La capacidad del sistema financiero argentino para otorgar créditos enfrentó un punto de quiebre durante los últimos diecinueve meses. Un fenómeno sin precedentes reciente dejó a 5,8 millones de personas fuera del alcance de los bancos, transformadas en deudores clasificados como incobrables o de muy alto riesgo. Hoy, tanto funcionarios de la autoridad monetaria como ejecutivos de entidades bancarias y empresas fintech detectan señales que sugieren un cambio de tendencia. Lo que importa ahora es si esa recuperación será lo suficientemente rápida y profunda como para que el crédito vuelva a ser motor de crecimiento económico en un contexto electoral próximo.
El indicador que todos miran con lupa
Existe un número específico que concentra toda la atención de quienes toman decisiones en materia crediticia: la denominada "mora temprana". Se trata de atrasos en pagos menores a noventa días, un indicador que funciona como termómetro anticipado de cómo evolucionará la situación de créditos en condiciones más delicadas. Este dato reveló su pico máximo durante noviembre de 2025, coincidiendo con lo que analistas denominaron como el "shock de tasas", cuando las entidades elevaron agresivamente los costos de financiamiento ante la incertidumbre macroeconómica.
Desde esa cúspide, la mora temprana comenzó a descender de manera consistente. Para junio de 2026, el stock de personas en situación 2 (clasificación que incluye atrasos menores a noventa días) alcanzaba 722 mil deudores, lo que representa una reducción del 28 por ciento respecto al pico anterior. Los bancos experimentaron una caída especialmente significativa: pasaron de 657 mil personas a 480 mil. En paralelo, los proveedores no bancarios de crédito registraron una disminución de 638 mil a 461 mil personas morosas. Si se observa el indicador en términos de saldo de deuda (no solo cantidad de personas), la mejora se acentúa: en las entidades bancarias cayó de 3,22 por ciento a 2,58 por ciento, mientras que en el segmento no bancario bajó de 6,68 por ciento a 4,35 por ciento.
Especialistas que analizan estas cifras advierten sobre una interpretación demasiado optimista de estos números. El economista, que estudia el comportamiento del mercado crediticio, explica que esa disminución en el stock de personas en situación 2 también refleja un menor volumen de crédito otorgado. En otras palabras, no es únicamente que menos personas se atrasen, sino que menos gente accede a préstamos en primer lugar. "Ese stock tocó un máximo en noviembre de 2025, con un millón de personas en el sistema, y cayó a 722 mil en junio, una baja del 28 por ciento. El monto adeudado por persona dejó de crecer en términos reales hace aproximadamente doce meses, al mismo tiempo que el stock en situación 2 empezó a achicarse", señalaba el análisis de especialistas del sector. El matiz es importante: una menor cantidad de deudores atrasados en este segmento no necesariamente anticipa la baja futura de la mora más severa, sino que simplemente describe qué sucedió con aquellos que ya estaban morosos.
Las ambiciones de recuperación crediticia
A pesar de estas advertencias, tanto en el Banco Central como en los bancos privados existe optimismo sobre lo que podría ocurrir hacia el cierre de este año. La expectativa es que la morosidad general comience a descender de manera notoria para entonces, lo que permitiría que el tema "deje de ser una preocupación permanente" en los directorios y en las dependencias regulatorias. Sin embargo, los funcionarios del organismo regulador reconocen que aún existe incertidumbre respecto a la velocidad y magnitud de esa caída potencial.
Lo que está fuera de discusión es que el episodio de endeudamiento masivo y posterior incapacidad de pago comprimió la capacidad prestable del sistema. Cuando casi seis millones de personas desaparecen de la base de elegibles para acceder a crédito, el impacto sistémico es brutal. Las entidades pierden volumen de negocios, los depósitos se destinan a menos operaciones crediticias y el multiplicador de dinero se reduce considerablemente. En respuesta a este desafío, la autoridad monetaria está desarrollando herramientas novedosas. Una de ellas es un mercado para la negociación de cupones de tarjetas de crédito, que permitiría a los tenedores vender anticipadamente sus acreencias y a los bancos obtener más liquidez y seguridad sobre los flujos futuros de ingresos.
Otra iniciativa vinculada a la reforma laboral recientemente sancionada es particularmente ambiciosa: permitirá que los bancos se cobren directamente desde los salarios de los deudores mediante códigos de descuento. Hasta hace poco tiempo, esa facultad era exclusiva de las mutuales sindicales. La teoría que respalda esta medida es que, al reducir el riesgo de impago, los bancos estarían dispuestos a cobrar tasas más bajas. Una especie de "inversión en seguridad" que se traduce en financiamiento más accesible. En los pasillos bancarios, la medida genera entusiasmo porque efectivamente disminuye la exposición al no pago involuntario o deliberado.
La grieta entre bancos y fintech
Sin embargo, esta solución genera ganadores y perdedores. Las empresas fintech quedan fuera de la posibilidad de utilizar códigos de descuento sobre salarios como mecanismo de garantía. La reforma laboral que habilitó estas deducciones para bancos no permitió que se acreditasen los salarios directamente en billeteras virtuales. Se trata de una asimetría regulatoria que profundiza la brecha competitiva entre el sistema bancario tradicional y el de finanzas digitales, que durante los últimos años había ganado participación de mercado especialmente entre clientes jóvenes y de menores ingresos.
En la sede del Banco Central existe otra expectativa: los préstamos en dólares destinados a empresas. Tras la última flexibilización de las normas de acceso a divisas, los funcionarios entienden que existe espacio para que las compañías que operan con ingresos en moneda extranjera accedan a financiamiento dolarizado a tasas relativamente más bajas en un contexto donde el tipo de cambio se mantiene estabilizado. Por el momento, los bancos mantienen una postura cautelosa respecto a este segmento, quizá esperando señales más claras sobre la evolución macroeconómica antes de aumentar su exposición en dólares.
El conjunto de estas iniciativas forma parte de una estrategia más amplia orientada a "devolver la capacidad prestable" al sistema. No se trata solamente de reducir la mora, sino de reconstruir la confianza de los bancos en su capacidad de cobrar. Y paralelamente, de ampliar el universo de personas y empresas que puedan acceder a financiamiento sin tasas prohibitivas. Todo esto ocurre en un contexto electoral donde el crecimiento económico es una prioridad política, y donde el crédito privado sigue siendo considerado uno de los motores potenciales para dinamizar la actividad económica.
Las perspectivas que se abren son múltiples y de naturaleza diferente. Algunos analistas advierten que la recuperación será lenta porque la desconfianza crediticia requiere tiempo para revertirse. Otros sostienen que los mecanismos de garantía novedosos acelerarán el proceso. Hay quienes argumentan que la exclusión de las fintech del esquema de códigos de descuento reforzará la hegemonía del sistema bancario tradicional y limitará las opciones para segmentos de población menos favorecidos. Y hay quienes, en cambio, consideran que estas medidas son necesarias para restaurar la salud del sector crediticio en su conjunto. Lo cierto es que los próximos meses serán decisivos para evaluar si la apuesta del Banco Central y de los bancos en nuevas herramientas de garantía logra su cometido: convertir a esos 5,8 millones de personas nuevamente en sujetos elegibles para acceder a crédito, y con ello, revitalizar un mercado que fue severamente golpeado.
