La mayor apuesta minera que Argentina ha conocido en su historia toma forma en las alturas de San Juan, pero la manera en que se ejecutan sus obras iniciales vuelve a encender un incendio que no termina de apagarse en los círculos empresariales locales. Vicuña, el proyecto que BHP y Lundin Mining desarrollan en conjunto, ha generado nuevamente una confrontación entre intereses globales y productivos nacionales al decidir entregar a un consorcio liderado por PowerChina la construcción del 25% de su campamento modular—una instalación de más de 45.000 metros cuadrados con 4.500 toneladas de acero que albergará a trabajadores en una zona ubicada a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Este episodio importa porque plantea interrogantes profundas sobre la naturaleza del desarrollo que traen consigo las megainversiones: ¿generan capacidades duraderas en el territorio que las recibe, o simplemente extraen recursos dejando poco rastro de industrialización local? La decisión de adjudicación, que favoreció a la empresa china sobre propuestas locales, evidencia nuevamente cómo los criterios económicos internacionales pueden divergir radicalmente de los objetivos de encadenamiento productivo que el Estado argentino busca promover.

El negocio de la modularidad y la oferta que no pudo competir

El escenario es típicamente moderno: una licitación internacional donde el precio termina siendo determinante. PowerChina presentó una oferta de 52 millones de dólares para hacerse cargo de la gestión integral del contrato de construcción del campamento. Frente a esta cifra, Modular Homes, una empresa argentina especializada en este tipo de soluciones constructivas, cotizó en 70 millones de dólares. La diferencia de casi 18 millones de dólares explica, en términos de lógica mercantil pura, por qué los adjudicadores eligieron la propuesta china. Sin embargo, esa misma brecha numérica es precisamente lo que genera consternación entre los empresarios locales: representa el costo oculto de no invertir en capacidades productivas domésticas, el precio que paga el país cuando cede terreno en sectores donde podría tener competencia real.

El consorcio chino operará desde Argentina a través de la empresa Rafa S.A., con base en Santa Fe, que se encargará de las obras civiles, fundiciones, montaje e instalaciones. Pero aquí radica el quid de la cuestión: mientras que estos trabajos se realizarán localmente empleando trabajadores y proveedores argentinos, la fabricación de los módulos habitacionales se hará completamente en China a través de Beijing Chendong. Es decir, la porción más técnicamente sofisticada del emprendimiento, la que podría transferir conocimiento y generar capacidades industriales duraderas en territorio argentino, quedó fuera de las posibilidades domésticas. Los módulos arribarán ya manufacturados, listos para ser instalados en la montaña sanjuanina.

El clamor de la industria por oportunidades perdidas

Juan Pablo Rudoni, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción Modular Industrializada (CACMI), fue frontal en su diagnosis del problema. "La minería tiene una oportunidad histórica para convertirse en un verdadero motor de desarrollo para la Argentina", expresó, pero de inmediato subrayó la brecha entre el potencial y la realidad: "Cuando una obra de esta magnitud se ejecuta íntegramente con insumos importados, se pierde una oportunidad estratégica para el país". Su reclamo trasciende la simple competencia comercial. Rudoni señaló que bajo este esquema, "la totalidad de la ingeniería modular, las estructuras metálicas y los componentes constructivos llegarían desde el exterior, reduciendo significativamente las oportunidades para fabricantes, contratistas, metalúrgicas, empresas de servicios y trabajadores argentinos". El diagnóstico toca una fibra sensible en la economía argentina: la debilidad de las cadenas de valor integradas, la dificultad de competir en precio y plazos con proveedores internacionales que tienen economías de escala vastamente superiores.

La preocupación planteada por los industriales locales no es nueva en el contexto de las grandes inversiones que Argentina ha recibido en años recientes. Existe un patrón observable: los emprendimientos megamineros y energéticos tienden a importar soluciones tecnológicas completas antes que invertir tiempo en desarrollar capacidades locales. Esto sucede porque, desde la perspectiva de las corporaciones multinacionales, es más eficiente trabajar con proveedores con los que ya tienen relaciones establecidas, que cumplen especificaciones técnicas estandarizadas, que hablan su idioma empresarial. Para una compañía como PowerChina, que opera represas hidroeléctricas en Santa Cruz y parques solares en Jujuy, Beijing Chendong es un socio conocido, predecible, confiable. Importarlos es el camino de menor fricción gerencial.

