A pocas jornadas de que se conozcan las propuestas económicas que definirán el futuro de uno de los proyectos de infraestructura más relevantes del país, vuelve a encenderse la alarma sobre la integridad del procedimiento. La Procuraduría de Investigaciones Administrativas —el área especializada en perseguir irregularidades dentro de la estructura estatal— presentó este viernes un informe técnico donde advierte sobre deficiencias en la redacción del pliego de condiciones para la privatización del dragado, mantenimiento y señalización de la Hidrovía. Lo que sorprende no es sólo el contenido del dictamen, sino que esta es la segunda vez en menos de un año que el mismo organismo formula objeciones idénticas. El martes próximo, a las 13 horas, se abrirán las ofertas económicas que pueden transformar el panorama de esta licitación polémica, sin que hasta ahora se hayan implementado correcciones sustanciales a los cuestionamientos planteados.
La Procuraduría, que depende de la Procuración General de la Nación y funciona como un organismo técnico especializado en investigar presuntos ilícitos administrativos, elevó su dictamen al juzgado federal que supervisa el proceso. El documento, suscrito por el fiscal Sergio Leonardo Rodríguez, fue dirigido al magistrado Guillermo Marijuan. Curiosamente, su presentación coincidió con el mismo día en que el Gobierno anunció la fecha definitiva para la apertura de los sobres con los valores que ofrecen los participantes. Esta sincronía temporal alimenta debates sobre los tiempos y las prioridades en la gestión de un trámite que ha despertado más de una inquietud en círculos especializados. El documento no solicita medidas cautelares ni detención del procedimiento, por lo que técnicamente el avance continúa sin interrupciones.
Deficiencias que se repiten: un patrón preocupante
Lo más relevante del nuevo dictamen radica en que muchas de las falencias señaladas ahora ya habían sido identificadas hace un año. En aquella ocasión, apenas un día antes de la presentación de ofertas, la misma Procuraduría denunció irregularidades. En esta segunda embestida, el fiscal Rodríguez vuelve a mencionar una serie de cuestiones que supuestamente no fueron subsanadas. Entre ellas, se cuentan: la redacción defectuosa de la cláusula que pretende combatir actos de corrupción; las disposiciones referidas a la posibilidad de que el concesionario ceda su contrato a terceros; los mecanismos que limitan el derecho de los participantes a presentar impugnaciones; y las restricciones sobre qué tipos de estructuras societarias pueden postularse. Además, el informe objeta la prohibición impuesta a que las empresas se presenten bajo la modalidad de Uniones Transitorias, así como la exigencia de que el concesionario demuestre su capacidad para responder por compromisos financieros heredados del anterior gestor de la vía.
Pero quizás el punto más delicado del dictamen es el que apunta al método de evaluación de las propuestas. La Procuraduría afirma haber identificado elementos que sugieren un posible direccionamiento del procedimiento, es decir, indicios de que la licitación podría estar estructurada para favorecer a alguno de los participantes por sobre los demás. Asimismo, cuestiona el sistema de evaluación en etapas múltiples establecido en las bases, señalando que existen argumentos consistentes para advertir serias y evidentes anomalías. El cierre del dictamen es categórico: estas falencias, de no resolverse, conducirán "inevitablemente" a una adjudicación vulnerable a reproches tanto en el plano administrativo como en el penal.
Tres empresas en liza, una ya descalificada
En el ring de la competencia quedaron tres actores principales al momento en que se registraban las participaciones: Jan de Nul y DEME, ambas de origen belga, y DTA Engenharia, con base en Brasil. Sin embargo, la última fue excluida del proceso por no haber cumplido con los requisitos de garantías exigidos en el pliego. Esta descalificación dejó a dos únicos competidores en la cancha. Entre ellos, Jan de Nul posee un antecedente particularmente sensible: fue el concesionario anterior de la Hidrovía y además ostenta una deuda pendiente con el Estado por conceptos relacionados con su gestión pasada. En la evaluación técnica que ya se realizó —etapa previa a la apertura de sobres económicos—, Jan de Nul logró una puntuación significativamente superior a DEME, generando cierto margen de ventaja que podría resultar decisivo en la etapa final.
