Más de dos años y medio han transcurrido desde que se implementó un programa económico que prometía estabilidad y crecimiento. Sin embargo, lejos de resolver los desequilibrios estructurales que erosionaban la moneda y acumulaban deudas, la realidad actual presenta un cuadro más complejo: una economía que avanza en algunos sectores mientras se hunde en otros, dejando a amplios segmentos de la población con ingresos estancados y limitadas perspectivas de recuperación. Lo que parece ser un éxito en las cuentas fiscales y el manejo del tipo de cambio esconde una fractura profunda en el tejido productivo nacional que amenaza con volverse irreversible si no se toman medidas estructurales de fondo.
El espejismo de los sectores dinámicos
Identificar cuál es el verdadero motor de la economía requiere mirar más allá de los titulares sobre inversión extranjera o acuerdos comerciales. Los sectores que hoy lideran el crecimiento —energía, minería, agronegocios y servicios financieros— representan apenas el 15% del producto bruto interno y apenas el 9% del empleo total. Estas cifras revelan una realidad incómoda: los pilares sobre los cuales se sostiene el modelo actual tienen muy poco alcance en términos de generación de empleo masivo o tracción de la actividad económica general.
Mientras tanto, los sectores que históricamente han sido fundamentales para la actividad económica integrada —comercio ligado a la industria, construcción, manufacturas de mediano valor agregado— siguen cayendo. Esta brecha entre dos velocidades económicas diferentes genera un problema que trasciende los números: crea una economía de dos velocidades donde unos pocos ganan mucho mientras la mayoría apenas subsiste. El desempleo ha aumentado tres puntos desde la llegada del nuevo gobierno, cifra que sube a cuatro puntos si se suma el subempleo. Es decir, mientras se celebran récords de exportación de minerales o energía, hay más personas fuera del mercado laboral formal que hace treinta meses.
Este fenómeno no es accidental. El régimen especial de inversiones que promueve estos sectores exitosos —conocido por sus iniciales RIGI— representa en la actualidad apenas el 1,5% de la inversión total de la economía. Aunque en las proyecciones se mencionen cifras cercanas a ciento veinticuatro mil millones de dólares, lo que efectivamente está aprobado en registros oficiales es significativamente menor: veintiuno mil trescientos millones. Y de eso, solamente ocho mil millones están comprometidos para los próximos dos años. Lo invertido hasta ahora es aún más modesto: menos de dos mil millones de dólares. Estos números ponen en perspectiva cuán limitado es aún el impacto real de esta política, más allá de las expectativas que despierta.
El consumo doméstico, prisionero de un modelo incapaz de incluir
Un elemento fundamental de cualquier economía que pretenda crecer de forma sostenida es la capacidad de sus habitantes para consumir bienes y servicios. En Argentina, este mecanismo está completamente trabado. Los salarios reales —es decir, lo que efectivamente pueden comprar los trabajadores con sus ingresos— permanecen prácticamente estancados. El empleo formal continúa retrayéndose, obligando a millones de personas a buscar alternativas en la economía informal, donde típicamente los ingresos son menores y la protección social inexistente.
El crecimiento económico que se persigue está diseñado casi exclusivamente alrededor de las exportaciones y las inversiones impulsadas por esquemas como el RIGI. En teoría, esto tiene sentido: si no hay demanda interna, hay que buscar compradores afuera. El problema es que en una economía donde las importaciones están contraídas por la retracción general de la actividad, las exportaciones de bienes de alto valor generan ganancias que quedan concentradas en pocas manos, sin derramarse hacia el resto de la sociedad. Con salarios sin poder adquisitivo y empleo cayendo, el consumo de las familias —que representa típicamente entre el 60% y el 75% de la demanda agregada en economías desarrolladas— permanece deprimido. Se espera que crezca poco, algo que los propios analistas consideran inevitable bajo las actuales circunstancias.
Esta situación genera una paradoja incómoda: el gobierno está logrando algunos de sus objetivos —equilibrio fiscal, control del tipo de cambio, reducción de la inflación— pero al costo de comprometer la capacidad de la economía para recuperarse de forma inclusiva. Es como controlar una enfermedad mediante un tratamiento tan agresivo que daña permanentemente los órganos vitales del paciente.
