En menos de veinticuatro horas tras asumir el control de una de las empresas más críticas para la infraestructura energética nacional, los nuevos accionistas de Transener ejecutaron una maniobra que desencadenó cuestionamientos sobre el mecanismo mediante el cual se llevó a cabo la transferencia patrimonial. Edison Energía y Genneia, los compradores de la participación estatal en la transportista, extrajeron fondos acumulados que habían permanecido en las arcas de la compañía durante años. El hecho revela grietas en el diseño de la operación de privatización y plantea interrogantes sobre quién absorbió realmente las ganancias generadas durante la gestión pública. Esta situación no es un detalle menor: representa la tensión entre los intereses de quienes adquieren activos públicos y la capacidad del Estado para recuperar lo que sus años de operación produjeron.
Los números que generaron la controversia
Los registros oficiales de la Comisión Nacional de Valores y la Bolsa de Comercio de Buenos Aires muestran un cronograma que resulta determinante para entender lo sucedido. El 30 de abril pasado, cuando Enarsa, Pampa Energía y la Anses decidieron constituir una reserva de $ 522.590 millones (aproximadamente US$ 375 millones en valores de esa época), la intención declarada era crear un fondo para pagos futuros de dividendos. Sin embargo, poco más de tres meses después, en una asamblea de accionistas convocada para el 27 de agosto, el directorio autorizó desafectar el 49% de esa reserva, liberando así $ 253.536 millones para distribución inmediata.
De ese monto, Edison Energía y Genneia percibieron cada una US$ 22,3 millones, mientras que Pampa Energía -que ya era accionista antes de la transacción- cobró US$ 44,7 millones. Estos guarismos adquieren relevancia cuando se contrastan con el precio que pagaron los nuevos dueños por ingresar a la sociedad: aproximadamente US$ 178 millones cada uno. En términos de flujo de efectivo inmediato, la cifra representa un retorno del 12,5% de la inversión en el primer día de operación, aunque fuentes cercanas al proceso señalan que esta lectura desconoce la complejidad de la operación financiera.
El proceso de venta y sus particularidades administrativas
Transener opera más de 12.000 kilómetros de líneas de transmisión eléctrica en alta tensión, convirtiéndola en una pieza fundamental del engranaje energético argentino. La compañía actúa como puente entre los generadores de electricidad y las empresas distribuidoras, lo que explica por qué su privatización fue considerada estratégica por la administración Milei. El proceso comenzó formalmente a fines de 2025, retomando un proyecto que el equipo de Mauricio Macri había delineado años atrás sin concretar.
El 28 de abril fue la fecha de apertura de ofertas, donde la propuesta conjunta de Edison Energía y Genneia superó las presentadas por Central Puerto y Edenor. Sin embargo, surgió un incidente técnico en la plataforma Contrat.Ar que inicialmente ocultó la oferta ganadora, mostrando solo las opciones de las empresas desplazadas. Casi dos horas después se comunicó que la propuesta de los Neuss y Brito, entre otros accionistas, había sido superior. La valuación alcanzó 7 veces el EBITDA y resultó 27% mayor al valor de mercado de Transener en ese momento, lo que fue interpretado por analistas como un pago generoso por parte de los compradores.
Una semana después de conocerse el ganador, el 8 de mayo, el ministro de Economía, Luis Caputo, aprobó mediante resolución la venta de la participación estatal en Citelec, la sociedad tenedora de Transener. Posteriormente, el 19 de junio, el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad formalizó la cesión mediante la constitución de Transmisión Eléctrica Sociedad Anónima (TESA), la nueva entidad controladora. Entre la aprobación ministerial y la formalización regulatoria, el Estado aún mantenía su posición accionaria, lo que genera la pregunta inevitable: ¿quién decidió la distribución de dividendos pendientes durante ese período intermedio?
Antecedentes que contextualizan la operación
Transener pertenece a una categoría de empresas que raramente distribuye ganancias a sus accionistas. En los últimos veinticinco años, ha repartido dividendos en apenas cinco ocasiones, lo que explica la acumulación de fondos en reservas. El año anterior a esta privatización, en 2025, la compañía distribuyó dividendos correspondientes a ganancias de $ 134.200 millones, decisión que se adoptó el 1 de septiembre. La coincidencia de fechas es notable: nuevamente en septiembre se decidió desafectar reservas, lo que sugiere un patrón administrativo o una oportunidad de ciclo fiscal que se repite anualmente.
Fuentes del sector energético argumentan que el evento no constituye una anomalía exclusiva de Transener. Durante 2025, treinta y tres empresas argentinas listadas en el mercado de valores distribuyeron en conjunto US$ 2.357 millones en dividendos, lo que refleja una tendencia macro de retorno de capital a los accionistas. En este contexto más amplio, la distribución de ganancias pendientes se presenta como una normalidad del funcionamiento de los mercados de capitales locales, donde el reparto de utilidades responde a dinámicas de inversión y rentabilidad ampliamente establecidas. Sin embargo, la particularidad de que los nuevos propietarios hayan percibido fondos que nunca generaron bajo su gestión mantiene la tensión conceptual sobre los derechos patrimoniales en procesos de transferencia.
