Una crisis que no parece crisis

La economía argentina transita un momento paradójico que desafía las categorías tradicionales de análisis. No hay devaluación abrupta, no hay pánico bancario, no hay explosión descontrolada del desempleo abierto tal como se conoce en los registros históricos. Y sin embargo, algo profundo se remueve en las entrañas del sistema productivo. En los últimos doce meses consecutivos, el empleo privado formal ha retrocedido sin tregua, acumulando la destrucción de aproximadamente 135.000 puestos de trabajo. Esta cifra, que podría parecer contenida en comparación con crisis anteriores, adquiere dimensiones alarmantes cuando se la proyecta hacia atrás: entre 2023 y 2026, la contracción supera los 230.000 empleos, una magnitud similar a la registrada entre 2018 y 2019, considerada la caída más importante de las últimas dos décadas. Lo peculiar radica en que este deterioro ocurre bajo condiciones de aparente normalidad monetaria y financiera, lo que obliga a repensar qué significa realmente una crisis en una economía moderna.

Importa comprender esto porque redefinece la naturaleza misma del problema. Cuando una economía enfrenta dificultades mediante mecanismos convencionales —una corrida de divisas, un colapso del crédito, una inflación galopante—, la sociedad lo percibe de manera inmediata y visceral. Las medidas de respuesta tienden a ser también convencionales: intervención de bancos, restricciones al acceso de dólares, congelamiento de precios. Pero cuando el deterioro se cuela por las grietas del sistema laboral, cuando millones de personas ven cómo sus condiciones de vida se erosionan sin que los termómetros macroeconómicos suenen todas las alarmas, el problema se vuelve más complejo y, paradójicamente, más difícil de abordar. Este es el territorio en el que actualmente se mueve la Argentina.

Donde antes había un sector, ahora hay un colapso generalizado

Durante el primer año del actual gobierno, el diagnóstico parecía identificable: la construcción se desplomaba por el freno de la obra pública, y con ella caía también el empleo en ese sector. Era un ajuste concentrado, doloroso pero focalizable. Los datos de entonces permitían razonar que otros sectores eventualmente absorberían esa mano de obra. Hoy la situación se presenta de manera radicalmente distinta. La sangría ya no es sectorial sino generalizada. La industria manufacturera pierde empleos. El comercio, tradicionalmente refugio de trabajadores en tiempos de crisis, también se contrae. Los servicios, que durante años funcionaron como amortiguador del desempleo, experimentan igualmente un retroceso. Incluso aquellos segmentos que teóricamente deberían ser los "ganadores" del modelo macroeconómico actual —la agricultura, la minería, el petróleo y el sector financiero— lejos de comportarse como compensadores del empleo destruido en otros ámbitos, han funcionado durante el último año como destructores netos de puestos de trabajo formal.

Esta universalización del ajuste revela algo fundamental: no se trata de una recomposición sectorial del tejido productivo donde unos espacios crecen a expensas de otros. Es, más bien, una contracción simultánea de prácticamente todas las áreas de la economía registrada. Los sectores dinámicos no están absorbiendo ni siquiera una fracción del empleo que otros expulsan. Operan, al contrario, como estructuras que se encogen sobre sí mismas, optimizando procesos, reduciendo costos laborales, funcionando con menores planteles. Esto sugiere algo inquietante: que la economía formal, en su conjunto, se está reorganizando hacia un modelo de menor densidad laboral, donde se produce más con menos trabajadores, o simplemente donde se produce menos y se emplea menos gente.

Las empresas se achican, pero no desaparecen

Resulta revelador analizar qué dinámicas empresariales subyacen a estos números. Si la destrucción de empleo fuera provocada exclusivamente por cierres de empresas, el diagnóstico sería el de una economía en colapso catastrófico. Pero los datos muestran algo más complejo y, en cierta forma, más perturbador. La tasa de apertura de nuevas empresas ha descendido a niveles comparables únicamente con la histórica crisis de 2001 y 2002. Esto indica que se ha paralizado prácticamente la creación de nuevas iniciativas productivas. Sin embargo, la mayor parte de la pérdida de empleo no proviene de empresas que cierran sus puertas de manera definitiva, sino de empresas que continúan operando pero que reducen sistemáticamente el tamaño de sus plantas de trabajadores.

