En las últimas semanas, la administración nacional ha logrado estirar sus números parlamentarios hasta cifras que hace meses parecían inalcanzables. La aprobación de la reforma de la carta orgánica del Banco Central obtuvo 144 votos en la Cámara de Diputados, un resultado que sorprende si se lo compara con los aproblemados márgenes que caracterizaban las votaciones previas. Sin embargo, detrás de esa cifra aparentemente robusta se esconde una realidad mucho más frágil: 22 de esos votos pertenecen a legisladores prestados —12 del PRO, 2 del Movimiento Independiente Democrático y 8 radicales—. Restados estos apoyos, el ejecutivo apenas reúne 122 diputados, tres menos de los 129 necesarios para conformar quórum. Esto significa que el gobierno simplemente no puede legislar sin la ayuda de terceros, y ese reconocimiento mudo define la arquitectura política de los próximos tres años.
Esta dependencia parlamentaria no es accidental sino estructural. Cuando Javier Milei llegó a la Casa Rosada hace poco más de un año, lo hizo sin partido propio, sin estructura territorial y sin capacidad para controlar ni siquiera a sus propios legisladores. La Libertad Avanza cuenta con bancadas difíciles de disciplinar, donde el cuentapropismo corre desenfrenado y los comisarios políticos tienen poco margen para imponer decisiones desde Olivos. En sesiones recientes de la bicameral de Inteligencia, dos diputados oficialistas se retiraron antes de la votación, dejando al gobierno en minoría. Se trata de un síntoma que los encendidos de poder conocen bien: cuando ni los propios te obedecen sin que medie compensación económica, el control político se convierte en una ilusión costosa.
El precio de las lealtades
Para sostener este juego de equilibrismo sobre la cuerda floja, la administración ha desarrollado un mecanismo de pago que, en teoría, debería ser prohibitivo. El dinero es el único recurso que puede movilizar. Un gobierno con estructura de poder territorial —como los que gobernaron antes— podría distribuir ministerios, nombramientos, control de provincias, influencia en decisiones locales. Milei no tiene eso. Lo que tiene es acceso a las arcas públicas, y precisamente eso es lo que prometió bloquear cuando llegó al poder: un gobierno que achicara el gasto y pusiera fin a lo que calificaba como derroche institucionalizado.
Los aliados lo saben y lo explotan. Cada voto que prestan, cada sesión en la que aparecen para darle quórum, cada apoyo a una iniciativa del ejecutivo tiene un precio expresado en pesos. El PRO, que lidera Mauricio Macri, ha desarrollado una sofisticación particular en este negocio. Mientras sus legisladores aparecen en el recinto para respaldar proyectos oficiales, Macri negocia por separado qué es lo que espera de esa colaboración. Al mismo tiempo que mandaba a Cristian Ritondo y Fernando de Andreis a pactar una alianza electoral para 2027, habilitaba a su círculo íntimo de operadores para trabajar con Hernán Lacunza, su exministro de Hacienda, como eventual candidato presidencial del macrismo.
La escena que define esta dinámica ocurrió hace días en un restaurante de la Recoleta. Lacunza, quien actualmente dirige el Banco de Córdoba, compartió una cena extendida con Jorge Triaca, Humberto Schiavoni, Martín Goerling y Paula Bertol. Todos son operadores de primera línea del macrismo. Repasaron escenarios, estrategias, mapeos electorales. No fue una coincidencia que Lacunza esté al frente de una institución financiera en Córdoba, la segunda provincia del país en cantidad de electores. Cualquiera que estudie geografía electoral sabe que sin Córdoba no hay proyecto presidencial viable. Esa provincia fue clave en los triunfos de Macri entre 2015 y 2019, y también determinante en la victoria de Milei en 2023, cuando el electorado macrista se volcó unificado detrás del candidato oficialista, sumándose además el voto del exgobernador Juan Schiaretti.
Las grietas en el consenso provisional
Mientras tanto, en el Senado se tejía otro tipo de negociación. El gobierno puso a prueba allí también su capacidad de construcción de mayorías. Los aliados ya aseguran votos para suspender las elecciones primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO), al menos en esta instancia. No hay consenso aún sobre otros capítulos de la reforma electoral, pero el ejecutivo espera poder recorrer gobernaciones para conseguir respaldos a la medida. El objetivo es evidente: quitarle al peronismo un mecanismo de organización que históricamente le permitió armarse internamente sin exponer conflictos. El cálculo es que sin PASO, el peronismo tendrá más dificultades para competir. Sin embargo, ese razonamiento tiene un talón de Aquiles llamado Axel Kicillof. Si el gobierno logra suspender las primarias a nivel nacional, el gobernador bonaerense podría desdoblar las elecciones provinciales en fechas distintas, una herramienta que el peronismo demostró el año pasado que sabe usar con efectividad en territorios donde controla la administración.