El quiebre en la transmisión monetaria y la trampa del crédito
Uno de los mecanismos clásicos mediante el cual una economía se recupera después de una crisis es el siguiente: el banco central inyecta dinero, los bancos lo prestan a empresas y familias, estos gastan ese dinero, la actividad repunta, se crean empleos, los ingresos suben y el consumo se expande. Es un círculo virtuoso que debería estar ocurriendo actualmente, especialmente considerando que el banco central ha estado comprando casi doce mil millones de dólares mensuales mediante la emisión de dinero local.
Sin embargo, algo se ha roto en esta cadena de transmisión. El dinero que se emite para comprar dólares está llegando al sistema financiero en forma de depósitos bancarios. Pero allí se queda. No hay demanda de crédito significativa, no hay empresas dispuestas a endeudarse para invertir porque no ven perspectivas de ganancia, no hay familias pidiendo préstamos para consumir porque sus ingresos se han contraído. En lugar de circular en la economía real y generar actividad, ese dinero termina siendo absorbido por el tesoro nacional, que lo retira mediante la colocación de títulos de deuda. Lo que debería haber sido un impulso a la inversión y el consumo se convierte en un mecanismo puramente financiero que apenas afecta la economía real.
Este fenómeno tiene implicaciones muy serias. Primero, el gobierno está acumulando deuda en pesos, que medida en dólares representa un aumento del endeudamiento fiscal. Segundo, con una recaudación tributaria que cae 7,5% en términos mensuales, la presión por ajustar el gasto público se vuelve cada vez más intensa, lo que a su vez profundiza la contracción de la demanda. Es un círculo vicioso donde el ajuste fiscal, necesario para lograr equilibrio presupuestario, sabotea la recuperación económica.
La fragilidad fiscal y la ilusión de la sustentabilidad
El gobierno ha hecho del equilibrio fiscal una prioridad casi sagrada, comprometiéndose con el Fondo Monetario Internacional a mantener este objetivo. Sin embargo, los números muestran que este equilibrio se está logrando mediante métodos que comprometen la capacidad del estado de financiar servicios públicos y salarios en el futuro. Se está bajando el gasto público de forma radical, pero al mismo tiempo se están erosionando las bases tributarias mediante diversas políticas: la reducción de contribuciones patronales para nuevos empleados, el régimen especial de inversiones que otorga exenciones, y un monotributo que funciona como un agujero fiscal de mediano plazo.
El monotributo es particularmente problemático. Se necesitan más de veinte aportantes de este régimen para financiar una jubilación mínima, cuando la proporción debería ser inversa. Este sistema es significativamente más costoso que otros ajustes tributarios considerados polémicos, pero porque afecta a sectores con capacidad de movilización política, permanece intacto. El Fondo Monetario ha expresado preocupación explícita sobre esto, pero el gobierno enfrenta una restricción política importante: tocar el monotributo es políticamente muy costoso. Sin embargo, no hacerlo compromete la consolidación fiscal de largo plazo que se necesita para que el plan sea verdaderamente sostenible.
Es decir, se está ajustando el gasto en servicios, salarios del sector público, subsidios a sectores vulnerables, pero no se está abordando la estructura tributaria con la profundidad que sería necesaria. Esto genera una situación donde la sostenibilidad fiscal se logra en el corto plazo mediante el castigo al sector público y a los sectores de menores ingresos, mientras que se deja intacto un régimen tributario que se vuelve cada vez más regresivo.
La pregunta sobre el dólar y la especulación de largo plazo
El tipo de cambio permanece como la variable más volátil y crucial de toda la estrategia. El gobierno mantiene el objetivo de llegar a las elecciones presidenciales de 2027 sin presiones devaluacionistas significativas. Para lograrlo, necesita seguir acumulando reservas de divisas. El plan financiero prevé compras de casi cinco mil millones de dólares durante el próximo año. Sin embargo, esta cifra está condicionada a que la oferta de dólares se mantenga en niveles actuales.
El dólarización de la economía continúa a un ritmo de aproximadamente dos mil millones de dólares mensuales. Si esta tendencia se acelera, o si los ingresos de divisas caen —sea por una menor cosecha agrícola, caída de precios internacionales, menor inversión extranjera, o reducción de exportaciones de carne— la presión sobre el tipo de cambio aumentará significativamente. El cepo a las empresas para retirar ganancias y utilidades es una medida temporal que funciona hoy porque los flujos son ordenados. Pero esto genera un riesgo de largo plazo: si en algún momento se decide liberalizar estas restricciones sin haber acumulado suficientes reservas, podría generarse una corrida.
