Buenos Aires enfrenta una realidad incómoda que los números tradicionales de pobreza no terminan de capturar. Mientras las estadísticas convencionales hablan de 12,3% de hogares en situación de pobreza por ingresos, existe un panorama paralelo mucho más complejo y perturbador: 18,8% de los hogares porteños sufren privaciones múltiples que afectan su capacidad de vivir dignamente, más allá de lo que ganan. Este contraste entre dos formas de medir la pobreza revela grietas profundas en la estructura social de la ciudad, brechas que simplemente no se ven si solo miramos el bolsillo de las familias.

La Dirección de Estadística y Censos de la Ciudad presentó recientemente un informe que propone un enfoque radicalmente diferente para entender qué significa ser pobre en el siglo XXI. La metodología de pobreza multidimensional abandona la lógica tradicional de sumar o restar dinero. En cambio, analiza cinco ejes simultáneamente: la capacidad de alimentarse adecuadamente, las condiciones de salud y acceso a cuidados, la calidad de la vivienda y los servicios básicos, el equipamiento mínimo del hogar, y finalmente el acceso a educación y la integración social. Con esta herramienta se pueden identificar hogares que ganan lo suficiente pero viven en casas deterioradas, familias que tienen ingresos formales pero no pueden costear medicinas, o trabajadores que cumplen horarios pero no logran que sus hijos terminen la escuela.

Una radiografía que cuestiona las certezas

Lo llamativo del nuevo diagnóstico no es solo que la cifra sea más alta, sino lo que esa diferencia revela sobre la naturaleza misma de la pobreza contemporánea. Existen hogares que técnicamente no clasifican como pobres según sus ingresos, pero que sufren carencias severas en una o más dimensiones. Imaginemos a un trabajador informal que obtiene ingresos suficientes para no ser estadísticamente pobre, pero cuya vivienda carece de agua corriente o sus hijos asisten irregularmente a la escuela por problemas de transporte. Los números de ingreso lo ubicarían en la clase media baja; la medición multidimensional lo revelaría como alguien que vive en condiciones de vulnerabilidad real. Este tipo de situaciones no son excepcionales ni anecdóticas en la ciudad porteña. La metodología permite capturar precisamente estos casos que las mediciones convencionales dejan invisibles.

El seguimiento realizado en tres momentos distintos muestra una trayectoria inquietante. En 2019, antes de la pandemia, el 15,3% de los hogares porteños experimentaba pobreza multidimensional. Dos años después, en 2021, esa cifra había saltado a 17,5%. Ahora, en 2025, alcanza el 18,8%. Este crecimiento sostenido de tres puntos porcentuales en cuatro años no es marginal: representa decenas de miles de hogares adicionales enfrentando privaciones persistentes. A diferencia de la pobreza por ingresos, que puede fluctuar con cambios en salarios o asignaciones, estas carencias tienen raíces estructurales más profundas y resistentes al cambio.

Dónde duele más: la geografía de la privación

Buenos Aires no sufre de manera uniforme. La ciudad funciona como tres territorios distintos, separados por una brecha de inequidad que es casi geográfica. La Zona Sur concentra 30,4% de pobreza multidimensional, prácticamente cinco veces la tasa de la Zona Norte, que apenas alcanza 6,5%. La Zona Centro ocupa una posición intermedia con 19,3%. Estos números no son números: detrás de cada punto porcentual hay barrios donde los chicos desayunan sin proteínas, donde las madres eligen entre comprar medicinas o alimentos, donde las casas pierden el calor en invierno y absorben el bochorno en verano sin protección. La estructura de desigualdad identificada en 2021 se mantiene prácticamente intacta en 2025, lo que sugiere que estas no son situaciones transitorias sino configuraciones persistentes del territorio urbano.