En la sesión del Senado donde se aprobaron los acuerdos sobre jueces, se confirmó otro dato preocupante para el equilibrio que el gobierno intenta sostener. El pacto de convivencia entre oficialismo y peronismo —donde ambos acordaban no hostigarse mutuamente a cambio de colaboraciones puntuales— casi se rompe. José Mayans tocó temas sensibles sobre el sistema de inteligencia estatal. Cuando mencionó el nombre de alguien vinculado a esa estructura, Nadia Márquez y Patricia Bullrich reaccionaron con dureza. La disciplina se tensionó. Bullrich, sin embargo, decidió contener el impulso y pidió que se votara sin profundizar el conflicto. Priorizó preservar el acuerdo de convivencia que permite sacar jueces sin enfrentamientos mayores. Márquez parecía indisciplinarse ante esa consigna, pero el resultado fue que se evitó el cisma. Estos pequeños quiebres muestran cuán frágil es el consenso que mantiene a flote la agenda legislativa del gobierno.
Hay otro nombre que ha cobrado relevancia en estos meses: Hernán Lacunza no solo es visto como figura potencial del macrismo. Su presencia en el gobierno de Martín Llaryora en Córdoba sugiere que ese distrito podría convertirse en epicentro de un proyecto político alternativo. Llaryora —que ganó su reelección local hace poco— busca posicionarse en el centro del mapa político, algo así como la opción del voto moderado que hoy no tiene candidato identificable. En un país polarizado entre el peronismo del AMBA y el mileísmo cautivo de la ortodoxia económica, esa franja del electorado podría ser decisiva. Lacunza encarna esa posibilidad: economista con experiencia de gobierno, cercano a Macri pero operando en territorio propio. Lo sorprendente es que, mientras Lacunza cena con operadores macristas en la Recoleta, también suma votos en el Congreso Nacional junto a otros aliados provinciales como el exgobernador Schiaretti, cuya esposa Alejandra Vigo suma su voto al de su marido Osvaldo Giordano —asesor económico clave del cordobesismo y, según algunos, con influencia también en la administración del ANSES—.
El dilema de gobernar sin poder
El gobierno enfrenta un dilema sin salida. Para sostener su plan de reelección presidencial necesita mantener estos aliados contentos. Para mantenerlos contentos, debe transferirles recursos. Pero cada peso que transfiere es un peso que no va a cumplir con la promesa de equilibrio fiscal que lo trajo al poder. Es cierto que la administración sostiene haber logrado superávit primario. Sin embargo, hay debates técnicos serios sobre la metodología contable utilizada. Según documentos del Fondo Monetario Internacional, cuando se suma el costo devengado del servicio de deuda —es decir, los intereses capitalizados en letras y bonos del Tesoro—, el resultado muta del superávit reportado hacia un déficit cercano al 0,8 por ciento del PBI. Los expertos discuten estos números, pero la existencia del debate revela las fragilidades del relato oficial.
Hay otro problema más inmediato. Si el gobierno abre los grifos del gasto para pagar a aliados y gobernadores peronistas amistosos, esmerila su capacidad de instalar candidatos propios de La Libertad Avanza en todas las provincias. Los gobernadores exigirán lo primero que siempre exigen: que Olivos saque las manos de los territorios. Pero si acepta eso, pierde el control sobre los espacios donde podría construir poder. Y si se niega, entonces los gobernadores le retirarán colaboración, lo que lo deja nuevamente sin mayorías en el Congreso. Es un círculo vicioso donde cada opción cierra la puerta a la anterior.
En este contexto aparece también la figura de Jorge Brito, uno de los banqueros más importantes del país y presidente de River Plate. Brito ha mantenido un perfil bajo respecto a sus ambiciones políticas, aunque en las últimas semanas ha buscado aclarar públicamente que no está afiliado al peronismo en Salta, algo que había sido reportado en varias ocasiones. El hecho de que ahora desmienta esa afiliación sugiere que está considerando jugar en otro carril. Históricamente, sin embargo, no hay precedentes de candidatos exitosos que hayan competido fuera del esquema binario que domina la política argentina desde hace casi un siglo: peronismo versus no peronismo. Esos dos polos concentran entre el 75 y el 80 por ciento de los votos en todas las elecciones. Los candidatos que intentaron romper ese patrón, aunque fueran figuras mediáticas o empresarios de éxito, fracasaron. Brito tendría que encontrar operadores de la talla de Jorge Landau —quien armó las candidaturas de Daniel Scioli y otros políticos en encrucijadas críticas— para que lo pusiera en condiciones de competir. Con Landau muerto, la búsqueda sería hacia figuras como Oscar Agost Carreño, quien trabajó en la construcción de la candidatura macrista en Córdoba.
Lo que emerge de todo esto es un panorama donde el gobierno actual mantiene una mayoría legislativa de corto plazo a base de transferencias crecientes de recursos públicos a terceros, mientras los aliados tejen sus propias redes, protegen sus propios intereses y preparan sus propios proyectos para cuando Milei se vea obligado a dejar el poder o decida no competir. El oficialismo apunta a que esos aliados mantengan el bloque anti-peronismo vigente en las próximas elecciones. Pero a medida que transcurren los meses, el precio de esas lealtades sube, y la administración tiene cada vez menos herramientas de pago que no impliquen sacrificar sus principios de austeridad fiscal. Si entrega poder, pierde el control de los territorios que necesita para reelección. Si entrega dinero, corroe la ficción del equilibrio presupuestario que lo sostiene políticamente frente a inversores y organismos internacionales. Si no entrega nada, pierde los votos que necesita para legislar. En cualquier escenario, las decisiones que Milei tome en los próximos meses definirán no solo su futuro político sino también el de sus aliados y las posibilidades reales de que alguno de sus competidores logre construir una alternativa viable para 2027.