Perspectivas encontradas sobre la legalidad y la oportunidad
Desde la perspectiva de quienes respaldan la operación, los argumentos se centran en que tanto la autorización de distribución como la determinación del monto fueron resueltos en asambleas celebradas antes de que los nuevos accionistas ingresaran a la estructura formal de la compañía. La causalidad, insisten, no existe: la decisión no fue adoptada por Edison y Genneia ni respondió a sus intereses específicos. Además, señalan que los compradores adquirieron la empresa con sus activos y pasivos en el estado que se encontraba, incluyendo cualquier reserva contable constituida, por lo que resultaría coherente que percibieran el resultado patrimonial disponible.
Desde otra óptica, la transferencia de fondos sin que el Estado pudiera canalizar su recuperación genera interrogantes sobre si la estructura de la venta fue diseñada de modo que maximizara el valor aparente de la compañía para los compradores mientras minimizaba simultáneamente los ingresos que la administración pública podría retener. El aumento tarifario implementado antes de la privatización, según fuentes involucradas en el proceso, formó parte de la estrategia para mejorar los números de rentabilidad de la empresa y hacerla más atractiva en la licitación. Si esta narrativa es correcta, entonces el Estado no solo habría cedido el control del activo sino también parte de los resultados que su propia gestión había generado mediante decisiones de política pública.
Respecto a la constitución de la reserva el 30 de abril, documentos oficiales registran que fue aprobada en una asamblea que se celebró mientras Enarsa aún ostentaba participación accionaria pero cuando los ganadores de la licitación ya eran conocidos públicamente. La abstención de la Anses en esa votación amplía aún más el debate sobre los equilibrios de poder en la mesa de decisiones durante la transición entre administraciones accionarias de la compañía.
El contexto más amplio de las privatizaciones en el ciclo Milei
La operación de Transener se inscribe dentro de un proceso más vasto de transferencia de activos públicos a manos privadas que caracteriza la gestión actual. Los hermanos Jorge y Patricio Neuss, dueños de Newsan y el fondo Inverlat, han emergido como actores prominentes en este ciclo privatizador. Además de Transener, se quedaron con dos concesiones de generación hidroeléctrica en Neuquén y Río Negro, y ampliaron su presencia en otros sectores energéticos en Mendoza, Tucumán, Salta y Jujuy. Este patrón de concentración de oportunidades en manos de grupos económicos específicos genera consideraciones sobre competencia y pluralismo en la estructura productiva nacional.
Desde una perspectiva macroeconómica, el proceso de privatización responde a la necesidad fiscal del gobierno de captar ingresos para financiar el ajuste presupuestario y reducir el gasto operativo del sector público. Los US$ 356,1 millones obtenidos por la venta representan un alivio para las cuentas públicas, aunque la magnitud de este ingreso debe contrastarse con los fondos que quedaron fuera del alcance del erario nacional bajo la estructura del acuerdo.
Implicancias futuras y aspectos abiertos al debate
La privatización de Transener y los mecanismos específicos mediante los cuales se ejecutó generan un conjunto de consecuencias cuyo alcance se extenderá más allá del corto plazo. Desde el ángulo de los nuevos operadores, consolidar el control de la infraestructura de transmisión representa una oportunidad de integración vertical en el sector energético: controlar tanto la generación como la transmisión reduce costos operacionales y permite optimizar márgenes. Sin embargo, esta concentración de funciones en pocas manos plantea interrogantes sobre la regulación de estas actividades y el riesgo de comportamientos que prioricen los intereses corporativos sobre la estabilidad y accesibilidad del sistema energético nacional.
Para inversionistas institucionales y pequeños accionistas, el evento puede ser interpretado como confirmación de que el mercado de capitales argentino ha recuperado dinamismo en cuanto a retorno de utilidades. Esto podría atraer más capital hacia empresas listadas en el mercado de valores local. Alternativamente, si se percibe que la estructura de la operación benefició selectivamente a ciertos grupos, podría erosionar la confianza en los procesos de licitación pública y en la equidad de las reglas de juego para competir por activos del Estado.
La pregunta que permanece abierta es si el modelo de privatización aplicado en este caso será reproducido en futuras transferencias de empresas públicas o si, por el contrario, se introducirán ajustes regulatorios para que el Estado retenga una mayor porción del valor generado durante la transición accionaria. Las distintas visiones sobre este tema reflejan concepciones divergentes acerca del rol del sector público en la economía, la apropiada distribución del riesgo y la ganancia en operaciones de este tipo, y el equilibrio entre maximizar ingresos fiscales inmediatos y preservar capacidades de intervención estatal en sectores considerados estratégicos.
