A solo cinco días de que entre en vigencia el tratado comercial entre el Mercosur y la Unión Europea —previsto para activarse el próximo 1 de mayo—, el bloque sudamericano se debate en torno a una cuestión que divide posturas entre sus miembros fundadores: el eventual regreso de Venezuela a la organización. La discusión, que parecía zanjada hace años, resurgió con inusitada fuerza en los últimos meses, generando tensiones diplomáticas y posiciones contradictorias que exponen fracturas internas en el proceso de integración regional.
Los antecedentes son conocidos. Venezuela ingresó como miembro pleno del Mercosur en 2012, durante la administración de Hugo Chávez, mediante un mecanismo expeditivo que no siguió los protocolos habituales de adhesión. Cinco años después, el bloque decidió suspenderla invocando el Protocolo de Ushuaia, una cláusula que funciona como salvaguarda democrática ante violaciones graves del estado de derecho. En aquella oportunidad, la represión desatada por el gobierno de Nicolás Maduro contra manifestantes y opositores fue el detonante de esa medida. Sin embargo, el panorama político regional ha cambiado sustancialmente, y ahora tres de los cuatro miembros fundadores están abiertos a reconsiderar esa posición, mientras que solo la Argentina del presidente Javier Milei mantiene una línea de rechazo frontal.
Brasilia abre la puerta: el giro del gobierno de Lula
El primer signo de apertura provino del lado brasileño. Geraldo Alckmin, vicepresidente de la República brasileña, formuló declaraciones públicas en Brasilia sugiriendo que Venezuela atraviesa un "momento diferente" que ameritaría replantear su situación. Aunque la cancillería brasileña mantiene una postura cautelosa respecto de los tiempos y procedimientos, este pronunciamiento del número dos del Ejecutivo de Lula da Silva marca un quiebre significativo en la posición oficial que Brasil había mantenido hasta hace poco. Se trata, además, de la primera ocasión en que alguien del círculo ejecutivo luista se anima a formular públicamente esta posibilidad, lo que sugiere que la discusión ha trascendido los pasillos diplomáticos para instalarse en las decisiones de política exterior de alto nivel.
El cambio de perspectiva brasileño no ocurre en el vacío. En el escenario internacional, Donald Trump ha brindado respaldo al gobierno interino de Delcy Rodríguez, que se hizo cargo de la administración luego de la captura de Maduro a principios de enero. Esta legitimación externa, proveniente de la potencia hegemónica occidental, genera nuevas dinámicas políticas que los gobiernos sudamericanos no pueden ignorar. Brasil, como potencia regional que es, debe calibrar sus movimientos considerando tanto sus tradiciones de integración latinoamericana como las realidades del poder global.
Paraguay y Uruguay se suman al consenso: una mayoría clara en formación
No se trata de una posición brasileña aislada. Paraguay, bajo la presidencia de Santiago Peña, ha manifestado también su predisposición a avanzar en este sentido, lo cual resulta particularmente notable considerando que Peña es un aliado ideológico de Milei en el espectro político regional. A pesar de esa afinidad, el gobierno paraguayo ha optado por una línea diferente. En marzo pasado, Marco Riquelme, ministro de Industria y Comercio de Paraguay, sorprendió con declaraciones públicas favorables al avance sobre la cuestión venezolana. Más aún, Paraguay ocupa actualmente la presidencia pro tempore del Mercosur hasta mediados de año, posición desde la cual Riquelme anunció que la reincorporación de Venezuela será una de las iniciativas que su país impulsará activamente durante su gestión al frente del bloque.
A este consenso se suma Uruguay, cuyo gobierno también expresa apertura hacia la reincorporación venezolana y ya está preparando las conversaciones preliminares que tal proceso requeriría. De esta manera, tres de los cuatro miembros fundadores del Mercosur confluyen en una posición favorable, mientras que solo Argentina permanece en la vereda opuesta. Esta configuración plantea interrogantes complejos sobre los mecanismos de decisión en el bloque y sobre cómo proceder cuando existe una mayoría clara pero no consenso unánime.
La postura argentina: contradicciones y sospechas de una estrategia energética
La posición del gobierno argentino constituye, sin duda, la más intrincada de analizar. Existe en el seno de la administración Milei una contradicción evidente que no ha sido resuelta públicamente. Por un lado, el ministro de Economía Luis Caputo dio su aprobación para que el Fondo Monetario Internacional reanudara contactos formales con Venezuela, un país que ha sido prácticamente un paria dentro de los organismos financieros y políticos internacionales bajo el régimen de Maduro. Sin embargo, cuando se trata específicamente del retorno de Caracas al Mercosur, la posición oficial argentina se endurece notablemente.
