Un estudioso de trayectoria internacional, formado en los centros académicos más importantes del mundo, acaba de visitar Buenos Aires para cuestionar uno de los argumentos económicos más recurrentes en la región: la idea de que el crecimiento de los sectores prósperos inevitablemente genera beneficios para toda la población. Su mensaje es claro y perturbador: esa premisa es, en sus palabras, una ficción que sirve para justificar políticas de concentración de riqueza. Lo que sucedió durante cuatro décadas de expansión del comercio mundial no respalda esa tesis, sino que muestra exactamente lo contrario en los territorios desarrollados.
Los treinta años de certezas que se desmorona
Desde aproximadamente los años ochenta hasta hace poco más de una década, el mundo experimentó una fase de integración económica sin precedentes. Mercados abiertos, flujos de capital sin restricciones y cadenas productivas que atravesaban continentes prometían una prosperidad generalizada. Sin embargo, esa promesa se cumplió solo para un segmento muy específico de la población global. Los ingresos entre países diferentes se acercaron, especialmente cuando observamos el fenómeno de naciones asiáticas que emergieron de la pobreza masiva. Pero dentro de cada nación occidental, la historia fue radicalmente distinta: las clases medias se estancaron, los trabajadores de sectores manufactureros perdieron empleos, y la concentración de recursos en los estratos más altos alcanzó niveles sin precedentes.
El quiebre de esa era globalizadora no fue un accidente sino una consecuencia predecible de sus propias contradicciones. China se transformó de productor de bienes baratos en potencia tecnológica, capaz de competir en innovación con los países desarrollados. Este ascenso no ocurrió de manera espontánea ni fue resultado exclusivo del trabajo chino. La inversión extranjera masiva, el acceso a mercados internacionales y las políticas estratégicas de transferencia tecnológica acelerada permitieron una movilidad económica que otras naciones nunca lograron. La tolerancia de Washington hacia este fenómeno —primero justificada por consideraciones geopolíticas, luego comerciales— fue determinante en la trayectoria que siguió el capitalismo global en las últimas décadas.
La crisis como punto de quiebre de la legitimidad
El derrumbe de 2008 marcó más que una catástrofe financiera: fue una ruptura en la fe pública sobre las instituciones y los mecanismos de funcionamiento del sistema. Mientras bancos de inversión fueron rescatados con fondos públicos, ciudadanos corrientes experimentaban la pérdida simultánea de viviendas y puestos de trabajo. Esa asimetría no fue accidental sino expresión de cómo había evolucionado el poder político. Las generaciones más jóvenes internalizaron una desconfianza profunda respecto de las promesas de bienestar a través de la apertura comercial. Las expectativas incumplidas de movilidad social, comparadas con las experiencias de sus padres, alimentaron un resentimiento que eventualmente se expresaría en los votos que rechazaron el establishment político tradicional.
Este fenómeno político no fue exclusivo de Estados Unidos. Gran Bretaña, Alemania y otros países experimentaron movimientos similares de rechazo a las élites establecidas. Lo que muchos gobiernos occidentales eligieron hacer fue responder no redistribuyendo la riqueza hacia quienes fueron perjudicados por la globalización, sino limitando esa globalización misma. Las políticas proteccionistas, los aranceles defensivos y las restricciones a la inversión extranjera se convirtieron en la respuesta preferida, movida tanto por temores geopolíticos como por presiones electorales internas.
La élite desconectada y su propia narrativa
Mientras tanto, el 10% más acaudalado del planeta construyó un mundo completamente diferente al de la mayoría. Su capacidad para vivir, trabajar e invertir en cualquier rincón del globo, sin las restricciones que enfrentan los ciudadanos ordinarios, creó una desconexión progresiva de la realidad cotidiana. Más preocupante aún es la narrativa que desarrollaron para justificar su posición: la convicción de que su riqueza es completamente merecida, resultado exclusivo de talento y dedicación personal. Bajo esa lógica, la pobreza ajena se convierte automáticamente en evidencia de pereza o incapacidad. Esta interpretación del mundo no solo carece de rigor, sino que operó como catalizador de resentimiento político sin precedentes.
