La fotografía de la economía empresarial argentina revela un deterioro vertiginoso en la capacidad de pago de las compañías. En menos de veinticuatro meses, el panorama crediticio pasó de una situación relativamente controlada a una crisis de insolvencia sin precedentes en la última década. Los números son elocuentes: el porcentaje de préstamos que superan los noventa días sin cumplirse saltó desde 0,7% en noviembre de 2022 hasta 3,7% en julio de 2024, según análisis elaborados sobre la base de información del Banco Central. Este quiebre no es un simple ajuste estadístico, sino el reflejo de una transformación estructural en las condiciones de funcionamiento del tejido productivo nacional.
Lo que sucede en los balances de las empresas trasciende el mero indicador técnico. Representa una reconfiguración de la economía donde sectores enteros pierden capacidad adquisitiva, donde los proveedores suspenden créditos y donde la cadena de pagos —ese engranaje invisible que mantiene vivo el comercio— comienza a trabarse peligrosamente. El incremento quintuple de la morosidad empresarial no afecta por igual a todos. Existen ganadores y perdedores en esta nueva configuración, una polarización que se expresa nítidamente en los números del incumplimiento según rama de actividad. Construcción y comercio enfrentan los mayores desafíos, con tasas de 7,7% y 6,5% respectivamente, mientras que sectores vinculados a energía, minería e intermediación financiera mantienen irregularidades inferiores al medio por ciento.
La geografía del colapso: sectores ganadores y perdedores
El análisis de Equilibra traza una cartografía clara de la crisis: aquellos sectores que prosperan bajo el esquema económico vigente presentan niveles de incumplimiento prácticamente nulos, en tanto que las ramas que retroceden acumulan mora a ritmos alarmantes. La construcción, emblema del crecimiento durante la década anterior, hoy sufre una parálisis de proyectos y cancelaciones de encargos. El comercio minorista, por su parte, enfrenta una caída sostenida del poder adquisitivo de los consumidores, lo que se traduce directamente en la imposibilidad de honrar deudas contraídas con instituciones financieras. La industria manufacturera, sector neurálgico de cualquier economía moderna, mantiene un ratio de 3,7%, prácticamente alineado con el promedio general, pero esta cifra oculta una realidad mucho más compleja debajo de la superficie.
Dentro del tejido fabril nacional emergen abismos inesperados. El sector textil y cuero registra una mora catastrófica de 14,6%, reflejando décadas de presión competitiva internacional y la actual contracción del mercado doméstico. En el extremo opuesto, vehículos y transporte apenas llega al 0,4%, evidenciando que ciertos nichos mantienen dinamismo exportador o vinculaciones con cadenas de valor más resilientes. Productos químicos se posiciona en 3,8%, maquinaria e instrumentos en 3,2% y alimentos y bebidas en 2,4%. Esta diversidad de situaciones dentro de un mismo sector industrial sugiere que no todas las fábricas enfrentan la misma tormenta: mientras algunas navegan aguas turbulentas con cierta estabilidad, otras se hunden aceleradamente.
Las pymes en el centro de la tormenta
Si existe un segmento especialmente vulnerable en esta crisis de insolvencia, ese es el de las pequeñas y medianas empresas. Los datos revelan una correlación inversa entre el tamaño del préstamo y la probabilidad de incumplimiento. Los créditos inferiores a cinco millones de pesos presentan una mora del 9,3%, afectando a aproximadamente el 60% de las compañías endeudadas, aunque estos montos representan apenas el 0,2% del volumen total de crédito. Esta desproporción ilustra el divorcio creciente entre cantidad de empresas en dificultades y masa crediticia en riesgo. En el otro polo, préstamos superiores a 3.800 millones de pesos mantienen una irregularidad de apenas 1,8%, concentrando el 73,8% de toda la deuda empresarial entre apenas el 1% de las firmas.
La magnitud del problema se expresa también en cifras de empresas afectadas. En dos años, la cantidad de personas jurídicas en situación de mora pasó de 16.200 a 37.500, un incremento que representa a 13,4% de todas las compañías con deudas. Paralelamente, las pequeñas y medianas empresas con avales de Sociedades de Garantía Recíproca que incumplen sus obligaciones casi triplicaron su número, saltando de 3.354 a 9.679. Estos organismos de garantía, pensados históricamente como amortiguadores para facilitar acceso crediticio a empresas de menor envergadura, hoy se encuentran bajo presión creciente, enfrentando decisiones difíciles sobre cómo proceder ante el deterioro masivo de sus carteras. La situación de las pymes no es meramente una cuestión de números, sino una crisis de financiamiento que amenaza la supervivencia de entidades que emplean millones de trabajadores.
