Cuando la inflación alcanzó cifras de vértigo hace cuatro décadas en Israel —rondando el 450% anual—, el país enfrentaba algo más que un problema de números rojos. Se trataba de una encrucijada existencial: la economía se desangraba, el gasto público devoraba tres cuartas partes del producto interno bruto, la fuga de divisas era imparable y el fantasma del incumplimiento de pagos externos asomaba en el horizonte. Hoy, esa experiencia traumática se ha convertido en objeto de estudio para economistas y tomadores de decisión que buscan comprender cómo una nación puede transitar desde el borde del colapso hacia la estabilidad y el crecimiento sostenido. La relevancia de este análisis radica en que las recetas aplicadas hace cuarenta años siguen siendo válidas: no existen atajos mágicos, sino disciplina, paciencia y, sobre todo, acuerdos que trasciendan las divisiones políticas tradicionales.

Una crisis gestada en décadas de turbulencia

Los problemas económicos que Israel enfrentó durante los años ochenta no surgieron de la nada. Desde fines de los sesenta, una combinación de conflictos geopolíticos, tensiones regionales permanentes y decisiones de política fiscal expansiva había socavado los cimientos de la economía. El gasto público se había elevado hasta representar aproximadamente el 76% del producto interno bruto —una proporción que, en comparación histórica, coloca a Israel en un terreno de experimentalismo fiscal pocas veces visto en economías occidentales—. El déficit fiscal bordeaba el 17% del PBI, cifra que ilustra la magnitud del desequilibrio entre lo que el Estado gastaba y lo que recaudaba.

La inflación galopante no era un síntoma aislado sino la manifestación visible de un sistema económico que funcionaba mediante indexación generalizada: salarios ajustados por inflación pasada, precios de bienes y servicios atados a índices de actualización, dinero impreso sin control para financiar el gasto deficitario. Era un círculo vicioso donde cada mes el nivel de precios se alejaba más del anterior, donde las personas y las empresas perdían capacidad de planificación, donde la incertidumbre se convertía en el verdadero enemigo de cualquier inversión o proyecto a mediano plazo. Según testimonios de especialistas que estudiaron el período, Israel estuvo verdaderamente al borde de declararse insolvente, algo que nunca había ocurrido y que hubiera comprometido su acceso al financiamiento internacional.

El plan de 1985: audacia institucional y sacrificios compartidos

Lo distintivo de la respuesta israelí radicó menos en la originalidad técnica de sus medidas y más en su capacidad para construir consenso político alrededor de ellas. En 1984, cuando la crisis tocaba fondo, se formó un gobierno de unidad nacional que reunía a las principales fuerzas del centroizquierda y el centroderecha. Esta coalición no fue resultado de afinidades ideológicas sino de necesidad histórica: todos comprendían que sin un acuerdo estructural, el país estaba condenado a experimentar ciclos sucesivos de programas fallidos. Los sindicatos, el sector empresarial y ambas fuerzas políticas mayoritarias acordaron asumir conjuntamente el costo social que la estabilización implicaría, un acuerdo que funcionó como colchón institucional cuando las medidas golpearon los salarios reales de los trabajadores.

El programa económico fue directo y sin ambigüedades. Se eliminó la indexación de precios y salarios, un paso que muchos economistas consideraban imposible sin generar una convulsión social de magnitudes impredecibles. Se devaluó la moneda un 20% de manera inicial y posteriormente se utilizó el tipo de cambio como ancla nominal, una estrategia que buscaba fijar un punto de referencia estable en medio del caos inflacionario. El crédito se restringió severamente, la emisión monetaria fue sometida a límites estrictos —rechazando la financiación del déficit mediante impresión de dinero—, y las tasas de interés se elevaron considerablemente para desalentar el consumo y alentar el ahorro. Simultáneamente, el gasto público se redujo de forma drástica, descendiendo desde el 76% del PBI hasta aproximadamente el 60%.

Los resultados iniciales fueron espectaculares pero engañosos. La inflación cayó con sorprendente rapidez, bajando desde el 450% anual hasta rondar el 20%. Sin embargo, ese 20% permaneció enquistado durante el resto de la década de los ochenta e incluso penetrando en los noventa. La inercia inflacionaria —ese mecanismo por el cual las expectativas de inflación futura permanecen ancladas en la inflación pasada— demostró ser un adversario mucho más resistente que los porcentajes mensuales. El costo social fue brutal: los salarios reales de los trabajadores disminuyeron casi un 10% en los primeros años del programa, un sacrificio que recayó desproporcionadamente sobre quienes menos capacidad tenían para absorberlo. Pero el pacto político sostuvo, precisamente porque la sociedad israelí había internalizado que el colapso era la alternativa.

Las instituciones como garantía de permanencia

Lo que distingue verdaderamente la experiencia israelí de otros intentos de estabilización es cómo transformó compromisos coyunturales en instituciones duraderas. Se aprobó una ley de presupuesto que establecía un calendario fijo de aprobación legislativa: si el presupuesto no era votado antes del 31 de marzo de cada año, el gobierno caería de manera automática. Esta regla, que puede parecer casi absurda en su rigidez, funcionó como mecanismo de disciplina política imposible de evadir mediante negociaciones o argacias parlamentarias. Límites estrictos al déficit admisible fueron inscritos en la ley, reduciendo los márgenes de maniobra para gobiernos que quisieran regresar a la financiación inflacionaria.

