Una decisión que nadie esperaba sacudió los cimientos del gobierno de Javier Milei: el Poder Ejecutivo remitió al Senado de la Nación más de 100 pliegos para cubrir vacantes en el sistema judicial, y entre los candidatos aparecen nombres con vínculos explícitos al kirchnerismo más duro, a la agrupación Justicia Legítima, a la ex procuradora Alejandra Gils Carbó y hasta a figuras relacionadas con la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino. Lo que está en juego no es solo la composición de los tribunales, sino la disputa por el poder real dentro de La Libertad Avanza, el equilibrio entre distintas facciones del oficialismo y la pregunta sobre qué tipo de justicia quiere construir este gobierno.
El arquitecto detrás de la lista
El responsable formal del envío de los pliegos es el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, quien llegó al cargo por impulso de Karina Milei y con el aval del titular de la Cámara de Diputados, Eduardo "Lule" Menem. Mahiques fue convocado en un momento de creciente preocupación oficial por el avance de causas judiciales sensibles para el gobierno, y su gestión arrancó con el desafío de ordenar un sistema de nombramientos que llevaba meses paralizado. Lo que resultó de ese proceso generó más ruido que soluciones: la lista que llegó al Senado no es la que esperaban muchos de los votantes de Milei. La participación del ministro en la comitiva oficial que viajó a Israel junto al Presidente no fue casual: fue parte de un proceso de integración entre Mahiques y la conducción de la Casa Rosada, y durante esa gira hubo espacio para que el funcionario explicara los lineamientos de su estrategia judicial. El Presidente, que históricamente mostró escaso interés en los vericuetos del Poder Judicial —salvo cuando las causas lo tocan directamente— empezó a involucrarse con mayor atención tras los reveses que su administración sufrió en los tribunales.
Antes de asumir como ministro, Mahiques había sido designado por Claudio "Chiqui" Tapia como vicerrector de la universidad que la AFA proyecta desarrollar. Ese dato no es menor en el contexto de los pliegos: entre los nombres propuestos figura el de Agustín Raúl Rubiero, integrante del Tribunal de Apelaciones de la entidad futbolística, a quien el Gobierno postula para integrar la Cámara Civil que deberá expedirse sobre el domicilio legal de la AFA. Para ese mismo tribunal ya había sido impulsado semanas atrás Osvaldo Pitrau, quien se desempeñó como interventor del Enargas durante la presidencia de Alberto Fernández. La conexión entre el mundo del fútbol y el Ministerio de Justicia quedó expuesta con una claridad que sorprendió incluso a los propios sectores del oficialismo.
Justicia Legítima y Gils Carbó dentro del plan oficialista
Entre los pliegos que generaron mayor controversia dentro del espacio libertario están los de candidatos con trayectoria explícita en Justicia Legítima, la agrupación de operadores judiciales que durante el kirchnerismo se convirtió en símbolo de la politización de la Justicia. Juan Manuel Mejuto, secretario del Tribunal Oral Federal 5 y mano derecha del juez Daniel Obligado —uno de los magistrados que en 2021 firmó el sobreseimiento de Cristina Fernández de Kirchner en la causa Hotesur y Los Sauces—, fue propuesto para el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 8 de la Capital. Mejuto figura como firmante del primer comunicado público de Justicia Legítima. También aparece en los documentos Hernán Figueroa, defensor público ante el fuero Penal Económico y firmante de la histórica solicitada de 2013 que respaldaba la reforma judicial impulsada por el kirchnerismo. Figueroa se pronunció públicamente en contra de la baja en la edad de imputabilidad que el actual gobierno concretó. Junto a su nombre aparecen los de Ana Clarisa Galán, propuesta como defensora ante la Cámara de Casación Penal, y María Esther Pinos, para Formosa.
El perfil kirchnerista de los pliegos no se agota en Justicia Legítima. Ángeles Ramos, con vínculos cercanos a la ex procuradora Alejandra Gils Carbó y propuesta en 2023 por el bloque kirchnerista de Diputados como testigo en el juicio político a la Corte Suprema, es impulsada para el cargo de fiscal general en lo Penal Económico. En la misma línea, Santiago Vismara, también allegado a Gils Carbó y uno de los primeros fiscales designados en carácter de "ad hoc" en circunstancias que generaron críticas en su momento, es propuesto como fiscal general ante los Tribunales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal. A estos se suma Pablo Matkovic, candidato a juez del tribunal federal de juicio de Neuquén, quien en 2017 presentó un habeas corpus contra la entonces ministra Patricia Bullrich por un allanamiento a la comunidad mapuche en Campo Maripe, y que ejerció como asesor en materia de Seguridad durante la gestión de Nilda Garré. Matkovic también realizó denuncias por espionaje ilegal en el marco de la causa de Lago Escondido.
