaña de presión que busca desactivar cualquier regulación de fondo. Lo que está en juego no es menor: 5,3 millones de personas mantienen al menos un crédito en situación irregular, y la mora alcanzó en abril su nivel máximo histórico, tocando el 12% del total de préstamos a familias.

Una coalición legislativa incómoda para la banca

El fracaso de la sesión especial convocada para el 20 de mayo en la Cámara de Diputados marcó un punto de inflexión en esta pulseada invisible. Aunque la falta de quórum frustró el intento de la oposición por tratar dieciséis de esos proyectos, la sola intención de abordar la cuestión aceleró los nervios en las cúpulas bancarias. La gravedad radica en que las iniciativas no emanan de un bloque único, sino de una alianza improbable que atraviesa prácticamente todo el espectro político. Esa fragmentación, paradójicamente, resulta más amenazante para los bancos que un movimiento cohesionado y predecible. Cuando piezas tan dispares como el kirchnerismo, el peronismo federal, la Unión Cívica Radical, miembros disidentes de La Libertad Avanza y sectores de izquierda coinciden en un diagnóstico, los espacios para negociación bilateral se estrechan considerablemente. El diputado Hugo Yasky, quien preside la comisión encargada de estos expedientes, confirmó que la banca ha solicitado encuentros pero aún sin formalizar de manera correcta sus demandas. En paralelo, reconoció que desde la coalición se trabaja en la unificación de varios proyectos en iniciativas más compactas, una estrategia que reduce la fragmentación legislativa pero multiplica el impacto potencial de cualquier medida que prospere.

La presión invisible: bancos negocian en las sombras

Los contenidos de esas treinta propuestas revelan una preocupación común en torno a mecanismos de alivio financiero para familias y pequeñas empresas. Entre los planteos figuran techos máximos para las tasas de interés, posibilidades de refinanciación extendida hasta 36 cuotas, condonaciones parciales de deuda y la reactivación de créditos a través de organismos como ANSeS, financiados mediante gravámenes sobre el sector bancario y las plataformas digitales. También persiguen mayores controles sobre el funcionamiento del sistema financiero y buscan resolver el problema de quienes contrataron créditos en unidades de valor adquisitivo —los célebres UVA— que se tornaron impagables cuando la inflación se disparó años atrás. Para los banqueros, sin embargo, la solución ideal es diametralmente opuesta: que cada caso problemático se resuelva de manera individual, sin imposiciones legales que modifiquen retroactivamente los términos de los contratos firmados. Según versiones de voceros del sector, ya el 40% de los créditos problemáticos se encuentran en proceso de refinanciación voluntaria. Esa cifra, sin embargo, no disminuye la inquietud respecto a qué sucedería si los clientes morosos ampliaran sus expectativas de alivio una vez que se instale legislativamente la posibilidad de exigirlo. Los banqueros temen, además, que la discusión pública sobre regulación y condonación actúe como detonante para incrementos en el fraude crediticio, un temor que plasman en las conversaciones reservadas que mantienen con legisladores y funcionarios.

Existe una paradoja en la narrativa bancaria que vale destacar: mientras los ejecutivos financieros aseguran que la situación se encauza naturalmente a través de refinanciaciones voluntarias, simultáneamente gastan recursos político-diplomáticos considerables para evitar que esas opciones se conviertan en derechos exigibles por ley. La distinción no es semántica sino operativa. Si la refinanciación es voluntaria, el banco decide sus términos, plazos, tasas y elegibilidad. Si se vuelve obligatoria mediante regulación legislativa, los márgenes de discreción comercial se reducen drásticamente. Esta es la verdadera batalla que se libra en los encuentros cerrados: no si se refinancia o no, sino quién controla los términos.

El Banco Central como protagonista inesperado

Quizás el movimiento más revelador de la estrategia financiera ha sido dirigir sus gestiones hacia el Banco Central. En contactos mantenidos bajo confidencialidad, representantes del sector le solicitaron a las autoridades monetarias lideradas por Santiago Bausili que disminuyan la frecuencia con que se publican los indicadores de la central de deudores, la base de datos de la cual emergen las cifras de mora que tanto preocupan a banqueros y políticos por igual. El razonamiento detrás de esta propuesta es ingeniero: si los datos se difunden con menor periodicidad, la percepción pública sobre la severidad del problema crediticio podría atenuarse, junto con la presión legislativa que lo acompaña. Según explicitó una fuente allegada al sector privado financiero, la contrapartida ofrecida es que los propios bancos compartan sus bases de datos internas para que los deudores conozcan su situación crediticia de forma más expedita. Sin embargo, desde los bancos públicos esa proposición fue rechazada, argumentando que no existen riesgos sistémicos que justifiquen retardar la información pública. Desde el Banco Central no hubo respuesta oficial sobre si evaluaban esa posibilidad, pero el organismo insistió públicamente en que la mora se encuentra en su máximo histórico, un mensaje que puede interpretarse como resistencia a la propuesta de invisibilizar datos.

