La temperatura política se dispara en el interior del país mientras la coalición gobernante se retuerce sobre sí misma. No se trata de una rebelión abierta ni de un quiebre dramático, sino de algo más sofisticado: una presión silenciosa pero coordinada que viene del mapa territorial. Trescientos intendentes de catorce provincias se reunieron en Rosario bajo la estructura del Consejo Federal de Intendentes para transmitir un mensaje que trasciende las fronteras administrativas. El reclamo tiene números precisos y demandas concretas, pero su verdadera lectura es política. El gobierno nacional enfrenta ahora no solo la erosión esperada de cualquier administración al segundo año de gestión, sino la reactivación de una lógica federal que creía domesticada.
Los números que pesan en el interior
Desde el inicio de 2026, la recaudación por impuesto a los combustibles ha depositado dos mil millones de pesos en las arcas nacionales. A eso se suman mil trescientos millones más provenientes de Aportes del Tesoro Nacional que el gobierno retuvo bajo el argumento de sostener el equilibrio fiscal. Para las intendencias, estas cifras no son abstracciones contables sino la diferencia entre ejecutar obras públicas o paralizar los canteros. La coparticipación tributaria, ese espectro que persigue la federalización argentina desde hace décadas, vuelve a ocupar el centro de la conversación política.
El Senado ya había demostrado estar dispuesto a tratar el tema con otra actitud. En julio pasado aprobó la devolución de tributos a combustibles por una votación contundente: cincuenta y seis votos a favor y apenas uno en contra. Sin embargo, en Diputados la historia fue distinta. El presidente de esa cámara exigió una mayoría especial de ciento veintinueve votos argumentando que se trataba de una ley fiscal, cuando en realidad el debate se concentraba en transferencias de recursos a provincias. La votación de octubre fue escandalosa: la oposición alcanzó ciento veintiséis votos pero no llegó a la cifra requerida. Ahora, pasado el receso legislativo, existe la posibilidad de reflotarlo.
La cumbre de Santa Fe y sus mensajes cifrados
Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe, convocó a una mesa donde se sentaron Alfredo Cornejo, Gustavo Valdés e Ignacio Torres. Los tres responden formalmente al oficialismo, pero comparten una realidad territorial que los coloca en una posición de facto opositora cuando se trata de recursos. El encuentro discurrió sobre déficits provinciales, caídas en la recaudación y la necesidad urgente de que el gobierno nacional abriera algunos grifos del financiamiento.
El mensaje que circuló desde esa reunión tiene dos capas. La primera es administrativa: Milei debe ceder en materia de fondos para obras viales y servicios básicos si quiere que las provincias funcionen. La segunda, más profunda, es política: si el gobierno nacional aspira a competir en los comicios de 2027, necesita construir alianzas territoriales. Algunos distritos podrían convertirse en espacios de acuerdo explícito; otros, en zonas donde simplemente se distribuyan los espacios de poder sin confrontación visible. Para eso, la nación debe flexibilizar su posición fiscal.
El cálculo detrás de estos movimientos no es ingenuo. Los intendentes alineados en lo que se conoce como Provincias Unidas perciben que la caída de recaudación nacional está generando un efecto cascada. Donde menos dinero ingresa a las arcas nacionales, menos se coparticipa a las provincias. Y donde menos llega a las provincias, menos pueden invertir en lo que los gobernadores necesitan desesperadamente: ejecutar obra pública que justifique su gestión electoral. Es un ciclo que, de no interrumpirse, puede volverse explosivo.
Macri: el maestro de la ambigüedad calculada
Mientras tanto, en Buenos Aires, otro actor del tablero juega una partida más sofisticada. Mauricio Macri no habla directamente de sus intenciones electorales. Ha instruido a su vocero para que transmita un mensaje que opera entre líneas: lo mejor que podría suceder sería que Macri vuelva a ser presidente. La autorización para que su portavoz dijera algo así solo puede venir de la cúpula de las decisiones. No se trata de una indiscreción, sino de una estrategia de comunicación calibrada.
