Mientras millones de argentinos hacen un simple toque en sus teléfonos para recibir comida, medicinas o productos en sus domicilios, existe una realidad paralela que pocas veces se visibiliza: la de quienes están del otro lado de esa transacción digital, pedaleando o acelerando motos bajo cualquier condición climática. Un estudio reciente que analizó el universo de los trabajadores de plataformas de entrega trazó un mapa exhaustivo de sus condiciones laborales, revelando cifras que desafían la narrativa de flexibilidad y autonomía que promocionan las empresas tecnológicas. Los números que emergieron de esta investigación cuestionan el modelo de negocio que dominó la última década en las principales ciudades del país.

El costo de mantenerse a flote: números que no cierran

La Fundación Encuentro, institución dedicada al análisis social y económico, llevó a cabo un relevamiento minucioso del sector de trabajadores vinculados a aplicaciones de delivery que mapeó, de manera detallada, el ingreso promedio por servicio realizado y la estructura de gastos mensuales de una familia tipo argentina. Los hallazgos fueron inequívocos: para sostener un hogar de manera básica, cumpliendo con servicios esenciales y gastos operativos fundamentales, estos profesionales deben completar un mínimo de 450 entregas mensuales. Esa cifra no responde a ambiciones de mejora o progreso económico, sino al piso mínimo para no retroceder financieramente.

El valor que reciben por cada entrega operada, descontando cualquier gratificación adicional que pueda aportar el cliente, se posiciona en $3.165 por operación. Este monto resulta particularmente relevante cuando se lo contextualiza dentro de una economía atravesada por inflación persistente y fluctuaciones en el poder adquisitivo. La propina, componente que en otros contextos históricos representaba un complemento accidental, se ha convertido aquí en una variable crítica para la viabilidad económica de estos trabajadores. Sin ese ingreso adicional, el margen de maniobra se estrecha considerablemente.

Jornadas maratónicas que desafían la ficción de la flexibilidad

Un aspecto que el análisis puso bajo lupa fue la carga horaria real demandada para alcanzar esos 450 pedidos mensuales. Los datos indicaron que la cantidad de horas mínimas de trabajo necesarias ya superan las 12 horas diarias. Esta cifra trasciende cualquier noción convencional de jornada laboral tradicional. En el marco regulatorio argentino, el trabajo registrado en relación de dependencia contempla jornadas de 8 horas diarias como estándar, con derechos asociados a descansos, aportes jubilatorios y cobertura de salud. Los trabajadores de plataformas, por su parte, operan bajo un modelo que esquiva esa estructura regulatoria mientras demanda, en la práctica, extensiones de tiempo que superan significativamente lo que la legislación considera sostenible.

El desgaste físico y mental que conlleva una jornada de esa envergadura debe sumarse a otros factores: exposición a condiciones climáticas adversas, riesgo de accidentes viales, desgaste de equipamiento propio (bicicletas, motocicletas, teléfonos), y la ausencia de períodos de descanso regulado. A diferencia de empleados con protección laboral, estos trabajadores asumen la totalidad del riesgo operativo. Si llueve, tienen que trabajar bajo lluvia. Si hay accidente, los costos médicos y de reparación corren por su cuenta. La supuesta autonomía de elegir cuándo trabajar se convierte, en la práctica, en la obligación de trabajar prácticamente siempre para poder subsistir.

El contexto más amplio: cómo llegamos hasta aquí

La proliferación de aplicaciones de entrega en Argentina acompañó una transformación más vasta en el mercado laboral global. Durante la década de 2010, compañías como Uber Eats, Rappi, Pedidos Ya y otras plataformas digitales expandieron sus operaciones en el territorio nacional bajo la promesa de crear oportunidades laborales flexibles. Este modelo, conocido como "economía de plataformas" o "gig economy", fue presentado como una solución innovadora para desempleados, estudiantes que necesitaban ingresos complementarios, y emprendedores que buscaban independencia económica. Las regulaciones laborales tradicionales, diseñadas para otra era, quedaron rezagadas frente a esta nueva arquitectura de negocio.

