El sistema financiero argentino atraviesa un punto de quiebre sin precedentes en décadas. Las instituciones bancarias se vieron obligadas a ejecutar una operación contable de emergencia: eliminar de sus balances 143 mil préstamos considerados irrecuperables que representan 4,4 billones de pesos en líneas de crédito. Este movimiento refleja el colapso de la capacidad de repago entre personas físicas y empresas, fenómeno que ha alcanzado magnitudes que reclaman un reexamen profundo de cómo opera el crédito en la economía argentina actual.
Cuando se habla de estos créditos dados de baja, no se trata de deuda que desaparece en el aire. Se trata de saldos que los bancos transfieren desde su activo contable hacia la categoría de pérdida, reconociendo públicamente que la recuperación a través de canales convencionales es matemáticamente improbable. De esa cifra total, 2,9 billones corresponden a líneas en pesos mientras que 1,5 billones están denominados en dólares. Esta composición resulta reveladora: la deuda en moneda extranjera que ya fue descartada como irrecuperable suele vincularse a empresas cuyos pasivos transitaron por procesos judiciales o directamente declararon la insolvencia ante la justicia. Los bancos, según normativas que rigen la actividad, no tienen alternativa: deben sacar estos saldos de sus registros activos, aunque legalmente la deuda continúe existiendo en la realidad económica, aguardando alguna forma de recuperación ya sea mediante litigio o cesión de derechos crediticios.
La aceleración de lo irrecuperable
Lo que más inquieta a especialistas del sector es la velocidad con que creció esta categoría de deuda abandonada. A principios de 2025 se contabilizaban 143 mil préstamos pasados a pérdida. Hace apenas un año, cuando terminaba 2024, esa cifra rondaba los 74 mil 250 créditos, representando apenas el 2% del total de operaciones. En cuestión de meses, el volumen prácticamente se duplicó. Este crecimiento exponencial no ocurrió de manera gradual sino que se aceleró notablemente en el período posterior a enero de 2025, cuando la morosidad comenzó a escalar en forma que ningún analista había anticipado. El dato resulta especialmente significativo considerando que durante 2024, antes de que estallaran los problemas de atraso masivo en los pagos, la cifra de créditos irrecuperables se ubicaba en 132 mil aproximadamente a principios de ese año. La trayectoria sugiere un deterioro acumulativo que ahora muestra su verdadera magnitud.
Los especialistas explican que cuando los bancos proceden a cancelar estos créditos de sus libros contables, frecuentemente optan por una estrategia comercial pragmática: venden los saldos a estudios jurídicos especializados en cobranza a un precio considerablemente inferior al monto adeudado originalmente. Estas firmas legales adquieren esos derechos crediticios con la expectativa de recuperar algo mediante procedimientos judiciales de ejecución, negociaciones particulares con los deudores, o medidas de apremio disponibles dentro del marco legal. Es un mercado de deuda castigada donde el que compra opera bajo el supuesto de que, aunque sea a través de un proceso largo y costoso, algo podrá recuperarse. Esta práctica, lejos de ser marginal, se ha convertido en un elemento estructural del sistema financiero actual.
Refinanciaciones masivas como válvula de escape
Paradójicamente, mientras los bancos borran del mapa decenas de miles de créditos, simultáneamente desarrollan programas agresivos de refinanciación para aquellos deudores que aún pueden ser rescatados. Los números revelan que 2,6 billones de pesos en saldos fueron renegociados exitosamente entre deudores y entidades financieras, cifra que representa aproximadamente el 3,7% del volumen crediticio total del sistema. Se trata de los porcentajes más elevados que se registran en décadas, señal inequívoca de que la crisis de pagabilidad requirió de intervenciones masivas para evitar un derrumbe completo. La distribución de estas renegociaciones no es homogénea: el Banco Galicia concentra el 32,1% de los saldos refinanciados, seguido por Banco Provincia con el 14,7%, Santander con 14,2%, y Banco Nación con 9,7%. Entre estos cuatro se agrupa el 70% del total de operaciones renegociadas en todo el sistema.
