La administración nacional continúa tejiendo su estrategia para reactivar una economía que atraviesa un período de estancamiento relativo, y lo hace mediante la expansión de sus herramientas de atracción de capital extranjero. Desde la cabina presidencial en vuelo hacia territorio argentino, Javier Milei anunció la elaboración de un proyecto de ley para crear una versión mejorada del RIGI, ese régimen de estímulos fiscales que ya existe desde hace casi dos años pero que, según la visión del Ejecutivo, requiere de potenciamiento. La noticia revela tanto la continuidad de una apuesta política como la urgencia implícita: si el mecanismo original no generó los resultados esperados, al menos en la velocidad deseada, entonces debe crearse uno más atractivo aún. Lo que cambia es el alcance: sectores completamente nuevos para el país, beneficios tributarios y aduaneros más generosos, y una apuesta clara hacia actividades que apenas hace unos años parecían ciencia ficción.
El mandatario se expresó de manera desenfadada durante su regreso desde Estados Unidos, utilizando metáforas bélicas en redes sociales para describir su iniciativa legislativa. Explicó que, careciendo de recursos para adquirir cierto armamento sofisticado, lanzaría en su lugar una "mega bomba" legislativa. El proyecto del "SÚPER RIGI" incluiría ventajas superiores a las del régimen vigente y aplicaría a industrias que nunca antes operaron en la Argentina. Aunque el anuncio careció de especificaciones técnicas detalladas, el Presidente señaló que el mecanismo permitiría la constitución de nuevas empresas orientadas a satisfacer demandas de sectores económicos dinámicos, con el potencial de multiplicar puestos de trabajo. La formulación, aunque ambigua en sus pormenores, muestra una dirección clara: ampliar el abanico de actividades beneficiadas y profundizar los incentivos.
Contexto de urgencia: la economía necesita reanimación
El anuncio surge en un contexto específico de necesidad económica. Durante los últimos doce meses, la actividad productiva ha mostrado un patrón errático, caracterizado por caídas pronunciadas seguidas de recuperaciones parciales, sin lograr un crecimiento sostenido. El Banco Central redujo tasas de interés en un esfuerzo por reactivar el crédito, pero los resultados en términos de circulación de dinero hacia la inversión privada han sido modestos. Paralelamente, durante el cuarto trimestre del año pasado, Argentina experimentó una salida neta de inversión extranjera directa por aproximadamente US$ 4.687 millones, lo que revirtió completamente los ingresos acumulados a lo largo del período anterior. Este dato es significativo: el régimen de incentivos, puesto en marcha en agosto de hace casi dos años, no logró consolidar un flujo consistente de capital del exterior.
El mecanismo original del RIGI fue diseñado con ambición: proyectos superiores a los US$ 200 millones de inversión mínima accedían a estabilidad tributaria por treinta años, exenciones aduaneras excepcionales, regímenes cambiarios especiales y la posibilidad de dirimir conflictos en tribunales internacionales. Hasta el presente, doce iniciativas fueron aprobadas con un volumen de US$ 26.446 millones, mientras veintiuno se encuentran en fase de evaluación por US$ 52.969 millones. Sin embargo, la concentración de estos proyectos resulta reveladora: la mayoría se localiza en hidrocarburos y minería, sectores donde empresas como YPF poseen presencia hegemónica. Construcción, que podría beneficiarse con montos mínimos de US$ 20 millones, no registró adhesión alguna. En otras palabras, el régimen funcionó principalmente como un instrumento de apoyo a industrias extractivas que ya operaban, antes que como impulsor de diversificación productiva.
Inteligencia Artificial: el sector privilegiado en la mira
Entre los sectores emergentes que el Gobierno identifica como prioritarios para el nuevo régimen destaca la Inteligencia Artificial. Resulta revelador que en octubre pasado se anunciara el proyecto StarGate, una inversión de US$ 25.000 millones de OpenAI para construir un megacentro de procesamiento de datos en la Patagonia. Dicha iniciativa fue presentada con gran despliegue mediático, aunque posteriormente el Ministerio de Economía aclaró que no ha recibido solicitud formal de adhesión al RIGI, por lo que no existe expediente abierto ni evaluación en curso. Esta situación ilustra una paradoja: el proyecto más emblemático anunciado no ingresó al régimen oficial. Aún así, el interés por atraer empresas de inteligencia artificial es manifiesto. Federico Sturzenegger, funcionario de alto rango en la administración, busca promover la creación de sociedades gestionadas completamente por sistemas de inteligencia artificial, lo que implicaría una reforma profunda de la ley de constitución de empresas. Este proyecto tampoco posee fecha definida para su remisión al Congreso.
