La geografía laboral argentina se redefine mes a mes, y los números que ilustran esta transformación resultan tan contundentes como inquietantes. Durante los últimos doce meses, el sistema de prestaciones sociales experimentó un vuelco dramático: mientras 176.099 niños y niñas perdieron acceso a beneficios destinados a familias con trabajadores formales, simultáneamente creció el contingente de padres que dependen de programas diseñados para la población en situación de informalidad o desempleo. Los datos, provenientes de registros oficiales de la Subsecretaría de Seguridad Social, revelan una migración involuntaria de millones de argentinos hacia esquemas de protección cada vez más restringidos, con montos menores y exigencias más severas. Este proceso refleja algo más profundo que simples fluctuaciones estadísticas: evidencia la erosión del tejido laboral formal que caracterizó décadas de la economía argentina.
El colapso de las asignaciones para trabajadores en relación de dependencia
La caída no fue uniforme ni gradual. Entre mayo de 2025 y mayo de 2026, el universo total de beneficiarios en el Sistema de Asignaciones Familiares de ANSES se contrajo de 9.451.958 a 9.276.916 prestaciones activas. Detrás de esa cifra abstracta yace una realidad concreta: 175 mil beneficiarios menos accediendo a recursos que, aunque modestos, representaban un colchón contra la pobreza. Pero el panorama se complica aún más cuando se examina la composición de esa caída. Del total de personas que dejaron de percibir asignaciones, la inmensa mayoría —141.646 trabajadores— provenía del segmento de empleados en relación de dependencia, es decir, aquellos que contaban con aportes regulares al sistema de Seguridad Social. Esto significa una reducción del 4,8% en este segmento específico, una contracción que deja al descubierto el estado de fragilidad del empleo privado registrado. A esto se suma la pérdida de 37.504 asignaciones correspondientes a jubilados y pensionados con cargas familiares, una reducción del 5,4%, y 35.193 beneficiarios menos entre monotributistas, equivalente a una caída del 5,9%. Estos números dan cuenta de una contracción multisectorial que afecta prácticamente todos los estratos formales del mercado laboral.
El contexto macroeconómico de los últimos dieciocho meses explica parcialmente esta sangría. Las tasas de interés elevadas, la restricción crediticia y la contracción de la demanda interna generaron una cadena de despidos y desvinculaciones que impactó primero en pymes y comercios, extendiéndose luego hacia sectores más grandes de la economía. Cada trabajador desvinculado de un empleo formal no solo pierde su salario: pierde también el acceso a una estructura de beneficios que, aunque insuficiente, operaba como red de contención. Sus hijos dejan de figurar en las nóminas de la Asignación Familiar por Hijo (AFH), cuyo monto varía según el ingreso familiar declarado, oscilando en julio entre 15.586 y 74.033 pesos, con topes de ingresos familiares establecidos en 6.069.688 pesos mensuales y un límite individual de 3.034.844 pesos por progenitor.
El desplazamiento hacia la informalidad y sus consecuencias
Lo paradójico —o tal vez lo previsible— es que mientras disminuían los beneficiarios de prestaciones para trabajadores formales, crecía el número de padres que accedían a la Asignación Universal por Hijo (AUH), el programa destinado a desocupados e informales. Específicamente, 30.120 padres más cobraron la AUH durante el mismo período, una variación del 0,7% que, aunque porcentualmente modesta, adquiere relevancia cuando se la contextualiza. La AUH pagaba en julio 148.049 pesos brutos, aparentemente un monto superior al de la AFH, pero su estructura es radicalmente diferente: implica una condicionalidad estricta (escolaridad obligatoria, controles de salud, vacunaciones), no reconoce aportes al sistema previsional para el acceso a jubilación futura, y su percepción es indicativa de una situación de vulnerabilidad social que trasciende lo meramente económico. Asimismo, 8.124 beneficiarios adicionales accedieron a prestaciones por desempleo, otro indicador del crecimiento de la desocupación abierta en el período considerado.