Históricamente, el Banco Central intervino en crisis crediticias en ocasiones excepcionales. Durante la pandemia de 2020, extendió sesenta días adicionales los plazos de mora para las clasificaciones crediticias y suspendió temporalmente los procedimientos de recategorización más rigurosos. Aunque la situación actual exhibe niveles de endeudamiento más severos que los registrados durante aquella emergencia sanitaria, la autoridad monetaria se abstuvo de adoptar medidas de semejante magnitud. Este contraste sugiere que las prioridades políticas han variado sustancialmente, o que existe convicción de que la mora descenderá sin intervención administrativa, como sostienen voceros del sector financiero que proyectan una mejoría en junio.

La ambigüedad oficial como respuesta

Mientras bancos y legisladores tejen sus negociaciones, el Gobierno mantiene una postura deliberadamente difusa respecto al tema. El ministro de Economía, Luis Caputo, transitó un recorrido discursivo que fue de la culpabilización hacia los propios deudores —quienes "tomaron créditos a tasas muy altas apostando a que la inflación licuaría sus deudas"— a la búsqueda de acuerdos voluntarios con la banca privada para refinanciar a determinados morosos. Posteriormente, desde su órbita fue incorporándose el Banco Nación como actor de "asistencia" crediticia, ofreciendo productos con un costo financiero total que alcanza el 9% mensual, una cifra que casi cuadruplica la inflación actual y que, lejos de aliviar, profundiza la carga para los deudores. Esta estrategia de alternativas graduales parece apuntar a evitar la regulación legislativa mediante la provisión de mecanismos ad-hoc que mantengan discrecionalidad ejecutiva. El Gobierno teme explícitamente que si el Congreso fijara techos tasas, los bancos responderían encareciendo aún más el crédito, lo que retrasaría la reactivación económica. El argumento tiene cierta lógica económica: si los precios del dinero se fijan administrativamente por debajo de lo que los bancos consideran riesgoso, el volumen de crédito podría contraerse. En mayo pasado, justamente, el crédito en pesos al sector privado volvió a caer, afectado por la mora creciente y por el endurecimiento de los requisitos de acceso que los bancos implementan preventivamente.

El dilema de fondo: regulación versus expansión crediticia

Lo que se ventila en esta pulseada es una tensión estructural entre dos visiones incompatibles sobre cómo resolver una crisis de sobreendeudamiento. Por un lado están quienes consideran que la regulación legislativa —establecimientos de tasas máximas, planes de pago extendidos, condonaciones parciales— es necesaria para proteger a millones de ciudadanos de un sistema financiero que operó sin restricciones durante años y acumuló deudas insostenibles. Del otro lado, operan actores que ven en cualquier restricción legal una amenaza a la lógica comercial que, sostienen, es la única capaz de dinamizar la oferta crediticia. La paradoja contemporánea es que ambas posiciones tienen fundamentos parciales: es cierto que sin regulación, los acreedores pueden imponer términos devastadores; pero también es cierto que si la regulación es demasiado severa, los bancos pueden simplemente dejar de prestar, profundizando el estrangulamiento crediticio que ya afecta a la economía. Los treinta proyectos durmiendo en comisiones representan múltiples respuestas a ese dilema, desde las más proteccionistas hasta las más equilibradas. Mientras esos proyectos no avanzan, la realidad cotidiana de esos 5,3 millones de deudores sigue siendo de angustia financiera, refinanciaciones forzadas que no resuelven sino que postergan, y la amenaza constante de que sus créditos sean ejecutados.

Las próximas semanas serán determinantes. Si la coalición legislativa logra unificar sus propuestas en uno o dos proyectos robustos, la presión sobre el Congreso se concentrará y las opciones de bloqueo bancario se reducirán. Si, en cambio, los proyectos continúan fragmentados, el lobby financiero tendrá más oportunidades de negociar modificaciones sectoriales. El Banco Central, por su parte, debe decidir si acepta o rechaza las peticiones de reducir la publicidad de datos de mora; una decisión que trasciende lo técnico e ingresa en el terreno de la política informativa. Y el Gobierno deberá evaluar si sus medidas voluntarias de refinanciación logran sedar el conflicto social o si, por el contrario, la insatisfacción llevará a que se consolide una mayoría legislativa dispuesta a regular de facto. Ninguno de estos resultados resuelve de manera definitiva el problema de fondo: hay más deuda de la que el sistema puede soportar sin reestructuraciones profundas, y alguien deberá cargar con esas pérdidas. La pregunta no es si habrá alivio, sino quién lo pagará.