La batalla que define el escenario político para 2027 no se está librando contra los adversarios tradicionales, sino dentro de las propias estructuras de poder. El debate sobre las PASO—las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias—se ha convertido en un espejo donde cada fuerza política descubre sus propias debilidades. Mientras el gobierno nacional considera suspender o eliminar este mecanismo electoral, la verdadera razón no radica en temor a la oposición, sino en la amenaza de fragmentación interna. Esta realidad revela algo más profundo: ambas coaliciones enfrentan dilemas estructurales que trascienden las tácticas electorales y cuestionan sus capacidades de cohesión.
La administración libertaria mantiene formalmente la intención de avanzar en una reforma electoral que elimine las PASO, aunque en los últimos meses ha bajado significativamente la presión pública sobre el tema. Los encuentros recientes entre funcionarios nacionales y gobernadores peronistas del Norte Grande ocurrieron sin que la reforma electoral ocupara un lugar en las agendas de conversación. Diego Santilli, figura clave en las negociaciones territoriales, comunicó que el asunto no volvería a debatirse hasta finales de septiembre. Detrás de este cambio de ritmo operan razones concretas: la falta de votos suficientes en el Senado para aprobar la reforma, donde incluso medidas menos controvertidas enfrentan resistencia significativa. El capítulo de Manejo del Fuego en la ley de inviolabilidad de la propiedad debió ser eliminado cuando alcanzó rechazos cercanos a los treinta y nueve votos, apenas dos más de lo que necesitaría la oposición para hundirlo.
El dilema de la unidad obligatoria
La posición de los aliados radicales y macristas del gobierno es meridiana: la eliminación de las PASO depende de un acuerdo político integral que aún no existe. Sin un pacto mayor que garantice la cohesión de las fuerzas no peronistas, mantienen la postura de sostener el sistema actual. Este condicionamiento expone una verdad incómoda: ambas coaliciones están condenadas a la unidad, no por virtud democrática sino por puro cálculo electoral. La historia reciente lo demuestra: cuando la oposición se divide, pierde. El peronismo aprendió esta lección entre 2009 y 2019, cuando la fragmentación del voto permitió que gobernara Mauricio Macri. En 2023, cuando una fórmula que representaba principalmente al AMBA—Sergio Massa y Miguel Ángel Rossi—dejó fuera al peronismo del interior, la desmovilización provincial garantizó el triunfo de Javier Milei en el balotaje.
Esta experiencia traumática empuja ahora a los dirigentes peronistas a recorrer territorios buscando mecanismos de representación inclusiva. El objetivo no es excluir sino acumular fuerzas antes de las negociaciones finales. Ricardo Quintela impulsa la conformación de una mesa de Acción Política que reúna todas las tribus peronistas, desde el cristinismo metropolitano de Cristina y Axel Kicillof hasta las expresiones del interior. Esta estrategia federal contrasta radicalmente con el método del oficialismo, que intenta disciplinar mediante amenazas. El gobierno libertario amenaza a dirigentes del interior con presentar listas con la marca Milei en sus territorios, arrinconan a los Macri en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y juegan con la posibilidad de competencias que podrían fragmentar el voto no peronista.
Los actores que pueden reconfigurar el tablero
Gerardo Zamora ha emergido como una pieza potencial para ampliar el arco peronista hacia el centro político. El gobernador de Santiago del Estero, quien se define como radical aunque el público no lo perciba así, logró un triunfo aplastante en las elecciones municipales del 2 de agosto: sacó 126 bancas contra apenas 3 de La Libertad Avanza en las 26 comunas en disputa. Este resultado demolió el mito de la invencibilidad de la marca mileísta y demostró que es posible ganar sin adherir al gobierno nacional. Zamora nunca exhibió ambiciones que superasen la provincia, pero su desempeño senatorial reciente—potenciado cuando Cristina lo eligió como presidente provisional del Senado por encima de los senadores del peronismo tradicional—le ha dado una nueva dimensión nacional. La posibilidad de incorporarlo a una fórmula presidencial peronista representa una apertura hacia sectores del centro derecha que permanecieron vedados durante la hegemonía de la familia Kirchner.