La apuesta por la inteligencia artificial forma parte de una visión más amplia sobre cómo debe modernizarse la economía argentina. A diferencia de los sectores tradicionales que conforman actualmente el RIGI, la IA representa una actividad donde la inversión inicial puede no seguir los patrones convencionales y donde la generación de empleo adopta características distintas. Un funcionario consultado sobre el propósito del "súper RIGI" indicó que se trata fundamentalmente de un "incentivo para adelantar inversiones y que coloquen recursos ahora", sugiriendo que el objetivo primario no es simplemente atraer capital, sino comprimirlo en el tiempo. Durante una reunión que el Ministro de Economía mantuvo con ejecutivos de grandes corporaciones estadounidenses —incluyendo Amazon, General Motors, FedEx, Cargill, Caterpillar y Rio Tinto—, las "oportunidades del RIGI" fueron tema de conversación, señalando que el interés de grandes actores globales persiste, aunque con cautela respecto a la efectividad del mecanismo en su formato actual.
Ajustes previos y las limitaciones del régimen original
Antes de que Milei anunciara esta nueva iniciativa, el Gobierno ya había profundizado en febrero el régimen vigente mediante el Decreto 105. Esta norma extendió el plazo de adhesión hasta julio de 2027, amplió los beneficios fiscales y permitió la incorporación de nuevas actividades sectoriales. Se incluyó el upstream petrolero, se redujeron montos mínimos para proyectos de extracción marina, se facilitó el ingreso de iniciativas tecnológicas y se simplificaron los trámites para la importación de bienes destinados a infraestructura esencial. A pesar de estas mejoras, la realidad demuestra que expandir un régimen de incentivos no garantiza automáticamente su aprovechamiento masivo. El desafío estructural permanece: la capacidad de inversión en proyectos de gran escala es limitada en sectores más allá de energía y minería.
En el ámbito privado existe una percepción que, aunque el RIGI ofrece ventajas significativas, pocos sectores de la economía argentina cuentan con la envergadura financiera para acceder a él. Un proyecto de construcción de envergadura, incluso con el umbral reducido a US$ 20 millones, no resultó atractivo bajo el régimen actual. Gobernadores de provincias cordilleranas, donde la minería es relevante, expresan preocupación por convertir los anuncios en hechos concretos: buscan que las inversiones aprobadas se traduzcan efectivamente en empleo y actividad económica en sus territorios. Esta brecha entre lo anunciado y lo ejecutado es un patrón que se repite: varias de las iniciativas aprobadas bajo el RIGI ya estaban en marcha o habían sido anunciadas con anterioridad a su creación, por lo que el régimen funcionó más como legitimador de proyectos preexistentes que como catalizador de nuevas iniciativas.
La nueva propuesta del Ejecutivo, aunque aún carente de detalles legislativos públicos, intenta superar estas limitaciones mediante una lógica simple: si los incentivos no son suficientemente atractivos, hay que hacerlos aún más generosos. Si los sectores beneficiados son insuficientes, deben incluirse nuevos. Si la velocidad de adhesión y ejecución es lenta, deben modificarse los plazos. Sin embargo, la pregunta pendiente es si estas medidas fiscales pueden realmente transformar decisiones de inversión que responden también a factores macroeconómicos más amplios, como estabilidad cambiaria, contexto inflacionario, y percepciones globales sobre riesgo país. El anuncio refleja confianza en que estos incentivos pueden ser el factor determinante; la realidad de las salidas de capital durante los últimos meses del año anterior sugiere que otros elementos juegan roles igualmente relevantes.
Las implicancias futuras de esta ampliación serán múltiples y dependerán de factores variables. Desde una perspectiva optimista, un régimen más generoso podría efectivamente anticipar decisiones de inversión, particularmente en sectores de tecnología donde las barreras regulatorias suelen ser significativas. Desde una perspectiva crítica, ampliar beneficios fiscales reduce ingresos tributarios sin garantizar contrapartidas económicas proporcionales. Para gobernadores y gobiernos locales, el impacto dependerá de si las inversiones se concentran territorialmente y generan empleo genuino o si simplemente trasladan recursos sin crear dinámicas productivas locales duraderas. Para empresas internacionales, los incentivos pueden resultar decisivos o secundarios según sus propias estrategias de expansión global. Lo cierto es que el Gobierno apuesta todas sus fichas a la inversión extranjera como motor de recuperación, una visión que permanece sujeta a los ciclos de confianza global y a circunstancias que trascienden las medidas de política económica doméstica.
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