La negociación entre el Ejecutivo nacional y los mandatarios provinciales que respaldan la gestión acaba de revelar una verdad incómoda: quien creía tener las riendas del poder ahora depende de quienes controlan territorios y representación política real. El escenario se volvió más complejo esta semana cuando una resolución inesperada de la Corte Suprema abrió una puerta que el gobierno había cerrado con candado, obligándolo a enfrentar una discusión sobre sus propios fundamentos justamente en el peor momento: cuando intenta consolidar alianzas para una eventual reelección.

Durante el encuentro de la noche del miércoles en la biblioteca dedicada al escritor argentino en la sede diplomática francesa, la administración le presentó a los 13 gobernadores aliados una propuesta concreta: cerrar antes de noviembre un acuerdo político que incluyera compromisos electorales mutuos para 2027 y la eliminación del sistema de primarias. La respuesta, aunque cortés, fue un portazo disfrazado de pragmatismo. Los mandatarios provinciales explicaron que cada gobernador prefería negociar de forma bilateral, sin ataduras que pudieran condicionar sus propias estrategias territoriales. Así quedó documentado: por ahora, no hay unidad de criterios. El clima en la sobremesa se enfrió cuando los funcionarios de la troika gubernamental —Diego Santilli, Luis Caputo y Pablo Quirno— expresaron su frustración. Los anfitriones fueron atendidos por el embajador Ian Sielecki, quien explicó que ese espacio suele funcionar como coworking para emprendedores argentinos que pasan por la capital francesa, pero se retiró cuando la conversación ingresó en terrenos más delicados. El menú de pescado con acompañamientos clásicos y postre de crème brûlée resultó más agradable que el clima político.

El "regalo venenoso" que cambió todo

Lo que transformó la velada parisina en un punto de quiebre fue lo que sucedió casi simultáneamente en Buenos Aires. El máximo tribunal de justicia del país decidió derogar la Ley de Tierras de 2011, abriendo una ventana legal que permite a inversores extranjeros adquirir grandes extensiones de territorio fronterizo sin restricción alguna. Desde la perspectiva del gobierno, el timing resultó catastrófico. Un funcionario de la comitiva oficial lo expresó con crudeza: "Justo ahora nos vienen a reflotar el tema de tierras que no pudimos aprobar en el Senado". Hace apenas semanas, ese capítulo legislativo había sido derrotado en la cámara alta, acompañado de movilizaciones nacionalistas y reacciones patrimonialistas en todo el territorio nacional.

Pero la verdadera gravedad de la decisión judicial radica en sus consecuencias indirectas. Al derogar esa ley, la Corte eliminó de facto el amparo que había mantenido congelada toda discusión sobre el Decreto de Necesidad y Urgencia número 70, sancionado a inicios de 2023. Este DNU representa mucho más que una disposición administrativa: contiene la arquitectura completa del programa de gobierno, incluyendo reformas fiscales, laborales y de seguridad social. La oposición parlamentaria ya convocó a sesión para el 15 de octubre con la intención explícita de derogarlo. Para la coalición gobernante, esto significa que el documento fundamental sobre el cual se erige toda su gestión está nuevamente bajo la lupa legislativa, sin la protección judicial que antes lo blindaba.

Las primarias como campo de batalla político

La propuesta de eliminar las PASO —el sistema de primarias abiertas simultáneas y obligatorias— que el gobierno presentó en París tiene un objetivo claro pero políticamente riesgoso: asegurarle a Javier Milei la candidatura presidencial exclusiva por el espacio de la derecha. Sin embargo, los gobernadores comprenden perfectamente las implicaciones. Según perspectivas atribuidas a Patricia Bullrich, ministra de Seguridad y defensora de mantener las primarias, entregar sin resistencia la candidatura única sería equivalente a ceder toda capacidad de negociación futura. El razonamiento es directo: "Si le entregamos la candidatura exclusiva, entregamos todo y nadie va a poder sacarle más nada". Esta lógica explica por qué los mandatarios provinciales rechazaron suscribir compromisos que los atara antes de tiempo.