Vicuña en cifras: una inversión titánica con condiciones específicas

El proyecto en su totalidad responde a magnitudes que marcan récords en la historia económica argentina. Vicuña se presentó a fines del año pasado al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) por unos 9.712 millones de dólares, bajo la categoría de Proyecto de Exportación Estratégica de Largo Plazo (PEELP) para la explotación de cobre, oro y plata. Este régimen, sancionado hace poco más de un año por el Gobierno nacional, establece condiciones especiales para las inversiones que superan umbrales específicos. Una de esas condiciones es un compromiso de inversión: al menos 2.000 millones de dólares en los primeros dos años desde la aprobación. En 2025, Vicuña desembolsó ya 790 millones de dólares, demostrando que no se trata de promesas teóricas sino de movimientos de capital concretos.

La estructura del proyecto es escalonada en el tiempo. La primera etapa, denominada Josemaria, demandará 7.100 millones de dólares y permitirá el inicio de exportaciones de minerales a partir de 2030. Hacia finales de la década siguiente, con la construcción de Filo del Sol agregada al complejo, la inversión acumulada superará los 18.000 millones de dólares, convirtiendo al emprendimiento en una de las cinco minas más grandes del mundo en estos minerales. El campamento donde se alojará la fuerza laboral durante turnos de 14 días albergará a aproximadamente 4.500 trabajadores. Estos números contextualizan por qué la decisión sobre quién construye ese campamento trasciende un simple contrato: es parte de una arquitectura de valor agregado que se define desde el inicio del proyecto.

Empleo argentino: donde sí hay participación local mayoritaria

No obstante, la narrativa del proyecto no es de dominación extranjera total. Vicuña enfatiza que el 95% de sus 2.600 trabajadores son argentinos, y de ese universo, cerca del 73% de los empleados directos (unos 522 en total) provienen de San Juan. En materia de proveedores, el consorcio minero opera con 264 empresas de bienes y servicios, de las cuales el 97% son argentinas y el 60% están radicadas específicamente en San Juan. El próprio consorcio sostiene que "solo recurre al exterior en un 3%, para insumos críticos que no existen en el mercado local". Estas cifras muestran que existe un esfuerzo deliberado de integración con la economía provincial. Sin embargo, es en justamente en esos insumos críticos—como los módulos habitacionales de fabricación compleja—donde se revelan los límites de la capacidad productiva doméstica. Argentina puede proveer servicios, mano de obra, algunos componentes; pero no puede competir en precio y especificación técnica en áreas donde la inversión previa en infraestructura industrial es decisiva.

La cifra del 3% de importaciones que el consorcio admite para "insumos críticos" adquiere entonces una dimensión distinta. Esos insumos no son marginalidades. Incluyen la fabricación completa de módulos habitacionales modularizados, estructuras metálicas de complejidad sofisticada, componentes que requieren escalas de producción que solo existen en economías asiáticas con décadas de especialización en este tipo de manufactura. China ha invertido masivamente durante tres décadas en construir cadenas de suministro para la construcción modular, la prefabricación de estructuras, la metalurgia aplicada a proyectos de infraestructura. Argentina no tiene ese ecosistema consolidado. Y aunque Modular Homes existe y tiene capacidades, claramente esas capacidades no resultan competitivas a la escala y el precio que demanda un proyecto de esta magnitud.

Un patrón repetitivo: competencia china en licitaciones estratégicas

Este episodio de Vicuña no ocurre en un vacío. Apenas meses atrás, entre noviembre de 2025 y enero de 2026, Argentina presenció un conflicto similar aunque en un sector distinto. La licitación internacional para tubos destinados al gasoducto de exportación de gas licuado desde Vaca Muerta enfrentó propuestas de empresas chinas e indias contra oferentes locales. En ambas licitaciones resultó ganadora la competencia internacional, desplazando propuestas de Techint, el holding industrial de Paolo Rocca que ha mantenido históricamente una posición crítica frente a lo que caracteriza como prácticas "predatorias" de mercado por parte de competidores asiáticos. El patrón que emerge es inquietante para los empresarios locales: en megaproyectos de infraestructura y minería, donde los márgenes se miden en decenas de millones de dólares, los criterios de adjudicación privilegian el menor costo, y ese menor costo tiende a encontrarse en proveedores globales establecidos.

