La política argentina atraviesa uno de esos momentos donde los liderazgos territoriales descubren que la supervivencia electoral obliga a transacciones que hace poco parecían impensables. Luis Caputo, funcionario con capacidad de gravitación sobre el resto de la administración, movió fichas en múltiples direcciones para precipitar un acercamiento entre Mauricio Macri y el gobierno de Javier Milei. En simultáneo, del otro lado de la grieta, Cristina Kirchner desplegó gestos de apertura hacia las corrientes disidentes dentro del peronismo. Ambas maniobras responden a un diagnóstico compartido: la incertidumbre política del año electoral estrangula la economía real, y solo un frente unido puede evitar que los números terminen siendo catastróficos en los comicios presidenciales de 2025.

El detonante de estas movidas no fue una decisión espontánea de los actores. Según circula en ámbitos de empresarios y políticos cercanos a ambos espacios, una ola de presiones llegó hasta los despachos de ministros y exfuncionarios con un mensaje unívoco: las turbulencias económicas que se registran en la actividad, las inversiones ralentizadas, la caída del consumo, los despidos y la fuga hacia dólares no responden a condiciones del mercado internacional, sino a la parálisis que genera la inestabilidad política. Ese argumento fue vehiculizado especialmente hacia la cúpula del PRO, con la intención de convencer a Macri de que reconciliarse con Milei era imprescindible para restaurar la confianza. El emisario fue Diego Santilli, quien hace más de un mes comenzó a tejer esa trama de contactos. El mensaje calaba porque Macri ya lo pensaba de esa forma: el jefe del PRO es escéptico respecto de los resultados que pueda obtener el gobierno actual con su estilo de conducción política, independientemente de lo acertado o no de las medidas económicas implementadas.

La rendición estratégica de la centroderecha

Cuando Santilli expuso su diagnóstico ante el expresidente, encontró un interlocutor receptivo pero cauteloso. Macri pidió tiempo para pensar antes de comprometerse. Sin embargo, la semana pasada cambió de postura y dio el sí. Eso motivó que Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, le telefoneara para explorar las bases de un posible entendimiento. El diálogo, según la descripción que hizo el propio Macri, fue sincero. Pero la sinceridad no significa que hayan desaparecido los recelos.

En las conversaciones privadas, el jefe del PRO moderó su escepticismo, aunque mantiene una serie de condiciones. Demanda que el gobierno reconozca públicamente que el PRO y La Libertad Avanza son socios en igualdad de condiciones, no subordinados. El equipo cercano a Macri tiene un diagnóstico que apunta a los errores reiterados de gestión, que atribuyen no tanto a la visión económica como a la ausencia de un liderazgo político unificador dentro del gabinete. Cada funcionario actúa por su cuenta, nadie rinde cuentas de los desaciertos, y eso alimenta una percepción de debilidad que erosiona el apoyo ciudadano. Como evidencia, señalan lo ocurrido en el Senado durante el debate sobre Inviolabilidad de la Propiedad. Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, condujo al oficialismo hacia una derrota política al insistir en quejas sobre los capítulos que la oposición había voltado, cuando lo prudente hubiera sido hablar poco y distraer la atención. El discurso pareció, en palabras de quienes lo presenciaron, disfrutar de la derrota.

Esta preocupación del PRO no es menor. Como socio de La Libertad Avanza tanto en el Congreso como en varios distritos, el partido de Macri se siente acechado por un dilema de tres puntas: primero, la incertidumbre sobre si conviene blindar al gobierno para salvarlo o si es mejor tomar prevenciones ante un eventual fracaso que arrastre consigo al PRO; segundo, la migración de votantes propios hacia otras opciones que se alejan de Milei, atraídos por la campaña que el propio Macri viene desplegando durante el último año para posicionar al PRO como alternativa de gobierno en 2027, con el exministro Hernán Lacunza como figura visible; tercero, el temor de que el electorado termine desdoblegando su voto entre los candidatos de Milei y los del nuevo PRO, favoreciendo así un triunfo del peronismo. Argentina conoce esta ley no escrita del bicoalicionismo: quien se divide, pierde.

El peronismo busca coserse las grietas

Del lado peronista, la victoria en el Senado sobre la derogación de las PASO despertó señales de unidad. Kirchner no solo fue beneficiaria de esa votación; también fue quien activó, desde su liderazgo territorial, el movimiento para que las diferentes tribus peronistas reconocieran que el tiempo de fragmentación había llegado a su límite. El lunes mantuvo un encuentro con José Mayans en San José 1111. Allí dijo, con pragmatismo explícito: "Siempre he sido pragmática". Y agregó una frase que habilitaba diferentes interpretaciones: "El que mida más debe ser el candidato". Esa señal fue suficiente para que el martes a la noche, en el hotel Emperador, se reunieran gobernadores, jefes de bloque y referentes de diferentes corrientes peronistas. Axel Kicillof y Máximo Kirchner asistieron. La ausencia de Juan Manuel Olmos, armador peronista bonaerense, fue notada. "La próxima lo llamamos", dijeron los convocantes. Cuando alguien preguntó por Uñac, la respuesta fue desenfadada: "Si quiere ser candidato, que siga".