Algunos gobernadores presentes en la cena de París incluso ensayaron una hipótesis alternativa: que las primarias podrían beneficiar al presidente si las usa estratégicamente para consolidar su hegemonía dentro del espacio no peronista. Sin embargo, nadie avanzó demasiado en esa dirección porque existe un problema de fondo que todos identifican: el Ejecutivo aún no define claramente su estrategia de reelección. En 2023, Milei llegó a la presidencia mediante un balotaje que reflejaba principalmente el rechazo hacia las dos grandes coaliciones tradicionales, no necesariamente adhesión a un proyecto de largo plazo. Se apoyó en lo que quedaba del gobierno de Mauricio Macri para armar su administración. Reproducir ese escenario cuatro años después, en un contexto de menor prestigio político y económico, presenta desafíos significativamente mayores.

La dispersión en el espacio opositor al peronismo complica aún más el panorama. El PRO ya anunció que presentará candidato propio, siendo Hernán Lacunza uno de los nombres considerados. Bullrich mantiene un discurso ambiguo donde "el candidato es el proyecto", similar al que Cristina Fernández de Kirchner utilizó respecto a Scioli en 2015. La vice presidenta Victoria Villarruel está preparando su propio lanzamiento, ensamblado alrededor de un nacionalismo católico de corte peronista que, según sus colaboradores, cosechará suficientes votos como para fragmentar la oferta. La Unión Cívica Radical, a través de figuras como Mario Negri y Ernesto Sanz, también transita giras de recolección de apoyos para una candidatura presidencial del partido.

El desorden en la otra orilla

Si bien el caos potencial dentro del oficialismo es evidente, el peronismo no se encuentra en mejor posición. El cristinismo rechaza entregarle exclusividad de candidatura al gobernador bonaerense Axel Kicillof, quien a su vez mantiene una distancia palpable respecto al kirchnerismo. El gobernador ha expresado en privado y públicamente su temor a repetir el destino de Alberto Fernández, quien fue colocado en la presidencia por Cristina pero pasó todo su mandato siendo saboteado legislativamente por la propia coalición que lo había impulsado. La ruptura se profundizó cuando Kicillof separó del cargo a Martín Insaurralde, funcionario cercano a Máximo Kirchner, reemplazándolo con un hombre de su confianza, decisión que selló el distanciamiento.

La cumbre organizada por Sergio Uñac en San Juan el jueves de esa semana, presentada como una convocatoria al "centrismo" peronista, funcionó principalmente como un acto de presión hacia Kicillof. Máximo Kirchner y el propio anfitrión encabezaron críticas duras al gobernador bonaerense por su falta de actividad en el interior del país. Sin embargo, la ausencia de representantes del cristinismo más moderado y del massismo reveló que incluso dentro de ese sector existe fragmentación. Un dirigente nacional del peronismo explicó su ausencia con una lógica transaccional brutal: "Si voy tengo que hablar, y si tengo que hablar tengo que hablar bien de vos, y eso no lo voy a hacer, porque mi negocio es ser neutral". Viajar a San Juan significaba afiliarse al proyecto de Uñac, algo tan prematuro y arriesgado como lo que Milei pedía en París.

La redistribución de poder que estas negociaciones revelan indica un cambio de roles profundo. El Ejecutivo nacional, que durante buena parte de su primer año de gestión utilizó decretos de emergencia y discursos radicales para marcar la agenda política, ahora se encuentra en posición de demandante. Requiere del respaldo legislativo de los gobernadores aliados, necesita que el Congreso no derrogue su DNU, y depende de jueces sobre cuyas decisiones tiene cada vez menos influencia. Los mandatarios provinciales, por su parte, juegan desde una posición de fortaleza: son la base territorial real de la representación política argentina. Tienen la capacidad de movilizar electores, legisladores y recursos. Si cometen errores, pierden gobiernos completos. El minué político se ha invertido: quienes ayer parecían subordinados ahora conducen la música.

La incertidumbre sobre quién será el rival

Durante la conversación parisina, Luis Caputo, ministro de Economía, expresó una duda que revela las incertidumbres fundamentales del gobierno respecto al futuro: "Para mí que no llega a la candidatura", dijo refiriéndose a Kicillof como posible contrincante presidencial. La doctrina oficial supone que el rival será Cristina Kirchner o algún representante de su línea política. Pero la fragmentación dentro del peronismo y las propias debilidades del gobernador bonaerense abren escenarios alternativos. El gobierno mismo reconoce que no sabe con exactitud cuál será la composición del electorado en 2027, ni cuál será la estructura de candidaturas que enfrentará. En 2023, el espacio de Cambiemos había capturado el 41 por ciento de los votos, un número que no se repite automáticamente. El peronismo en su conjunto obtuvo 34 por ciento en 2023 y 44 por ciento en 2019, demostrando volatilidad considerable.