La trama interna: Karina versus Caputo en el campo digital
La divulgación de estos pliegos encendió una batalla que se libró principalmente en las redes sociales, donde la fractura interna del oficialismo quedó expuesta con una crudeza inusual. Los usuarios más activos del ecosistema libertario en Twitter reaccionaron con dureza contra la nómina de candidatos, cuestionando la coherencia ideológica de un gobierno que se presentó como rupturista frente al establishment judicial kirchnerista. Pero la respuesta del entorno de Karina Milei no se hizo esperar: desde su órbita se habilitó una campaña digital para desestimar las críticas y defender los pliegos. Karina, que desde hace varios meses viene construyendo su propio territorio digital frente a la influencia de Santiago Caputo, intensificó esa disputa al participar de un acto en Suipacha junto a Sebastián Pareja, presidente de La Libertad Avanza en la Provincia de Buenos Aires y figura que genera encono entre los usuarios más activos del espacio, en particular luego de que Pareja denunciara penalmente a varios de ellos. La respuesta oficial ante las críticas internas fue resumida en una frase que el propio Presidente ha usado en otras ocasiones para contestar a los sectores más doctrinarios de su coalición: "Somos liberales pragmáticos, no libertarados".
Dentro de esa lógica pragmática se inscribe también el pliego de Nicolás Pacilio, propuesto para el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 1 de la Capital. En octubre de 2024, siendo secretario de Cámara, Pacilio firmó la resolución que anuló el sobreseimiento del propio Presidente en una causa iniciada por el periodista Jorge Fontevecchia. Su inclusión en la lista es, en ese contexto, uno de los datos más llamativos del paquete de pliegos.
Causas sensibles y equilibrios judiciales
Detrás de la discusión sobre los nombres hay otra historia que importa tanto o más: qué causas están activas y cuánto pesan en la definición de quiénes se sientan en los tribunales. El juez Ariel Lijo tiene a su cargo el trámite de varios expedientes que inquietan al Gobierno, entre ellos el de presuntas irregularidades en la ANDIS, el de los créditos otorgados por el Banco Nación y el de enriquecimiento ilícito del vocero presidencial Manuel Adorni. También sigue con atención el destino de Juan Tomás Rodríguez Ponte, titular de la DAJuDeCO —organismo dependiente de la Corte Suprema— y su ex secretario letrado. La esposa de Rodríguez Ponte, la fiscal Alejandra Mángano, pidió el cierre por falta de delito de la causa abierta por la inclusión de Bettina Angeletti, esposa de Adorni, en la delegación que viajó a Nueva York, el episodio que en marzo desencadenó una crisis política para el Gobierno. Rodríguez Ponte, por su parte, aspira al Juzgado Federal 2 de Lomas de Zamora, aunque su pliego aún no llegó al Senado. Desde el entorno oficial se señaló que estaría incluido en la próxima tanda, dado que uno de sus competidores directos, Mejuto, ya fue propuesto para otro cargo. La DAJuDeCO fue noticia también por un informe propio que advirtió sobre la posible adulteración de un pendrive con información del teléfono del exdirigente de la AFA Juan Pablo Beacon, cuyo contenido podría comprometer a Pablo Toviggino y a otros integrantes de la cúpula del fútbol argentino.
Lo que suceda con estos pliegos en el Senado tendrá consecuencias que van mucho más allá de los cargos en juego. Si los candidatos son confirmados, el Poder Judicial quedará integrado con figuras que muchos sectores del oficialismo rechazan, lo que podría profundizar las tensiones internas y erosionar la base de apoyo más ideologizada del gobierno. Si el proceso se frena o se revisa, quedará en evidencia que la conducción del Ejecutivo no logra articular una política judicial coherente, algo que sus críticos ya vienen señalando. Para la oposición, la situación abre una ventana de oportunidad: algunos de los candidatos propuestos son conocidos por su historia en el kirchnerismo, y ese dato podría ser utilizado tanto para apoyar los pliegos como para negociar condiciones. La sociedad, mientras tanto, observa cómo el sistema judicial —uno de los poderes del Estado con menor confianza ciudadana según todas las mediciones disponibles— vuelve a ser el escenario donde se dirimen las batallas políticas más profundas del país.