Este corrimiento de población desde la formalidad hacia la informalidad y la desocupación no es un fenómeno aislado de las políticas de asignaciones. Representa un síntoma de un proceso estructural más amplio que viene gestándose hace años, pero que se aceleró dramáticamente en el último trienio. Históricamente, Argentina contaba con un sector formal robusto, heredero de tradiciones de industrialización sustitutiva y sindicalismo organizado. Ese modelo generó expectativas de movilidad y protección social que, aunque nunca fueron completamente equitativas, llegaban a capas significativas de la población. Hoy, esa estructura se erosiona. Los trabajadores desvinculados no retornan automáticamente a empleos formales similares; muchos devienen informales, trabajando por cuenta propia, en servicios de plataformas, o en empleos precarios sin registro. Sus familias experimentan un salto cualitativo hacia abajo en términos de seguridad económica y acceso a servicios.
La dimensión acumulativa de la contracción
Para dimensionar la magnitud del fenómeno, conviene retroceder más en el tiempo. Si se comparan los datos de noviembre de 2023 con los de mayo de 2026 —un lapso de aproximadamente treinta meses—, el Sistema de Asignaciones Familiares pasó de 10.371.534 beneficiarios a 9.276.916. Eso representa una pérdida de casi 1,1 millón de prestaciones activas, una cifra colosal que sugiere que la contracción del empleo formal no es un ajuste coyuntural sino el síntoma de un reordenamiento profundo. Aunque parte de ese movimiento se compensó con el crecimiento en la AUH, la transferencia neta de beneficiarios hacia programas menos generosos y más condicionados indica un empeoramiento del bienestar promedio de las familias con menores a cargo. Un trabajador que percibía AFH y pierde su empleo formal pasa a depender de la AUH si cumple requisitos, pero con protecciones significativamente menores y sin contribuir al fondo previsional que eventualmente le permitiría acceder a una jubilación por derecho propio.
Los ajustes por movilidad previsional que afectan tanto a los montos de las asignaciones como a los topes de ingreso introducen otra capa de complejidad. Aunque estos mecanismos buscan preservar el poder adquisitivo de las prestaciones en contextos inflacionarios, su aplicación en un escenario de contracción laboral genera efectos secundarios: familias que hace poco tiempo eran elegibles para AFH pueden quedar excluidas simplemente porque los topes de ingreso se redefinen al alza, aunque sus ingresos reales se reduzcan. Similarmente, trabajadores que intentan mantenerse en la informalidad para escapar del desempleo abierto encuentran que sus ingresos intermitentes los hacen acreedor a una AUH que, aunque útil, requiere cumplimientos administrativos y sanitarios que no siempre resulta fácil sostener, especialmente en contextos de pobreza extrema.
Las implicancias de este reordenamiento trascienden lo estadístico. La erosión del empleo formal con protecciones sociales asociadas genera dinámicas que tienden a perpetuarse: hijos de padres desocupados o informales tienen menores oportunidades educativas, lo que eventualmente limita sus posibilidades de acceso a empleos formales cuando llegan a la edad de trabajar, completando un ciclo intergeneracional de vulnerabilidad. Simultáneamente, la reducción en la cantidad de trabajadores formales con contribuciones al sistema previsional genera presiones fiscales sobre el financiamiento de jubilaciones y pensiones, cuya sostenibilidad depende del equilibrio entre contribuyentes activos y beneficiarios pasivos. Los distintos actores interesados en estas dinámicas—sindicatos que ven menguar sus bases de afiliación, organismos de seguridad social enfrentados a desafíos de financiamiento, gobiernos presionados por exigencias de cobertura universal con presupuestos limitados, y familias que simplemente necesitan subsistir—interpretarán estas tendencias de manera divergente, situándose en posiciones que van desde la demanda de políticas de empleo más agresivas hasta propuestas de reformas estructurales en los sistemas de protección social.
TITULO: La informalidad avanza en los hogares: caída histórica de beneficiarios entre trabajadores registrados SUBTITULO: Más de 176 mil menores perdieron cobertura de asignaciones en doce meses mientras la desocupación empuja a familias hacia programas de protección social TAGS: empleo,protecciónsocial,economía IMAGEN_QUERY: oficina ANSES edificio Buenos Aires trámites, escritorio empleado formal trabajador, familia argentina hogar pobreza CONTENIDO:La geografía laboral argentina se redefine mes a mes, y los números que ilustran esta transformación resultan tan contundentes como inquietantes. Durante los últimos doce meses, el sistema de prestaciones sociales experimentó un vuelco dramático: mientras 176.099 niños y niñas perdieron acceso a beneficios destinados a familias con trabajadores formales, simultáneamente creció el contingente de padres que dependen de programas diseñados para la población en situación de informalidad o desempleo. Los datos, provenientes de registros oficiales de la Subsecretaría de Seguridad Social, revelan una migración involuntaria de millones de argentinos hacia esquemas de protección cada vez más restringidos, con montos menores y exigencias más severas. Este proceso refleja algo más profundo que simples fluctuaciones estadísticas: evidencia la erosión del tejido laboral formal que caracterizó décadas de la economía argentina.
