La Argentina enfrenta en estos meses un dilema que trasciende las fluctuaciones típicas del calendario electoral. No se trata simplemente de quién gobernará a partir de 2027, sino de una pregunta más profunda sobre cómo se estructura la representación política cuando los dos grandes bloques históricos pierden gravitación. El escenario que se dibuja es radicalmente distinto al que predominó durante los últimos cuarenta años, y esto genera consecuencias que aún no se terminan de procesar en los despachos de poder. La debilidad ejecutiva en el Congreso, combinada con la fragmentación de coaliciones que antes parecían monolíticas, expone la verdadera magnitud del problema: un gobierno que carece de legitimidad electoral propia intenta gobernar mediante improvisación, mientras que las fuerzas políticas tradicionales se replantean sus alianzas sin certeza sobre cuál es el camino correcto.

La ilusión del centro y la realidad de la polarización

Desde el retorno de la democracia en 1983, el sistema político argentino experimentó transformaciones profundas en su arquitectura electoral. Aquel esquema inicial donde radicales y peronistas se repartían el electorado cedió paso a configuraciones más complejas. A mediados de los años noventa surgió una alternativa de centro representada por figuras que provenían de ambas familias políticas tradicionales. El FrePaSo logró canalizar casi 5 millones de votos en la fórmula presidencial de 1995, demostrando que existía un segmento importante de votantes que buscaba escapar de la bipolaridad clásica. Sin embargo, ese movimiento terminó disolviéndose en la década siguiente, absorbido nuevamente por los grandes bloques.

Lo que caracteriza al sistema actual es lo que analistas han denominado bicoalicionismo imperfecto: una dualidad de coaliciones que se enfrentan de manera flexible y dinámica. Cuando se presentó el ballotage de 2023, esta estructura fue sometida a prueba extrema. El colapso en la selección de candidatos y en los diagnósticos de la dirigencia terminó llevando a la presidencia a quien menos votos había reunido en la primera vuelta. Sin embargo, lo notable es que los bloques peronista y no peronista mantuvieron su fidelidad. En las elecciones de 2025, el no peronismo obtuvo el 41% y el peronismo alcanzó el 34% del voto. Estos números revelan que, a pesar de la irrupción de nuevas fuerzas políticas, la mayoría del electorado continúa depositando su confianza en las estructuras tradicionales.

Paradójicamente, el clamor por escapar de la polarización persiste en los dirigentes políticos. La conferencia sobre gobernanza municipal realizada en la Usina del Arte, en el barrio porteño de La Boca, organizada por el gobierno local, intentó demostrar que existe espacio para un proyecto que se ubique fuera de los extremos. Más de 300 expertos y 30 intendentes de distintas provincias y de variadas filiaciones políticas concurrieron al evento. Julio Alak, intendente de La Plata y precandidato a gobernador, compartió el espacio con figuras de otras orientaciones, como Leonel Chiarella, presidente de la UCR Nacional, y Soledad Martínez, vicepresidenta del PRO. Aunque el encuentro se enfocó en temas como inteligencia artificial y urbanismo inteligente, lo que realmente ocurrió fue una demostración de que los dirigentes comunales logran convivir cuando se apartan de las trincheras nacionales de batalla.

Kicillof: la apuesta riesgosa por la ruptura interna del peronismo

Dentro de la familia peronista, existe una táctica que busca diferenciarse del cristinismo más férreo. El gobernador bonaerense mantiene deliberadamente distancia respecto de la conducción encabezada en San José 1111, especulando con que esta separación le permitirá atraer tanto a peronistas moderados como a votantes independientes que rechazan a la expresidenta pero tampoco migran hacia la centro derecha. La teoría detrás de esta maniobra es que si logra presentarse como una alternativa peronista pero distanciada del ala cristinista, podría capturar un segmento de votantes que se siente huérfano de representación. Se mantiene alejado aun cuando eso le cueste la acusación de que le tiene miedo a su rival interno. Transmite la imagen de una víctima resistente, cuando lo que necesitaría es proyectar hambre de poder e ilusión de victoria.

