El Estado argentino ratifica su apuesta por un modelo de transferencias monetarias directas sin intermediación. A través de una nueva resolución oficial, el Ministerio de Capital Humano extiende por veinticuatro meses adicionales la vigencia del Programa Acompañamiento Social (PAS), mecanismo que surgió como alternativa después del cierre del histórico plan Potenciar Trabajo. La decisión administrativa trae consigo tanto continuidades como modificaciones en los criterios de operación de este dispositivo de protección social que alcanza a decenas de miles de argentinos en situación de fragilidad económica. El monto que percibirán los titulares en el quinto mes del año mantiene su nivel previo: $78.000, cifra que no registra variaciones respecto a los períodos anteriores.

Comprender el escenario presente requiere repasar los cambios ocurridos en la política asistencial nacional durante los últimos meses. El programa que conocimos durante años con la denominación Potenciar Trabajo fue desarticulado, dando lugar a una bifurcación administrativa. De aquella iniciativa emergieron dos vertientes diferenciadas: por un lado, el PAS, destinado a públicos específicos; por otro lado, una propuesta denominada Volver al Trabajo, que funcionó durante un lapso temporal predeterminado y que recientemente concluyó su ciclo. Este último programa completó sus veinticuatro meses de ejecución en abril pasado y fue transformado en un esquema de bonificación para acceso a capacitaciones en oficios y especialidades profesionales. Tal mutación refleja una redefinición de los objetivos gubernamentales en materia de asistencia: se transita desde transferencias monetarias continuas hacia instrumentos que enfatizan la formación laboral.

Quiénes acceden y bajo qué condiciones

El Programa Acompañamiento Social está dirigido a poblaciones específicas que presentan características socioeconómicas determinadas. En primer lugar, los mayores de 50 años sin ocupación formal o con empleo precario. En segundo término, las madres que tienen cuatro o más menores de dieciocho años a su cargo y que atraviesan situaciones de vulnerabilidad económica comprobada. Una tercera categoría comprende a personas derivadas de unidades de gestión del Poder Ejecutivo Nacional que enfrentan circunstancias consideradas especiales. La iniciativa, según consta en los documentos oficiales, busca dos objetivos entrelazados: promover la integración social efectiva y fortalecer el bienestar de las familias, dotándolas de herramientas para alcanzar su propia autonomía mediante el desarrollo de competencias personales y laborales. No se trata únicamente de dinero distribuido sin condiciones, sino de un complemento económico pensado como catalizador de procesos más amplios de empoderamiento.

Una característica significativa del programa radica en su compatibilidad con el trabajo remunerado. Los titulares que consiguen empleos formales registrados no pierden automáticamente el beneficio. Sin embargo, existe un umbral: la compatibilidad se mantiene siempre que el salario bruto mensual declarado sea inferior al Salario Mínimo, Vital y Móvil establecido para cada período. En mayo, ese piso se ubicará en los $363.000. Esta configuración permite que trabajadores de bajos ingresos accedan a un complemento que mejore su poder adquisitivo sin generar incentivos para la informalidad económica, al menos en teoría. La decisión denota una intención de combinar el respaldo estatal con la participación en el mercado laboral formal, evitando crear trampas de pobreza donde la percepción de asistencia desincentive la búsqueda de empleo.

Nuevos requisitos y eliminación de intermediarios

La Resolución 90/2026, publicada en el Boletín Oficial recientemente, introduce cambios en los procedimientos operativos del programa. La línea más clara en estos ajustes apunta a la verificación del cumplimiento de las llamadas corresponsabilidades, términos mediante los cuales se designan obligaciones que asumen los beneficiarios a cambio de la transferencia. Paralelamente, los nuevos lineamientos suscritos por la titular de Capital Humano, Sandra Pettovello, enfatizan un aspecto que ha sido central en la retórica política de la administración actual: la eliminación de intermediarios en la cadena de distribución de beneficios. La antigua estructura contemplaba que los receptores de fondos participaran en organizaciones sociales o dependencias ejecutivas para validar su continuidad en el programa. Esa modalidad ha sido reemplazada. Los beneficiarios ya no están obligados a vincularse con entidades intermedias ni a participar en las actividades que estas promuevan. La transferencia opera de manera directa, sustentada en verificaciones que realiza la administración estatal mediante bases de datos y confirmaciones de requisitos.