Al incremento de la morosidad se suma un fenómeno complementario que agrava la situación: el endurecimiento de los criterios crediticios. Los bancos y las instituciones financieras, enfrentados a carteras cada vez más deterioradas, reducen su disposición a otorgar nuevos financiamientos, precisamente cuando las empresas más los necesitan. Esto genera un círculo vicioso donde la falta de acceso a crédito impide que muchas compañías refinancien deudas o realicen inversiones que podrían mejorar su situación operativa. Sumado a esto, la cadena de pagos entre empresas también se ha visto afectada, con atrasos crecientes entre proveedores y clientes, multiplicando los problemas de liquidez en cascada por toda la estructura productiva.
La erosión de la cadena de pagos y sus consecuencias en cascada
Un dato particularmente preocupante emerge del Observatorio Pyme: entre el tercer trimestre de 2025 y el segundo trimestre de 2026, los atrasos de las pequeñas y medianas empresas en sus pagos a bancos, proveedores e impuestos se duplicaron. Esta información revela que el problema de la morosidad no es únicamente un asunto entre empresas y bancos, sino una desestructuración completa de los mecanismos de confianza y fluidez que permiten que la economía funcione. Cuando una pyme no paga a un proveedor, ese proveedor tampoco puede pagar sus propias deudas, generando un efecto dominó que se propaga por toda la cadena de valor. Las consecuencias trascienden el ámbito estrictamente financiero: significa trabajadores no pagados, proyectos abandonados, inversiones postergadas indefinidamente.
Es importante contextualizar este deterioro dentro de un marco histórico más amplio. Argentina ha experimentado crisis crediticias anteriores, siendo la más traumática la del 2001-2002, cuando el sistema financiero colapsó completamente. La crisis de 2020, marcada por el default de Vicentin, el cepo cambiario implementado y la cuarentena obligatoria, generó una mora empresarial que alcanzó al 8,1%, el máximo registrado en las últimas décadas. Aunque la situación actual de 3,7% aún se encuentra significativamente por debajo de ese pico, la velocidad de deterioro y la trayectoria ascendente generan inquietud. Equilibra advierte que la probabilidad estadística de que un préstamo empresarial caiga en mora ya triplica el promedio de los últimos veinte años, sugiriendo que estamos en territorio desconocido comparativamente.
La distribución desigual de la crisis también merece análisis profundo. El agro, frecuentemente presentado como sector ganador, registra una mora de 4,3%, superior al promedio industrial, lo que contrasta con narrativas que lo posicionan como salvavidas de la economía nacional. Las actividades de minería y energía, con moratorias inferiores al 0,5%, efectivamente prosperen bajo la actual orientación de política económica, así como la intermediación financiera. Esta dicotomía refleja un modelo donde ciertos segmentos acumulan recursos mientras otros sangran liquidez, generando tensiones sociales y económicas que eventualmente impactarán en la estabilidad global.
Las implicancias de este cuadro de situación son múltiples y alcanzarán diversos planos de la realidad económica y social en los próximos trimestres. Por un lado, existe la posibilidad de que el sistema financiero implemente política de castigo de cartera, lo que significaría dar por perdidos montos considerables de crédito y aumentando las provisiones de los bancos, reduciendo su capacidad de otorgar nuevos préstamos. Por otro, el sector real podría experimenta una reducción de inversión productiva, afectando empleo y crecimiento económico de mediano plazo. Algunas pequeñas y medianas empresas podrían desaparecer del mercado, concentrando aún más la estructura económica. Alternativamente, negociaciones sobre reestructuración de deudas y programas de refinanciamiento podrían aliviar parcialmente la presión, aunque esto requeriría coordinación entre múltiples actores con intereses frecuentemente divergentes. En cualquier escenario, la actual configuración de crisis de solvencia empresarial representa un punto de inflexión cuyas consecuencias se extenderán mucho más allá de los balances contables.