El panorama económico que rodea esta licitación agrega complejidad al análisis. El pliego fija una tarifa piso de 3,40 dólares por tonelada de carga registrada neta en la navegación. Teóricamente, ambos competidores tenían el margen para proponer el costo mínimo permitido, lo que significa que la decisión final probablemente se incline más por el desempeño técnico que por la oferta económica. Esta estructura, combinada con la amplia diferencia en puntajes técnicos ya otorgados, genera un escenario donde la variable económica pierde peso relativo. Para algunos observadores, esto responde a criterios de eficiencia operativa; para otros, refuerza las sospechas sobre un eventual direccionamiento.
Otro aspecto controvertido mencionado en el dictamen se refiere a las instancias de consulta pública previas. Según el documento de la Procuraduría, las audiencias desarrolladas hasta el momento habrían vulnerado el derecho de los ciudadanos a acceder a información de manera comprensible, accesible y oportuna. Esto es relevante porque estas audiencias funcionan como espacios de transparencia y validación social de proyectos de gran envergadura. Asimismo, el informe destaca la ausencia de una evaluación de impacto ambiental íntegra y rigurosa, un requisito que cobra especial relevancia en un proyecto que involucra modificaciones en cursos de agua fundamentales para la región.
El desencuentro institucional: participación rechazada
Un dato que emerge del análisis es la dinámica entre la Procuraduría y el Gobierno respecto de la participación en el proceso. Desde las esferas oficiales se sostuvo que el organismo fue invitado a integrar la Mesa de Diálogo Interdisciplinario y a asistir a las sesiones del Consejo de Control, espacios donde hipotéticamente habría podido plantear sus objeciones de manera temprana. Sin embargo, fuentes gubernamentales indicaron que la Procuraduría declinó participar en estas instancias. Este punto resulta significativo porque sugiere que existieron oportunidades para ajustar el pliego antes de su versión final, pero que estas no fueron aprovechadas de manera conjunta. Si la Procuraduría hubiera estado presente desde el inicio, potencialmente muchas de las irregularidades ahora detectadas podrían haberse evitado. No obstante, también es cierto que un organismo de control frecuentemente prefiere mantener cierta distancia del proceso que supervisa, para preservar su independencia y capacidad de crítica posterior.
La realidad institucional que emerge de estos hechos es compleja. Por un lado, existe un mecanismo de control especializado que detecta problemas legítimos. Por otro, existe un Gobierno que avanza en un proyecto que considera prioritario para la economía y la infraestructura del país. Ambas posiciones tienen argumentos válidos. La pregunta que flota en el ambiente es si las objeciones técnicas de la Procuraduría representan riesgos reales que podrían contaminar la validez del procedimiento futuro, o si son cuestiones procedimentales que no necesariamente invalidan el resultado. Lo cierto es que cuando un órgano anticorrupción señala la posibilidad de direccionamiento en una licitación, la sociedad tiene derecho a conocer esos argumentos y a que sean considerados seriamente antes de avanzar.
Lo que ocurra el martes próximo, cuando se abran los sobres con las propuestas económicas, será determinante. Si una de las empresas resulta adjudicada, esa decisión estará bajo la lupa de potenciales cuestionamientos administrativos o legales. El hecho de que exista un dictamen previo de un organismo técnico especializado diciendo que el procedimiento presenta irregularidades serias, no invalidará automáticamente la adjudicación, pero sí podría generar recursos y disputas judiciales que demoraron la implementación del proyecto durante meses o años. Para los sectores que ven en esta privatización una solución urgente a problemas de competitividad y logística, cualquier retraso es una pérdida. Para quienes confían en los mecanismos de control estatal, la necesidad de resolver primero estos cuestionamientos es fundamental. La convergencia de estos intereses, o su conflicto, determinará el curso de los eventos que se avecinan.
