La administración nacional concentra esfuerzos en relanzar el crecimiento económico mediante instrumentos de política tributaria diseñados para magnetizar flujos de inversión extranjera directa. En este contexto, el equipo responsable de la cartera económica se mueve contrarreloj para presentar ante el Congreso Nacional una versión potenciada del régimen de grandes inversiones, buscando contrarrestar los efectos contractivos que genera el plan de consolidación fiscal. El próximo arribo de esta propuesta legislativa representa un giro significativo en la estrategia de reactivación, orientado especialmente a sectores intensivos en tecnología y con capacidad de generar encadenamientos productivos sobre la base de recursos naturales disponibles en territorio nacional.
Las fuentes cercanas al equipo económico encabezado por Luis Caputo confirmaron que la presentación formal del Súper RIGI ocurriría durante los próximos días, sin precisar una fecha exacta. Según trascendidos, el proyecto aún requiere la finalización de múltiples aspectos técnicos y legales que están siendo ajustados en las últimas horas. Distintas personalidades del entramado gubernamental participan en este proceso de refinamiento: desde funcionarios de línea del ministerio de Economía, hasta asesores que operan en segundo plano. Entre estos últimos figura María Ibarzabal Murphy, secretaria Legal y Técnica, reconocida por su influencia en decisiones de envergadura jurídica y su cercanía con núcleos decisivos de la gestión. De igual modo, se menciona la participación de profesionales del sector privado con experiencia en estructuración de régimenes tributarios complejos, como integrantes del estudio jurídico Bruchou & Funes de Rioja que asesoraron en iniciativas fiscales previas.
Una propuesta con ambiciones más amplias
El régimen actual, conocido simplemente como RIGI, comenzó a operar hace poco más de un año con la intención de ofrecer estabilidad fiscal, aduanera y cambiaria a proyectos de envergadura que superasen montos mínimos de inversión. Hasta ahora, catorce emprendimientos fueron aprobados bajo esta modalidad, principalmente concentrados en rubros extractivos como energía, minería e hidrocarburos, junto con iniciativas de infraestructura y tecnología. Los beneficiarios acceden a una tasa de impuesto a las ganancias del 25%, amortización acelerada de bienes, reintegro del IVA, ausencia de retenciones a las ganancias y libertad para girar dividendos y realizar pagos de deuda sin restricciones. La vigencia de estas ventajas se extiende durante tres décadas, generando un marco de previsibilidad para los inversores.
La versión ampliada que se alistaba para ingresar en el trámite legislativo propone condiciones notoriamente más generosas dirigidas específicamente a proyectos de manufactura de alto valor tecnológico. Este segmento incluiría la producción de acumuladores de litio, la fabricación de vehículos con propulsión eléctrica, operaciones de refinación y laminado del cobre, manufacture de módulos fotovoltaicos, construcción de aerogeneradores, desarrollo de la cadena de suministro del combustible nuclear, industrialización de recursos pesqueros a escala comercial, síntesis de compuestos nitrogenados para agricultura y establecimiento de centros de procesamiento de datos. Para estos sectores, el régimen propuesto rebaja el gravamen sobre ganancias corporativas a 15% —diez puntos por debajo de la alícuota estándar del RIGI tradicional—, implementa esquemas de depreciación fiscal acelerada con porcentajes más agresivos (60% en el primer ejercicio, 20% en el segundo y 20% en el tercero), suprime aranceles aduanales para importación de maquinaria y equipamiento, anula retenciones sobre ventas internacionales y restringe la capacidad tributaria de gobiernos subnacionales sobre ingresos brutos generados por estos emprendimientos.
Negociaciones internas y presiones del sector privado
Durante una jornada de encuentros en la sede del ministerio de Economía, un comité evaluador integrado por funcionarios de distintas áreas discutió los pormenores de la iniciativa. La reunión, celebrada en instalaciones del quinto nivel del Palacio de Hacienda, congregó a Daniel González, encargado de coordinación en materia energética; Pablo Lavigne, responsable de la cartera de producción; y Pablo Quirno, titular de la cancillería. No obstante, persisten interrogantes sobre elementos cruciales del proyecto, particularmente respecto del umbral mínimo de capital que requeriría un proyecto para acceder a los incentivos extraordinarios. En conferencia pública, Caputo mencionó magnitudes situadas entre US$ 200 y US$ 600 millones para iniciativas intensivas en capital, pero la normativa final aún no delimita con precisión estos guarismos. El equipo técnico evalúa actualmente una aproximación más "inclusiva" que flexibilice los criterios de acceso, permitiendo incorporación de emprendimientos fabricantes de productos no actualmente elaborados en el territorio nacional, a la vez que establecería metas específicas en cuanto a desembolsos en activos fijos y generación de empleo.
