La Argentina vuelve a debatir sobre qué necesita para crecer. Pero esta vez no lo hacen políticos en una sala de sesiones, sino empresarios que manejan miles de millones de dólares en inversión y decenas de miles de empleos directos. El mensaje que trasciende es contundente: sin previsibilidad normativa, sin reglas que se mantengan en el tiempo, ningún instrumento fiscal será suficiente para atraer el capital que el país requiere. Esto es crucial porque toca el corazón del dilema argentino: ¿cómo se sale del estancamiento económico cuando los inversores dudan de la permanencia de las decisiones?
La volatilidad como enemigo estructural
Javier Martínez Álvarez, quien lidera operaciones en el Grupo Techint, sintetizó en pocas palabras un problema que atraviesa décadas de historia económica del país. Señaló que la estructura fundamental que ha limitado el desarrollo argentino es la modificación permanente de las normas y los criterios de actuación estatal. No se trata de una crítica a un gobierno en particular, sino de un patrón que se repite: cada cambio de gestión, cada coyuntura política, trae consigo ajustes, reformas, giros inesperados. Para un empresario que planifica inversiones a diez, quince o veinte años, esto es paralizante.
Lo interesante es que Martínez Álvarez reconoce avances en la gestión actual. Admite que existen pasos significativos en la dirección correcta. Sin embargo, esos pasos no alcanzan. Lo que falta es algo más profundo: un marco donde las reglas no cambien al ritmo de los gobiernos, donde exista una continuidad que trascienda los ciclos políticos. El diagnóstico es que los países más abiertos al comercio son justamente aquellos que tienen marcos regulatorios más estructurados y predecibles. La paradoja es notable: apertura y orden van juntas, no en contra.
El RIGI: útil pero con límites evidentes
El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) emerge en la conversación como una herramienta válida pero incompleta. Fue diseñado para atraer capital extranjero a través de beneficios tributarios y estabilidad jurídica durante un período determinado. La ventaja central del RIGI es que reduce el margen de discrecionalidad, eso es, limita la capacidad de funcionarios de cambiar reglas sobre la marcha. Pero aquí está el problema: sólo cubre ciertos sectores específicos. Para la mayoría de la industria manufacturera, para quienes producen bienes de consumo, para pequeños y medianos productores, el régimen no aplica.
Esto genera una situación paradójica. Mientras Vaca Muerta y algunos sectores extractivos cuentan con estabilidad garantizada, la mayoría del tejido industrial sigue sometido a la volatilidad de reglas cambiantes. Martínez Álvarez lo planteó de forma clara: se necesita expandir esa lógica de certidumbre a otros sectores. No se trata de subsidios o proteccionismo, sino de claridad. El empresario de Techint apuntó además problemas concretos como el dumping, la competencia desleal y el contrabando, que erosionan la viabilidad de negocios legales.
Más allá de la energía: el desafío manufacturero
Un dato que circuló en la conversación es contundente: sólo catorce naciones con población superior a treinta millones de habitantes cuentan con un producto interno bruto per cápita mayor al de Argentina. Lo notable es que todas ellas poseen un sector manufacturero significativamente más grande que el argentino. Esta cifra resume el punto central del debate. Vaca Muerta es importante, sin duda. Los hidrocarburos tienen un rol estratégico. Pero la ilusión de que un yacimiento podría resolver los problemas de una economía es justamente eso: una ilusión.
Dolores Brizuela, quien dirige las operaciones de Dow en la región sur, añadió una perspectiva desde la petroquímica. Su empresa está radicada en Bahía Blanca y se dedica a la producción de polietileno. Para ella, el verdadero potencial está en agregar valor al gas extraído de Vaca Muerta a través de cadenas de transformación más complejas. No exportar materia prima cruda, sino convertirla en productos elaborados que generen más empleo y rentabilidad. La petroquímica es justamente ese eslabón intermedio, ese paso que multiplica el valor agregado.
Brizuela identificó barreras de alcance global: China produce una cantidad masiva de productos petroquímicos y, con un crecimiento más lento, genera una sobreoferta global que presiona los precios. Europa enfrenta costos energéticos muy elevados que hacen difícil su competencia. En ese contexto, Argentina tiene ventajas potenciales. La geografía lo posiciona en rutas logísticas ventajosas, especialmente considerando los conflictos geopolíticos que afectan otras regiones productoras. Pero esas ventajas sólo se concretan si existe coordinación entre sectores público y privado, en los tres niveles de gobierno.
La previsibilidad como moneda de cambio
Un punto que Brizuela enfatizó con especial cuidado fue la importancia crítica de la previsibilidad de largo plazo. Cuando ella reporta a las casas matrices en Estados Unidos, el mensaje debe ser claro: Argentina no es un país pendular. Esa palabra, "pendular", es elocuente. Describe exactamente cómo el mundo percibe a la economía argentina: oscilante, impredecible, inclinándose hacia un lado, luego hacia el otro. Para una empresa que invierte miles de millones de dólares en plantas que funcionarán durante décadas, esa percepción es letal.
La empresaria reconoció el valor del RIGI como un viabilizador de inversiones concretas. Ha sido importante. Pero también señaló una limitación temporal: el régimen tiene una fecha de vencimiento que resulta insuficiente para ciclos de inversión muy largos. Una planta petroquímica no se amortiza en cinco o diez años. Requiere de tres décadas o más para recuperar la inversión inicial. Por eso el régimen, aunque positivo, genera ansiedad. ¿Qué pasará cuando expire? ¿Volverán las reglas cambiantes?
