La decisión de flexibilizar las restricciones sobre préstamos en dólares a empresas que no exportan volvió a encender los debates en los pasillos de poder económico argentino. El anuncio generó casi de inmediato críticas de dos personalidades que conocen de cerca los vericuetos de las crisis financieras locales: Hernán Lacunza, quien ocupó el cargo de ministro de Hacienda durante la gestión anterior, y Guido Sandleris, que presidió el Banco Central en ese mismo período. Ambos levantaron la voz para advertir sobre las implicancias de una medida que, según su perspectiva, reactiva un mecanismo que ya demostró ser riesgoso para la estabilidad del sistema financiero nacional.
El Ministerio de Economía anunció una modificación del régimen de créditos, permitiendo que los bancos destinen hasta el 15% de los depósitos en dólares para financiar a empresas que recaudan en pesos. La justificación oficial apuntaba a objetivos de corto plazo: reactivar la economía, reducir las tasas de interés y fomentar la generación de empleo. Sin embargo, esta perspectiva inmediatista chocaba con una lectura histórica que ambos exfuncionarios consideraban fundamental para comprender las consecuencias potenciales de la medida. La normativa modificaría el artículo 23 del Decreto 905/02, uno de los pilares regulatorios que estructuró el sistema bancario argentino tras la debacle de 2001.
El espejo del pasado: pesificación asimétrica y sus cicatrices
Lacunza, durante una entrevista radial, desplegó un argumento que funcionaba como advertencia histórica. Remarcó que hacia fines de los años noventa, Argentina ya había transitado por una experiencia similar: flexibilizar las reglas sobre préstamos en dólares a sectores que no generaban divisas. El resultado fue catastrófico. Cuando las condiciones cambiarias se modificaron abruptamente, las empresas que habían contraído deudas en moneda estadounidense se encontraron imposibilitadas de devolverlas en los términos pactados. Ello derivó en la pesificación asimétrica, el mecanismo mediante el cual se convirtieron obligaciones en dólares a cotizaciones diferentes según se tratara de deudores o acreedores, generando un desequilibrio que contribuyó a la implosión financiera de 2001 y sus secuelas de años.
"Generemos un mercado de crédito en moneda local para el que recauda pesos. Si empezamos a darle crédito en dólares al que recauda pesos, un día sube el dólar", manifestó Lacunza en su intervención pública. La lógica es elemental pero potente: una empresa que tiene ingresos en pesos y debe pagar deudas en dólares queda expuesta a riesgos cambiarios que escapan a su control. El funcionario rehuía hacer predicciones temporales precisas sobre cuándo esos riesgos se materializarían, reconociendo la incertidumbre inherente a los procesos económicos. No obstante, enfatizaba que con un horizonte de algunos años, las probabilidades de que factores externos o errores de cálculo detonaran una crisis crecían significativamente. Y lo más inquietante: los responsables de haber permitido esa flexibilización es probable que no estuvieran ya en sus puestos cuando la crisis golpeara.
La regulación prudencial como bien público
Sandleris, desde su cuenta en redes sociales, profundizó en una dimensión institucional de la cuestión. Señaló que después de que Argentina cerrara el acuerdo de convertibilidad en 2001, se estableció un consenso en la política económica respecto a cómo regular el sistema bancario. La solución adoptada fue segmentar las operaciones: depósitos y préstamos en pesos de un lado; depósitos y préstamos en dólares del otro. Esta compartimentalización tenía un propósito muy específico: los depósitos en dólares solo podían ser prestados a quienes también generaban ingresos en dólares, lo que reducía dramáticamente el riesgo de que una devaluación los tornara incobrables y, en consecuencia, imposibles de devolver a los depositantes.