En un contexto de bajas ventas y capacidad productiva ociosa —es decir, máquinas, instalaciones e infraestructura que no están siendo utilizadas al máximo de su potencial—, las empresas enfrentan la decisión de reducir costos laborales. Y aquí interviene otro factor que ha modificado el terreno de juego: las reformas regulatorias implementadas sobre el mercado de trabajo han facilitado los despidos y abaratado significativamente el proceso de contratación de nuevos empleados. Esto crea incentivos claros: resulta más económico prescindir de trabajadores antiguos con mayores costos asociados y, cuando la reactivación llegue, contratar personal nuevo bajo condiciones menos onerosas. Es un ajuste que encuentra facilitado por el marco normativo vigente, lo que explica por qué ocurre de manera tan persistente incluso sin que la crisis sea de magnitudes cataclísmicas.

El amortiguador imperfecto: cuando la informalidad es el destino forzado

Si comparamos esta crisis con las grandes crisis argentinas de las últimas décadas, particularmente con la de 2001-2002, emerge una diferencia estructural crucial. En aquella oportunidad, el desempleo abierto fue el protagonista del ajuste: millones de personas quedaron sin trabajo alguno, ni formal ni informal. El sistema social, las redes familiares y comunitarias, o la delincuencia, absorbieron a esa población excedentaria. Hoy, la dinámica es otra. La informalidad y el cuentapropismo funcionan como "empleos refugio" para quienes pierden sus puestos en el sector formal. La tasa de desempleo abierto ciertamente aumentó respecto a 2024, pero no en las magnitudes que se podrían esperar dada la magnitud de la destrucción de empleo formal. ¿Dónde van esos trabajadores? A mercados callejeros, a empleos domésticos, a iniciativas de autoempleo, a toda la vasta economía informal que ya alcanza el 44,2% del total de empleo en 2026.

Sin embargo, esta "solución" de transferencia hacia la informalidad encubre un costo social profundo que los agregados estadísticos tradicionales no capturan con claridad. Mediante el análisis de datos longitudinales de hogares, es posible seguir a personas individuales a lo largo del tiempo y observar qué les sucede cuando pierden un empleo formal. Aquellos trabajadores que logran conseguir un nuevo empleo en el sector informal privado experimentan una caída promedio del 14% en su poder adquisitivo, es decir, en lo que sus ingresos pueden comprar en términos reales. Pero la situación es aún más severa para quienes migran hacia el cuentapropismo: lejos de cualquier narrativa épica sobre emprendedurismo y realización personal, estas personas enfrentan un desplome real del 28% en sus ingresos. Significa que alguien que ganaba 100 unidades en el sector formal registrado termina percibiendo apenas 72 unidades cuando se ve forzado al autoempleo. No se trata de ajustes marginales sino de transformaciones drásticas en el nivel de vida.

La paradoja de la desinflación que no reactiva

Uno de los pilares de la estrategia económica del gobierno ha sido la estabilización de la inflación. Y los números muestran que se ha logrado: la inflación mensual se ha mantenido en torno al 2%, lo que representa un descenso espectacular respecto a los niveles de 2023. Este logro fue inicialmente presentado como la llave para la recuperación económica. Se suponía que una vez controlada la inflación, los hogares recuperarían capacidad de compra, las empresas invertirían con mayor confianza, la actividad se reactivaría. Y efectivamente, durante la segunda mitad de 2024 existieron signos de que esto estaba ocurriendo. Pero ese motor se ha agotado. La desinflación ya no genera recuperación de ingresos ni expansión de la actividad económica.

La razón es estructural: bajo las pautas salariales vigentes, que se han mantenido relativamente congeladas, y bajo el congelamiento o la indexación limitada de prestaciones de asistencia social, la desinflación ya no beneficia a la población en términos reales de capacidad de consumo. Es decir, los precios bajan menos de lo que se necesitaría para compensar salarios que no suben. En el sector público, el ajuste continúa sin ceder. En el privado, existe un estancamiento: los salarios nominales pueden mantenerse pero el poder adquisitivo no avanza. Esto crea un círculo vicioso donde la falta de reactivación del ingreso provoca que la demanda siga siendo débil, lo que a su vez desalienta a las empresas de invertir en expansión y las empuja hacia la contracción de planteles. La desinflación cumplió su rol de estabilización macro, pero ha llegado a un punto de rendimientos decrecientes para reactivar la economía real.

