El colapso de Flybondi dejó de ser un rumor de pasillos en el sector y se convirtió en un hecho irrefutable la semana pasada cuando la compañía traspasó sus problemas a la esfera judicial. Bajo el amparo de un concurso de acreedores tramitado en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 24, la aerolínea low cost intentará ahora negociar con sus deudores lo que el mercado le negó durante los últimos sesenta días: la posibilidad de seguir volando. Lo que comenzó como una promesa de renovación a mediados de 2025, cuando un grupo inversor comandado por Leonardo Scatturice asumió el control operativo de la empresa, terminó convertido en un expediente más en los tribunales comerciales porteños. La presentación marca un punto de quiebre para una industria aérea que ya sufría las turbulencias de una economía volátil.
Una caída sin retorno
Hace apenas un año, Flybondi representaba algo tangible en el horizonte aeronáutico nacional: una alternativa de bajo costo que había capturado el 17% del mercado de cabotaje. Hoy esa cifra se redujo a un insignificante 0,1%, según datos de la Administración Nacional de Aviación Civil. En agosto pasado, cuando la compañía ya mostraba síntomas de agonía, apenas completó 18 operaciones y transportó solo 1.865 pasajeros. Para dimensionar el desastre: hace doce meses transportaba decenas de miles de personas mensualmente en rutas nacionales. La desaparición práctica de esta aerolínea del cielo argentino no fue repentina sino una lenta desaparición que se aceleró exponencialmente en los últimos meses del año. Desde julio, la compañía ha cancelado más del 82% de sus vuelos programados, cifra que delata una operación al borde del colapso administrativo y financiero.
El cambio de control ocurrido hace menos de un año prometía una revitalización. Scatturice, quien cuenta con antecedentes en sectores financieros y tiene conexiones políticas relevantes, llegó con promesas de inversión frescos y una propuesta de reestructuración. Sin embargo, la realidad demostró ser más compleja de lo anticipado. El grupo empresario COC Global Enterprise nunca completó formalmente la transferencia de acciones, aunque asumió la dirección operativa y renovó la cúpula gerencial de la organización. Este vacío legal se convirtió en un problema adicional: el fondo histórico Cartesian Capital Group, que tradicionalmente respaldaba a Flybondi, mantiene aún posiciones accionarias mayoritarias en la sociedad. La fricción entre estas dos partes generó amenazas legales tanto en territorio argentino como en jurisdicciones internacionales, según denuncias presentadas en agosto pasado.
Deudas que no dejan de crecer
La situación financiera de la compañía alcanzó niveles críticos cuando el Administración de Recaudación de Impuestos Relativos a Aduanas (ARCA) ordenó el embargo de sus cuentas bancarias en agosto por una deuda aproximada de casi 1.500 millones de pesos. Simultáneamente, el pasivo acumulado de la aerolínea asciende a cifras astronómicas: aproximadamente 120 millones de dólares estadounidenses. Estas deudas provienen de múltiples frentes: contratos de alquiler de aeronaves sin pagar, servicios financieros suspendidos, proveedores de equipamiento que dejaron de entregar repuestos, y una cascada de reclamos que no deja de expandirse. El Hotel Presidencial presentó una demanda de quiebra, los arrendadores de los aviones (operadores de leasing internacional) iniciaron acciones legales, y hasta una institución deportiva como Gimnasia entró en la lista de perjudicados.
El caso de Gimnasia ilustra la magnitud del desorden financiero en el que incurrió la compañía. La aerolínea, junto con OCA (su empresa hermana en el conglomerado de Scatturice), se convirtió en auspiciante de la camiseta del club de La Plata con depósitos iniciales que superaban los 400 mil dólares. El acuerdo contemplaba que el saldo se abonara en cuotas durante 2026. Pero esos pagos nunca llegaron. El club se sumó así a una lista cada vez más extensa de acreedores que esperan ser escuchados cuando formalmente se abra el proceso concursal. Sin embargo, hay un problema grave: Flybondi carece de activos tangibles que puedan utilizarse como garantía. No posee inmuebles ni flota propia que le permita negociar desde una posición de fortaleza. Sus aviones son arrendados, sus oficinas son alquiladas, su única riqueza potencial es el intangible de una marca que hoy vale menos que nunca.
Trabajadores abandonados a su suerte
Mientras la compañía atravesaba su espiral descendente, la plantilla se esfumó. De aproximadamente 1.300 empleados que operaban en vuelos y servicios de tierra, la empresa quedó con apenas 300. Los despidos fueron masivos y desordenados, dejando en el camino a más de 1.000 ex trabajadores que no recibieron indemnizaciones ni retiros voluntarios que habían sido homologados por el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria. A finales de agosto, estos empleados se concentraron frente a la Secretaría de Trabajo de la Nación demandando una intervención estatal. Sus reclamos incluyen montos que, según informes sindicales, ascienden a decenas de millones de pesos. El proceso concursal abierto esta semana generará un nuevo punto de conflictividad: estos trabajadores, considerados acreedores laborales con privilegios en la ley de concursos, competirán con otros acreedores por recursos que simplemente no existen en las arcas de la compañía.