Las presiones provenientes del establishment empresario se intensificaron. La cámara comercial estadounidense comunicó directamente a las autoridades económicas su interés sobre las perspectivas que abriría esta nueva estructura de incentivos. Por su parte, Martín Rappallini, al frente de la Unión Industrial Argentina, elevó el tono de los reclamos demandando la extensión acelerada de beneficios similares a la actividad manufacturera tradicional, agendándose una reunión bilateral con el ministro para profundizar en estos temas. Sectores de la oposición parlamentaria han externado críticas respecto de la metodología mediante la cual funcionarios en ejercicio otorgan ventajas tributarias selectivas, estimando que esta modalidad genera distorsiones entre cadenas productivas competitivas, favorece a grupos con capacidad de lobby y, en ciertos casos, subsidia proyectos que ya se encontraban en ejecución anterior a la implementación del régimen.
En el plano de las evaluaciones externas, agencias calificadoras de riesgo como Moody's proyectaron que una versión mejorada del RIGI permitiría reducir la concentración geográfica y sectorial de las aprobaciones. Actualmente, de los aproximadamente 27.000 millones de dólares comprometidos en ocho jurisdicciones provinciales, 66% de este volumen —equivalente a US$ 18.000 millones— se canaliza hacia Río Negro mediante un proyecto de licuefacción de gas natural en el Golfo de San Matías, liderado por un consorcio que integran compañías como YPF, PAE, Pampa Energía y Golar. Sin embargo, estos mismos analistas externaron reservas significativas respecto de factores estructurales que afectarían la capacidad de atracción de capitales internacionales: la persistencia de tasas de variación de precios de dos dígitos, la volatilidad de los tipos de cambio y la credibilidad limitada de los compromisos de política pública. Conforme señalaron desde la agencia, "inclusive proyectos protegidos por marcos legales sólidos enfrentarían vulnerabilidades derivadas de shocks sistémicos en contextos de tensión financiera".
Una agenda legislativa comprimida
Más allá de la iniciativa de incentivos tributarios, el Gobierno solicitó la convocatoria a sesión extraordinaria para la mañana de miércoles con el propósito de tramitar aproximadamente una docena de proyectos de ley. Entre ellos destaca la denominada Ley Hojarasca, impulsada por Federico Sturzenegger desde su responsabilidad en la cartera de desregulación, orientada a la eliminación de aproximadamente 70 regulaciones que, según la perspectiva oficial, generan restricciones innecesarias al funcionamiento empresario. Simultáneamente, se incluyó en la agenda parlamentaria la revisión del régimen de zona fría, estructura tributaria que actualmente otorga descuentos en tarifas de gas a más de 4 millones de hogares situados en jurisdicciones australes. La reducción o supresión de estos beneficios se inscribe dentro de la estrategia de contención del gasto público y sostenimiento del equilibrio presupuestario de cero déficit.
El despliegue simultáneo de estas iniciativas —reforma tributaria, desregulación y ajuste del gasto social— constituye un movimiento multidimensional orientado a reconciliar dos objetivos que históricamente han resultado tensionantes: estimular la entrada de capitales privados mediante incentivos fiscales agresivos, mientras se mantiene la disciplina fiscal que caracteriza el plan macroeconómico de la actual administración. Las implicancias de esta estrategia abarcan dimensiones tanto económicas como políticas. Desde una óptica de corto plazo, la aprobación legislativa de estas medidas dependería de la capacidad negociadora del oficialismo en un Congreso fragmentado donde no posee mayoría propia. Desde una perspectiva de mediano plazo, la efectividad de estos instrumentos en la generación de empleo e inversión productiva —y no meramente especulativa— permanecerá como variable crítica a observar durante los próximos trimestres. Analistas de distintas escuelas de pensamiento económico discrepan respecto de si instrumentos de carácter tributario lograrían contrarrestar estructuras de desconfianza derivadas de contextos macroeconómicos volátiles, o si por el contrario la expansión de beneficios selectivos profundizaría fragmentaciones en la base productiva del país.
