La provincia de Buenos Aires experimenta un deterioro sin tregua en su capacidad productiva. Cada veinticuatro horas, una instalación industrial baja sus persianas y desaparecen cuarenta y uno puestos de trabajo. Esta cifra, lejos de ser una estadística abstracta, representa familias sin ingresos, comunidades desarticuladas y un ecosistema manufacturero que se desmorona bajo presiones simultáneas. Lo que sucede en el territorio bonaerense adquiere dimensiones nacionales: la región que históricamente fue la columna vertebral de la industria argentina ahora protagoniza una crisis de proporciones alarmantes que define el presente económico del país.
Los números son contundentes y hablan de una situación que se agravó significativamente desde mediados de 2023. En los treinta y seis meses posteriores a junio de ese año, desaparecieron aproximadamente mil cuatrocientas empresas fabriles en la provincia. Esto representa el 34,7 por ciento de todos los cierres industriales ocurridos en la nación durante ese período. Pero la proporción aún es mayor cuando se observa lo ocurrido con el empleo: el 45,2 por ciento de los despidos industriales nacionales tuvieron lugar en territorio bonaerense. En términos absolutos, la provincia perdió más de cuarenta y cinco mil puestos de trabajo, mientras que el país completo contabiliza casi cien mil desapariciones laborales. Esta disparidad revela que Buenos Aires soporta una carga desproporcionada del ajuste económico nacional.
El colapso sectorial: cuando algunos rubros desaparecen
No todos los sectores industriales sufren con igual intensidad. Cuatro ramas de la actividad manufacturera lograron resistir la tormenta y registran incrementos de personal respecto de hace tres años: farmacéuticos, otros equipos de transporte, alimentos y reparación de maquinaria. Sin embargo, esta información genera más interrogantes que respuestas sobre la salud industrial general. En el lado opuesto del espectro, el panorama es devastador. El subsector de calzado y cuero acumula una merma del 38,8 por ciento en su plantilla de empleados. Dentro de esa categoría, el calzado deportivo registra una hecatombe prácticamente sin precedentes: perdió el 76 por ciento de su fuerza laboral. Esto significa que de cada cien trabajadores que hace tres años laboraban en esa industria, únicamente veinticuatro permanecen en sus puestos.
Textiles, prendas de vestir y tabaco también muestran deterioros significativos. Textiles retrocedió 20,3 por ciento, mientras que prendas de vestir y tabaco acumulan cada uno un retroceso de 17,9 por ciento. Estos números adquieren relevancia histórica si se considera que estos sectores constituyen pilares tradicionales de la industria bonaerense desde hace décadas. La desaparición de estos empleos no solo impacta economías individuales: restructura comunidades enteras, especialmente en municipios del Gran Buenos Aires donde estas fábricas eran los principales motores de la economía local. Los efectos secundarios se despliegan como una cascada: menor recaudación fiscal municipal, disminución de la demanda de servicios, cierre de comercios de proximidad, migración de poblaciones hacia otras regiones.
Las causas identificadas y las medidas que se reclaman
Los industriales identifican tres factores convergentes como responsables de esta debacle. La insuficiencia de consumo doméstico reduce el mercado interno para la producción local. La apertura de importaciones sin regulaciones proporcionales genera competencia desleal para productos que se fabrican en territorio nacional. El contrabando, particularmente intenso en rubros como calzado y prendas de vestir, socava los precios de venta y la viabilidad de operaciones legales. Estos tres vectores, actuando simultáneamente, generan un contexto donde fabricantes argentinos que podrían ser competitivos ven reducida su rentabilidad hasta márgenes insostenibles. Esto explica por qué durante los últimos meses se sucedieron anuncios de empresas que aceleraron sus despidos o cierre de líneas de producción. El sector fabril reclama intervención estatal, aunque existe debate respecto de qué tipo de intervención resultaría efectiva sin generar distorsiones adicionales.
La Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires presentó una propuesta estructurada que intenta balancear protección del sector con viabilidad fiscal provincial. El esquema contempla una desgravación escalonada de Ingresos Brutos, el impuesto que grava la actividad industrial en territorio bonaerense. Propone exención completa para micro y pequeñas industrias con facturación de hasta tres mil doscientos millones de pesos, reducción gradual de 0,5 puntos porcentuales anuales durante tres años para empresas medianas hasta alcanzar alícuota cero, y baja de 0,3 puntos anuales durante cinco años para grandes empresas industriales. Complementariamente, sugiere permitir que las compañías utilicen saldos a favor de impuestos provinciales para cancelar otras obligaciones, así como duplicar la deducción por exportaciones en la base imponible. Para compensar la eventual disminución de recaudación, propone ampliar el padrón de contribuyentes, incorporar a medianas y grandes empresas como agentes de retención y percepción, y revisar tramos de facturación comercial para reducir evasión y subdeclaración.
El simbolismo adoptado por los industriales durante su encuentro en Quilmes resultó elocuente: directivos fabriles jugaron un partido de fútbol llevando mochilas en los hombros, representando la carga tributaria que el sector debe soportar mientras compite contra competidores sin igual peso regulatorio ni fiscal. La lluvia y el barro de la cancha funcionaron como metáforas involuntarias de las condiciones adversas en que la industria intenta desenvolverse. Este gesto visual condensó años de frustración acumulada: la sensación de que las empresas legales, que pagan impuestos, que generan empleo formal, cargan con desventajas estructurales frente a quienes operan en economía sumergida o importan sin respetar normativas.
Perspectivas y consecuencias en el mediano plazo
Los derroteros futuros de esta situación pueden divergir significativamente según las decisiones que se adopten en los próximos meses. Si prevalece un criterio de alivio fiscal acompañado de medidas de control fronterizo y reducción de contrabando, es posible que algunas empresas reviertan decisiones de cierre y reabran líneas productivas. Esto podría generar recuperación parcial de empleo. Sin embargo, esta hipótesis depende de que simultáneamente se reactiven el consumo doméstico y exista estabilidad macroeconómica. Alternativamente, si la presión fiscal se mantiene sin cambios y las importaciones continúan ingresando sin regulaciones efectivas, el proceso de desindustrialización podría profundizarse durante 2025. Esto implicaría cierre de más plantas, migración de empresas hacia provincias con sistemas tributarios diferentes, concentración de desocupación en cordones industriales del Gran Buenos Aires, y pérdida de capacidades productivas que resultarían muy costosas de recuperar posteriormente. Una tercera vía posible contempla medidas parciales que mejoren marginalmente la competitividad sin resolver los problemas estructurales, lo que generaría un estancamiento donde la industria ni crece ni desaparece completamente, sino que entra en letargo crónico. Cada escenario presenta implicancias distintas para la configuración del mapa productivo nacional y para la distribución del empleo manufacturero en territorio argentino.