Esta reconfiguración tiene implicancias que trascienden lo meramente administrativo. La arquitectura anterior del Potenciar Trabajo mantenía un entramado donde organizaciones comunitarias, cooperativas y asociaciones civiles jugaban roles mediadores. Funcionaban como puntos de contacto, espacios de contención y, frecuentemente, como instituciones que promovían debates sobre derechos y ciudadanía. La nueva estructura minimiza esos espacios. El discurso oficial lo presenta como un avance hacia la desburocratización y la reducción de corruptelas; otros actores lo interpretan como un debilitamiento de redes asociativas que habían acumulado importancia durante años de políticas participativas. Los interesados en resolver dudas sobre el programa pueden acceder mediante la aplicación móvil Mi Argentina, utilizando sus datos de identidad, y consultar estado, situación particular y fechas de percepción del beneficio. Alternativamente, existe una casilla de correo electrónico destinada a consultas específicas. Adicionalmente, se ha habilitado un canal de denuncias para reportar irregularidades en la distribución o gestión de fondos.

La perpetuación del monto de $78.000 para mayo representa una decisión de mantener la capacidad adquisitiva del programa en términos nominales. Sin embargo, en el contexto inflacionario argentino, donde la variación de precios ha mostrado tasas elevadas durante los últimos períodos, el poder de compra real de esta suma ha experimentado erosión. Los beneficiarios reciben la misma cantidad de pesos que meses anteriores, pero esa cantidad compra menos bienes y servicios que antes. Esta discrepancia entre estabilidad nominal y retracción real genera tensiones en el debate sobre la suficiencia de las transferencias. El gobierno mantiene la cifra fija, evitando anuncios de aumentos que podrían interpretarse como admisión de insuficiencia, mientras que organizaciones representantes de poblaciones vulnerables expresan que la magnitud del beneficio resulta cada vez más insuficiente para cubrir necesidades básicas.

Extensión temporal y perspectivas futuras

La decisión de ampliar la duración total del programa hasta cuarenta y ocho meses de vigencia total constituye una apuesta por la continuidad institucional, aunque con alcances predeterminados. Frente a lo que pudo haber sido un cierre definitivo, el Estado optó por un alargamiento temporal que ofrece previsibilidad relativa a los beneficiarios pero mantiene una fecha de vencimiento explícita. Este tipo de extensiones condicionadas generan una paradoja: permiten que familias adapten sus estrategias económicas sabiendo que la transferencia continuará disponible, pero al mismo tiempo crean ciclos de incertidumbre cuando se aproximan los límites temporales. La experiencia internacional con programas de transferencias monetarias condicionadas muestra que estos períodos de incertidumbre suelen acompañarse de comportamientos adaptativos en los hogares, desde intentos de ahorro precario hasta búsquedas anticipadas de fuentes alternativas de ingresos.

Las consecuencias futuras de estas decisiones pueden interpretarse desde perspectivas distintas. Desde la óptica de la eficiencia estatal, la eliminación de intermediarios reduce costos operativos y posibilita una focalización más precisa de recursos hacia quienes cumplen criterios de elegibilidad. La verificación automática mediante sistemas digitales acelera trámites y reduce oportunidades de desviación de fondos. No obstante, desde perspectivas que priorizan la cohesión social y la fortaleza del tejido asociativo, la desaparición de espacios de mediación puede generar atomización de las poblaciones vulnerables y pérdida de redes de soporte comunitario que trascendían la función meramente distributiva de dinero. Las organizaciones sociales que antaño operaban como puentes entre el Estado y las comunidades enfrentan una reducción de funcionalidad en este dispositivo específico. El énfasis en la transferencia directa también plantea interrogantes sobre cómo se abordarán necesidades que requieren intervenciones integrales más allá del dinero: orientación laboral, formación técnica, acceso a servicios de salud o educación. El programa mantiene coherencia con una visión que confía en que la transferencia monetaria habilita a los receptores a resolver sus propias necesidades en el mercado; perspectivas alternativas sostienen que dinero sin acompañamiento profesional produce resultados limitados. Las próximas evaluaciones de impacto del PAS dirán mucho sobre cuál de estos enfoques resulta más efectivo en el contexto argentino actual.