Hace once días que La Plata y sus municipios aledaños navegan una crisis de combustible gaseoso sin precedentes recientes. Mientras el termómetro se desploma y las familias recurren masivamente a calefactores a gas para sobrevivir el invierno más hostil de la temporada, las bombas de GNC permanecen mudas en la mayoría de los establecimientos. El escenario es tan crítico que motoristas, trabajadores de plataformas y transportistas autónomos han decidido pasar del reclamo silencioso a la acción directa: cortes de avenidas, quemas de cubiertas, manifestaciones improvisadas. ¿La causa? Una tormenta perfecta donde convergen decisiones comerciales, fenómenos climáticos y la arquitectura de un sistema de distribución que concentra sus vulnerabilidades en una región específica del territorio bonaerense.

Cuando el frío desata la demanda y el sistema colapsa

A partir del 12 de junio, cuando la ola de frío descendió sobre la provincia, la demanda de gas natural comprimido experimentó un salto exponencial en los hogares y en instituciones como hospitales y edificios públicos. Ese incremento, aunque predecible en esta época del año, provocó que la distribuidora responsable de abastecer estas zonas —Camuzzi— se viera obligada a priorizar a los clientes que tienen garantizado el suministro por contrato: principalmente residencias particulares, establecimientos sanitarios y organismos del Estado. La consecuencia fue drástica: 41 de las 46 playas de carga disponibles en La Plata, Berisso y Ensenada fueron clausuradas, dejando funcionar apenas cinco. Esto representa que más del 80% de las estaciones de servicio de esos tres municipios quedó sin capacidad de expendio.

Las primeras señales de tensión llegaron con demoras y filas modestas en los surtidores abiertos. Pero conforme pasaron los días, el cuadro mutó hacia lo caótico. Durante el fin de semana del Día del Padre y el lunes siguiente, algunas estaciones registraban formaciones de vehículos que se extendían más de mil metros, con usuarios esperando entre cuatro y seis horas para cargar combustible. Ese martes, tres de las cinco estaciones que aún funcionaban tuvieron que cerrar sus puertas, profundizando la asfixia. La realidad palpable en las calles fue que miles de trabajadores —especialmente taxistas, remiseros y conductores de servicios de transporte por aplicación— vieron cómo sus fuentes de ingresos se evaporaban ante la imposibilidad de trasladarse.

Protestas en múltiples puntos: la geografía del descontento

El descontento no se canalizó por vías institucionales únicamente. A lo largo de varios sectores de la capital provincial platense, aparecieron cortes de calles y quemas de gomas. Avenidas como la Circunvalación (altura 72 y 24), la ruta de ingreso y egreso sur del distrito (44 y 143, así como 137 y 38), se convirtieron en escenarios de confrontación. El lunes, trabajadores del transporte convergieron en el acceso a la Autopista, en la intersección de avenidas 120 y 32, con carteles y petitorios listos. Los reclamos llegaron a las autoridades municipales, quienes —según fuentes del sector— se comprometieron a activar una mesa de negociación entre la distribuidora, el ente regulador y los afectados. Pero la promesa de diálogo no detuvo las manifestaciones ni calmó la angustia de quienes dependen diariamente del gas para trabajar.

Lo particular de esta crisis es su geografía acotada. No afecta por igual a todo el territorio donde opera Camuzzi. En ciudades como Mar del Plata, donde el 25% de los contratos de las estaciones son "firmes" (aquellos que garantizan volumen sin corte), la situación se mantuvo relativamente controlada. En Bahía Blanca, directamente no hubo interrupciones. Y en el Área Metropolitana de Buenos Aires —tanto la Ciudad como el Gran Buenos Aires— los sistemas de MetroGAS y Naturgy BAN operaron sin restricciones. Camuzzi atiende a más de 350 expendedoras repartidas en la provincia, con mayor concentración en localidades del interior, pero fue precisamente en La Plata donde la tormenta se desató con mayor virulencia.

El nudo: contratos "interrumpibles" y decisiones comerciales

Aquí emerge el factor determinante que explica por qué La Plata se convirtió en el epicentro de la crisis. Rodrigo Espinoza, gerente de Relaciones Institucionales de Camuzzi, ofreció una explicación que ilumina el problema: en los tres municipios afectados existe "el porcentaje más alto de contratos 'interrumpibles'" en toda la geografía donde opera la distribuidora. Estos acuerdos comerciales permiten que el suministro sea cortado cuando hay situaciones de emergencia o demanda extraordinaria, a cambio de tarifas más económicas. Es decir: las estaciones de servicio de La Plata, Berisso y Ensenada optaron, en su momento, por celebrar convenios que les ofrecían precios más bajos pero con la vulnerabilidad incorporada de poder ser suspendidos.

No se trata de una imposición de la distribuidora, sino de una decisión empresarial de los comerciantes que operan esas estaciones. Pedro González, presidente de la Cámara de Expendedores de GNC, fue explícito en sus críticas: los empresarios de la región bonaerense "no toman la decisión de hacer contratos firmes", dijo en diálogo radiofónico, y precisamente eso determinó la situación de crisis que afecta a miles de usuarios. González señaló el contraste: en otras ciudades de la provincia la operación transcurrió casi sin novedad, y en el AMBA jamás se cortó el servicio. Su recomendación fue que los empresarios revisen sus estrategias contractuales. Pero hay una ironía inquietante en esta historia: aunque el combustible que reciben las estaciones con contrato interrumpible es más económico de producción, esa ventaja no se traslada a las bombas. La Plata figura entre los distritos con el metro cúbico de GNC más caro de toda la provincia, según datos del mismo González.

Incertidumbre sobre el horizonte temporal de la normalización

Espinoza aclaró que hasta el momento no existe una fecha definida para el levantamiento de las restricciones. Todo dependerá, explicó, de cómo evolucione la demanda en los hogares, en el sistema sanitario y en organismos públicos que tienen prioridad en el suministro. En otras palabras: mientras las temperaturas no suban significativamente y los servicios de salud no reduzcan su consumo, los surtidores de La Plata seguirán cerrados. Eso deja a motoristas, transportistas y usuarios en una situación de suspenso permanente. No hay un horizonte temporal claro, no hay una meta que permita organizar la vida cotidiana ni el trabajo. La incertidumbre es parte del castigo.

Lo que viene: perspectivas en juego

Las consecuencias de esta prolongada crisis de suministro abren múltiples escenarios posibles. Desde la perspectiva de los trabajadores del transporte, el daño económico acumulado durante estas once jornadas puede representar pérdidas irrecuperables, especialmente en un sector donde el margen de ganancia es estrecho y donde cada día de inactividad es un ingreso menos. Desde la óptica de las decisiones contractuales, la experiencia podría impulsar a futuro un replanteamiento de las estaciones sobre qué tipo de acuerdos celebran con las distribuidoras: ¿seguirán priorizando el precio menor sabiendo ahora el riesgo de paralización? ¿Buscarán contratos firmes aunque ello signifique costos superiores? Para la regulación del sector, el caso plantea interrogantes sobre si el modelo actual de distribución es suficientemente robusto o si requiere reformas que garanticen mayor estabilidad en momentos de picos de demanda. Y para el Estado, la interrogante sobre qué instrumentos regulatorios o de planificación podrían haber anticipado o mitigado esta crisis. Las respuestas a estas preguntas definirán no solo cómo se resuelve la actual escasez, sino cómo se estructura la infraestructura energética en el territorio en los próximos años.