El enigma de la web que sigue vendiendo
Uno de los aspectos más desconcertantes de la desaparición de Flybondi es que, incluso cuando dejó de volar, continuó ofreciendo pasajes a través de su plataforma digital. Durante meses, el sitio web de la aerolínea siguió mostrando disponibilidad de vuelos que nunca se ejecutarían. Aunque las agencias de viajes dejaron de comercializar estas reservas hace tiempo, la página estuvo activa engañosamente hasta agosto, cuando fue deshabilitada durante una semana. Luego, volvió a funcionar, generando nuevas reservas de pasajeros que desconocían la situación real de la compañía. El servicio de atención al cliente colapsó hace semanas, dejando a miles de personas sin posibilidad de comunicarse con la aerolínea para solicitar reembolsos o información sobre sus reservas. Este vacío de comunicación profundizó la frustración de una base de clientes que simplemente fue abandonada sin explicaciones ni soluciones.
La inacción regulatoria en Argentina contrasta notoriamente con la respuesta de Brasil. Cuando Flybondi comenzó a cancelar el 79% de sus operaciones en rutas hacia Brasil, las autoridades brasileñas reaccionaron de inmediato restringiendo la venta de pasajes en julio. La falta de una medida similar en territorio argentino permitió que la compañía continuara comercializando vuelos inexistentes durante semanas adicionales, multiplicando el número de afectados. El Estado argentino, a través de sus organismos reguladores, no implementó controles preventivos que hubieran limitado el daño a los consumidores.
Un conglomerado fracturado
Flybondi no está sola en esta debacle. Su empresa hermana, OCA —la compañía postal y de logística más importante del país—, también fue incorporada al portafolio de Scatturice en diciembre del año pasado y ya enfrenta su propio proceso concursal desde junio de 2025. Aunque ambas operan bajo la órbita de COC Global Enterprise, sus procesos judicales tramitan en juzgados distintos. Hubo especulaciones sobre la posibilidad de unificar los concursos argumentando que ambas pertenecen al mismo conglomerado empresario, pero finalmente la presentación de Flybondi recayó en otro tribunal. Esta fragmentación procesal puede generar complicaciones adicionales al momento de negociar soluciones de conjunto que involucren activos o pasivos cruzados entre ambas compañías.
La estructura empresaria de Scatturice evidencia una descoordinación fundamental entre sus promesas de inversión y su capacidad de ejecución. En junio de 2025, cuando asumió el control de Flybondi, anunció un aporte de capital por 70 millones de dólares. Posteriormente, argumentó que esos fondos fueron depositados en calidad de financiamiento y no como capital accionario, lo que explica por qué Cartesian Capital Group mantiene formalmente el control de la compañía. Esta ambigüedad legal se convirtió en otra fuente de conflictividad que el proceso concursal deberá resolver.
Qué depara el futuro
La apertura formal del concurso de acreedores marca el comienzo de un proceso que durará meses, posiblemente años. Durante este tiempo, Flybondi operará bajo supervisión judicial intentando negociar acuerdos con sus deudores. El panorama es desalentador: una compañía sin activos, con una marca dañada, incapaz de generar flujo de caja positivo y con una base de clientes desconfiada. Algunos analistas sugieren que el proceso concursal podría desembocar en una liquidación ordenada, mientras que otros especulan con la posibilidad de que nuevos inversores intenten rescatar algo del residuo empresarial. Lo que parece cierto es que la baja de Flybondi del cielo argentino es ahora, prácticamente, irreversible.
Las consecuencias se extienden más allá de los números rojos de una sola compañía. La desaparición de una aerolínea de bajo costo reduce las opciones de movilidad para los argentinos, particularmente en segmentos de menores ingresos que dependían de sus tarifas competitivas. El sector aéreo argentino, que ya enfrentaba presiones estructurales derivadas de la volatilidad macroeconómica, pierde un actor que durante años representó cierta competencia en precios. Simultáneamente, plantea interrogantes sobre la capacidad regulatoria del Estado para supervisar a operadores de servicios esenciales y proteger a los consumidores. Por último, el caso de Flybondi ilustra los riesgos de concentrar control empresario en operadores con experiencia limitada en sectores tan complejos como la aviación comercial, donde márgenes operacionales reducidos no admiten errores en la gestión financiera. Las lecciones derivadas de este colapso probablemente serán objeto de análisis durante los próximos años en los ámbitos académicos, regulatorios y empresariales nacionales.