El encuentro que comenzó como una merienda de tertulia se extendió hasta pasada la medianoche. Una modesta picada acompañó discusiones sobre cómo prever mecanismos de interna partidaria que pudieran arbitrar nombres y dirimir, de una vez por todas, si Cristina Kirchner podía o no ser candidata. En paralelo a estas maniobras internas, el cristinismo ha impulsado una demanda ante organismos internacionales contra la inhabilitación que pesa sobre la expresidenta. Sergio Massa, por su parte, se ofreció como articulador: "Pongo mis equipos a disposición de todos", anunció en la mesa grande. Gobernadores como Gildo Insfrán jugaron un papel de contención, especialmente importante porque mantienen predicamento sobre los mandatarios del Norte que actualmente son aliados del gobierno en la mayoría de las iniciativas legislativas. El hecho de que cinco de ellos hayan rechazado capítulos específicos de la ley de tierras y fuego en el Senado representó una fractura útil a los ojos de los peronistas como punto de apoyo para futuros acuerdos.

La estrategia peronista incluía también una dimensión técnico-legislativa. Massa cenó días antes con Miguel Pichetto en el estudio del diputado Guillermo Michel. En esa charla, repasaron cómo respaldar a Cristina sin que eso dañara la posibilidad de unidad partidaria. Acordaron que los gobernadores agotaran su apoyo con una declaración de adhesión a la tarea de los abogados de Kirchner ante la ONU. Para un segundo movimiento, imaginaron la presentación de un proyecto de ley sobre inhabilitaciones que redujera los rigores y se convirtiera en la norma más benigna del marco regulatorio, permitiendo que Cristina superara las inhibiciones legales. Massa no mencionó aspiraciones presidenciales propias en esa conversación; en cambio, en la mesa del peronismo, exhibió capacidad de convocatoria y equipos disponibles para un armado colectivo.

El obstáculo de las PASO y las fracturas que se abren

El verdadero punto de fricción político, el que mantiene en vilo a ambas coaliciones, es la intención del gobierno de derogar o suspender las PASO (Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias). El gobierno sostiene que Milei demanda exclusividad para su candidatura en el arco oficialista. Las PASO significarían una primera vuelta electoral que podría desdibujar su imagen, tal como ocurrió con Macri en 2019. Por el contrario, el PRO históricamente ha defendido la vigencia de las PASO. Esa pasión anti-PASO podría ser doblegada en el contexto de un acuerdo político más amplio, pero por ahora genera tensiones. Cuando Diego Santilli convocó a gobernadores radicales y peronistas en Misiones para un almuerzo el miércoles, buscó obtener respaldo para la derogación. No lo consiguió. Los radicales, mayoría en esa mesa, esperan a una reunión interna del partido para unificar posiciones. Algunos dirigentes, como Elías Suárez de Santiago del Estero, dijeron estar dispuestos a apoyar la suspensión, aunque advirtieron que el gobierno debió haberlo hecho antes y que ya es demasiado tarde para plantearlo con éxito. Otros gobernadores aliados del gobierno directamente rechazan la abolición. Hace semanas, en una reunión de senadores con Kicillof en el Banco Provincia, una senadora representante de Osvaldo Jaldo expresó que su gobernador no apoyaba la caída de las PASO.

Los números en el Senado reflejan esta fragmentación. El recuento que volteó el capítulo de Fuego en pleno recinto fue de 36 votos contra 35. Pero en una simulación que hacen tanto el gobierno como la oposición, esos 36 no incluyen a la senadora peronista Anabel Fernández Sagasti, que estaba ausente. Con su voto, la oposición hubiera alcanzado 37 votos, cantidad necesaria para rechazar la reforma política. Algunos analistas más optimistas creen que podrían sumarse dos votos más, llegando a 39, lo que condenaría definitivamente el proyecto oficial de reforma con derogación o suspensión de las PASO. Este panorama explica por qué el acercamiento entre Caputo y Macri es tan central. Si el PRO se suma al apoyo de la derogación, los números cambiarían radicalmente. Por eso Gildo Insfrán, durante la semana, recorrió el espinel en su rol de hombre fuerte del peronismo y titular del Congreso Justicialista, llevando el mensaje de que rechacen las PASO. Pero sus presiones toparon con resistencias múltiples.

En el Senado, fueron Jorge Capitanich y Juliana di Tullio quienes encabezaron la labor de convicción legislativa para voltear el capítulo de Fuego. Sin embargo, se reconoce que Sergio Massa logró el voto decisivo de la senadora misionera Sonia Rojas, cuyo posicionamiento resultó crucial. Massa incluso festejó en público que había ganado una apuesta con una senadora que lo desafió, quien cumplió con la prenda pagando un mensaje en clave que recorrió el éter político.

Las consecuencias de estos movimientos simultáneos son aún inciertas. Si el acuerdo entre Caputo y Macri prospera, podría recomponer la coalición de gobierno y dar certidumbre política que, según sus promotores, es lo que la economía necesita para recuperarse. Pero también podría acelerar la fragmentación del PRO si sus dirigentes perciben que el pacto subordina los intereses partidarios a la supervivencia del gobierno Milei. Del lado peronista, la aparente unidad mostrada en el hotel Emperador podría disolverse rápidamente si emergen nuevas candidaturas presidenciales sin consenso, o si la demanda internacional sobre la inhabilitación de Kirchner no prospera. La decisión sobre las PASO seguirá siendo la variable que defina la viabilidad de ambos acuerdos, ya que toca sensibilidades electorales profundas en los distintos espacios políticos. Lo que está en juego no es solo la reforma política, sino la capacidad de cada coalición para mantener la unidad y enfrentar los comicios de 2025 sin desangrarse internamente.