El sector automotriz entre la presión global y la capacidad ociosa
Martín Zuppi, presidente de Stellantis, trajo la perspectiva del sector que históricamente ha sido columna vertebral de la industria argentina: la automotriz. Su diagnóstico es descarnado. China produce treinta millones de vehículos anuales pero consume apenas veinticuatro millones, volcando el resto a mercados globales. En ese contexto de competencia extrema, Argentina debe ser competitiva o desaparece del mapa automotriz mundial.
Stellantis opera dos plantas en territorio argentino y está produciendo dos nuevos modelos de pick-ups en Córdoba. Argentina sigue siendo uno de los cuarenta países con capacidad para producir más de quinientos mil vehículos anuales. Es un logro industrial que merece preservarse. Pero Zuppi fue franco: la industria automotriz tiene una capacidad ociosa del 50 por ciento. Hay plantas que no funcionan a pleno rendimiento, hay trabajadores calificados que no están siendo empleados. Es capital humano e infraestructura desperdiciada.
Para el futuro, Zuppi planteó una reflexión que parece sacada de un manual de prospectiva futurista pero que afecta decisiones de inversión hoy. La industria automotriz está transformándose en una experiencia de servicios. Los automóviles autónomos no requieren conductores humanos. Esto libera tiempo que los pasajeros ocuparán de diversas maneras: algunos estudiarán, otros dormirán, otros verán contenido audiovisual. El auto no es más el producto; el servicio de movilidad y la experiencia es el producto. Esto significa que la industria debe prepararse para un ecosistema completamente diferente, con proveedores diferentes, competencias distintas.
La convergencia entre manufactura y servicios
Un tema que emergió con insistencia fue la creciente difuminación de fronteras entre lo que se considera "industria" y lo que se considera "servicios". Martínez Álvarez lo expresó de forma clara: empieza a haber un parentesco, una frontera difusa entre industria y servicio. Esto no es un detalle académico. Tiene implicancias concretas para políticas sectoriales, para cálculo de empleo, para decisiones de inversión.
Tradicionalmente, Argentina ha discriminado entre sectores. Hubo épocas en que se priorizaba la industria manufacturera como motor de empleo. Luego vinieron momentos donde los servicios parecían más rentables. Hoy esa dicotomía pierde sentido. Un fabricante de componentes automotrices que integra software, sensores de última generación y sistemas de conectividad ya no es puramente "industrial". Es híbrido. Lo mismo ocurre con empresas de software que venden servicios integrados con hardware.
El desafío que los empresarios pusieron sobre la mesa es que el país necesita desarrollar empleos en todas direcciones simultáneamente. No puede haber un "ganador" predeterminado. La empleabilidad es el verdadero objetivo, no si esos empleos vienen de fábricas o de oficinas de software. Esto requiere una visión de política pública muy diferente a la que típicamente prevalece, donde siempre existe una jerarquía de sectores "más importantes".
Coordinación pública-privada: la pieza faltante
Brizuela destacó algo que suele quedar en la sombra de estos debates pero que es absolutamente central: falta una mejor articulación conjunta con gobiernos en todos los niveles. No es suficiente con decisiones nacionales. Un proyecto petroquímico en Bahía Blanca requiere coordinación con autoridades municipales, provinciales y federales. Requiere que los recursos físicos necesarios estén disponibles: infraestructura portuaria, vialidad, servicios, energía. Requiere que los trámites sean ágiles.
Brizuela fue honesta al reconocer que el sector privado también tiene una enorme responsabilidad. No se trata solo de pedir al Estado. Los empresarios también deben cumplir, invertir de verdad, generar empleo genuino, respetar regulaciones ambientales y laborales. Pero la responsabilidad es compartida. Cuando esa articulación no existe, cuando el sector público y el privado actúan como adversarios en lugar de socios, los proyectos se paralizan o migran a otros países.
Mirada hacia adelante: posibilidades e incertidumbres
Lo que quedó flotando en estas conversaciones es un panorama complejo. Por un lado, existe el reconocimiento de que Argentina tiene recursos, tiene capacidad industrial, tiene una geografía que puede ser ventajosa. El mundo está mirando a Argentina como un proveedor potencial en varios sectores. Eso es positivo. Por otro lado, la volatilidad normativa sigue siendo un muro que separa esos potenciales de su realización concreta.
Las implicancias de esta situación son múltiples. Si el país no logra construir un consenso sobre reglas estables, seguirá perdiendo inversiones hacia Chile, Brasil, México o países desarrollados donde la previsibilidad es garantizada. Si logra hacerlo, podría ver una reactivación significativa de su capacidad productiva. La diferencia entre uno y otro escenario es enorme: miles de empleos, miles de millones de dólares en inversión, modernización tecnológica, y un cambio en cómo el mundo percibe a la economía argentina.
Los empresarios que participaron en este debate no son revolucionarios. No piden cambios radicales en el sistema. Piden algo más básico pero quizá más difícil de lograr: continuidad, claridad, previsibilidad. Piden que las reglas sean claras y que, una vez establecidas, se mantengan más allá de los cambios políticos. Esta demanda toca el corazón de una pregunta que la Argentina debe responder en los próximos años: ¿es capaz de construir instituciones que trascienda gobiernos? Esa respuesta determinará si el potencial industrial del país se concreta o permanece en el mundo de lo especulativo.
