La estructura de la asistencia social en Argentina experimenta una transformación radical bajo la actual administración, marcada por una decisión deliberada: fortalecer únicamente la Asignación Universal por Hijo mientras contrae de manera selectiva el resto del entramado de prestaciones que atienden a poblaciones vulnerables. Este reordenamiento presupuestario no es producto de circunstancias azarosas ni del simple devenir de las políticas públicas, sino de una apuesta política explícita que redibuja quién recibe qué y cómo llegan los recursos estatales a los sectores de menor poder adquisitivo. Lo que cambia es, fundamentalmente, el modelo de distribución del gasto social y sus implicancias para millones de ciudadanos.

Los números revelan una bifurcación sin precedentes. Entre noviembre de 2023 y marzo de 2024, según análisis especializados, la AUH experimentó un incremento de aproximadamente 88% por encima de la inflación acumulada en ese período. No se trata solamente de un ajuste nominal para mantener el poder de compra: es un aumento genuino que combinó tanto la incorporación de nuevos beneficiarios como el incremento de los montos individuales. El cálculo de la entidad oficial responsable del seguimiento del gasto asistencial revelaba en términos nominales —sin descontar el efecto inflacionario— un crecimiento del 561%, cifra que naturalmente resulta más impactante aunque menos reveladora que el análisis en términos reales. Mientras tanto, la tarjeta Alimentar creció nominalmente 137,5%, pero cuando se descuenta la inflación efectiva, la prestación experimentó una caída cercana al 6% en su capacidad adquisitiva.

La lógica detrás del reordenamiento: directitud versus intermediarios

Desde el Ministerio de Capital Humano se justifica esta concentración del gasto mediante un argumento político que trasciende lo meramente presupuestario. La administración asegura que en el momento en que asumió, el 50% de los recursos destinados a sectores vulnerables circulaba a través de lo que denominan "intermediarios"—una referencia que evoca los conflictos históricos sobre la distribución de planes sociales mediante organizaciones territoriales. Hoy, sostienen, ese porcentaje se redujo a menos del 7%, lo que significa que el 93,5% del dinero destinado a asistencia se canaliza directamente hacia las cuentas bancarias de las familias beneficiarias. Esta transformación apunta a un modelo de transferencia sin mediación, que busca desactivar lo que los funcionarios ven como estructuras clientelares. Los efectos de este cambio no son triviales: implica una redefinición del rol de las organizaciones sociales en la cadena de distribución de recursos, generando tensiones políticas que van más allá de las cifras presupuestarias.

El impacto en la cobertura de necesidades básicas ilustra el alcance de estas decisiones. En noviembre de 2023, la combinación de la AUH y la Prestación Alimentar cubrían el 55% de la Canasta Básica Alimentaria para una familia tipo. Para febrero de 2024, ese porcentaje ascendió a 87%, un salto que en el discurso oficial aparece como un logro redistributivo considerable. Sin embargo, esta mejora debe contextualizarse dentro del panorama más amplio: mientras estos dos programas ganaban músculo presupuestario, otros esquemas de asistencia experimentaban contracciones significativas. El fenómeno adopta características paradójicas cuando se observa desde la perspectiva de los incentivos económicos. Especialistas advirtieron sobre una situación poco común: como resultado de estos cambios, un trabajador desempleado o sin registro formal que recibe la AUH percibe ahora más dinero por cada hijo que un empleado registrado que recibe asignaciones familiares congeladas desde hace meses. Esta inversión genera interrogantes sobre los estímulos para la formalización laboral, tema que preocupa en los análisis de política económica.

El lado oscuro: las prestaciones que quedaron atrás

Mientras la AUH ganaba espacio fiscal, otros renglones del gasto social sufrieron recortes que van desde lo moderado hasta lo radical. La Pensión Universal para el Adulto Mayor, destinada a jubilados con aportes previsionales insuficientes y equivalente al 80% del haber mínimo, experimentó una caída del 30% en términos reales. Se trata de un grupo demográfico cuya vulnerabilidad económica es evidente, y el ajuste impactó directamente sobre su poder de compra mensual. Los planes Progresar y Potenciar Trabajo—diseñados respectivamente para estudiantes y para personas en búsqueda de empleo—sufrieron contracciones que superan el 70% en términos reales. Estos recortes no fueron producto de la erosión inflacionaria únicamente, sino de decisiones activas de desfinanciamiento que incluyeron eliminación de programas específicos, reducción del número de beneficiarios y restricción de prestaciones. El PAMI, institución que gestiona la salud de jubilados, también vio reducidos sus fondos de manera discrecional. Las asignaciones familiares fueron parcialmente congeladas en sus montos, permitiendo que la inflación las licuara progresivamente.

Un dato histórico ofrece perspectiva sobre la evolución de la AUH. Según investigaciones del Observatorio de la Deuda Social, el momento en que esta asignación tuvo el mayor poder de compra—medido como porcentaje de la canasta alimentaria básica para una familia con dos hijos—fue a mediados de 2021, cuando alcanzaba el 57% del costo total. El punto más crítico llegó justo antes del cambio de administración actual, cuando la AUH cubría apenas el 28,1% de esa canasta. Los cálculos posteriores indican que el porcentaje se recuperó al 44,7%, lo que evidencia una mejora sustancial pero que aún no retorna a los máximos históricos. Este contexto temporal es crucial para entender que estamos ante un programa que, si bien mejoró significativamente desde el punto más bajo reciente, mantiene distancia con sus niveles más generosos de cobertura.

Las implicancias de este reordenamiento de prioridades presupuestarias abren múltiples escenarios. Desde una óptica, el blindaje de la AUH puede interpretarse como un reconocimiento de su importancia para millones de hogares y una apuesta por entregar recursos sin intermediación institucional. Desde otra perspectiva, el desfinanciamiento selectivo de otros programas—particularmente aquellos dirigidos a estudiantes o desempleados—puede generar dinámicas perversas en el mercado laboral y educativo, desalentando la formalización y afectando oportunidades de movilidad social. Los analistas observan con atención cómo esta estructura sostenida en el tiempo podría profundizar desigualdades dentro del segmento de poblaciones vulnerables, creando categorías de beneficiarios con protecciones distintas. La pregunta que persiste es si este modelo concentrado de asistencia—altamente dependiente de la AUH—resulta resiliente ante futuras turbulencias económicas o si requeriría rebalanceos que actualmente no están en el horizonte político visible.