Esta estrategia tiene consecuencias concretas en el terreno legislativo. El gobernador promueve la permanencia de las primarias PASO, considerando que son el mecanismo mediante el cual podría derrotar a Cristina Fernández o a sus candidatos en una interna. La candidatura más probable para representar a la corriente cristinista sería la de Sergio Massa, quien obtuvo 44 puntos en el ballotage de 2023, precisamente en el momento más crítico para el peronismo. Sin embargo, la propia estructura legislativa revela las contradicciones internas: una diputada del bloque massista votó en el Chaco por la suspensión de las PASO locales, quebrando un empate de 16 a 16 en la legislatura provincial y permitiendo que el radical Leandro Zdero llevara esa victoria a Diego Santilli, jefe de gobierno porteño. Masa negó posteriormente haber impartido esa orden, con lo que la brecha dentro del peronismo se amplificó. La ironía es que sostener las PASO es política oficial del peronismo nacional, y la primera que la transgrede es una legisladora que accedió al cargo por indicación de quien después niega haberla instruido.

El riesgo de esta apuesta por la ruptura es que, en la historia política argentina, quien se divide termina perdiendo. La fragmentación del peronismo en 2023 demostró esto de manera contundente. Si ahora se profundiza esa división, con Kicillof en un polo y la cristina en otro, podría ocurrir que ni uno ni otro tengan la fuerza suficiente para competir efectivamente en 2027. Además, la apuesta genera abstención, que es hoy la manifestación más clara del voto castigo. Un riesgo que no solo amenaza al peronismo sino que podría beneficiar a terceras opciones.

El espacio de centro derecha y la candidatura de Lacunza

En el flanco opuesto del espectro político, también existe una fracción significativa del voto que busca diferenciarse. Aunque en 2023 y 2025 ese segmento apoyó a Javier Milei desde estructuras como el PRO, la UCR y otros partidos menores, ahora comienza a buscarse alternativas que se corrijan de la polarización. La vicepresidenta Victoria Villarruel aparece en los análisis como una posible candidata con proyecciones de captar alrededor del 5% del electorado. Pero la opción que genera mayor expectativa es la de Hernán Lacunza, una figura que mantiene la ortodoxia económica que caracteriza al gobierno de Milei pero sin las extravagancias ni los gestos provocadores que definen al presidente. Lacunza podría llegar a captar hasta el 10% de ese voto que busca coherencia económica sin teatralidad política.

Si la candidatura de Lacunza prospera, o si Villarruel logra desplegarse como opción viable, se produciría un desplazamiento hacia el centro que impediría la reelección de Milei. El presidente no cuenta con partido propio, ni con una estructura de funcionarios leales, ni con gobernadores que respalden su proyecto, ni con un programa coherente que pueda ofrecerse al electorado. Su llegada al poder fue resultado de factores azarosos, de una confluencia de circunstancias que ni el más perspicaz estratega político habría podido anticipar. En un contexto de múltiples candidaturas viables, el mileísmo se vería diluido.

El colapso del control legislativo

La debilidad del gobierno se manifiesta de manera palmaria en el Congreso. El Senado se ha convertido en un territorio prácticamente ingobernable para la administración ejecutiva. Hace pocas semanas, la cámara alta no pudo reunir quórum para sesionar en tres plenarios de comisión simultáneamente. Uno de estos plenarios debía resolver el dictamen final sobre la Ley de Empalme, que busca vincular el régimen de promoción industrial creado por la ley de derogación laboral con el RIGI. Otro plenario estaba destinado a discutir el SuperRigi, y el tercero a la ley de bonos de carbono. En los dos primeros casos, simplemente no hubo número para iniciar las sesiones. Los dictámenes quedaron en circulación, sujetos a modificaciones sobre las cuales todo legislador puede incidir.

La vice presidenta Victoria Villarruel ha adoptado una postura intransigente respecto de los reemplazos en las comisiones, argumentando que si los legisladores se anotan en comisiones deben asistir. Con esta posición, busca ejercer el único poder que le han dejado los mileístas: la capacidad de desempate en caso de empate. Sin embargo, esta rigidez genera conflictos porque limita las opciones de los aliados para cubrir ausencias. Los gobernadores, conscientes de que el gobierno no puede garantizar nada, han comenzado a manejar sus votos como moneda de cambio. El resultado es que cada proyecto que sale de las manos del Poder Ejecutivo regresa debilitado, modificado, desfigurado respecto de su forma original.