La independencia del Banco Central, inicialmente, no fue formalizada mediante ley sino que operó como un acuerdo tácito entre las autoridades monetarias y los gobernantes de turno: nadie imprimiría dinero para financiar el déficit fiscal, punto. No fue hasta 2010 cuando esta práctica de dos décadas y media se codificó en una ley formal. Lo relevante es que las reglas fiscales, aunque no contemplaban sanciones legales explícitas por su violación, adquirieron un peso político formidable. Incumplirlas se volvió electoralmente prohibitivo, no por amenaza de juicio sino por el costo reputacional y de confianza que implicaba romper un pacto nacional. Con el tiempo, la responsabilidad fiscal se transformó en una expectativa que el electorado exigía independientemente de qué partido gobernara, un cambio cultural de profundas implicancias.

La plataforma para la innovación tecnológica

Si la estabilización de 1985 hubiese sido solo un ejercicio de austeridad prolongada, Israel habría logrado evitar el default pero habría quedado condenado al estancamiento. Lo que ocurrió después fue igualmente importante: las reglas institucionales permanecieron estables mientras que las políticas económicas concretas evolucionaron significativamente. A fines de los ochenta y durante los noventa, la economía se liberalizó de forma progresiva, se privatizaron empresas públicas, se eliminaron controles de precios y finalmente se adoptó un tipo de cambio flotante desde el año 2000.

Este espacio de certidumbre institucional coincidió con la explosión de la innovación tecnológica. Israel transformó su perfil exportador: de una economía agrícola y basada en la exportación de naranjas y flores, pasó a convertirse en una potencia mundial de tecnología y startup. Este cambio no fue accidental ni resultó de manera espontánea de la estabilización. Fue fruto de una estrategia deliberada de inversión en investigación y desarrollo, del apoyo estatal a ecosistemas de emprendedorismo, de la participación de universidades e institutos de investigación que se conectaron con el sector privado, de incentivos que atrajeron a multinacionales como Apple, Google y Nvidia a establecer centros de desarrollo en el territorio israelí.

Pero el nexo causal es crucial: la estabilidad macroeconómica creó el terreno abonado. Cuando la inflación rondaba el 450% anual, los empresarios pensaban en horizontes de tres meses, no de tres años. Las decisiones de inversión en investigación y desarrollo, que requieren horizonte de planificación de cinco, diez o incluso quince años, eran simplemente imposibles en contexto de incertidumbre radical. La estabilidad no generó la industria tecnológica por sí sola —eso requirió políticas específicas, talento humano, educación superior de calidad y un ecosistema de riesgo calculado—, pero proporcionó la base sin la cual nada de esto habría sido viable. Desde los noventa en adelante, el aumento sostenido en inversión en investigación y desarrollo permitió formar un cluster tecnológico de envergadura global.

Transformación empresarial y sus costos reales

Sin embargo, la transición del sector privado desde una economía de supervivencia inmediata hacia una economía de competitividad no fue indolora. Muchas empresas que habían florecido bajo el esquema de economía centralizada con indexación generalizada no pudieron adaptarse a las nuevas reglas del juego. Las que dependían de subsidios o protecciones arancelarias vieron desaparecer sus mercados. Las que no lograron mejorar su productividad fueron desplazadas por competidores más eficientes. El sector tecnológico que emergió alcanzó niveles de productividad y generación de ingresos notablemente elevados, aunque los analistas del proceso han señalado que incluso esa productividad podría haber sido aún mayor si ciertos cuellos de botella institucionales hubiesen sido resueltos con mayor celeridad.

Lo que vale destacar es que Israel asumió consciente y públicamente este costo redistributivo. No fue un proceso oculto bajo el velo de la "mano invisible del mercado", sino una decisión política explícita de que la transformación estructural requeriría ganadores y perdedores, y que esto era preferible al colapso generalizado. Empresarios que habían prosperado bajo las viejas reglas debieron reconvertirse o desaparecer. Trabajadores que gozaban de estabilidad laboral en empresas públicas perdieron esos empleos. Pero el tejido social aguantó porque existía un relato compartido: esto es temporal, es necesario, y de él saldremos todos más fuertes.

Las implicancias de un modelo transferible

Los elementos del modelo israelí son transferibles a otros contextos, pero no de forma mecánica. La construcción de pactos políticos entre fuerzas rivales depende de la percepción de crisis genuina y de la existencia de élites dispuestas a anteponer la supervivencia común al rédito electoral inmediato. Las instituciones de disciplina fiscal requieren no solo de leyes sino de culturas políticas que las respeten. La apuesta por innovación y tecnología demanda sistemas educativos que formen talento competitivo globalmente.

Lo que sí queda claro es que no existen atajos. La inflación no se domina mediante decretos heroicos ni mediante la esperanza de que "esta vez será diferente". Se domina mediante la combinación de shock de oferta fiscal y monetaria, mediante la construcción de instituciones que hagan costoso el incumplimiento, mediante el sacrificio distribuido entre sectores de manera que nadie se sienta únicamente victimizado, y mediante horizonte temporal de mediano y largo plazo que permita que las medidas estructurales calen en las expectativas y comportamientos de agentes económicos. El caso israelí sugiere que países que logren construir semejante coalición política y sostenerla durante los años de ajuste podrán transitar hacia modelos económicos más dinámicos y prósperos. Aquellos que no logren hacerlo, que sucumban a la tentación de políticas expansivas para ganar elecciones en el corto plazo, permanecerán atrapados en ciclos de inflación recurrente, redistribución permanente de ingresos hacia atrás, y erosión de la capacidad de inverisón productiva. La historia económica de las últimas cuatro décadas ha demostrado repetidamente cuál de estos caminos conduce a dónde.