El exmandatario mantiene una agenda que podría parecer de campaña disfrazada de gestión política. El viernes reunió dirigentes en Vicente López; el veinte reaparecerá en Mendoza para convocar a referentes del Gran Cuyo; después viajará al mundial de fútbol dejando su figura suspendida en la atmósfera pública como la de alguien que ya está en carrera. Su gramática es la de un candidato que construye narrativa de liderazgo a través de escenarios cuidadosamente diseñados. Tiene previsto además un encuentro privado con Ignacio Torres, el gobernador catamarqueño que insiste desde antes de los comicios pasados en que Milei debe llegar a un entendimiento con Provincias Unidas.
Lo que Macri administra es una ambigüedad estratégica. Si el gobierno de Milei entra en emergencia, si la economía no despega y el electorado se mueve hacia opciones alternativas, entonces el PRO tendrá que plantearse caminos propios. Pero si Milei logra estabilidad, si el superávit fiscal se consolida sin que ello implique un costo electoral insostenible, entonces Macri puede actuar como socio menor en una coalición donde el libertario mantiene la iniciativa. El PRO será presentado como el "segundo tiempo" de lo que Milei inauguró, la opción ordenada para después. Mientras tanto, la ambigüedad permite que Macri no cierre ninguna puerta. Es la habilidad que lo caracteriza: mantener todas las opciones abiertas hasta que las circunstancias obliguen a elegir. Uno de los gobernadores presentes en la cena santafesina lo resumió así: "No lo imagino a Mauricio tirándose a la parrilla ahora, cuando falta tanto tiempo para 2027".
Las grietas del oficialismo en el Congreso
Los síntomas de desgaste también aparecen en las cámaras legislativas. El jueves pasado, en una votación que sorprendió a los operadores del oficialismo, el Senado aprobó tratar un proyecto que impide la privatización de AySA. Wado de Pedro, senador identificado con el cristinismo más duro, pidió un voto de preferencia para acelerar una iniciativa que dormitaba desde hace más de un año. El gobierno estaba a punto de publicar un decreto convocando a la privatización de la empresa de aguas y saneamientos más importante del país. En menos de cuatro horas, con una maniobra legislativa, el senador logró forzar el tratamiento del proyecto. La votación fue treinta y cinco a treinta y tres. Patricia Bullrich, ministra de Seguridad y referente político del oficialismo en la cámara alta, no pudo hacer más que levantar un escudo flojo argumentando que el proyecto "iba contra un proyecto del gobierno". Era un argumento que no convenció ni a propios.
Lo que quedó expuesto fue la fragilidad numérica del oficialismo y, más importante aún, la capacidad de senadores que responden a mandatarios provinciales de priorizar intereses territoriales por encima de consignas nacionales. Ese mismo día, Bullrich tuvo que dialogar con senadores opositores sobre reforma electoral. Admitió que el oficialismo no quiere eliminar las PASO sino hacer "algunos retoques". Presentó un modelo inspirado en sistemas norteamericanos que requería inscripción previa de candidatos. Pero cuando le preguntaron cuándo llevaría el proyecto al recinto, respondió con vaguedad: "Ya veremos". Mientras, la Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por el senador fueguino Agustín Coto, tiene previsto retomar su trabajo dentro de dos semanas.
En esa misma comisión ocurrió algo que pasó desapercibido pero que tiene significación política. Designaron vicepresidenta a Florencia López, senadora riojana que aspira a competir por la gobernación en 2027 contra el presidente de Diputados, Martín Menem. El peronismo rechaza las comisiones que el oficialismo reparte según lo que considera una distribución proporcional injusta de bancas. Que López accediera a una vicepresidencia implica que tiene respaldo transversal dentro del peronismo, una validación que necesitaba para avanzar en su aspiración a gobernadora.