En una línea similar, aunque aún en estadios exploratorios, circulan conversaciones sobre la posible participación del banquero Jorge Brito. Afiliado al PJ de Salta, Brito ha manifestado gran interés en la gestión pública durante encuentros con diversos interlocutores, aunque jamás ha admitido públicamente aspiraciones electorales. Su cautela responde a una lógica empresarial elemental: para un banquero, perder una elección implica riesgos estructurales que otros candidatos no enfrentan. Dirigentes como Emilio Monzó y Nicolás Massot, ambos con experiencia en el PRO, gerencian conversaciones que buscarían ampliar el peronismo hacia zonas vedadas de la centro derecha. Estos movimientos ilustran una diferencia estratégica fundamental: mientras el oficialismo busca disciplina mediante la amenaza, el peronismo intenta construcción mediante la inclusión.
Una delegación peronista conformada por Victoria Tolosa Paz, Guillermo Michel, Juan Manuel Olmos y otros dirigentes ha recorrido provincias en las últimas semanas ejecutando lo que denominan una renovación "federal", aunque opera como un masismo que no osa decir su nombre. Estuvieron presentes en Santiago del Estero acompañando a Zamora en su victoria municipal. Continuaron hacia Misiones, donde se fotografiaron junto a Hugo Passalacqua, un gobernador radical que acaba de divorciarse políticamente de Carlos Rovira y ha ampliado su base tras llevarse 38 de los 70 intendentes y 18 de 21 diputados provinciales. Este movimiento territorial tiene una intención clara: despertar marcas locales que en los comicios de 2023 y 2025 se desinteresaron de la competencia nacional. Paradójicamente, en la misma provincia, Diego Santilli cenó con Passalacqua y compartió análisis del mapa político misionero. Los movimientos de Kicillof, quien realizó un recorrido por el Chaco acompañado por Héctor Daer, responden a necesidades similares: juntar fuerzas antes de negociar con el cristinismo de su propia provincia.
Las grietas internas que nadie puede ignorar
El gobernador bonaerense enfrenta un paradoja: está condenado a gobernar junto a quienes critica ideológicamente, pero con quienes coincide en origen, destino, métodos y narrativa. Sus diferencias con el cristinismo de San José 1111 son predominantemente personales. Aunque fue reelegido con una gestión que no registra señalamientos de corrupción, Kicillof carga con debilidades estratégicas graves. Le falta territorialidad, capacidad para generar alianzas con los polos de poder donde el peronismo tiene peso, aislamiento respecto a los bloques parlamentarios nacionales, dificultades con la legislatura provincial y escasa relación con espacios informales como la liga de gobernadores que constituye el verdadero peronismo. Su discurso confrontacional con el gobierno nacional se mantiene en un registro ideológico abstracto, sin descender a consignas concretas o propuestas de infraestructura que seduzcan electoralmente. Carece de magnetismo carismático y de un repertorio de ideas simplificadoras que hayan funcionado en otras coyunturas: no ofrece dolarización como Milei, ni salariazo como Menem, ni predicación republicana como Alfonsín.
El peso del distrito que administra lo abruma: pobreza extrema, inseguridad, crisis estructural. Construir desde allí una coalición nacional resulta exponencialmente más difícil que desde provincias con mejor desempeño económico relativo. Por su parte, la administración libertaria aún no ha consolidado su esquema de poder propio. El impulso de Milei por llamar a Macri en auxilio de sus posibilidades de reelección sigue siendo materia de discusión política. La mesa política que arbitra Luis Menem busca constantemente potenciales aliados mientras amenaza a dirigentes provinciales con competencias que podrían fragmentar el voto oficialista. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde Macri mantiene arraigo territorial, estas amenazas adquieren particular virulencia.
Las PASO funcionan como una ruleta rusa cargada por la incapacidad de ambas coaliciones para resolver sus divisiones internas mediante mecanismos de negociación política. El sistema puede dañar a todos por igual: al oficialismo si la competencia interna entre mileístas y macristas fragmenta el voto de centro derecha, y al peronismo si sus diversas tribus se presentan desorganizadas. Sin embargo, las dinámicas territoriales recientes muestran diferencias. El peronismo busca sumar mediante la inclusión de figuras del centro político—Zamora, potencialmente Brito—y mediante la incorporación de gobernadores radicales disidentes como Passalacqua. El oficialismo recurre a la amenaza de listas propias y a la disciplina coercitiva. Estas aproximaciones estratégicamente opuestas determinarán en gran medida quién logra mantener la cohesión necesaria para competir competitivamente en 2027. El resultado dependerá menos de qué ocurra con las PASO que de si alguna de estas coaliciones logra resolver sus crisis internas mediante acuerdos políticos robustos antes de que el electorado sea convocado a votar.