El colapso de las asignaciones para trabajadores en relación de dependencia
La caída no fue uniforme ni gradual. Entre mayo de 2025 y mayo de 2026, el universo total de beneficiarios en el Sistema de Asignaciones Familiares de ANSES se contrajo de 9.451.958 a 9.276.916 prestaciones activas. Detrás de esa cifra abstracta yace una realidad concreta: 175 mil beneficiarios menos accediendo a recursos que, aunque modestos, representaban un colchón contra la pobreza. Pero el panorama se complica aún más cuando se examina la composición de esa caída. Del total de personas que dejaron de percibir asignaciones, la inmensa mayoría —141.646 trabajadores— provenía del segmento de empleados en relación de dependencia, es decir, aquellos que contaban con aportes regulares al sistema de Seguridad Social. Esto significa una reducción del 4,8% en este segmento específico, una contracción que deja al descubierto el estado de fragilidad del empleo privado registrado. A esto se suma la pérdida de 37.504 asignaciones correspondientes a jubilados y pensionados con cargas familiares, una reducción del 5,4%, y 35.193 beneficiarios menos entre monotributistas, equivalente a una caída del 5,9%. Estos números dan cuenta de una contracción multisectorial que afecta prácticamente todos los estratos formales del mercado laboral.
El contexto macroeconómico de los últimos dieciocho meses explica parcialmente esta sangría. Las tasas de interés elevadas, la restricción crediticia y la contracción de la demanda interna generaron una cadena de despidos y desvinculaciones que impactó primero en pymes y comercios, extendiéndose luego hacia sectores más grandes de la economía. Cada trabajador desvinculado de un empleo formal no solo pierde su salario: pierde también el acceso a una estructura de beneficios que, aunque insuficiente, operaba como red de contención. Sus hijos dejan de figurar en las nóminas de la Asignación Familiar por Hijo (AFH), cuyo monto varía según el ingreso familiar declarado, oscilando en julio entre 15.586 y 74.033 pesos, con topes de ingresos familiares establecidos en 6.069.688 pesos mensuales y un límite individual de 3.034.844 pesos por progenitor.
El desplazamiento hacia la informalidad y sus consecuencias
Lo paradójico —o tal vez lo previsible— es que mientras disminuían los beneficiarios de prestaciones para trabajadores formales, crecía el número de padres que accedían a la Asignación Universal por Hijo (AUH), el programa destinado a desocupados e informales. Específicamente, 30.120 padres más cobraron la AUH durante el mismo período, una variación del 0,7% que, aunque porcentualmente modesta, adquiere relevancia cuando se la contextualiza. La AUH pagaba en julio 148.049 pesos brutos, aparentemente un monto superior al de la AFH, pero su estructura es radicalmente diferente: implica una condicionalidad estricta (escolaridad obligatoria, controles de salud, vacunaciones), no reconoce aportes al sistema previsional para el acceso a jubilación futura, y su percepción es indicativa de una situación de vulnerabilidad social que trasciende lo meramente económico. Asimismo, 8.124 beneficiarios adicionales accedieron a prestaciones por desempleo, otro indicador del crecimiento de la desocupación abierta en el período considerado.
Este corrimiento de población desde la formalidad hacia la informalidad y la desocupación no es un fenómeno aislado de las políticas de asignaciones. Representa un síntoma de un proceso estructural más amplio que viene gestándose hace años, pero que se aceleró dramáticamente en el último trienio. Históricamente, Argentina contaba con un sector formal robusto, heredero de tradiciones de industrialización sustitutiva y sindicalismo organizado. Ese modelo generó expectativas de movilidad y protección social que, aunque nunca fueron completamente equitativas, llegaban a
