Un régimen de incentivos fiscales diseñado para atraer capitales extranjeros a sectores estratégicos se enfrenta a una paradoja incómoda: moviliza cifras récord en dólares pero genera empleo formal en una proporción que apenas roza lo simbólico. Esta tensión resume el desafío más crítico que atraviesa la estrategia económica argentina en estos momentos, donde la magnitud de las inversiones no se traduce en recuperación proporcional de los puestos de trabajo perdidos durante los últimos dos años y medio.
Los números oficiales son elocuentes pero contradictorios. El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones ha recibido 22 proyectos ya formalizados, que movilizan aproximadamente 47.000 millones de dólares y prometen la creación de alrededor de 96.000 puestos laborales. Sin embargo, en el mismo período, el país registró una caída de 337.365 empleos formales en relación de dependencia, medidos entre noviembre de 2023 y mayo de 2026. La comparación revela que los proyectos aprobados apenas llegan a compensar el 28% de esa pérdida, dejando un déficit de casi 240.000 empleos sin reemplazo visible.
El espejismo de los proyectos en evaluación
La lectura se torna aún más compleja cuando se incorporan los 22 proyectos adicionales que aún están bajo revisión estatal. Estas iniciativas, de dimensiones considerablemente mayores, comprenden inversiones que rondan los 152.000 millones de dólares y ofrecerían la generación de aproximadamente 131.645 empleos, tanto directos como indirectos. Entre estas propuestas pendientes destacan emprendimientos de considerable envergadura: el proyecto de gas licuado y los desarrollos petroleros no convencionales en la zona de Vaca Muerta, que en conjunto superan los 75.000 millones de dólares. Si estas iniciativas obtuvieran la aprobación definitiva, la ecuación se modificaría significativamente, permitiendo que el régimen alcanzara a reponer aproximadamente dos tercios del empleo perdido en el período analizado.
Este escenario plantea interrogantes sobre la capacidad real del instrumento para resolver el problema estructural que enfrenta el mercado laboral formal. Analistas especializados en economía productiva han señalado que incluso bajo el supuesto más optimista, donde se concreten todos los proyectos en evaluación, la proporción de empleos "permanentes" que subsistirían una vez finalizada la etapa constructiva sería notoriamente inferior. Estos cálculos indican que apenas representaría el 14% del empleo total anunciado durante la fase de ejecución, lo que equivaldría a menos del 4% de los puestos asalariados que desaparecieron.
Una recuperación sesgada hacia sectores intensivos en capital
La estructura de las inversiones aprobadas y en evaluación refleja un patrón económico que privilegia sectores intensivos en capital pero con menor capacidad de absorción de mano de obra. Los emprendimientos de energía y minería dominan abrumadoramente la cartera del RIGI, mientras que sectores históricamente grandes generadores de empleo como la industria manufacturera, la construcción y el comercio minorista permanecen rezagados. Esta arquitectura sectorial tiene una consecuencia directa sobre la calidad del empleo recuperable: mientras que una fábrica textil o un proyecto inmobiliario de envergadura puede absorber miles de trabajadores en diferentes niveles de calificación, una operación petrolera o minera requiere personal altamente especializado en menor cantidad, al tiempo que la mayoría de la actividad se concentra en la fase de instalación de infraestructura.
Durante el mismo período en que se registró la mayor caída de empleo formal asalariado, la velocidad de deterioro fue dramática: aproximadamente 11.250 puestos mensuales desaparecieron entre diciembre de 2023 y mayo de 2026. Los empleos que los proyectos ya aprobados prometen crear equivalen apenas a 8,5 meses de destrucción laboral a esa tasa. En otras palabras, tomando en cuenta únicamente los emprendimientos formalizados, se requeriría esperar menos de nueve meses para que el volumen de nuevos puestos igualara la caída acumulada, una comparación que en el contexto de dos años y medio de crisis resulta prácticamente insignificante.
Voces de sectores empresariales vinculados a las inversiones grandes han proyectado perspectivas más expansivas. Ejecutivos de empresas energéticas con presencia destacada en el país han manifestado su convencimiento de que, con un volumen de 150.000 millones de dólares en inversiones bajo el RIGI, considerando tanto proyectos aprobados como aquellos en evaluación, la economía experimentará una demanda sin precedentes de mano de obra y servicios auxiliares. Estos argumentos enfatizan que más allá de los empleos directos generados por las grandes operaciones, existirían efectos multiplicadores sobre proveedores locales, transportistas, servicios profesionales y comercio. Representantes de las industrias petrolera y minera han argumentado ante legisladores que el régimen funciona como catalizador de inversiones que de otra manera no se concretarían o quedarían postergadas indefinidamente, sugiriendo que sin este marco legal y fiscal el país permanecería completamente al margen de oportunidades de capital internacional.
La contraposición entre estos pronósticos y los datos que surgen del análisis de empleo permanente versus transitorio plantea un interrogante de largo alcance sobre los modelos de crecimiento económico que se están privilegiando. Las decisiones de política industrial y fiscal encarnadas en el RIGI apuestan por una estrategia de atracción de megaproyectos en sectores de extracción y transformación de recursos naturales, posicionando al país como destino de capital en esas áreas específicas. Sin embargo, esta orientación coexiste con una contracción sostenida de los espacios productivos que históricamente funcionaron como amortiguadores de crisis laborales: pequeña y mediana industria, construcción tradicional, comercio. Las implicancias de este reordenamiento productivo trascienden lo meramente cuantitativo en términos de puestos de trabajo y se proyectan sobre preguntas de mayor complejidad respecto a la composición, distribución territorial y sustentabilidad del empleo en años venideros.