Dentro de esta panorámica regional, los datos por dimensión específica ofrecen matices importantes. Entre los hogares con menores de edad, la privación en alimentación se mantuvo prácticamente estancada, pasando de 28,3% a 28,5% entre 2021 y 2025. Las privaciones sociales y educativas también subieron, llegando a 28,4%. Estos números revelan que casi tres de cada diez hogares con niños enfrentan problemas para alimentarse o para que sus hijos participen plenamente en la vida social y educativa de la ciudad. Sin embargo, otras dimensiones muestran mejoras relativas. La vivienda y los servicios básicos mejoraron notoriamente en los hogares con menores, descendiendo de 9,6% a 7,2%. El equipamiento del hogar también mejoró, cayendo de 7% a 4,9%, así como los problemas de salud y acceso a cuidados, que disminuyeron de 4,9% a 4,3%. Estos avances parciales sugieren que las políticas dirigidas a mejora de vivienda y servicios básicos han tenido algún impacto, aunque insuficiente para contrarrestar el deterioro en alimentación y educación.

El documento oficial que acompaña estas mediciones señala una distinción conceptual crucial. La pobreza por ingresos es una fotografía de un momento específico, sensible a cambios en salarios nominales o reales, asignaciones del gobierno o variaciones económicas de corto plazo. La pobreza multidimensional, en cambio, retrata condiciones más profundas y persistentes. Un hogar puede mejorar temporalmente sus ingresos y dejar de ser pobre según esa métrica, pero seguir viviendo sin agua potable, sin acceso a internet para que sus hijos estudien, o en viviendas que se desmoronan. Inversamente, un desocupado que recibe una asistencia del Estado puede no ser clasificado como pobre por ingresos durante el período que recibe esa ayuda, aunque continúe en condiciones habitacionales precarias. Esta última situación es particularmente relevante en Buenos Aires: el informe subraya que ha aumentado la incidencia de pobreza multidimensional entre hogares que no son pobres por ingresos, lo que indica un deterioro de condiciones de vida que permanece invisible en las estadísticas convencionales.

Las implicancias de ver lo que antes se ocultaba

Reconocer la existencia de esta pobreza multidimensional tiene consecuencias prácticas inmediatas. Las políticas públicas diseñadas solo sobre la base de ingresos pueden resultar insuficientes o erradas. Un programa de subsidios monetarios no resuelve un problema de hacinamiento, ni mejora la nutrición de un niño que vive en un hogar donde no hay refrigerador o donde la cocina carece de gas seguro. Los inversores sociales, los organismos internacionales y los gobiernos locales en el mundo entero han comenzado a adoptar estas mediciones multidimensionales porque reconocen que pintan un cuadro más fiel de la realidad. La ciudad de Buenos Aires, al sistematizar estos datos con frecuencia, se posiciona entre las jurisdicciones que reconocen la complejidad real de la exclusión social.

El hecho de que esta medición se realice solo ocasionalmente, por la complejidad operativa que implica relevamientos tan detallados, significa que existe una brecha de información entre 2019, 2021 y 2025. Tres momentos en seis años pueden parecer frecuentes, pero en un contexto de transformaciones económicas aceleradas, podría haber cambios significativos año a año que simplemente quedan sin registrar. La pregunta que flota es si la tendencia al alza se ha mantenido de forma constante o si existen fluctuaciones que el registro actual no captura. Además, estos datos corresponden a la ciudad autónoma de Buenos Aires únicamente, dejando afuera el conurbano bonaerense, donde la pobreza multidimensional podría alcanzar magnitudes aún mayores.

Las perspectivas sobre lo que estos números significan para el futuro pueden divergir considerablemente. Algunos verán en ellos una llamada de atención sobre la necesidad de intervenciones integrales que vayan más allá de transferencias de dinero: mejora de viviendas, acceso a servicios de salud de calidad, equipamiento de escuelas en zonas vulnerables, y programas educativos robustos. Otros podrían argumentar que los datos reflejan el impacto acumulativo de ciclos económicos complejos y que la reversión depende de condiciones macroeconómicas favorables. Hay quienes enfatizarán la dimensión territorial, sugiriendo que las políticas deben diferenciarse por zonas. Y está la perspectiva de que la persistencia de estas privaciones refleja desafíos estructurales que requieren soluciones a largo plazo, no parches coyunturales. Lo cierto es que el acto mismo de medir estas realidades, de darles nombre y cifra, abre un espacio de reconocimiento que antes no existía.