La privatización de Agua y Saneamientos Argentinos ha llegado a un punto de quiebre judicial que expone las grietas entre distintos niveles del sistema legal argentino. Mientras la justicia bonaerense insiste en colocar obstáculos legales al proceso de transferencia del servicio hacia manos privadas, desde la propia empresa sostienen que ninguna medida cautelar detendrá los planes del gobierno nacional. En el medio queda suspendido un proceso que podría reconfigurar completamente la gestión del agua potable y las cloacas para millones de habitantes del área metropolitana, generando un escenario de incertidumbre tanto para inversores como para usuarios del servicio.
La Sala II de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata acaba de ratificar una medida cautelar que el Defensor del Pueblo de Buenos Aires, Guido Lorenzino, había presentado meses atrás con el objetivo de paralizar cualquier avance en la privatización. El fallo bonaerense ordena que AySA no puede modificar, recortar ni suspender sus compromisos actuales respecto a la provisión de agua potable, la preservación de la salud pública y la protección ambiental. De manera específica, la medida congela la implementación de un nuevo contrato de concesión que el gobierno había elaborado para mayo de 2026, documento que contenía estándares de calidad notoriamente reducidos en comparación con los que rigen actualmente, diseñados específicamente para facilitar la entrada de un operador privado.
Un aspecto crucial de esta resolución judicial radica en la decisión de los magistrados platenses de derivar todo el expediente hacia la justicia federal. La argumentación detrás de este traslado es clara: AySA mantiene una participación accionaria estatal nacional del 90%, lo que la convierte en una empresa de alcance e importancia federal, no meramente provincial. Esta consideración jurisdiccional abre la puerta a futuras intervenciones de tribunales federales, lo que inevitablemente complejiza aún más un proceso que ya acumula resistencias legales y sociales. La competencia federal, en teoría, podría significar que magistrados con perspectivas diferentes sobre este tema asuman el conocimiento de la causa.
El pulso entre poderes: la empresa insiste mientras la justicia frena
Desde las oficinas de AySA, la respuesta a estos fallos ha sido categórica: la empresa niega que exista cualquier tipo de suspensión y reafirma su compromiso con el cronograma de privatización. Los voceros de la compañía sostienen, además, que los tribunales bonaerenses carecen de competencia para intervenir en decisiones que atañen a una empresa con participación estatal nacional. Según esta argumentación, las cortes provinciales estarían excediendo sus atribuciones al intentar regular procesos que pertenecen al ámbito de jurisdicción federal y que, en última instancia, son decisiones del Estado nacional. Esta postura refleja la tensión estructural entre distintas esferas del poder público argentino, donde ejecutivos, legisladores y jueces frecuentemente entran en conflicto sobre cuestiones de envergadura económica.
El calendario del proceso de privatización ha experimentado, no obstante, algunos ajustes. La apertura de ofertas que originalmente estaba programada para el 27 de agosto fue postergada hacia el 15 de septiembre a las 10 de la mañana. Esta demora, aunque podría interpretarse como una reacción a la presión judicial, ha sido presentada por las autoridades como un reajuste administrativo sin mayores implicancias. El plan estatal contempla la venta del 90% de AySA a través de una concesión de 30 años, operación que se espera genere ingresos por aproximadamente US$ 500 millones. La magnitud de esta transacción y su impacto en la prestación de servicios sanitarios para 14 millones de personas en Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense subrayan la relevancia pública del asunto.
Los actores en juego: grupos empresarios nacionales e internacionales compiten por la concesión
El escenario competitivo de potenciales adjudicatarios revela una compleja trama de intereses empresariales que van más allá del servicio de agua y saneamiento. El grupo Roggio, que ya operaba Aguas Cordobesas con experiencia en la gestión de servicios sanitarios, aparece como el candidato con mayor solidez para capturar la concesión. Sin embargo, existen otros jugadores locales que exploran la posibilidad de ingresar a esta licitación. Mauricio Filiberti, cuya empresa Transclor actualmente abastece cloro a AySA, forma parte de un consorcio que integra con José Luis Manzano y Daniel Vila, accionistas además de Edenor. Este grupo, tras recientemente hacerse con el control de Metrogas y proyectando la compra de activos de Shell en Argentina (incluyendo 900 estaciones de servicio), ha demostrado apetito por grandes operaciones de infraestructura energética y de servicios.
Las regulaciones establecidas en el pliego de condiciones exigen que los postulantes acrediten experiencia previa en la operación conjunta de servicios de agua potable y cloacas. Esta disposición obliga a los operadores locales a asociarse con empresas extranjeras que posean trayectoria comprobada. En el contexto internacional, dos compañías brasileras han manifestado interés en participar en esta privatización. La Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), considerada la mayor empresa de agua y saneamiento en América Latina, opera la red de distribución que abastece a 27 millones de habitantes en la región metropolitana de San Pablo. Paralelamente, Águas do Rio, también de origen brasilero, provee servicios similares en Río de Janeiro y ha expresado interés en evaluar oportunidades en el mercado argentino. La participación de estos grupos internacionales, con experiencia en contextos urbanos de gran escala, podría significar cambios sustanciales en los modelos de gestión, tarifas y estándares operacionales.
La presente encrucijada entre decisiones judiciales y voluntad ejecutiva plantea interrogantes profundos sobre el futuro de un servicio esencial. Por un lado, los fallos bonaerenses reflejan preocupaciones legítimas sobre la preservación de estándares de calidad en la provisión de agua potable y la protección de derechos de usuarios que dependen de este servicio. La congelación de un contrato con menores exigencias operacionales puede interpretarse como un blindaje contra potenciales degradaciones futuras. Por otro lado, el gobierno nacional y la propia AySA argumentan que la privatización, bajo supervisión estatal, podría traer eficiencias operacionales, inversión de capital y modernización de infraestructuras envejecidas. La transferencia a manos privadas también podría implicar cambios significativos en modelos tarifarios, estructura organizacional y relaciones laborales. Lo cierto es que mientras los tribunales bonaerenses insisten en congelar el proceso y la justicia federal aún no se pronuncia, el cronograma sigue avanzando, generando un escenario donde las decisiones judiciales y administrativas avanzan en carriles paralelos, sin claridad sobre cuál prevalecerá finalmente.
