El comercio de electrodomésticos argentino atraviesa una encrucijada de interpretaciones sobre sus propios datos. Mientras las mediciones oficiales del Banco Central arrojan una morosidad promedio de 50% en operaciones crediticias de cadenas de venta, los actores del sector reclaman que esa cifra no refleja la realidad operativa y que la verdadera proporción de clientes con pagos irregulares se sitúa aproximadamente en 20%. Esta brecha de casi treinta puntos porcentuales no es un detalle contable menor: representa una diferencia fundamental en cómo se interpreta la salud financiera de uno de los rubros comerciales más importantes del mercado interno.

La discrepancia surge de una cuestión metodológica que el sector subraya constantemente: los números del Banco Central no constituyen una fotografía instantánea del presente, sino el resultado acumulado de ciclos crediticios que se extienden a lo largo de veinticuatro meses. Las carteras de crédito funcionan como estructuras complejas donde las deudas antiguas conviven con las recientes, y el saneamiento ocurre gradualmente conforme avanzan las semanas. En otras palabras, un cliente que dejó de pagar hace varios meses sigue impactando negativamente en los indicadores actuales, aunque nuevas políticas crediticias más restrictivas ya hayan reducido la exposición a nuevos morosos. Esta realidad genera una situación donde los guarismos estadísticos parecen estar siempre un paso atrás de la gestión efectiva que ejecutan las empresas.

El pico de crisis y la restricción crediticia

Según reconocen los propios representantes del sector, el momento crítico no fue durante el evento futbolístico internacional de 2025, como sugirió una interpretación oficial, sino efectivamente a mediados de ese mismo año. En ese período específico, los indicadores de morosidad se dispararon de manera significativa, obligando a las cadenas a implementar cambios radicales en su estructura de otorgamiento. La restricción de la oferta crediticia y el endurecimiento de criterios de evaluación fueron respuestas directas a ese pico. Consultoras privadas como EcoGo, Analytica y CEPA realizaron reconstrucciones mensuales en base a información de la Central de Deudores del Banco Central, evidenciando que en junio el promedio trepó a 50,6% entre las principales compañías.

Los números individual de cada cadena revelan dispersión importante. Bazar Avenida S.A. encabeza el ranking con 71,2% de irregularidad, seguida por Coppel S.A. con 63,7%, Frávega S.A.C.I. e I. con 57,5%, Carsa S.A. (que opera bajo la marca Musimundo) con 55,6%, y Cetrogar S.A. con 52,7%. En el extremo inferior del espectro figura Naldo Lombardi S.A. con 29,9%. Pero existe otro factor que complica la interpretación: las empresas de financiamiento directo y préstamos para consumo masivo registran índices aún más elevados. Firmas como Mins (con 91%), Waynicoin (75,6%), Credil (65,8%), Finanpro (64,8%), CFN SRL (55,4%) y Credicuotas Consumo S.A. (39,2%) operan en nichos de riesgo superior. Estos números no son independientes: el comportamiento de las carteras de estas financieras repercute directamente en los ratios de las cadenas electrodomésticas, dado que muchos clientes acceden al crédito de la cadena mediante intermediación de estas plataformas.

Mecanismos de cobranza y estrategias de retención

Frente al incremento de incumplimientos, las cadenas desplegaron estructuras sofisticadas de gestión de cobranza. El proceso comienza con contactos a través de múltiples canales de comunicación, donde se analiza la antigüedad de cada deuda individual, se evalúa la posibilidad de refinanciación y se determina si es necesario escalar hacia instancias de cobranza más intensivas. Frávega, por ejemplo, aplica cargos por gestión de cobranza a partir del día veintiuno de mora, con un tope informado de $13.000. Portavoces de esa cadena aclararon que menos del 10% de sus operaciones de venta se realizan con créditos de emisión propia, aunque entre 15% y 20% de su cartera total registra situaciones de mora. Un factor adicional que incidió en esos números fue la morosidad del Banco Sáenz, institución del mismo grupo empresario que controla la cadena, que fue vendida en 50% al Banco Macro durante marzo.

Las estrategias de cobranza trascienden lo meramente punitivo. Coppel implementa esquemas donde el historial de pago del cliente determina su capacidad crediticia futura. Quienes mantienen un comportamiento responsable acceden a beneficios como la posibilidad de adquirir productos sin realizar el pago inicial, un incentivo potente en un contexto donde el poder adquisitivo del segmento socioeconómico bajo permanece bajo presión. Inversamente, los deudores ven reducidos sus límites de crédito o quedan directamente excluidos del financiamiento de la cadena. Las condiciones contractuales permiten rescindir el vínculo crediticio cuando se registra mora en dos estados de cuenta consecutivos. Musimundo desplegó canales específicos para que los clientes consulten y refinancien sus deudas, buscando recuperar la cartera antes de que los casos deriven hacia instancias judiciales. La firma solicitó el concurso de acreedores en julio, lo que refuerza la presión que soporta el segmento.

El sector mantiene expectativas sobre una normalización gradual de estos indicadores. Se espera que la morosidad descienda hacia 10%, que representa históricamente el nivel habitual para este tipo de operaciones. Con el avance del calendario y el saneamiento progresivo de carteras acumuladas, la proporción de clientes incumplidores debería retraerse. Además, eventos comerciales específicos como Electro Fansen, programado para septiembre, se plantean como oportunidades para estimular la demanda y movimiento de inventarios. El segmento más bajo de ingresos, aquel que depende del financiamiento para acceder a bienes de consumo duradero y que no califica para créditos bancarios, constituye el núcleo de la estrategia comercial de estas cadenas, razón por la cual el otorgamiento de crédito propio permanece como herramienta estructural del modelo de negocio.

Las dinámicas que enfrentan las cadenas electrodomésticas reflejan tensiones más amplias del ecosistema crediticio argentino. La existencia de brechas entre datos agregados y percepciones del sector plantea interrogantes sobre métodos de medición, plazos de actualización de información y la forma en que distintos actores interpretan indicadores macroeconómicos. Mientras algunos observadores ven en estos números evidencia de una crisis de pagos generalizada que requiere intervenciones inmediatas, otros argumentan que se trata de fenómenos transitorios cuyo impacto real es más moderado que lo que sugieren las cifras brutas. La recuperación de los índices dependerá de factores que exceden la gestión de cobranza: capacidad de ingreso de los hogares, acceso alternativo a crédito, evolución del desempleo y, en términos más amplios, de las condiciones macroeconómicas que determinen la solvencia de los deudores. En el corto plazo, el sector se prepara para un escenario donde la mora permanecerá elevada, pero donde la gestión sofisticada de carteras y la diferenciación de clientes por su comportamiento de pago permitirían sostener operaciones mientras se aguarda un saneamiento más profundo de los balances.