Existe un compromiso formal con el Fondo Monetario sobre las compras de reservas, lo que genera una restricción importante para cambiar de política en el corto plazo. Sin embargo, la historia económica argentina muestra que los compromisos internacionales pueden desvanecerse cuando la presión política y económica es suficientemente intensa. El gobierno está apostando a que la estabilización siga avanzando, que la inflación baje de forma consistente, y que esto genere una dinámica virtuosa que las elecciones de 2027 reflejen como éxito. Pero esto requiere que múltiples variables converjan favorablemente de forma simultánea.
Proyecciones y escenarios: ¿hacia dónde vamos?
Si el programa continúa avanzando sin sobresaltos importantes, las proyecciones sugieren una inflación del aproximadamente 31% para fin de año, consistente con un ritmo de cerca del 2% mensual. Para 2027, si la normalización financiera sigue su curso actual y el riesgo país continúa bajando, se espera una inflación de alrededor del 25%. En cuanto al crecimiento, después de varios años de caída, la economía está comenzando a recuperarse. Sin embargo, los datos de crecimiento más recientes muestran que actualmente el nivel de actividad es similar al de junio de 2022, es decir, que aún no se ha recuperado todo lo perdido en los últimos años.
Un escenario razonable para 2027 contempla un crecimiento cercano al 2%, acompañado por la inflación mencionada y una estabilidad cambiaria mantenida. Pero esto es un escenario base, una proyección que asume que las variables se comportan como se espera. Existen múltiples senderos alternativos: uno donde la oferta de dólares se agota antes de lo esperado, otro donde la presión fiscal resulta insostenible, otro donde los salarios reales comienzan a recuperarse y esto genera expectativas inflacionarias nuevas. Cada uno de estos escenarios generaría dinámicas muy diferentes.
Para 2027, hay dos preguntas políticas fundamentales sobre el horizonte del país. Primero, si habrá o no un prestamista de última instancia —es decir, si el Fondo Monetario o algún acreedor importante seguirá brindando apoyo financiero en caso de nuevas turbulencias. Segundo, qué tipo de propuesta electoral emergerá como alternativa. Si la oposición presenta un plan para mejorar y extender los aspectos funcionales del modelo actual, o si propone revertirlo por completo hacia esquemas anteriores. Esto último parece improbable, considerando que el modelo previo efectivamente estaba agotado y resultaba pernicioso en múltiples dimensiones. Pero también hay una tercera posibilidad implícita: que una propuesta electoral centrada en revertir el programa se presenta como la alternativa a lo que podría percibirse como un "abismo".
El análisis de lo realizado hasta ahora sugiere un modelo que ha logrado éxitos puntuales —equilibrio fiscal, estabilidad del tipo de cambio, reducción de la inflación— pero al costo de generar una estructura económica cada vez más desigual y menos inclusiva. Se están abriendo sectores de la economía a la competencia internacional, pero esta apertura está ocurriendo con un tipo de cambio que favorece a los que pueden exportar y perjudica a los que dependen del mercado interno. Se están perdiendo recaudaciones tributarias mediante excepciones para inversiones en sectores específicos, sin que se vea aún el impacto masivo en empleo que podría justificar estos sacrificios.
La microeconomía del país está siendo dañada sistemáticamente. Pequeñas y medianas empresas que dependen del mercado interno se cierran diariamente. Las clases medias tradicionales —comerciantes, profesionales independientes, pequeños industriales— ven cómo sus ingresos se erosionan mientras sus costos de producción se mantienen altos. Lo que está emergiendo es una estructura económica de enclave, donde unos pocos sectores integrados globalmente generan riqueza, mientras que el resto de la economía se desmorona. Esta estructura puede ser muy rentable para los que participan en ella, pero deja poco espacio para la inclusión o la mobilidad social.
El gobierno ha demostrado flexibilidad táctica para adaptar el programa cuando era necesario. Ha logrado mantener la gobernabilidad en un contexto que parecía muy frágil. Pero el desafío de largo plazo no es gobernar, es construir una economía que funcione para la mayoría. Un esquema donde el crecimiento se basa exclusivamente en exportaciones e inversiones en enclaves específicos puede mantener estabilidad macroeconómica, pero sacrifica la capacidad del mercado interno de absorber empleo y generar demanda. Las consecuencias de esta decisión se verán con mayor claridad en los próximos años: o bien emerge una clase de inversores importantes que genera empleo de calidad, o bien la economía argentina se convierte en un caso de estudio sobre cómo se puede tener estabil