En América Latina, el panorama mantiene rasgos distintivos propios. Mientras algunos países redujeron sus coeficientes de desigualdad en las últimas dos décadas, la región sigue siendo profundamente estratificada. Uruguay registra niveles más bajos que Brasil, Argentina se ubica en una posición intermedia, pero incluso el país latinoamericano menos desigual mantiene brechas que superarían ampliamente a las del país europeo con mayor disparidad de ingresos. En algunos casos hubo mejoras relativas, pero todas ellas parecen insuficientes frente a la magnitud de las separaciones que persisten.
Las soluciones existen, pero enfrentan una barrera que no es técnica
Aquí emerges un aspecto crucial del análisis: no existe ignorancia sobre qué funciona para reducir desigualdad. Las herramientas están catalogadas, estudiadas y sus resultados documentados. Educación de calidad universal, formación profesional permanente, sistemas de protección ante desempleo, pensiones adecuadas, transferencias monetarias directas e impuestos progresivos sobre ingresos altos: todas estas medidas poseen evidencia que comprueba su efectividad. El obstáculo no es el desconocimiento técnico sino la viabilidad política. Gobiernos pueden enfrentar resistencias, presiones de grupos de interés y limitaciones electorales que dificulten o impidan la implementación de políticas redistributivas aunque estas sean, desde lo económico puro, perfectamente viables.
En Argentina, la invocación del "efecto derrame" —la tesis de que la riqueza de unos automáticamente beneficia a otros— funciona menos como análisis económico que como justificativo ideológico. Permite argumentar contra la tributación progresiva bajo el supuesto de que la acumulación en el extremo superior generará empleos para todos. Esta proposición, lejos de ser sustentada por la experiencia histórica reciente, opera como un espejismo que favorece el statu quo de concentración.
Las nuevas élites tecnológicas y el futuro incierto del trabajo
Las transformaciones en curso incorporan un elemento completamente nuevo: las élites que concentran poder a través de la tecnología y las plataformas digitales. Su influencia política es desproporcionada, su riqueza astronómica, pero su posicionamiento ideológico permanece ambiguo. La inteligencia artificial introduce una variable cuya trayectoria aún no está determinada. Históricamente, cada ola de mecanización sustituyó formas de trabajo existentes mientras generaba nuevas oportunidades de empleo. Internet eliminó oficios enteros pero creó industrias que nadie imaginaba décadas atrás. Sin embargo, los especialistas advierten que la IA podría representar una ruptura cualitativamente distinta.
En un escenario pesimista, la inteligencia artificial aceleraría la sustitución de mano de obra humana a una escala nunca antes vista, concentraría poder en manos del capital propietario de esa tecnología y dejaría a una población muy amplia sin acceso a empleos significativos. Las propuestas de renta básica universal podrían resolver el hambre, pero no proporcionarían lo que el trabajo históricamente ofrecía: propósito, identidad y estructura social. Una exclusión prolongada del mercado laboral podría generar inestabilidades múltiples: económicas, pero también psicológicas y políticas, cuyas manifestaciones serían impredecibles.
Un escenario alternativo, más optimista aunque igual de especulativo, sugeriría que la IA seguiría el patrón histórico: destrucción de empleos antiguos compensada por creación de nuevos tipos de trabajo que actualmente resultan inimaginables. Pero esta proyección sigue siendo hipotética. Lo que resulta difícil de concebir es una clase media amplia y estable conviviendo con sistemas de inteligencia artificial cada vez más sofisticados, sin que algún tipo de redistribución sistemática de recursos acompañe esa transformación tecnológica.
Las implicancias de estos cambios atraviesan tanto la esfera económica como la política y social. Si prevaleciera el escenario pesimista, la demanda por políticas redistributivas se intensificaría exponencialmente, mientras que la capacidad de los gobiernos para implementarlas podría verse limitada por el poder de las nuevas élites tecnológicas. Alternativamente, si la IA generara un ciclo de creación de empleo sin precedentes, las tensiones distributivas podrían moderarse de forma natural. Lo que permanece como constante, bajo cualquier escenario, es que dejar estas transformaciones libradas únicamente a las fuerzas del mercado, esperando que la prosperidad se filtre automáticamente desde arriba hacia abajo, contradice la experiencia de los últimos cuarenta años y desafía la lógica de cómo funcionan realmente los sistemas económicos en el mundo actual.