El peronismo se reorganiza con sus propias reglas
En el interbloque peronista también ocurren movimientos que sugieren una cierta reconfiguración. Ricardo Quintela, gobernador riojano, visitó este jueves a la bancada para presionar por un sistema de candidaturas que agilice la competencia en 2027. José Mayans, jefe del bloque, respondió que el martes próximo el Congreso del partido formalizaría la creación de un Foro Político integrado por jefes de bloque, vicepresidentes del PJ (que suplen la ausencia de Cristina Kirchner, inhabilitada por sentencia), e Gildo Insfran, presidente del Congreso partidario. Ese foro estaría avalado por los caciques que administran el sello peronista: Cristina, Axel Kicillof, Sergio Massa, entre otros.
El peronismo intenta ordenarse electoralmente desde el reconocimiento de que, aunque mantiene un piso electoral firme cercano al treinta y cuatro por ciento, enfrenta problemas de liderazgo y de propuesta que lo debilitan. El cristinismo, que durante años operó desde posiciones de poder adquirido, ahora se ve acorralado cuando intenta bloquear iniciativas. En la misma sesión donde Wado logró su triunfo sobre AySA, el cristinismo intentó frenar la designación del magistrado Carlos Mahiques para la Casación. Varios senadores esgrimieron argumentos para aprobarlo: algunos recordaron que Mahiques había tomado decisiones favorables en el pasado, otros admitieron directamente tener acuerdos con el gobierno sobre el tema, y varios más citaron instrucciones explícitas de sus gobernadores. El cristinismo sumó apenas once votos en contra, mientras que Mahiques fue designado con cincuenta y ocho votos. Quedó claro que la renovación del magistrado opera como una política de Estado, una de las pocas cosas que logra consenso transversal.
Las implicancias de un tablero fragmentado
Lo que está sucediendo en el tejido político argentino refleja una situación que trasciende los debates coyunturales. El gobierno de Milei heredó de su antecesor una coalición ya fracturada, con socios que nunca fueron del todo leales y que ahora, ante síntomas de debilidad, comienzan a buscar salidas alternativas. Las provincias presionan desde la lógica federal, recordando que sin recursos territoriales no hay gestión posible. Macri juega desde la ambigüedad, manteniendo abiertas todas las puertas mientras evalúa si Milei puede o no ser un socio viable para 2027. El peronismo intenta reorganizarse desde sus debilidades, buscando construir candidaturas que superen los problemas de liderazgo que lo aquejan.
La erosión del oficialismo también tiene causas estructurales que van más allá de decisiones tácticas. La inflación anual ronda el treinta por ciento; el superávit se alimenta de retenciones a provincias y de no pagar cuentas que en algún momento alguien reclamará; existe una percepción creciente de corrupción; y el país sigue sin acceso a financiamiento internacional privado, dependiendo de multilaterales. El gobierno insiste en que cumplió su promesa de equilibrio fiscal, pero el electorado percibe que ese equilibrio se construyó sobre el sacrificio territorial y sobre el incumplimiento de promesas de mayor envergadura: acabar con la inflación, recolocar al país en el mundo, eliminar la casta política.
Estos factores explican por qué comienzan a manifestarse "rebeliones secretas" entre sectores que hace seis meses apoyaban ciegamente al gobierno. No es oposición explícita, sino búsqueda de alternativas que permitan que el proyecto político continúe sin Milei, evitando a la vez que el péndulo se desplace hacia opciones peronistas. Es el dilema clásico de los sectores moderados argentinos: elegir entre lo malo ante el temor de que sea reemplazado por lo peor.
Las próximas semanas y meses determinarán si el gobierno logra cerrar estas grietas con concesiones fiscales estratégicas o si, por el contrario, la inflexibilidad con provincias y diputados disidentes termina acelerando una fragmentación que ya está en marcha. Lo que resulte de esa pugna no solo condicionará la gobernabilidad inmediata, sino que definirá de qué manera se presentará el tablero electoral en 2027. Mientras tanto, los gobernadores siguen esperando respuestas concretas, Macri sigue calibrando movimientos y el peronismo intenta convertir sus debilidades en fortalezas organizativas.