El punto de quiebre en esta pérdida de control legislativo ocurrió cuando se trató la llamada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad. El proyecto llegó al Senado con múltiples artículos pero terminó perdiendo la mitad de ellos. La oposición logró voltear disposiciones críticas: el capítulo que liquidaba la Ley de Villas, las normas sobre venta de propiedades a extranjeros en zonas de frontera, y los cambios a la legislación sobre manejo del fuego. Fue un Waterloo legislativo que marcó el fin de la mejor época del gobierno, aquella que transcurrió entre 2023 y 2024, cuando figuras como Juan Carlos Romero en el Senado coordinaban un interbloque de 39 legisladores que mantenía al cristinismo alejado de la conducción del cuerpo.

En Diputados ocurrió un desplome similar. Miguel Pichetto funcionó durante 2023 y 2024 como eje de un interbloque bisagra que permitía al gobierno contar con apoyos suficientes. Ese liderazgo permitió salvar lo que quedaba de la Ley de Bases y evitar que el DNU 70 —que constituye la carta magna del gobierno de Milei— fuera pulverizado. Sin embargo, en 2025, tanto Romero como Pichetto perdieron su gravitación. Romero abandonó el Senado. Patricia Bullrich asumió la coordinación del entendimiento en el no peronismo, pero su capacidad de convocatoria es limitada. Actualmente, el oficialismo no reúne ni los 37 votos necesarios para iniciar un debate sobre reforma política con eliminación de las PASO. Existe riesgo de empate, y en tal caso sería Villarruel quien desempatara, potencialmente en contra del gobierno.

En la cámara baja, Provincias Unidas quedó bajo la conducción de una diputada del PRO, y Juan Schiaretti declinó ejercer liderazgo. Pichetto se encuentra sin la fuerza que había construido desde hace años, buscando ahora un lugar en la cúpula del peronismo. La oposición, mientras tanto, se prepara para convocar a sesiones sin el oficialismo, con el objetivo de lograr quórum y tratar proyectos que han permanecido cajoneados. El llamado a una sesión de este tipo ya reunía 133 adhesiones la semana pasada, cuando se requieren 129 para constituir quórum. Es probable que para el miércoles 9 de este mes se alcancen más firmas. Entre los temas a tratar figura la prórroga de la emergencia de discapacidad y normas para auxiliar a deudores financieros.

La tentación de los viejos manuales

Ante la evidencia de su debilidad, el gobierno ha comenzado a recurrir a los manuales que suelen utilizar las administraciones con baja legitimidad. La más reciente es la explotación de la cuestión Malvinas como herramienta de distracción política. Históricamente, los gobiernos con escasas bases propias han intentado capitalizar el consenso nacional respecto de la soberanía sobre el archipiélago. El oficialismo intentó convocar a sesión en el Senado esta semana para algunos temas, pero no logró coordinar los tiempos. Es un síntoma más de su incapacidad para controlar la agenda legislativa.

Paralelo a esta debilidad legislativa, el gobierno intenta proyectar una imagen de proyecto político viable. Mauricio Macri ha estado orquestando una operación de pinzas que busca posicionar a Hernán Lacunza como candidato presidencial viable, mientras simultáneamente mantiene negociaciones con Cristian Ritondo y Fernando de Andreis para rendir pleitesía a la Casa de Gobierno y negociar con Diego Santilli. En el nivel local, las instrucciones apuntan a que Jorge Macri, primo del expresidente, consiga negociar un ticket electoral para 2027 que prolongue el control del gobierno porteño. La conferencia de gobernanza comunal fue presentada por el gobierno local como una iniciativa municipal, pero tuvo todo el aire de un ensayo de campaña presidencial, una demostración de capacidad de convocatoria más allá de las líneas polarizadas.

Incluso fue novedoso que funcionarios de Jorge Macri viajaran a Mendoza en misión de la Fundación Pensar acompañados por Silvia Lospennato y Facundo Quintana, cercanos a Mauricio. La tribu Macri ha sido caracterizada históricamente como fragmentada, por lo que estas muestras de coordinación resultan significativas para interpretar dónde se están colocando apuestas políticas de mediano plazo.

Incertidumbre y divergencias de perspectiva

La erosión del control gubernamental genera incertidumbre en múltiples direcciones. Los mercados financieros, ese "turbio rumor" que mide constantemente el riesgo país, perciben la debilidad. El hecho de que el gobierno no pueda garantizar el tratamiento legislativo de sus iniciativas clave, como el Presupuesto 2027, genera dudas sobre su capacidad de implementar políticas. Por otro lado, la posibilidad de que emerjan múltiples candidaturas vi