Los detalles de esta negativa surgieron a través de encuentros entre legisladores del oficialismo libertario argentino y funcionarios de la Cancillería. Rubén Javier Ruffi, director institucional del Mercosur dependiente de la Cancillería argentina, transmitió claramente a los parlamentarios que el Gobierno no desea que Venezuela reingrese al bloque. Las explicaciones brindadas resultan, cuanto menos, cuestionables. Según lo trasladado en esas reuniones, la preocupación central sería de índole energética: se argumenta que el potencial energético de Venezuela y el interés colosal de Estados Unidos en ese país podrían colisionar con los intereses argentinos vinculados a Vaca Muerta. No obstante, analistas y especialistas han señalado que esta justificación presenta debilidades importantes, ya que las estructuras y los potenciales hidrocarbíferos de ambas naciones son fundamentalmente distintos y no necesariamente competitivos en los mismos mercados o bajo las mismas condiciones técnicas.
Lo que llama la atención es que se desconoce si esta posición ha sido consensuada entre la Casa Rosada, la Cancillería y el Ministerio de Economía, o si representa únicamente una línea particular de la diplomacia argentina. Las inconsistencias entre la apertura de Caputo hacia el restablecimiento de vínculos con Venezuela a través del FMI y el rechazo categórico de la Cancillería respecto del Mercosur sugieren que el tema no ha sido debidamente integrado en una estrategia coherente de política exterior. Además, los encuentros entre los legisladores libertarios y Ruffi dejaron al descubierto otras tensiones internas: los parlamentarios se mostraron irritados por haber sido convocados recién después de dos años de gobierno y únicamente para este asunto específico, sintiéndose instrumentalizados. Agregando combustible al fuego, el gobierno les ha dejado de abonar los viáticos parlamentarios, situación que les impide ejercer sus funciones normalmente.
El papel del Parlasur: dónde germina la iniciativa
Curiosamente, la iniciativa de reactivar el diálogo con Venezuela no surgió de los gobiernos sino del Parlamento del Mercosur. Gabriel Fuks, legislador de Unión por la Patria y ex diputado nacional, presentó una moción para crear una comisión de acercamiento a Venezuela que fue aprobada por el cuerpo. Posteriormente, Rodrigo Gamarra, parlamentario paraguayo, asumió la conducción de esta comisión y logró concretar las primeras reuniones con autoridades parlamentarias venezolanas en Panamá. Se espera que estos encuentros continúen durante el resto del año, abriendo canales de comunicación que los gobiernos aún no terminan de formalizar en el plano ejecutivo.
Este movimiento desde la arena parlamentaria hacia la diplomacia ejecutiva refleja dinámicas particulares de cómo se construye consenso en los espacios de integración regional. En ocasiones, los legisladores pueden moverse con mayor agilidad que los gobiernos, quizás porque carecen de la complejidad de intereses que rodea a las decisiones ejecutivas, o porque responden a mandatos políticos distintos de los que condicionan a los jefes de estado y ministros.
Obstáculos jurídicos y comerciales en el horizonte próximo
Más allá de las posiciones políticas inmediatas, existe un complicado panorama normativo y comercial que condiciona cualquier reincorporación. El acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, que comienza a aplicarse esta semana por decisión de la Comisión Europea, aún debe ser analizado y validado por la justicia europea. Venezuela no podría ser parte de este tratado comercial en su forma actual, al igual que ocurre con Bolivia, que ya es miembro pleno del bloque del Sur. La razón es que ambos países no participaron plenamente en las negociaciones que dieron forma a este tratado de libre comercio. Para que Venezuela pudiera integrarse bajo esas condiciones, serían necesarias negociaciones paralelas y específicas que aún están lejos de concretarse.
Este obstáculo legal añade capas adicionales de complejidad a un debate que ya de por sí resulta intrincado. No se trata simplemente de una cuestión de voluntad política o alineamientos ideológicos, sino también de arquitectura jurídica comercial que requeriría tiempo, recursos y acuerdos específicos para ser resuelta. El timing es, por tanto, otro factor crítico que los gobiernos del Mercosur deberán considerar mientras avanzan en sus conversaciones.
Con todas estas variables en juego —la apertura de tres países, la resistencia argentina, las inconsistencias internas de la política exterior argentina, los obstáculos comerciales con la UE, y la legitimación externa que Trump otorga al nuevo gobierno venezolano—, el Mercosur enfrenta uno de sus dilemas más complejos en años recientes. Las próximas semanas y meses serán determinantes para definir si la región encontrará fórmulas que permitan avanzar hacia un consenso ampliado o si las fracturas internas terminarán paralizando nuevamente los esfuerzos de integración.