El Banco Nación, en particular, adoptó una estrategia de comunicación pública sobre sus programas de refinanciación, diferenciándose de las entidades privadas que tienden a manejar estas operaciones caso por caso, sin difusión masiva. Desde el inicio de 2025, esta institución pública refinanció 102 mil 505 operaciones por un total de 476 mil 300 millones de pesos, beneficiando a 89 mil 608 clientes. El promedio por operación se ubicó en torno a los 4,6 millones de pesos. Dentro de ese universo, 64 mil 249 operaciones correspondieron a clientes ya en situación de mora, por un monto de 322 mil 600 millones. Adicionalmente, 36 mil 424 refinanciaciones fueron dirigidas hacia tarjetas de crédito en estado de pre mora, concentrando 129 mil 600 millones, mientras que mil 832 operaciones abarcaron otros supuestos de atraso incipiente, alcanzando los 24 mil 100 millones. La entidad ofrece múltiples modalidades: consolidación de obligaciones de hasta 100 millones a 120 meses bajo estructuras indexadas en UVA, unificación de deudas de su propia cartera, opciones específicas para créditos en situación irregular, y planes particulares para saldos de tarjetas de crédito. Para aquellos clientes con atrasos de hasta 90 días, permite financiación de hasta 10 millones en plazos de hasta 60 meses, con tasas nominales anuales del 35%, disponible en modalidad completamente digital.
La estructura de la deuda morosa según categorías
Entender la morosidad requiere conocer cómo se clasifica. El Banco Central utiliza un sistema de categorización que va desde la 3 hasta la 6, donde cada número representa un grado creciente de incumplimiento. La categoría 3 engloba demoras de entre 3 y 6 meses; la categoría 4 abarca atrasos entre 6 meses y un año; la categoría 5 corresponde a demoras superiores a un año y suele etiquetarse como "irrecuperable"; finalmente existe una categoría 6 para aquellos créditos que ya fueron formalmente eliminados del activo bancario. De acuerdo a los datos relevados de la Central de Deudores del Banco Central, el 54% de la deuda morosa se ubicaba en situación 4, es decir, acumulando entre 6 meses y un año de retraso. Esta concentración tiene una implicación temporal importante: según las reglas vigentes para el cálculo de irregularidad de crédito, esa deuda en categoría 4 requeriría aproximadamente 5 meses para salir del estado moroso, considerando 3 meses de pagos normales para retroceder a categoría 3 y otros 2 meses adicionales para ser eliminado del sistema de información de crédito conocido como Veraz. Este cálculo sugiere que buena parte de la deuda morosa actual podría transitar hacia la normalización si los deudores lograran reiniciar sus pagos regularmente, aunque la realidad económica de muchos indica que ese escenario es poco probable.
Lo que viene sucediendo en el sistema crediticio argentino presenta características que merecen análisis desde múltiples ángulos. Por un lado, la decisión de los bancos de dar de baja masivamente créditos irrecuperables puede interpretarse como un acto de realismo contable, reconociendo que ciertos saldos simplemente no serán pagados nunca. Por otro lado, este procedimiento transfiere el problema hacia el sector judicial y hacia estudios de cobranza privada, fragmentando la responsabilidad de recuperación y generando costos adicionales en procedimientos legales que pueden extenderse años. La simultaneidad entre cancelaciones de créditos y refinanciaciones masivas refleja una estrategia dual: discriminar entre deudores que todavía pueden ser rescatados mediante restructuración y aquellos cuya situación es considerada definitivamente perdida. Las consecuencias de este fenómeno se desplegarán en múltiples dimensiones: litigios que saturarán juzgados comerciales y civiles, presión sobre las finanzas públicas de gobiernos locales que deberán administrar esos procesos, cambios en el comportamiento de oferta crediticia futura, y transformaciones en la composición del sistema financiero según cómo cada entidad absorba estas pérdidas extraordinarias.