Lo invisible: cuando los números no cuentan toda la historia

Existe un fenómeno que los indicadores tradicionales tienden a ocultar: la degradación de la composición del empleo. Si alguien observa únicamente los salarios promedio en cada grupo ocupacional, sin considerar cómo ha cambiado la estructura interna de ese grupo, podría llegar a la conclusión de que las pérdidas de ingreso son contenidas. Pero ocurre algo más sofisticado y más problemático. El sector formal expulsa de manera permanente puestos de trabajo de alta calidad —empleos con beneficios, estabilidad, posibilidades de carrera, acceso a cobertura social—. Esos puestos son reemplazados por empleos inestables, informales o de autoempleo que ofrecen retribuciones sensiblemente inferiores. En consecuencia, aunque el promedio pueda parecer relativamente estable, la realidad vivida por la población es de deterioro.

Imagínese una empresa que tenía a 100 empleados formales ganando en promedio 100 unidades, distribuidos en una jerarquía. Despide a 20 de los mejores empleados, que se trasladan a la informalidad ganando 80 unidades. Contrata 10 nuevos empleados en posiciones más precarias ganando 60 unidades. El promedio de la empresa podría no haber caído dramáticamente, pero la composición cambió completamente: hay menos puestos, los nuevos son peores, y los que se fueron sufrieron un deterioro. Multiplicado por toda la economía, esto significa que aunque no se observe en las cifras agregadas un colapso salarial, existe un proceso continuo de precarización y degradación de las condiciones de vida para millones de personas. Este mecanismo es lo que permite que una crisis de magnitud similar a la de hace siete u ocho años ocurra hoy bajo una apariencia de mayor estabilidad.

Ecos del pasado: comparación con los noventa

La comparación histórica resulta iluminadora. Durante los años noventa, particularmente en su segunda mitad, Argentina experimentó un proceso de deterioro laboral que comparte ciertas características con el presente: desempleo creciente, informalidad en aumento, caída del poder adquisitivo. Pero existían diferencias significativas en cómo ese proceso se manifestaba. Entonces, la inflación había sido eliminada completamente mediante el régimen de convertibilidad, lo que significaba que al menos ese factor de erosión de ingresos no actuaba de manera continua. Hoy, aunque la inflación es baja, la desinflación no es completa, y existe un riesgo latente de que vuelva a acelerarse. Además, durante los noventa, la informalidad no cumplía el papel de amortiguador que cumple ahora: simplemente existía como resultado de ajustes anteriores. Hoy funciona como el destino de personas que son expulsadas del sector formal.

La comparación demuestra algo importante: que diferentes contextos pueden producir dinámicas laborales similares a través de mecanismos distintos. Los noventa fueron una crisis de desempleo masivo bajo estabilidad monetaria. Hoy es una crisis de precarización y degradación laboral bajo estabilidad monetaria relativa. Ambas son crisis genuinas con impactos profundos en el bienestar de la población, pero la forma en que se manifiestan es diferente, lo que también implica que las respuestas de política económica podrían no ser idénticas a las del pasado. La lección más amplia es que la mera estabilidad de las variables monetarias y financieras —tasas de inflación bajas, ausencia de corridas bancarias, tipo de cambio controlado— no garantiza ni estabilidad laboral ni bienestar social. Son condiciones necesarias pero claramente insuficientes.

Las consecuencias abiertas: varios futuros posibles

¿Hacia dónde se dirige este proceso? El panorama admite múltiples escenarios que dependerán de decisiones de política económica y de la evolución de variables externas. Un primer escenario posible es la continuidad del ajuste estructural: la economía formal continúa reduciéndose, más personas migran hacia la informalidad, y se consolida una estructura económica donde el empleo registrado representa una proporción menor de la población activa y se concentra en segmentos específicos, mientras la mayoría de la población trabaja en la informalidad con menores ingresos. Este escenario no implica necesariamente una crisis financiera, pero sí una sociedad con menores estándares de vida, menor cobertura social, y probablemente mayor desigualdad. Un segundo escenario sería una reversión del proceso: mediante políticas de estímulo a la inversión, reducción de la carga tributaria sobre empresas pequeñas y medianas, o cambios en la regulación laboral que incentiven la contratación formal, podrían crearse nuevamente puestos de trabajo registrado. Esto requeriría una coordinación de políticas y probablemente ingresos fiscales adicionales. Un tercer escenario combinaría elementos de ambos: cierta estabilización con la informalidad en un nivel elevado, pero eventualmente crecimiento lento del empleo formal si las condiciones macroeconómicas mejoran.