PowerChina no es un actor nuevo en Argentina. Desde la década pasada desarrolla operaciones en el país: administra los controvertidos proyectos de represas hidroeléctricas en Santa Cruz—proyectos cuya ejecución ha estado marcada por retrasos recurrentes—y opera parques solares en Jujuy que ya están en fase de producción. La empresa ha demostrado capacidad de gestión de obras masivas en territorio argentino, lo cual probablemente influyó en la decisión de adjudicación. Su trayectoria de operaciones previas en el país la posiciona como un actor conocido, reduciendo la percepción de riesgo para los adjudicadores. Esta realidad subraya cómo las decisiones empresariales, una vez tomadas, generan trayectorias que se refuerzan a sí mismas: las empresas con más experiencia previa tienden a ganar más licitaciones, consolidando su posición y creando barreras a la entrada para competidores locales.

El RIGI como herramienta incompleta para el encadenamiento productivo

Aquí emerge el debate de fondo que alimenta el descontento de la industria local: la utilidad real del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para promover desarrollo de capacidades fabriles en Argentina. El régimen ofrece beneficios tributarios, facilidades aduanales y estabilidad regulatoria a los grandes proyectos. Pero carece de mecanismos explícitos que condiciones la aprobación a requisitos de integración con la industria local. En otras palabras, el RIGI atrae capital extranjero pero no fuerza a ese capital a comportarse de manera que maximice el efecto multiplicador en la economía doméstica. Modular Homes, Techint y otros industriales locales argumentan que debería existir una política más activa de "compre argentino" o criterios de evaluación que no solo consideren precio, sino también impacto en empleo y capacidad instalada. El Gobierno justifica el régimen como una herramienta de atracción de inversión; los industriales locales lo ven como insuficiente si no va acompañado de políticas de integración más robustas.

La tensión es comprensible desde ambos lados. Para las autoridades que diseñaron el RIGI, lo crucial es que la inversión llegue, que se ejecute, que genere exportaciones y divisas. Para los empresarios locales, eso es necesario pero no suficiente si el país no construye, a través de esas inversiones, capacidades que trasciendan el proyecto específico. Un campamento modular construido en China no deja detrás fábricas, experiencia acumulada, trabajadores calificados en este tipo de manufactura. Deja trabajadores empleados en montaje e instalación, que es valioso pero menos estratégico que el conocimiento de la fabricación propia. Es la vieja discusión entre crecimiento cuantitativo e industrialización cualitativa.

Implicancias futuras: perspectivas en tensión

El resultado de estos primeros arbitrajes de inversión en el marco del RIGI—tanto en minería como en gas—abre interrogantes sobre el modelo de desarrollo que Argentina está consolidando. Por un lado, las cifras de desembolso (790 millones en 2025 para Vicuña, con promesas de continuar) sugieren que la estrategia de apertura a la inversión extranjera está funcionando en términos de captar capital. Los proyectos avanzan, los trabajadores argentinos se emplean, hay dinero circulando. Por otro lado, la sistematicidad con la cual soluciones técnicas complejas se importan completas sugiere que Argentina sigue atrapada en un modelo donde es fundamentalmente proveedora de recursos naturales y mano de obra, no productora de bienes de capital y tecnología. Esto tiene consecuencias a largo plazo sobre la densidad tecnológica de la economía, sobre la capacidad de innovación, sobre los salarios y la autonomía que puede desarrollar la industria local. Empresas como PowerChina pueden ganar licitaciones hoy porque tienen dos décadas de inversión en capacidades de manufactura; Argentina nunca construirá esas capacidades si no empieza a proteger espacios para desarrollarlas. Sin embargo, si lo hace demasiado agresivamente, corre el riesgo de que los grandes proyectos vayan a otros países con regímenes más permisivos. Es un equilibrio delicado que no tiene solución única ni obviamente correcta. Lo que sí está claro es que cada decisión de adjudicación, cada vez que una propuesta china vence a una argentina en precio, refuerza un patrón cuyas consecuencias acumulativas podrían redefinir durante décadas el tipo de economía que Argentina es y