El expresidente del Banco Central subrayó que esa regulación prudencial no fue casual ni accidental. Fue el resultado directo del aprendizaje más costoso que la Argentina había vivido en décadas. La crisis de 2001 y sus consecuencias inmediatas —congelamiento de cuentas, corralito, pesificación, default, caída del PBI, desempleo masivo, movilizaciones sociales— dejaron lecciones grabadas a fuego en la memoria de los diseñadores de política. Durante más de veinte años, ese marco regulatorio permitió que Argentina atravesara múltiples turbulencias cambiarias sin que el sistema bancario implosionara nuevamente. No fue suerte: fue arquitectura institucional. Y Sandleris argumentaba que debilitarla por una necesidad coyuntural de expansión crediticia equivalía a comprometer un bien de estabilidad a largo plazo por beneficios de corto plazo cuya magnitud era, en el mejor de los casos, moderada.
La advertencia de Lacunza incorporaba además una crítica más amplia al enfoque de política económica del Gobierno. Sostenía que la macroeconomía no se reduce únicamente a variables como la inflación o el tipo de cambio. Una macroeconomía genuinamente equilibrada debe incluir también empleo, inversión, crecimiento y poder adquisitivo. En su lectura, el Gobierno había logrado cierto éxito en estabilizar precios, pero a costa de deteriorar otros indicadores fundamentales. El "carrito de supermercado predecible" —una referencia irónica a la estabilidad de precios— no constituía un objetivo suficiente si no venía acompañado de ingresos, trabajo y perspectivas de mejora para las familias. Además, cuestionó la posición oficial de que las altas tasas de interés en billeteras virtuales constituían un asunto de índole privada donde el Estado no tenía razones para intervenir. Comparó esa lógica con un árbitro de fútbol que permitiera que dos jugadores se pelearan argumentando que era un problema entre privados, cuando en realidad existe un sistema de reglas y una responsabilidad colectiva de mantener el orden.
Las implicancias de una flexibilización limitada pero precedentaria
Sandleris reconocía que el porcentaje autorizado para esta flexibilización era relativamente acotado: 15% de los depósitos en dólares. Sin embargo, enfatizaba que lo relevante no era solo la magnitud inmediata de la medida, sino el precedente que sentaba. Una vez abierta la puerta a este tipo de préstamos, la presión política, económica y regulatoria para ampliarla crecería con cada ciclo económico que requiriera mayor liquidez. La lógica institucional funciona así: cuando una regla es quebrada bajo argumentos de necesidad coyuntural, su credibilidad como límite duradero disminuye. Las excepciones tienden a multiplicarse. Y eventualmente, la norma original pierde toda vigencia práctica.
Desde esta perspectiva, ambos exfuncionarios no estaban cuestionando necesariamente la intención del Gobierno de reactivar la economía o mejorar el acceso al crédito. Lo que impugnaban era el instrumento elegido para lograrlo. Sugerían rutas alternativas: desarrollar más el mercado de crédito en pesos, mejorar la regulación de tasas en instrumentos financieros menos tradicionales, buscar maneras de estimular el crecimiento sin comprometer las defensas institucionales que habían demostrado funcionar en contextos de turbulencia. El diagnóstico compartido era que Argentina, históricamente, ha tenido enormes dificultades para construir y mantener reglas estables. Por esa razón, cuando logra consolidar una que funciona, debilitarla representa un costo institucional que sobrepasa los beneficios económicos de corto plazo.
La tensión central que estas advertencias visibilizaban es la que enfrenta toda autoridad económica: cómo balancear necesidades inmediatas de reactivación con responsabilidades de preservación institucional. Un Gobierno que prioriza exclusivamente metas de corto plazo corre riesgos de fragilidad futura. Pero un Gobierno que se rigidiza en defender marcos regulatorios sin atender a presiones reales por mayor financiamiento puede ver erosionadas su legitimidad política y su capacidad de acción. Las posiciones de Lacunza y Sandleris sugieren que existe un espacio para políticas que expandieran oportunidades crediticias sin recurrir a mecanismos que ya probaron ser peligrosos. Ello requeriría creatividad institucional, paciencia temporal y una visión que integre tanto la urgencia del presente como las lecciones del pasado. La pregunta que quedaba en el aire era si esa síntesis era posible en el contexto político y económico que Argentina enfrentaba.
