La capacidad de compra del trabajador argentino que percibe el salario mínimo se desmoronó con una brutalidad sin precedentes en el último año. De acuerdo con un análisis realizado por investigadores del Instituto Interdisciplinario de Economía Política vinculado a la Universidad de Buenos Aires, esa pérdida alcanzó magnitudes alarmantes: 39,3% entre noviembre de 2023 y noviembre de 2024. Traducido a términos concretos, significa que quien recibía cien pesos de ingresos mínimos garantizados hace doce meses hoy puede adquirir apenas 60,7 pesos de bienes y servicios. El dato no es un número frío: representa la diferencia entre comer o pasar hambre, entre acceder a medicinas o prescindir de ellas, entre vivir o apenas subsistir para millones de argentinos.
La arquitectura de esta debacle económica se construyó con particular intensidad durante un período específico que marca un antes y un después en la economía doméstica. Los meses de diciembre de 2023 y enero de 2024 funcionaron como una cascada de deterioro sin precedentes, según lo que revelan los datos procesados por los especialistas. En esas semanas, cuando las políticas de ajuste macroeconómico se profundizaban, la devaluación impulsada por las nuevas autoridades generó un efecto cascada que licuó el poder adquisitivo con velocidad de caída libre. No fue una contracción gradual sino un desplome concentrado, como si un acantilado económico se hubiera abierto bajo los pies de quienes dependen del piso salarial establecido por ley. Ese período sintetiza el impacto más severo de las medidas implementadas, transformándose en un hito que divide la experiencia laboral y presupuestaria de millones de personas.
La vulnerabilidad extrema del sector que menos tiene
Para entender la magnitud de lo ocurrido, es necesario dimensionar quiénes son los afectados por esta contracción. El salario mínimo constituye el ingreso de referencia para aproximadamente 2,5 millones de trabajadores registrados en el sistema formal argentino, además de servir como base para cálculos de jubilaciones mínimas y beneficios sociales. Cuando ese salario pierde poder de compra, el impacto no se circunscribe a esos individuos: se propaga como una onda expansiva hacia sus familias, hacia el consumo interno, hacia la demanda que sostiene a pequeños comercios y economías regionales. Un trabajador de comercio, de servicios domésticos, de construcción que percibe el mínimo ve reducido su presupuesto para alimentos, transporte y servicios básicos. La erosión salarial no es un problema abstracto de macroeconomía sino un fenómeno que toca la supervivencia cotidiana.
El contexto histórico añade dimensiones perturbadoras a este análisis. Argentina ha experimentado ciclos recurrentes de inflación y devaluación desde hace décadas, pero la velocidad de esta contracción ubica al período actual en un lugar peculiar dentro de esa trayectoria conflictiva. En comparación con episodios anteriores de crisis económica severa —la de 2001 o la de 2018-2019—, la profundidad de la caída del poder de compra del salario mínimo en tan poco tiempo constituye un fenómeno distinguible por su intensidad. Mientras que en otras oportunidades las pérdidas se distribuyeron a lo largo de períodos más extendidos, en esta ocasión se comprimieron en meses, multiplicando el impacto sobre poblaciones ya vulnerables. Los trabajadores informales, los desempleados y los jubilados enfrentan presiones similares o mayores, pero el salario mínimo funciona como indicador de lo que sucede en los pisos más bajos de la estructura socioeconómica.
El mecanismo devaluatorio y sus consecuencias distributivas
La devaluación, como instrumento de política económica, opera según una lógica compleja que genera ganadores y perdedores según la posición de cada sector en la estructura productiva. Quienes poseen activos dolarizados o generan ingresos en moneda extranjera pueden beneficiarse de la revaluación de esos activos. Sectores exportadores pueden encontrar mejores condiciones de competitividad internacional. Sin embargo, para trabajadores asalariados cuya remuneración se fija en pesos sin cláusulas de actualización por tipo de cambio, la devaluación funciona como un mecanismo de transferencia de ingresos hacia otros sectores. La canasta de consumo —alimentos, servicios, transporte— se encarece en términos de pesos cuando los bienes importados o los insumos de producción denominados en dólares suben de valor. El resultado es que el mismo billete de papel representa cada vez menos poder de consumo real.
El informe académico que documenta estas transformaciones proviene de un organismo universitario dedicado al análisis interdisciplinario de fenómenos económicos y políticos, lo que confiere a sus datos un rigor metodológico y una independencia relativa respecto de los posicionamientos políticos partidarios. Los investigadores han procesado información de variación de precios, evolución del tipo de cambio, y cambios en los salarios nominales para arribar a conclusiones que trascienden debates ideológicos: los números muestran una contracción real, medible y documentada. El 39,3% de pérdida de poder de compra no es una proyección teórica sino el resultado de comparar qué podía comprarse con un salario mínimo nominal hace un año versus qué puede comprarse hoy con ese mismo salario nominal. La brecha que emerge de esa comparación constituye el dato más contundente sobre la situación material de millones de trabajadores.
Las implicancias de esta tendencia se ramifican hacia múltiples dimensiones de la vida social y política. En el corto plazo, la presión sobre el consumo de bienes básicos tiende a aumentar el endeudamiento de hogares vulnerables, profundiza situaciones de inseguridad alimentaria, y genera tensiones en acceso a vivienda, educación y salud. En el mediano plazo, la persistencia de estas condiciones puede generar efectos sobre la composición del empleo formal, incentivando migraciones hacia la informalidad o hacia mercados laborales vecinos. En el largo plazo, la pregunta central es si estas transformaciones constituyen un ajuste temporal con recuperación posterior o si marcan una nueva estructura de ingresos reales para trabajadores de menores salarios. Diferentes actores —gobiernos, sindicatos, empresarios, organismos internacionales— tienden a ofrecer narrativas conflictivas sobre la necesidad, duración y socialización de estos costos económicos. Lo que permanece incuestionable es que la magnitud del deterioro documentado sitúa a amplios sectores de la población en una posición más frágil que la que ocupaban hace doce meses.