Sin embargo, lo que se vendió como flexibilidad terminó asemejándose más a precariedad sistémica. Los trabajadores carecen de beneficios reconocidos: no tienen obra social, no aportan a jubilación de manera automática, no acceden a indemnizaciones por despido, y sus ingresos fluctúan según la demanda de la plataforma. Mientras tanto, las empresas tecnológicas acumularon valuaciones multimillonarias, expandieron sus mercados y consolidaron posiciones monopólicas en varias ciudades. El riesgo empresarial se transfirió completamente hacia los trabajadores individuales, quienes cargaban con la volatilidad del negocio sin participar en sus ganancias.

Propinas que no son opcionales, sino obligatorias de facto

Uno de los aspectos más sintomáticos del estudio fue la relevancia determinante que poseen las propinas en la ecuación financiera de estos trabajadores. Aunque formalmente las propinas son voluntarias —producto de la decisión discrecional del cliente—, en la realidad operativa se han transformado en un componente imprescindible del ingreso mensual. Sin ellas, los $3.165 por entrega resultan insuficientes para cubrir gastos básicos de una familia promedio. Esto genera una dinámica problemática: los trabajadores dependen de la generosidad variable de clientes, lo que introduce una importante cuota de incertidumbre en la planificación de ingresos mensuales.

Esta situación coloca a los repartidores en una posición de dependencia económica que, paradójicamente, no es con respecto a un empleador único que pudiera ser regulado o sancionado, sino dispersa entre millones de usuarios. No existe un sujeto responsable institucionalmente de garantizar que los ingresos sean dignos. Las plataformas argumentan que ellas no emplean a los trabajadores, sino que simplemente facilitan transacciones. Los usuarios, por su parte, tampoco se sienten necesariamente obligados a compensar adecuadamente. El trabajador queda atrapado en el medio de una cadena de responsabilidad diluida.

Implicancias para el mercado, la regulación y el futuro del trabajo

Los hallazgos del relevamiento reabrieron un debate estructural sobre la sostenibilidad del modelo de plataformas tal como opera actualmente en Argentina. Si trabajadores necesitan completar 450 entregas mensuales durante más de 12 horas diarias solo para mantener un hogar de manera modesta, la pregunta inevitable es: ¿a costa de qué se sostiene esta rentabilidad? ¿Quién está subsidizando efectivamente el costo operativo de estas plataformas? Las respuestas apuntan hacia los propios trabajadores, que aceptan condiciones que en otros sectores serían impensables, y hacia los clientes, que mediante propinas subsidian parcialmente un servicio que las empresas no están costeando adecuadamente.

Desde el lado regulatorio, estos datos desafían al Estado a replantearse marcos normativos que consideren la realidad contemporánea del trabajo digital. Existen antecedentes internacionales de regulación: en España, por ejemplo, se legisló reconociendo a trabajadores de plataformas como empleados con derechos laborales mínimos. En Argentina, el debate aún no ha producido legislación concluyente. Las organizaciones de trabajadores han demandado convenios colectivos específicos, reconocimiento de derechos básicos, y garantías de ingresos mínimos. Las empresas, en tanto, presionan por mantener el statu quo que les permite operar con márgenes de ganancia sustanciales sin asumir costos laborales tradicionales.

Los números que emergieron del análisis de la Fundación Encuentro no son simplemente estadísticas abstractas, sino síntesis de millones de decisiones diarias de personas que eligen (o se ven forzadas a elegir) esta forma de ganarse la vida. Cada entrega completada, cada hora de trabajo, cada propina recibida, representa una negociación tácita sobre cuál es el valor que la sociedad asigna a la labor. Los próximos años determinarán si estas condiciones se perpetúan, se mejoran mediante regulación estatal, se transforman por presión de organizaciones de trabajadores, o si la tecnología las modifica de maneras aún impredecibles. Lo que permanece claro es que el statu quo actual no puede describirse, con honestidad, como un modelo de empleo sostenible ni digno.