El sector de entregas por plataformas digitales se ha convertido en uno de los pocos espacios de generación de empleo durante los últimos años de volatilidad económica en Argentina. Con aproximadamente doscientos mil trabajadores operando en todo el territorio nacional, este ecosistema representa una válvula de escape laboral para miles de personas que encuentran en la actividad de repartidor o conductor una fuente de ingresos relativamente accesible. No obstante, detrás de esta aparente vitalidad se esconde una realidad incómoda: la capacidad adquisitiva de quienes trabajan en estas plataformas se desmorona semana a semana, mientras los precios de los servicios y productos que ofertan se disparan a ritmos muy superiores a los incrementos salariales que perciben.

El crecimiento que no alcanza para vivir

Durante los últimos doce meses, el poder de compra de los trabajadores de aplicaciones como Rappi y PedidosYa ha experimentado una caída del 12 por ciento, de acuerdo con datos procesados por especialistas en análisis de mercado. Esta contracción no es un fenómeno aislado ni producto de fluctuaciones menores, sino el resultado de una dinámica perversa donde los incrementos en las tarifas de envío y en los valores de los productos se multiplican a velocidades muy superiores a cualquier aumento en las remuneraciones que reciben quienes hacen posible estas entregas.

La situación expone una contradicción fundamental en el modelo de negocio de estas compañías tecnológicas. Mientras sus valoraciones bursátiles y sus proyecciones de crecimiento se presentan como exponenciales, la realidad cotidiana de sus trabajadores refleja un empobrecimiento constante. Los repartidores deben gastar más dinero en combustible, mantenimiento de motos o bicicletas, y servicios básicos, mientras que sus ingresos por entrega se mantienen prácticamente congelados o crecen a tasas muy inferiores a la inflación que afecta sus gastos operativos.

La estructura de un sector que crece pero no prospera

La persistencia de este modelo laboral en el contexto de crisis industrial argentina responde a varias variables simultáneas. Por un lado, la falta de alternativas de empleo formal ha obligado a cientos de miles de personas a insertarse en estas plataformas, aceptando condiciones que en otros momentos económicos hubieran resultado inaceptables. Por otro, la proliferación de usuarios que utilizan estas aplicaciones para comprar alimentos, productos de consumo y otros bienes ha generado una demanda estructural sostenida que permite a las empresas mantener operaciones sin presión inmediata para mejorar salarios.

El dato de doscientos mil trabajadores activos en el rubro es particularmente relevante cuando se analiza en perspectiva histórica. Hace apenas una década, el concepto de delivery por aplicación era prácticamente inexistente en Argentina. Su expansión acelerada ha sido posible gracias a la masificación de smartphones, a la mejora de infraestructuras de conectividad, y al desarrollo de algoritmos sofisticados que permiten coordinar miles de entregas de forma descentralizada. Sin embargo, este crecimiento tecnológico no se ha traducido en mejoras proporcionales para quienes constituyen la columna vertebral del sistema: los repartidores que literalmente ponen el cuerpo en las calles.

Las aplicaciones generan sus ganancias mediante comisiones sobre las ventas, publicidad de negocios adheridos, y servicios premium ofrecidos a usuarios. Los trabajadores, mientras tanto, operan bajo esquemas de contratación que les niegan acceso a beneficios laborales tradicionales como obra social, jubilación contributiva, o cobertura por accidentes. Cargan con los riesgos operacionales y de salud que implica trabajar al aire libre en cualquier condición climática, transportar mercaderías, y navegar tráfico urbano cada día. Esta asimetría entre beneficiarios reales del sistema y quienes lo hacen funcionar constituye el núcleo de la problemática actual.

La caída del doce por ciento en poder de compra durante un año, según los análisis especializados, no debe interpretarse como un dato meramente estadístico. Representa comidas saltadas, familias que redefinen sus presupuestos, trabajadores que deben acelerar el ritmo de entregas para mantener un ingreso similar al que percibían meses atrás, y un deterioro acumulativo de la calidad de vida. En ciudades como Buenos Aires, Córdoba, Rosario y otras metrópolis donde la actividad es intensa, el fenómeno es visible en las calles: repartidores más jóvenes, ciclos de entrada y salida del sector cada vez más acelerados, y una rotación laboral que impide la consolidación de comunidades de trabajadores con experiencia acumulada.

Implicancias de un modelo que se agrieta

La sostenibilidad de este esquema laboral presenta interrogantes cada vez más profundas. Si el poder de compra continúa erosionándose mientras los precios suben, es probable que la cantidad de personas dispuestas a trabajar en delivery disminuya, lo que podría generar escasez de repartidores y consecuentemente presión sobre las plataformas para mejorar sus remuneraciones. Alternativamente, podría profundizarse la precariedad, con más trabajadores buscando completar ingresos mediante múltiples empleos simultáneos o abandonando el sector hacia actividades económicas diferentes. La magnitud del colectivo —doscientos mil personas— sugiere que cualquier escenario tendrá implicancias macroeconómicas y sociales significativas, afectando desde la capacidad de consumo agregado hasta la presión sobre sistemas de salud y asistencia social.