La fractura de ambas coaliciones potencia dinámicas impredecibles. Si el macrismo presenta candidato propio, si Villarruel se lanza como alternativa, si el radicalismo arma su propio proyecto, y si simultáneamente el peronismo se divide entre cristinistas, kicillofistas y otras variantes, la elección de 2027 podría resultar en una fragmentación sin precedentes. En ese contexto, ni el gobierno actual ni sus rivales tienen seguridad sobre cuál será la verdadera competencia. Las negociaciones actuales, entonces, se desarrollan en un terreno de arena movediza donde cada actor intenta posicionarse sin saber exactamente qué escenario final se configurará.

La muerte política y sus consecuencias institucionales

El fallecimiento hace pocos días del senador riojano Juan Carlos Pagotto agregó una capa más de complejidad a la trama política. Pagotto falleció poco tiempo después de participar en sesiones del Senado a pesar de encontrarse en estado de salud crítico. Sus médicos le habían recomendado no viajar a Buenos Aires, e incluso se le ofreció atención médica de excelencia en San Luis. Sin embargo, respondió a los requerimientos de la administración para que proporcionara cuórum en votaciones clave, incluyendo la reforma del Banco Central. Su sacrificio personal aseguró que esas leyes tuvieran luz verde, pero dejó una vacante crítica en la Comisión de Acuerdos del Senado, cargo que ejercía bajo la dirección del comisario político gubernamental Lule Menem.

Esta comisión adquiere importancia extraordinaria en los meses finales de cualquier mandato presidencial. En ella se tramitan asuntos administrativos de menor visibilidad pública pero enorme trascendencia institucional: designación de embajadores, oficiales militares, y potencialmente decisiones sobre ampliación o composición de la Suprema Corte y designación del procurador de la Nación. Pagotto era un abogado experimentado, político formado en política provincial, capaz de manejar esos asuntos delicados con conocimiento técnico y sensibilidad política. Su reemplazo por Nadia Márquez, senadora neuquina de línea intransigente de La Libertad Avanza, plantea interrogantes sobre si la nueva presidencia de Acuerdos podrá navegar esa complejidad con igual soltura. Márquez deberá adaptarse a una función que requiere no sólo lealtad al Ejecutivo sino también capacidad de diálogo y manejo de equilibrios institucionales delicados.

El peronismo se ha negado históricamente a integrar plenamente esa comisión, reclamando una representación que no le ha sido otorgada. Esto significa que las decisiones sobre nombramientos y asuntos institucionales se tomarán sin participación efectiva de la principal coalición opositora, amplificando potenciales críticas futuras sobre la legitimidad de esas designaciones. Pagotto, con su presencia constante a pesar de sus limitaciones físicas, había proporcionado al menos una apariencia de continuidad y expertise. Su ausencia marca un antes y después en la capacidad administrativa del gobierno para manejar los aspectos institucionales de su mandato.

Las consecuencias que se avecinan

El panorama que emerge de estos eventos —la negociación fallida en París, la sentencia de la Corte sobre tierras, la reapertura de la discusión sobre el DNU 70, la fragmentación electoral anticipada, la pérdida de Pagotto— configura una situación sin precedentes recientes en la política argentina. El gobierno que hace menos de un año parecía tener carta blanca para implementar su agenda, ahora se encuentra en posición defensiva, dependiendo de gobernadores que cobran sus apoyos al contado antes de dar nada. La Corte Suprema, lejos de ser un aliado automático, ha tomado una decisión que el Ejecutivo no pidió y que ahora lo compromete.

Para el oficialismo, los próximos meses significarán probablemente una lucha simultánea en múltiples frentes: intentar frenar la derogación del DNU 70 en el Congreso, renegociar con gobernadores que tienen menos razones cada día para comprometerse, y preparar una campaña electoral en condiciones mucho más adversas que las que imaginaba hace semanas. Para la oposición, la reapertura de la discusión sobre el decreto de emergencia es una oportunidad de objetar la plataforma completa del gobierno, aunque su propia fragmentación limita su capacidad de aprovecharla. Para los gobernadores de todos los espacios, esta es la hora de maximizar sus ganancias territoriales y legislativas, aprovechando que tanto el gobierno como la oposición necesitan de